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Firma Digital: Antecedentes Legales Nacionales e Internacionales. Usos en Argentina y el mundo 1. Origen de la Firma Digital Uno de los criterios con los que se diseña un sistema informático es el de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad de la información, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la confidencialidad o secreto, aunque existen otros criterios fundamentales como son: • Confidencialidad: la información sólo está disponible para usuarios autorizados • Integridad: permite asegurar que no se ha falseado la información • Accesibilidad: permite asegurar quién puede acceder a la información y cuándo • Autenticidad: permite asegurar el origen y el destino de la información • No rechazo: permite asegurar que una entidad que envía o recibe no puede negar ante terceros su envío o recepción. Cuando se construye un sistema seguro, estos criterios suelen aparecer de forma combinada. Actualmente, los sistemas informáticos están modificando los medios tradicionales de comunicaciones sustituyéndolas o complementándolos con medios electrónicos como el correo electrónico, Internet, etc. Por ello surgen una serie de necesidades en materia de seguridad que aseguren o mejoren los sistemas de seguridad de los medios tradicionales. Así surgen preguntas como por ejemplo: ¿se puede firmar un contrato por vía electrónica? ¿Se puede certificar (en el sentido usual de correos) que un mensaje ha sido recibido? Para la resolución de estos problemas actualmente se están utilizando sistemas basados en la firma digital que son sistemas basados en criptosistemas asimétricos de clave pública en los que se establecen protocolos que permiten la adopción de los criterios de seguridad que anteriormente se han descrito. El concepto de firma digital fue introducido por Diffie y Hellman en 1.976. Básicamente una firma digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje. Aparentemente los criterios estos se consiguen con de autenticidad e integridad anteriormente citadas, pero estos no son suficientes si se pretende equiparar a la firma manuscrita que además tiene las propiedades de: • ser barata y fácil de producir • ser fácil de reconocer tanto por el propietario como por otros • ser imposible de rechazar por el propietario. Para ello existen 2 métodos de firma digital: 1. Firma digital con árbitro donde dos usuarios con desconfianza mutua confían en un tercero. Se utilizan criptosistemas de clave única (una sola clave para cifrar y descifrar). El emisor y el receptor tienen sus propias claves por lo que es el árbitro el encargado de recibir el mensaje del emisor, desencriptarlo con la clave del emisor. De esta forma el emisor y el receptor no necesitan compartir claves. 2. Firma digital ordinaria en la cual el usuario firmante envía directamente la firma al destinatario, y este debe poder comprobar la validez de la firma sin necesidad de un árbitro. A este método pertenecen los sistemas de firmas actuales que se basan en criptosistemas de clave pública. El sistema de firma digital basado en clave pública resuelve la mayoría de los criterios de seguridad que cumple la firma manual. Tan sólo queda la asociación de la firma con un propietario evitando así la existencia de firmas anónimas. Se trata, pues, de asociar a una firma la identidad de la persona que la utiliza. Para ello se usan los certificados digitales. Un certificado digital es un documento que identifica cada clave pública con su propietario correspondiente. Para que un certificado tenga validez es necesario que vaya firmado por una Autoridad de Certificación que es una entidad en la que confían el emisor y el receptor y que certifica la identidad de los participantes. Los certificados, por tanto, son emitidos y firmados por la Autoridad Certificadora y están identificados por un número de serie y un período de validez. Por último, existe la firma de Autoridad de Registro que es una entidad que identifica de forma inequívoca al solicitante de un certificado para después suministrar a la Autoridad Certificadora los datos verificados del solicitante a fin de que ésta emita el correspondiente certificado. Actualmente la materialización de estos conceptos forma lo que se denomina una Infraestructura de Clave Pública (PKI; Public Key Infrastructure) 2. Antecedentes Legales Nacionales de la Firma Digital Todo comenzó por 1985, más específicamente el 19 de febrero, cuando se firmó el Decreto 333 relativo a “Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa”. Desde ese entonces tuvieron que pasar más de 14 años para que finalmente el 16 de abril de 1998, mediante el Decreto 427(a) se abriera el camino de la firma digital en la Administración Pública (APN). Poco tiempo después, el 27 de noviembre de 1998 la Resolución 194, permitió establecer los estándares sobre tecnología de Firma Digital para la APN, hasta que el Decreto 78(b) del 10 de enero del 2002, definió sobre en quiénes recaerían estos temas. Finalmente la Ley 25506 de Firma Digital (c), fue sancionada el 14 de noviembre del 2001. Pero hasta la aparición del Decreto 2628 (d), que reglamenta la Firma Digital y que fue firmado en el 19 de diciembre del 2002, no podía hacerse mucho. Listado de los Antecedentes Legales Nacionales de la Firma Digital • Ley de Firma Digital Nº 25.506 - Sancionada el 14 de Noviembre del 2001. • Decreto N° 283/03- Autorízase a la ONTI - Oficina Nacional de Tecnología Informática - a emitir Certificados Digitales • Decreto N° 2.628/02 - Reglamentación de la Ley de firma Digital Nº 25.506 • Decreto Presidencial Nº 427/98 - Firmas Digitales para la Administración Pública Nacional • Decreto N° 658/02 - Obligaciones Tributarias: Declaraciones por Medios Electrónicos • Decreto Presidencial Nº 1023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional - Art. 21: Contrataciones en Formato Digital • Administración Pública Nacional - Decisión Administrativa Nº 102/2000. - Prórroga del Decreto Nº 427/98 de Firmas Digitales para la Administración Pública • Administración Pública Nacional - Decisión Administrativa Nº 118/2001. - Proyecto de Simplificación e Informatización de Procedimientos Administrativos (PRO-SIPA) • Resolución N° 176/02 Jefatura de Gabinete de Ministros - Sistema de Tramitación Electrónica para la Recepción, Emisión y Archivo de Documentación en formato digital firmada digitalmente de la Subsecretaría de la Gestión Pública • Resolución General CNV N° 345/99 Comisión Nacional de Valores - Remisión y Publicación de Información Financiera de Emisoras de Títulos Valores y Calificadoras de Riesgo por la Autopista de la Información Financiera en Internet Web • Resolución MTSS N° 555/97 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Normas y procedimientos para la incorporación de Documentos y Firma Digital • Resolución SAFJP Nº 293/97 Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones - Incorporación del Correo Electrónico con Firma Digital • Resolución SFP Nº 45/97 Secretaría de la Función Pública - Incorporación de Tecnología de Firma Digital a los Procesos de Información del Sector Público • Resolución SFP Nº 194/98 Secretaría de la Función Pública - Estándares Aplicables a la Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional del Decreto Nº 427/98 • Resolución SFP Nº 212/98 Secretaría de la Función Pública - Políticas de Certificación para el Licenciamiento de Autoridades Certificantes • Resolución AFIP Nº 474/99 Administración Federal de Ingresos Públicos - Régimen de Declaraciones Juradas Impositivas y Provisionales por Internet (Ejemplo de Contrato de Adhesión) • Proyecto de Ley de Nuevo Código Civil, Artículos (con fundamentos) relevantes a la Digitalización (LIBRO II - De la Parte General, TITULO IV - De los Hechos y Actos Jurídicos, Capítulo III - Forma y Prueba de los Actos Jurídicos, Artículos 260-69, 277, 289, 290, 294, 296, 303, 311 y 315.) Se brindan a continuación las partes pertinentes de las últimas decisiones administrativas del Poder Ejecutivo Nacional o de organismos de control, vinculadas al uso concreto de la firma digital en distintos procedimientos: • 14. Dec. 427/98 Por Dec. 427/98 publicado en el BO del 21/04/98, el PEN dispuso promover el uso de la firma digital en toda la Administración Pública Nacional, estableciendo que según sus procedimientos el documento electrónico cumple con la condición de no repudio, lo que posibilita la prueba inequívoca que una persona firmó efectivamente un documento digital, y que tal documento no sufrió alteración alguna desde el momento de su firma. La norma está inspirada en la arquitectura de la Ley de Firma Digital del Estado de Utah (EE UU) y se trata del paso más importante en la materia en que se basó el Proyecto de Ley que el PEN remitió a tratamiento legislativo y sobre el que giraron con algunas variantes los demás, que finalmente se consensuaron en un solo dictamen por la Cámara de Diputados de la Nación, y culminó en la Ley 25.506. El esquema abarca dos años a contar desde el dictado de manuales de procedimiento (plazo prorrogable a criterio de la Jefatura de Gabinete de Ministros por una única vez, arts. 1° y 6°) se integra con los Anexos 1, que se encarga propiamente de la infraestructura de firma digital para el sector público, y el Anexo II que contiene un indispensable glosario de términos, técnica que recogió el dictamen consensuado que comentamos. Resulta importante destacar que los alcances del mencionado Decreto comprenden a “... las empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, los bancos y entidades financieras oficiales, y todo otro ente, cualquiera que sea su denominación o naturaleza jurídica, en que el Estado Nacional o sus organismos descentralizados tengan participación suficiente para la formación de sus decisiones” (art. 3°). Su incumbencia comprende solamente “... los actos internos del Sector Público Nacional, que no produzcan efectos jurídicos individuales en forma directa...”, Un escollo importante sorteado en el texto legal, para la definitiva instalación del sistema de firma digital extensivo a todos los actos administrativos, radicaba en la redacción de la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, que impone al acto administrativo la manifestación expresa y por escrito con la firma de la autoridad que lo emite, lo que obturaba el uso de la firma digital hasta la sanción de la ley. Como elementos salientes y que caracterizan el sistema, se destaca la adopción de los algoritmos de criptografía asincrónica, acreditados por un certificado de clave pública emitido por una Autoridad Certificante Licenciada. Se define al documento digital firmado, como la “representación digital de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes” al que se le ha aplicado una firma digital resultante de la transformación de un documento digital empleando un criptograma asimétrico y un “digesto seguro” (hash result), cuya función es tornar computacionalmente no factible inferir o reconstruir un documento digital, como tampoco el encontrar dos documentos digitales diferentes que produzcan el mismo digesto seguro. Este Decreto fue la base del Proyecto de Ley de Firma Digital que propusiera más tarde el PEN, y que contiene buena parte de la Ley finalmente aprobada. • 15.: Proyecto de Reforma al C Civil. Artículo 260: Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para un acto jurídico, las partes pueden usar las formas que juzguen convenientes. Art. 262: Forma convenida. Si las partes convienen por escrito la forma a que han de sujetar la conclusión de un acto jurídico futuro, entiéndese que sólo quedarán vinculadas por la forma convenida. Art. 263: Expresión escrita Puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, salvo los casos en que determinada forma de instrumento sea exclusivamente impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido pueda ser representado como texto inteligible aunque para su lectura se requiera la intervención de medios técnicos. Art. 264: Instrumentos particulares. Son instrumentos particulares, si no están firmados, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información, y en general todo escrito no firmado. Artículo 265: Instrumentos privados. Son instrumentos privados los instrumentos particulares no firmados. Art. 266: Firma La firma prueba la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe ser manuscrita y consistir en el nombre del firmante, en un signo, escritos del modo en que habitualmente lo hace a tal efecto. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza un método para identificarla, y ese método asegura razonablemente la autoría e inalterabilidad del instrumento. Artículo 268. Requisitos. Son recaudos de validez del instrumento público: … e) Que el instrumento conste en el soporte exigido por la ley o las reglamentaciones. Los instrumentos generados por medios electrónicos deben asegurar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido del instrumento y la identificación del oficial público. • Decisión Administrativa 118/2001 Esta normativa del 07/08/01 aprueba el Proyecto de Simplificación e Informatización de Procedimientos Administrativos (PRO-SIPA), en el contexto del Plan Nacional de Modernización y en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, reconociendo como antecedente el Decreto Nº 103 de fecha 25 de enero de 2001, y de conformidad con el Plan de Trabajo que se agrega como Anexo al art. 1º. Dispone el Art. 2º que dicho Proyecto será de aplicación obligatoria para la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social, mientras el Art. 4º establece que la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será la Autoridad de Aplicación, cuyo titular podrá dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias correspondientes. Se explica en la Introducción del Plan de Trabajo que la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL no puede permanecer ajena a los avances y a la aplicación de las nuevas tecnologías de gestión, información y comunicación, que contribuyan al incremento de la productividad de los organismos y a optimizar el manejo de la información, reduciendo los costos asociados al traslado y archivo de la misma. En ese sentido, la reforma del sistema de tramitación de actuaciones administrativas adquiere especial importancia dado que, a través del mismo, se procesa la documentación que dará lugar a la producción de actos administrativos tales como Disposiciones, Resoluciones, Decisiones Administrativas, Decretos y Proyectos de Ley. Utilizando la Infraestructura de Firma Digital, creada por el Decreto Nº 427/98, que habilita el uso de la misma en reemplazo de la firma manuscrita tendiente a dotar de seguridad a los procedimientos digitalizados, se postula que la utilización de recursos informáticos facilitará la comunicación del ciudadano con el Estado permitiendo la participación del mismo en el control de gestión de la implementación de las políticas públicas. Los principales objetivos y ámbito de aplicación del Proyecto se detallan a continuación. • Diseño e implantación de un moderno sistema de gestión administrativa basado en la figura del "Responsable Primario" como eje del proceso de tramitación de proyectos y en la simplificación de aspectos formales de los procedimientos. • Instrumentación progresiva de procedimientos administrativos digitalizados que eliminen el uso del papel como portador de información. • Adecuación de la normativa vigente en materia de tramitación administrativa a las nuevas tecnologías de gestión, priorizando la transparencia e información al ciudadano. Como ejemplo de la magnitud del proyecto, se señala que en el Ministerio de Economía, sobre un total de 120.000 expedientes iniciados en un año, sólo 8000 resultaron ser proyectos de actos administrativos. Especialmente ilustrativa de la evolución en la materia, resulta la cita de la Normativa vigente y objeto de revisión: • Decreto Nº 1759/72 • Decreto Nº 759 del 2 de febrero de 1966; • Decreto Nº 4.444 del 13 de agosto de 1969; • Decreto Nº 333 del 19 de febrero de 1985; • Decreto Nº 1593 del 11 de septiembre de 1986; • Decreto Nº 1055 del 6 de julio de 1989; • Decreto Nº 1883 del 17 de septiembre 1991; • Decreto Nº 382 del 21 de marzo de 1995; • Decreto Nº 1571/81 • Decreto Nº 229/00 • Decisión Administrativa N º 102/00 • Norma vigente en materia de firma digital : Decreto Nº 427/98 Los ejes rectores del nuevo modelo de gestión administrativa con soporte de firma digital, serán: la figura del Responsable Primario, el tratamiento radial del trámite y la existencia de un seguimiento del proceso del trámite (en tiempo real). • CNV, Res. 345/99 La Comisión Nacional de Valores aprobó el 09 de Diciembre de 1999 la creación de la Autopista de Información Financiera, basada en la Resolución de la Secretaria de la Función Pública nº 45/97 de incorporación de la tecnología de firma digital a los procesos del sector público, y al Decreto nº 427/98 sobre firmas digitales para la Administración Pública Nacional. Evaluó que en razón del actual estado de desarrollo de las comunicaciones era conveniente actualizar los medios por los cuales se difunden al público inversor las informaciones que le permitan adoptar más adecuadas decisiones de inversión, en particular incorporando para ello la Internet. En su considerándoos se reconoce el desarrollo tecnológico de la firma digital mediante el mecanismo criptográfico denominado de Clave Pública, de uso habitual y masivo en el comercio electrónico internacional en la Internet, que por su confiabilidad y seguridad tornaba conveniente adoptar para la informatización y despapelización de los procedimientos administrativos de la COMISION NACIONAL DE VALORES, por lo que crea en su Web la AUTOPISTA DE LA INFORMACION FINANCIERA (AIF) sita en http://www.cnv.gov.ar/. Puede recibir en virtud de ello por parte de las emisoras en el régimen de oferta pública, los estados contables propios y de sus controladas y vinculadas, los prospectos de emisión, las actas de asamblea, los hechos relevantes y las notificaciones varias, las que se deberán remitir al Organismo a través de INTERNET, para su publicación allí. Agrega a las comunicaciones contenidas en el artículo 10 del Capítulo XII CALIFICADORAS DE RIESGO de las Normas (N.T. 1997), la de remitir la información contenida en los dictámenes aprobados en cada sesión del Consejo de Calificación respectivo a la COMISION NACIONAL DE VALORES, completando para ello los formularios electrónicos provistos en la Web por dicha AIF. Así, mediante el Art. 1º de la Resolución, la CNV resolvió Incorporar al Libro VIII OTRAS DISPOSICIONES de las Normas (T.O. 1997) el Capítulo XXIII AUTOPISTA DE LA INFORMACION FINANCIERA, y por el Art 2º, incorpora al Capítulo XXIII AUTOPISTA DE LA INFORMACION FINANCIERA los siguientes artículos y el Anexo I que como Anexo se agrega a la resolución, que reproducimos por considerar de interés su aplicación a sociedades que no hacen oferta pública: Remisión de información por las entidades fiscalizadas por la Comisión. ARTICULO 1º.- Las entidades sujetas al control de esta Comisión, deberán remitir la información que expresamente se establezca en estas Normas por vía electrónica de INTERNET, utilizando los medios informáticos que provee la Autopista de la Información Financiera (AIF) sita en la dirección de Web (URL) http://www.cnv.gov.ar/ que a esos efectos ha creado la COMISION NACIONAL DE VALORES, y cumplir con el procedimiento establecido en este Capítulo. Recursos informáticos requeridos ARTICULO 2º.- La comunicación a la Comisión deberá efectuarse utilizando los formularios de la Web provistos en la Autopista de la Información Financiera sita en la dirección (URL) http://www.cnv.gov.ar/, a cuyo efecto deberá cumplimentar los requisitos mínimos de configuración del procesador personal (PC) del cliente de la Autopista de la Información Financiera accesible accionando el botón denominado Autopista Financiera: a) Conexión al Internet Web. b) Procesador Personal (PC) con sistema operativo Microsoft Windows 98 o Windows NT versión 4.0 con Service Pack SP 4 o superior. c) Navegador de Web Microsoft Internet Explorer 5 o superior. SOLICITUD DE CREDENCIALES DE OPERADORES Y FIRMANTES ARTICULO 3º.- Para ingresar en la Autopista de la Información Financiera se deberá solicitar previamente la Credencial de Operador de la AIF a la Comisión. Para firmar y remitir documentos por medio de la AIF a la Comisión se deberá solicitar previamente la Credencial de Firmante de la AIF. La credencial es de uso estrictamente personal y deberá ser solicitada por cada persona física que actuará en esa capacidad. SOLICITUD DE CREDENCIAL DE OPERADOR ARTICULO 4º.- Para solicitar la Credencial de Operador se deberá: a) Completar el formulario sito en la Web de la Comisión en la dirección (URL) http://www.cnv.gov.ar/ y accesible accionando el botón denominado Autopista Financiera seguido del botón Solicitar una Credencial Nueva. b) Una vez completado, el formulario de Solicitud de Credencial de Operador de la Autopista de la Información Financiera, es enviado automáticamente por INTERNET a la Comisión. c) Adicionalmente, dicho formulario deberá ser impreso y firmado por el solicitante y por el representante legal de la entidad. La firma del solicitante deberá certificarse ante escribano público y remitirse a la Comisión para su procesamiento. Cumplidos los pasos anteriores, la Comisión procederá a: d) Emitir la correspondiente Credencial de Operador de la Autopista Financiera. e) Remitir un mensaje a la dirección de correo electrónico previamente consignada conteniendo la dirección de Web en la que el operador podrá retirar: e.1) Su Credencial de Operador de la Autopista de la Información Financiera, y e.2) El identificador de la cuenta asignada para ingresar en la AIF, y su respectiva contraseña, la que deberá ser cambiada por el operador en su primer acceso. La descripción detallada y actualizada de los puntos a) y b) se podrá consultar en el instructivo afín sito en la Web de la Comisión en la dirección (URL) http://www.cnv.gov.ar/aif.asp. f) Una vez obtenida la Credencial de Operador de la Autopista de la Información Financiera, este tendrá acceso a los servicios de la AIF. SOLICITUD DE CREDENCIAL DE FIRMANTE ARTICULO 5º.- Las personas que firmen digitalmente los documentos remitidos a la Comisión por la AIF deberán previamente solicitar su Credencial de Firmante de la Autopista de la Información Financiera requiriendo para ello la asistencia de un operador previamente habilitado para ingresar en ella. Para solicitar la Credencial de Firmante el solicitante deberá: a) Ingresar en la AIF. b) Acceder al formulario de Solicitud de Credencial de Firmante de la Autopista de la Información Financiera accionando para ello el botón Administración de Claves c) Completar dicho formulario y accionar el botón Obtener Claves. d) Adicionalmente, dicho formulario deberá ser impreso y firmado por el solicitante y por el representante legal de la entidad. La firma del solicitante deberá certificarse ante escribano público y remitirse a la Comisión para su procesamiento. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR DE LA CREDENCIAL DE OPERADOR Y DE FIRMANTE DE LA AIF CONDICIONES DE UTILIZACION DE LAS CREDENCIALES DE OPERADOR Y DE FIRMANTE DE LA AIF VERACIDAD DE LOS DATOS CONSIGNADOS ARTICULO 6º.- Las personas que obtengan la Credencial de Operador o la Credencial de Firmante de la Autopista de la Información Financiera, deberán declarar que los datos consignados en su Solicitud de Certificado de Clave Pública son verdaderos. UTILIZACION DE LA CLAVE PRIVADA DE FIRMA. REVOCACION. ARTICULO 7º.- Quienes obtengan la Credencial de Operador o la Credencial de Firmante de la Autopista de la Información Financiera, deberán comprometerse a: a) No compartir su Clave Privada de Firma, y b) Solicitar a la Comisión la revocación de su credencial al tomar conocimiento o sospechar que su clave privada o frase secreta de acceso ha sido comprometida. SELECCION DE LA FRASE SECRETA DE ACCESO PARA EL USO DE LA CLAVE DE FIRMA ARTICULO 8º.- A los fines de seleccionar una adecuada frase secreta de acceso para resguardar debidamente la clave de firma, deberá cumplirse con los siguientes recaudos: a) Utilizar una frase de al menos VEINTE (20) caracteres de longitud que contenga tanto caracteres alfabéticos como numéricos. b) No utilizar una frase que sea fácil de identificar por un tercero, tal como su nombre, clave de usuario, número de documento, fecha de nacimiento, o datos similares de personas cercanas al solicitante. c) Utilizar una frase que no corresponda a una sola palabra, sin importar en qué idioma se efectúe. d) No anotar la frase secreta de acceso. ARTICULO 9º.- La remisión del formulario de solicitud de Credencial de Operador o de Credencial de Firmante y su utilización implicará la aceptación y compromiso del solicitante del cumplimiento de los requisitos enunciados en los artículos 6º a 8º. SUJETOS ALCANZADOS POR LA OBLIGACION DE ENVIAR INFORMACION POR LA AUTOPISTA DE INFORMACION FINANCIERA ARTICULO 10.- Deberán remitir la información utilizando los medios informáticos que provee la Autopista de la Información Financiera (AIF) -con el alcance y los mismos requisitos que los establecidos para la presentación de la documentación en soporte de papel que se establece en estas Normas- las siguientes entidades: a) Las Emisoras que se indican en el Anexo I del presente Capítulo. b) Las Sociedades Calificadoras de Riesgo. INFORMACION QUE DEBE REMITIRSE POR MEDIO DE LA AUTOPISTA DE LA INFORMACION FINANCIERA ARTÍCULO 11.- Los sujetos comprendidos en el artículo anterior deberán remitir por medio de la Autopista de la Información Financiera, sin perjuicio de enviar la información en soporte de papel, la siguiente información: a) Emisoras: a.1) Estados contables de la emisora y de sus controladas y vinculadas. a.2) Prospectos y suplementos de prospectos de emisión de acciones y obligaciones negociables. a.3) Actas de asamblea. a.4) Información relevante conforme lo establecido en el Capítulo XVII Transparencia en el Ámbito de la Oferta Pública. a.5) Notificaciones varias a la Comisión. b) Sociedades Calificadoras de Riesgo: b.1) La información contenida en los dictámenes aprobados en la reunión del Consejo de Calificación. ARTICULO 3º.- Incorpórase al Capítulo XXI Disposiciones Transitorias los siguientes artículos: ARTICULO 5º.- A partir del 1 de febrero de 2000 las emisoras que se detallan en el Anexo I del Capítulo XXII Autopista de la Información Financiera y las sociedades calificadoras de riesgo, deberán cumplir con lo establecido en dicho Capítulo; utilizando para ello los medios informáticos que provee en la Web la AUTOPISTA DE LA INFORMACION FINANCIERA (AIF) que a esos efectos ha desarrollado la Comisión. ARTICULO 6º.- Las restantes emisoras se encontrarán sujetas a las mismas obligaciones a partir del 1 de junio de 2000. ARTÍCULO 7º.- Las emisoras y las sociedades calificadoras de riesgo podrán utilizar voluntariamente los servicios de la Autopista de la Información Financiera (AIF) a partir del 3 de enero de 2000. ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese a la Web de la Comisión sita en http://www.cnv.gov.ar y archívese. • 18: Dec. 677/01 Este decreto, conocido como de “Transparencia y buen gobierno” de sociedades que hacen oferta pública de sus valores, fue dictado en el marco de las atribuciones extraordinarias delegadas por el Congreso de la nación en el Poder Ejecutivo de la Nación a fines de Marzo de 2001. Sin analizar aquí los serios cuestionamientos que le ha formulado parte importante de la doctrina, por no hacer a nuestro tema, reproducimos las disposiciones que consideramos avanzan en la materia, como, por ejemplo, el protagonismo que se le atribuye a la sindicatura y la firma de actas: ARTICULO 65. — Reuniones a Distancia. El órgano de administración de las entidades emisoras podrá funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, cuando así lo prevea el estatuto social. El órgano de fiscalización dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. Se entenderá que sólo se computarán a los efectos del quórum a los miembros presentes, salvo que el estatuto establezca lo contrario. Asimismo el estatuto deberá establecer la forma en que se hará constar en las actas la participación de miembros a distancia. Las actas serán confeccionadas y firmadas dentro de los CINCO (5) días de celebrada la reunión por los miembros presentes y el representante del órgano de fiscalización. El Estatuto podrá prever que las asambleas puedan también celebrarse a distancia, a cuyo efecto la COMISION NACIONAL DE VALORES reglamentará los medios y condiciones necesarios para otorgar seguridad y transparencia al acto. (Extraído de CARLINO, B: “Reuniones a Distancia”, Ed. Rúbinzal, Bs. As., 2002, Cap. 2.) 3. Antecedentes Legales Internacionales de la Firma Digital I) Derecho Comparado. a) Estado de UTA Este tema ha sido objeto de regulación en varios países, siendo la Ley de Firma Digital del Estado de UTA (EEUU) la primera en aprobarse, entrando en vigencia el 1 de mayo de 1995 y teniendo una modificación en abril de 1996. Está dividida en cinco partes: Parte 1 – “Título, Interpretación y Definiciones”, en la cual se enumeran los propósitos: 1) Facilitar el comercio por medio de mensajes electrónicos confiables; 2) Minimizar la incidencia de falsificaciones de firmas digitales y fraudes en el comercio electrónico. 3) Para hacer legalmente efectiva la importación general de los estándares pertinentes, tales como el X.509 de la Internacional Telecomumunication Unión 4) Establecer, en coordinación con múltiples Estados, reglas uniformes relacionadas con la autenticación y confiabilidad de los mensajes electrónicos. Contiene también definiciones:“autoridad de certificación con licencia, “aceptar un certificado”,“sistema de criptografía asimétrica ” ,“firma Digital” y “falsificación de firma digital”. Parte 2 -Trata sobre la concesión de licencias y la regulación de Autoridades Certificantes. Parte 3 -Se ocupa de los deberes de la Autoridad Certificante y del contenido de los certificados. Parte 4 – Regula los efectos de la firma digital disponiendo en primer término que donde una regla legal requiere una firma o prevé ciertas consecuencias en su ausencia, esta regla será satisfecha por una firma digital si está verificada a una clave pública contenida en un certificado válidamente extendido por una Autoridad Certificante, o si esa firma ha sido estampada por el firmante con la intención de firmar el mensaje. Además requiere que el destinatario no conozca que el firmante haya infringido su deber como suscriptor o no haya conservado de acuerdo a derecho la clave privada usada para firmar. Parte 5 – Se ocupa de los servicios estatales en la organización de los “repositorios” o archivos de claves públicas y los requisitos que deben reunir. b) Proyecto de Régimen uniforme para las Firmas electrónicas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional UNCITRAL (1996 y SS.) Dentro de la UNCITRAL funciona el grupo de trabajo de comercio Electrónico .Celebró su 32 ° sesión en Viena del 19 al 30 de enero de 1998. En la sesión 29 ° en 1996, la Comisión ubicó la cuestión de la firma digital y la Autoridad Certificante en su agenda ,solicitando al grupo de trabajo que examine la factibilidad de prepara reglas uniformes en relación a estos temas .En 1997 la Comisión tuvo un informe del grupo acerca de que había alcanzado consenso sobre la importancia y la necesidad de trabajar respecto a la armonización del Derecho en las áreas de firma digital y Autoridad Certificante ,llegando a la conclusión preliminar de que era factible emprender la preparación de borradores de reglas uniformes y de las posibles materias relacionadas mientras no se haya elaborado una decisión firme sobre la forma y el contenido del trabajo.1 Esta ley modelo tiene como objeto formular ciertas recomendaciones para que los Estados las consideren cuando promulguen o revisen sus leyes relacionadas al comercio electrónico. Adopta el criterio de “equivalente funcional” ,que consiste en reconocer que la documentación consignada por medios electrónicos puede ofrecer un grado de seguridad equivalente a la del papel y que puede ser mayor. c) Italia Fue el primer país de Europa en dictar reglamentación sobre firma digital y lo hizo con el “Regolamento contenente modalitá di applicazione del’ artícolo 15, comma 2, della lege 15 marzo 1997, n ° 59,in formazione, archivazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici ”.2 Este reglamento da diversos conceptos en su art.1 °, como por ejemplo: f irma digital,par de claves asimétricas, clave privada y certificado. En el art.2 ° se establece la validez y eficacia del documento electrónico. Este reglamento no regula a las Autoridades Certificantes, las define como sujetos públicos o privados que certifican y guardan las claves públicas de firma por 10 o más años. d) Alemania La Ley del 13 de junio de 1997 posee un cuerpo breve y conciso de 16 Artículos .En el art.1 ° se encarga de definir los objetivos de la ley, tal como la creación de condiciones generales para el uso seguro de la firma digital. El art.2 ° define la firma digital como un sello creado con una clave Privada, que permite mediante el uso de la clave pública asociada la verificación del propietario de la clave y el carácter de auténtica de la información. e) La directiva de la Unión Europea El 24 de mayo de 1999,se dictó la Directiva Europea sobre un Sistema Común para Firmas Electrónicas.Señala que la firma electrónica adjuntada a un documento electrónico ,tiene exactamente el mismo valor legal que la firma manuscrita adjuntada a un documento escrito en soporte papel .Por ello la admite como medio de prueba y reconoce su valor probatorio. Además, establece un sistema voluntario de acreditación de los prestadores de servicios de certificación, basado en condiciones objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias y cuyo objetivo es proveer un grado de confianza y seguridad superior. f) Portugal Decreto Ley N ° 290-D/99 del 2 de agosto de 1999 regula la validez, eficacia y valor probatorio de los documentos electrónicos y de la firma digital, sin prejuicio de otras formas de firma electrónica que posean exigencias de seguridad como las de la firma digital. g) España Decreto-ley N ° 14/1999 del 17 de setiembre de 1999.Esta normativa distingue entre: firma electrónica y firma electrónica avanzada, permitiendo en este último caso la identificación del signatario y que ha sido crea da por medios que este mantiene bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere,lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos. h) La ley federal norteamericana En Estados Unidos se aprobó la Electronic signatures in global and National Comerce Act. Establece una regla de validez para todos los actos y transacciones celebrados por medios electrónicos.Lo que significa que ninguna ley, reglamento o norma podrá negar valor legal a un acto o contrato por el sólo hecho que su firma está en forma electrónica. Incluye, además un capítulo sobre derechos básicos que deben tener los consumidores que van a realizar transacciones por medios electrónicos. i) Perú El Decreto Legislativo N ° 681 del 14 de octubre de 1991 y la Ley N ° 26.612 del 21 de mayo de 1996 son normas que van a cimentar las bases de la contratación electrónica. Las Leyes N ° 27269 del 26 de mayo del 2000 y la N ° 27291 del 24 de junio del mismo año regulan de manera directa la seguridad en la Contratación Electrónica .La primera de ellas Ley de Firmas y Certificados Digitales establece el concepto de firma y certificados digitales y garantiza en forma universal la autenticidad, integridad, confidencialidad y el no repudio de las transacciones electrónicas. j) Ley de Japón En el mes de mayo del año 2000, Japón ha aprobado la Ley sobre Firmas Electrónicas y Servicios de Certificación que entrará en vigor en el mes de abril del 2001. II) Situación de los países del MERCOSUR Argentina La resolución 45/97 de la Secretaría de la Función Pública, incorpora la tecnología de la firma digital a los procesos de información del sector público, adoptando las conclusiones el 30 de setiembre de 1996 del Subcomité de criptografía y Firma digital del Comité de Usuarios de Horna, Pierre M. “Análisis legislativo de la Firma digital” Memorias del VIII congreso Iberoamericano de Procesamientos e Imágenes (CUPI) autorizando la tecnología sugerida en el ámbito de la Administración Pública “para la promoción y difusión del documento y firma digitales en los términos y con los alcances allí definidos”, según el artículo 2 °.4 El Decreto 427/1998 publicado en el Boletín Oficial del 21 de abril de 1998, el Poder Ejecutivo dispuso promover el uso de la firma digital en toda la Administración Pública Nacional, estableciendo que el documento electrónico cumple con la condición de no repudio ,lo que posibilita la prueba inequívoca de que una persona firmó efectivamente un documento digital ,y que tal documento no sufrió alteración alguna desde el momento de la firma. Existen en Argentina dos proyectos de ley que se encuentran en discusión. Chile En junio de 1999 se dictó el Decreto Supremo N ° 81, regulador del uso de firmas digitales y documentos electrónicos al interior de la Administración del Estado. Este Decreto obedece a uno de los compromisos adoptados por una Comisión Presidencial de Nuevas Tecnologías que sesionó durante 1998,en orden a dotar a los órganos estatales del marco legal que permita el uso de la informática y de las telecomunicaciones en reemplazo de sus procedimientos manuales, específicamente relacionado con el uso de firmas y documentos digitales o electrónicos, pero solo al interior de la Administración del Estado y no de las relaciones con los administrados.5 En Chile existen las siguientes iniciativas de firma digital :a)una Moción de cinco senadores sobre firmas digitales y documentos electrónicos ;b)una indicación presentada al Gobierno, sobre los mismos temas ;y c)la Moción presentada a la Cámara de Diputados por Renato Jijena Leiva.6 Uruguay La Ley N º 16.713 de 3 de setiembre de 1995, de Seguridad Social, en el capítulo referente al Banco de Previsión Social establece: artículo 84 establece: “En los cheques emitidos por el Banco de Previsión Social, destinados al pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, podrá sustituirse la firma autógrafa por signos o contraseñas impuestos o impresos mecánica o electrónicamente”. Nuestro derecho incorporó la firma electrónica para el Procedimiento Administrativo en la Administración Central en el artículo 695 inciso final de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996,el cual equipara los medios informáticos a los convencionales, reconoce su validez jurídica y les otorga el mismo valor probatorio .El inciso final de este artículo consagra expresamente la firma electrónica:“La firma autógrafa podrá ser sustituida por contraseñas o signos informáticos adecuados ”. El Decreto 65/998 de fecha 10 de marzo de 1998, cumplió con lo prescripto por el art.698 de la Ley 16.736 y reglamentó el procedimiento administrativo electrónico. En su artículo 1 inciso final establece:“Cuando la substanciación de las actuaciones administrativas se realice por medios informáticos ,las firmas autógrafas que la misma requiera podrán ser sustituidas por contraseñas o signos informáticos adecuados ”. Este artículo es de una gran amplitud, ya que no establece que tipo de firma sustituirá a la firma autógrafa .Sin embargo en los artículos 18 y 19 definirá la firma electrónica y digital, diferenciándolas. El artículo 18 define la firma electrónica como “el resultado de obtener por medio de mecanismos o dispositivos un patrón que se asocie biunívoca mente a un individuo y a su voluntad de firmar.” Según el artículo 19 la firma digital es:“un patrón creado mediante criptografía, debiendo utilizarse sistemas criptográficos “de clave pública ” o“asimétricos ”,o los que determine la evolución de la tecnología ”. Decreto N º312/998 de 3 de noviembre de 1998 .Se establece el uso de la firma electrónica para el Documento Único Aduanero y la Declaración de Valor de Aduanas cuando se realicen por medios electrónicos (artículos 6). El artículo 7 establece:“La intervención del Despachante de Aduana en l Operación aduanera y las responsabilidades derivadas de ella que no le Sean directamente imputables, quedarán respaldadas por la firma del importador, exportador o remitente en la Declaración Jurada de Responsabilidad, la que presentará junto a la declaración aduanera, en tanto no se haga uso de la firma electrónica”. En el artículo 17 se establece que la contraseña enviada por el Organismo tendrá la misma validez jurídica y probatoria que las firmas autógrafas que sus funcionarios realizan sobre las declaraciones presentadas en papel . Por ley 17.243 de 29 de junio de 2000,se ha regulado la firma electrónica bajo el título Sistema Informático del Estado. El artículo 25 establece: “Autorízase en todo caso la firma electrónica y la firma digital, las que tendrán idéntica validez y eficacia a la firma autógrafa, siempre que estén debidamente autenticadas por claves u otros procedimientos seguros ,de acuerdo a la tecnología informática ” (inciso 1 °). Y agrega en el inciso 2 ° que:“La prestación de servicios de certificación no estará sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia ,sin que ello implique sustituir o modificar las normas que regulan las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas para dar fe pública o intervenir en documentos públicos ”.Este artículo ha desatado grandes polémicas y ha dividido a la doctrina en dos posturas diferentes: a) Por un lado el Dr. Carlos Del piazo extiende el alcance de la firma digital, con la referencia “en todo caso” ,más allá de las fronteras de la Administración Pública.Esto surge según su opinión de la claridad de la norma y de la historia fidedigna de su sanción. Teniendo presente la discusión parlamentaria, el Senador Rubén Correa Freitas ha manifestado que: 1) la modificación se introdujo en el texto del articulado en el momento del pasaje del Proyecto por el Senado, 2) debe ampliarse la validez de la firma electrónica fuera del ámbito de la Administración Pública y 3) que la firma digital sea válida en cualquier acto jurídico, tanto en los documentos privados como en los públicos. b) La Esc.Julia Siri entiende que no debe extenderse el alcance de este artículo fuera del ámbito de la Administración Pública en base a los siguientes argumentos: 1) El artículo 25 está inserto en la Sección 3 de la Ley de Urgencia, titulada “Sistema Informático del Estado, por lo cual debe interpretarse en dicho contexto. 2) El artículo 24 establece la obligatoriedad del expediente electrónico para la Administración Pública. 3) La ley 16.736 posibilitaba el empleo de la firma digital por funcionarios del Estado (con la excepción del Presidente y los Ministros que debía seguir siendo ológrafa).Las expresión “en todo caso ” quizá los está incluyendo.. 4) El artículo 26 prevé que estos artículos puedan ser aplicados a los Gobiernos Departamentales. 5) Ninguna autoridad ajena al Notariado, puede ofrecer el mayor valor que la intervención notarial proporciona. El artículo 65 de la Ley N º 17.292 de 25 de enero de 2001 modifica el artículo 2 de la Ley N º 15.921 de 17 de diciembre de 1987 referente a Zonas Francas y establece que “los usuarios de zonas francas podrán brindar los siguientes servicios telefónicos o informáticos desde zonas francas hacia el territorio nacional no franco, respetando los monopolios, exclusividades estatales y/o concesiones públicas” y en el literal e) refiere a la “emisión de certificados de firma electrónica”. (Extraído de“Firma Electrónica: antecedentes,….”de Dra.Esc.María José Viega Rodríguez) 4. Implementación de la Firma Digital en Argentina • El Proyecto de Firma Digital de la SGP Las iniciativas relacionadas con la firma digital en el ámbito de la Subsecretaría de la Gestión Pública (SGP) se iniciaron en Marzo de 1997. En esa fecha, la entonces Secretaría de la Función Pública (actualmente SGP) dictó la Resolución N° 45, que establecía pautas técnicas para elaborar una normativa sobre firma digital, a fin de difundir esta tecnología en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Posteriormente, en Abril de 1998, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 427, que autorizó la utilización de la firma digital en la instrumentación de los actos internos del Sector Público Nacional, otorgándole los mismos efectos que la firma ológrafa y estableciendo las bases para la creación de una Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional. La SFP era Autoridad de Aplicación del decreto mencionado y asumía las funciones de organismo licenciante, es decir, de otorgar las licencias a las autoridades Certificantes que se constituyeran en el ámbito de la APN. En cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa, la SFP dictó la Resolución N° 194/98 (Estándares sobre Tecnología de Firma Digital para la APN) y la Resolución 212/98 (Política de Certificación del Organismo Licenciante) y se desarrolló un software de autoridad certificante de libre distribución en el ámbito de la Administración Pública. Al mismo tiempo, son numerosas las asistencias técnicas que se efectuaron a fin de asesorar en la implementación de la firma digital en las aplicaciones internas de distintos organismos. Hacia inicios de 2001 se comienza el desarrollo de una Autoridad Certificante que emitiera certificados con identificación personal y constancia de cargo, destinados a agentes y funcionarios públicos. Esta implementación impulsó la necesidad de crear un marco normativo adecuado, que reflejara los procedimientos a cumplir para la administración de los certificados, así como la creación del indispensable entorno de seguridad. En julio de 2001, con la creación de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en jurisdicción de la Subsecretaría de la Gestión Pública, se da nuevo impulso al proyecto de digitalización de aplicaciones internas en el Estado Nacional con garantía de autoría e integridad, con lo que se hace necesario avanzar en el desarrollo de la Autoridad Certificante que pudiera proveer de certificados digitales personales. Dentro de este marco, resulta destacable la firma del Convenio de Comunicación Electrónica Ínter jurisdiccional, entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Poderes Judiciales provinciales, en el cual se establece que las comunicaciones electrónicas entre los funcionarios judiciales serán firmadas digitalmente, utilizándose certificados digitales emitidos por la Autoridad Certificante de la Subsecretaría de la Gestión Pública. A tal fin, los Poderes Judiciales provinciales debían constituirse como Autoridades de Registro de la AC. A partir de abril de 2002 comienza a implementarse un esquema de Autoridades de Registro remotas de la AC-ONTI, mediante el cual se descentraliza el proceso de validación de la identidad de los solicitantes de certificados digitales. Al mes de agosto de 2004, ya son veinticuatro los organismos que utilizan esta operatoria. A continuación se realiza una descripción cronológica de las actividades desarrolladas en torno a la implementación de la Firma Digital en nuestro país. 1996 Se inician las reuniones del Subcomité de Criptografía y Firma Digital en la sede de la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la participación de representantes del BCRA, la CNV, el Ministerio de Justicia y la ANSeS. En Diciembre se elabora el Documento "Pauta mínimas para una normativa de Firma digital", el cual pasa a conformar el Anexo de la Resolución SFP Nº 45/02. 1997 El Subcomité de Criptografía y Firma Digital emite la Resolución SFP Nº 45/97 que establece pautas técnicas para elaborar una normativa sobre firma digital. El Subcomité de Criptografía y Firma Digital inicia la redacción de lo que luego será el Decreto Nº 427/98. 1998 En abril se sanciona el Decreto Nº 427/98 que habilita el uso de Firma Digital en la Administración Pública Nacional (APN). Se asigna a la SFP la función de Organismo Licenciante (organismo que habilita el funcionamiento de Autoridades Certificantes en la APN). Se elaboran los Estándares Tecnológicos y la Política de Certificación de la Infraestructura de Firma Digital del Sector Público Nacional (aprobados luego por la Resolución SFP Nº 212/98 y la Resolución Nº 194/98 respectivamente). 1999 Participación en la elaboración del primer proyecto de Ley de Firma Digital en el Poder Ejecutivo. Implementación del Organismo Licenciante en la SFP según lo establecido por el Decreto Nº 427/98. Licenciamiento del Ministerio de Economía como la primera Autoridad Certificante en la APN. El Equipo de PKI desarrolla y pone en funcionamiento una Autoridad Certificante Pública para la emisión de certificados dentro de la APN. Desarrollo de un software para la provisión de certificados digitales (APuN-CA) destinado a los organismos públicos que quieran implementar la tecnología de firma digital. Implementación de la Autoridad Certificante Piloto de la Subsecretaría de la Gestión Pública con el objeto de entregar certificados digitales de prueba al público en general. Inauguración en el mes de Octubre del Laboratorio de Firma Digital de la SGP, como unidad de difusión y capacitación en Firma Digital 2000 Mayo Participación en la elaboración de un anteproyecto de Ley de Firma Digital coordinado por el Ministerio de Justicia. Junio Se reemplaza la Autoridad Certificante Piloto de la SGP por la Autoridad Certificante de la SGP para Certificados de Correo electrónico Julio Se firma el "Convenio de Cooperación entre la Subsecretaría de la Gestión Pública y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut", el cual establece la puesta en marcha de un plan conjunto de implementación de las tecnologías de Firma Digital y Documento Electrónico. Noviembre Se asiste al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut para la puesta en marcha de una Autoridad Certificante en esa jurisdicción 2001 Enero Participación en la reuniones de responsables informáticos de los Poderes Judiciales Marzo Se participa en la reunión del Comité Ejecutivo del Protocolo Técnico del Convenio de Comunicaciones Electrónicas Interjurisdiccionales (CCEI), en la cual se establece que la Subsecretaría de la Gestión Pública emitirá los certificados digitales que se usarán en las comunicaciones hasta tanto los Poderes Judiciales no creen su propia infraestructura. Se inicia la distribución de la "Lista de Novedades sobre Firma Digital". Se habilita la cuenta de correo institucional [email protected] para la atención de consultas dirigidas al público en general Agosto El proyecto de Ley de Firma Digital unificado recibe media sanción en la cámara de Diputados. Setiembre Se forma una comisión para la elaboración del Decreto Reglamentario de la Ley de Firma Digital. Inicio de actividades de la comisión redactora del proyecto de Decreto Reglamentario, con la participación de prestigiosos abogados del sector académico, los Poderes Judiciales y el personal del equipo de Firma Digital. Se firma el "Convenio de Comunicaciones Electrónicas Ínter jurisdiccionales" entre la Procuración General de la Nación, Defensoría General de la Nación, los Poderes Provinciales Judiciales, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaria para la Modernización del Estado de la Jefatura del Gabinete de Ministros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los cuales se ponen de acuerdo para utilizar la tecnología que se indica en el Protocolo Técnico Anexo (Comunicación Octubre Comienza a operar la Autoridad Certificante de la ONTI para la emisión de Certificados de Agente Público (AC-ONTI). El equipo de Firma Digital pone en operaciones la Autoridad Certificante de la ONTI, disponible para la provisión de certificados de firma digital a funcionarios de la APN y miembros participantes del Convenio de Comunicación Electrónica Ínter jurisdiccional Diciembre Se aprueba en al Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Firma Digital unificado. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 02/2001 del 23/11/2001 2002 Marzo Se pone en circulación para discusión pública el anteproyecto de Decreto Reglamentario. Se envía a los principales organismos públicos, se distribuye a una lista de email con más de 1000 participantes de más de 20 países alrededor del mundo y se publica en el sitio www.pki.gov.ar. Participación en el Subgrupo de Trabajo Nº 13 MERCOSUR iniciando el área de Firma Digital. Primeros contactos con la Infraestructura de Clave Pública de Brasil. Se inicia un intercambio de información y la preparación de documentación de base y un anteproyecto de norma común con el objetivo de lograr el reconocimiento recíproco de certificados. Abril El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición 01/2002 del 23/04/2002). El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 02/2002 del 23/04/2002). El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 03/2002 del 23/04/2002). Agosto El Ministerio de Defensa se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 01/2002 del 30/08/2002). Setiembre El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 02/2002 del 27/09/2002). Noviembre La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 04/2002 del 18/11/2002). Diciembre El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 05/2002 del 04/12/2002). Se aprueba el Decreto Nº 2628/2002. El decreto establece la creación de un "Ente Administrador de Firmas Digitales". La Secretaría General de la Presidencia de la Nación se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 06/2002 Nº 05/2002 del 04/12/2002). Se aprueba el Decreto Nº 2628/2002. El decreto establece la creación de un "Ente Administrador de Firmas Digitales". La Secretaría General de la Presidencia de la Nación se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición Nº 06/2002 del 27/12/2002). 2003 Enero El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Salta se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 01/2003 del 10/01/2003). Marzo La Comisión Nacional de Actividades Espaciales se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 03/2003 del 03/03/2003). La Procuración General de la Nación se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 04/2003 del 24/03/2003). El Estado Mayor General del Ejército se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 05/2003 del 24/03/2003). Agosto La Administración de Parques Nacionales se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 01/2003 del 20/08/2003). La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 02/2003 del 20/08/2003). Octubre Por orden del Director de la ONTI el equipo de firma digital comienza a trabajar en la elaboración de los documentos referidos al proceso de licenciamiento de certificadores Noviembre El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 6/2003 del 14/11/2003). El Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 7/2003 del 25/11/2003). La Contaduría General de la Nación de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economías constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 8/2003 del 25/11/2003) Diciembre La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 9/2003 del 18/12/2003). La ONTI publica en su sitio web los textos preliminares de los documentos referidos al proceso de licenciamiento de certificadores con el fin de someterlos a consulta pública de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente. 2004 Enero La SGP convoca a diversas instituciones del país, a medios de prensa especializados y a los suscriptores de la lista de novedades sobre firma digital, a participar en la consulta pública sobre las versiones preliminares de los documentos referidos al proceso de licenciamiento de certificadores. El período de consulta se extiende durante los meses de Enero y Febrero. Febrero El Ministerio del Interior se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 02/2004 del 09/02/2004). Marzo Se inicia el análisis de los aportes recibidos en el período de consulta pública y la preparación de las versiones finales de los documentos referidos al licenciamiento de certificadores Mayo El Gobierno de la Provincia de Mendoza se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 03/2004 del 04/05/2004). La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 04/2004 del 05/05/2004). El Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 05/2004 del 24/05/2004). Agosto La Superintendencia de Seguros se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 06/2004 del 18/08/2004). Noviembre La Superintendencia de Servicios de Salud se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 09/2004 del 12/11/2004). 2005 Marzo El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 01/2005 del 18/03/2005). En el marco del Convenio de Cooperación firmado con el Gobierno de la Provincia de Corrientes, se acuerda un plan de trabajo a fin de colaborar en la implementación de la tecnología de firma digital en la Dirección de Personal del gobierno provincial. Julio El Banco Central de la República Argentina se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 04/2005 del 12/07/2005). El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 05/2005 del 20/07/2005). Setiembre La Administración de Programas Especiales se constituye en Autoridad de Registro de la AC-ONTI (Disposición ONTI Nº 08/2005 del 09/09/2005). Se extiende el período de validez del certificado de la AC-ONTI (Disposición ONTI N° 09/2005 del 20/09/2005). Bibliografía: -“Reuniones a Distancia”, Ed. Rúbinzal, Bs. As., 2002, Cap. 2. de CARLINO, B: -“Firma Electrónica: antecedentes,….”de Dra.Esc.María José Viega Rodríguez -Enciclopedia Libre Universal en Español

En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de ataques masivos a lugares tan emblemáticos en el universo Internet como Yahoo!, Amazon, CNN, eBay, Buy, ZDNet, etc. Se habla de ataques de "hackers", de peligro para la seguridad de Internet, de estado de guerra... ¿Qué hay realmente detrás de las noticias sensacionalistas?. ¿Está justificado el alarmismo?. En realidad, el tipo de ataques del que hablamos, denominado de "denegación de servicio" ("DoS" en sus siglas inglesas), no supone un compromiso para la seguridad de las máquinas. No modifica páginas web ni obtiene listados de claves o de números de tarjetas de crédito. Se trata, sencillamente, de entorpecer el acceso de los usuarios a los servicios de la máquina, pero sin comprometer estos directamente. En ese sentido, estos ataques acostumbran a ser poco sofisticados y se basan en fallos de diseño inherentes a Internet o a la aplicación. En cuanto el ataque finaliza, todos los servicios vuelven a estar disponibles de nuevo, como si nada hubiera pasado. Aunque los ataques de denegación de servicio son una constante en Internet desde sus comienzos (sin ir más lejos, el célebre gusano de Morris desencadenó un ataque DoS por un error de programación), generalmente se han desarrollado a pequeña escala. No obstante, en la segunda mitad de 1.999 se tuvo constancia de la existencia de varias herramientas para realizar ataques de denegación de servicio de forma coordinada, a gran escala. ¿Implica esto que estamos ante una conspiración mundial de "hackers"?. En absoluto. Dejando al margen el hecho de que un "hacker" que se precie de serlo nunca respaldaría estas prácticas, las herramientas comentadas en el párrafo anterior posibilitan que una sola persona controle un ataque DoS desarrollado desde centenares de máquinas repartidas por todo el mundo. ¿Cómo es esto posible? Como bien saben los seguidores de "una-al-día", se descubren fallos de seguridad todos los días, en aplicaciones y en sistemas operativos. Algunos de esos fallos permiten que atacantes remotos ejecuten código arbitrario en las máquinas vulnerables, con privilegios elevados. En un contexto así, desplegar un ataque DoS es trivial. Todo lo que tiene que realizar el atacante es localizar máquinas vulnerables e instalar un "demonio" en cada una de ellas. Ese programa "demonio" aceptará comandos provenientes del atacante como, por ejemplo, realizar un ataque DoS contra una máquina determinada. Por lo tanto, cuando los medios hablan de ataques desde "50 sitios", no significa necesariamente que 50 personas u organizaciones se hayan puesto de acuerdo. Es perfectamente posible que esos 50 lugares estén bajo el control de una única persona. Dicha persona ni siquiera necesita ser un usuario experto, un "hacker". Este tipo de herramientas prácticamente funcionan solas. En muchos casos, sencillamente hay que especificar un objetivo, y ellas se encargarán de analizarlo buscando una serie de vulnerabilidades. Si el ataque de "infección" tiene éxito, la herramienta se copia y se instala de forma automática. Incluso puede tener la capacidad de sondear Internet de forma automática. Una vez que se controla una máquina, ésta informa al atacante de su disponibilidad para aceptar sus órdenes. Aunque el ataque "de infección" sólo tuviera éxito en el 0.01% de los casos, con decenas de millones de máquinas conectadas a Internet, las posibilidades de reunir recursos dispersos bajo el control de una única persona son inmensas. ¿Cómo funciona un ataque de denegación de servicio? Ataque DoS es un concepto genérico. Hay multitud de ataques de denegación de servicio, y se descubrirán más. Algunos de los más habituales son: • Net Flood: Este ataque simplemente aspira a degradar la conectividad Internet de una red mediante la saturación de sus enlaces de comunicación. Si, por ejemplo, la organización atacada tiene un enlace Internet de 2Mbps (Megabits por segundo) y el atacante suma 34Mbps, está claro que la línea de menor capacidad prácticamente estará monopolizada por "tramas" atacantes, dejando muy poco sitio para que se curse tráfico útil. ¿Cómo consigue el atacante contar con grandes anchos de banda? Una posibilidad es coordinar ataques simultaneos desde varias localizaciones, utilizando las herramientas descritas más arriba. Por otra parte, existen multitud de redes de gran capacidad con máquinas mal administradas y completamente inseguras, como la mayoría de las universidades. Al igual que ocurre con los ataques DoS, "net flood" es también un concepto genérico, que engloba diversos tipos de ataques. Uno de los más interesantes es el "smurf". El ataque "smurf" utiliza una característica de Internet: broadcast. Toda red tiene lo que se denomina una dirección de "broadcast". Los datagramas enviados a esa dirección son recibidos por todas las máquinas en la red local. Ello permite, por ejemplo, que una máquina localice un servidor proporcionando un servicio haciendo una pregunta a la red, no preguntando máquina por máquina. El problema de la dirección "broadcast" es que suele estar disponible también para usuarios de fuera de la red local, en particular para todo Internet. Ello permite, por ejemplo, que un atacante envíe un pequeño datagrama a toda una red remota, y que las máquinas de dicha red respondan todas a la vez, posiblemente con un datagrama de mayor tamaño. Si la red sondeada tiene 150 máquinas activas, la respuesta es 150 veces más intensa. Es decir, se consigue un efecto "multiplicador". ¿Qué ocurre ahora si el atacante utiliza la dirección IP de otro sistema? (lo que se denomina "IP Spoofing". ¡¡Que las respuestas de la red a la que se hace "broadcast" serán enviadas a la dirección IP del tercer sistema!!. Es decir, el atacante está atacando una red empleando otra red intermedia para multiplicar sus recursos. Si, por ejemplo, el atacante dispone de una RDSI, y utiliza como multiplicadores cinco redes con 10 máquinas en cada una de ellas, por poner un ejemplo, la red final recibirá datagramas a una tasa de 3.2Mbps, al menos. El atacante ha multiplicado sus recursos por 50, como mínimo. Lo peor de todo es que este ataque ni siquiera implica controlar las redes que se emplean como multiplicadoras. • Syn Flood: El protocolo TCP de Internet, sobre el que se basa la mayoría de los servicios (incluyendo el correo electrónico, el web y el IRC) implica una conexión entre dos máquinas. El establecimiento de dicha conexión se realiza mediante lo que se llama "conexión en tres pasos", precisamente porque requiere la realización de tres pasos iniciales antes de que la conexión se pueda considerar establecida. Si el paso final no llega a establecerse, la conexión permanece en un estado denominado "semiabierto". El problema es que muchos sistemas operativos tienen un límite muy bajo en el número de conexiones "semiabiertas" que pueden manejar en un momento determinado. Si se supera ese límite, el servidor sencillamente dejará de responder a las nuevas peticiones de conexión que le vayan llegando. Las conexiones "semiabiertas" van caducando tras un tiempo, liberando "huecos" para nuevas conexiones, pero mientras el atacante mantenga el "syn flood", la probabilidad de que una conexión recién liberada sea capturada por un nuevo "syn" malicioso es muy alta. Para hacernos una idea de la potencia de este ataque baste decir que muchos sistemas operativos fijan un límite del orden de 5-30 conexiones "semiabiertas", y que éstas caducan al cabo de un par de minutos. Para mantener el servidor fuera de servicio, un atacante sólo necesita enviar un paquete "syn" cada 4 segundos. Algo al alcance de, incluso, un módem de 300 baudios. Este ataque suele combiarse también con "ip spoofing" (enviar los paquetes con la dirección de una tercera red) de forma que la red atacada "ve" un ataque proveniente de esa tercera red, no proveniente del atacante real. En la actualidad, la mayoría de los sistemas operativos son inmunes a este ataque, siempre y cuando el administrador de las máquinas se haya preocupado de instalar la última versión del sistema o haya aplicado a las versiones antiguas el parche correspondiente. • Connection Flood: Todo servicio de Internet orientado a conexión (la mayoría) tiene un límite máximo en el número de conexiones simultaneas que puede tolerar. Una vez que se alcanza ese límite, no se admitirán conexiones nuevas. Así, por ejemplo, un servidor Web puede tener capacidad para atender a mil usuarios simultaneos. Si un atacante establece mil conexiones y no realiza ninguna petición sobre ellas, monopolizará la capacidad del servidor. Las conexiones van caducando por inactividad poco a poco, pero el atacante sólo necesita intentar conexiones nuevas constantemente, como ocurre con el caso del "syn flood". Afortunadamente este ataque implica que la conexión tiene lugar o, lo que es lo mismo, que se completa la negociación en tres pasos que comentábamos en la sección anterior. Debido a ello la máquina atacada tiene constancia de la identidad real del atacante. Al menos, si sus administradores merecen su sueldo y saben qué comandos utilizar... ¿Cómo defenderse de este tipo de ataques? La respuesta sencilla es "no puedes". Muchos de estos ataques de denegación de servicio se basan en fallos de diseño inherentes a Internet, por lo que no son "solucionables" en un plazo breve de tiempo. Los ataques de "syn flood" ya no son un problema, si se instala un sistema operativo actualizado. Los ataques de "connection flood" pueden ser detectados por un administrador de sistemas eficiente, y se pueden filtrar en el cortafuegos corporativo, siempre que los sitios atacantes sean pocos. Por último, tenemos el caballo de batalla real: "net flood". En estos casos, la red víctima no puede hacer nada. Aunque filtre el tráfico en sus sistemas, sus líneas estarán saturadas con tráfico malicioso, incapacitándolas para cursar tráfico útil. Un ejemplo habitual es el de un teléfono: si alguien nos quiere incordiar, sólo tiene que llamarnos por teléfono, de forma continua. Y si descolgamos el teléfono para que deje de molestar, nos encontramos con que tampoco podemos recibir llamadas de otras personas. Este problema es habitual, por ejemplo, cuando alguien intenta mandarnos un fax empleando nuestro número de voz, y el fax insiste durante horas y horas... sin que el usuario llamado pueda hacer nada al respecto. En el caso de "net flooding" ocurre algo similar. Aunque filtremos el ataque en nuestro cortafuegos, nos encontramos con que nuestras líneas estarán tan saturadas de tráfico que las conexiones auténticas simplemente no pueden competir. En casos así el primer paso a realizar es el ponerse en contacto con nuestro "carrier" (el operador de "backbone" para que intente determinar la fuente del ataque y, como medida provisional, filtre el ataque en su extremo de la línea (normalmente de bastante mayor capacidad que nuestro extremo). El siguiente paso consiste en localizar las fuentes del ataque e informar a sus administradores, ya que seguramente se estarán usando sus recursos sin su conocimiento y consentimiento. Si el atacante emplea "ip spoofing", esto puede ser casi imposible. En muchos casos, la fuente del ataque es, a su vez, víctima. El origen último puede ser prácticamente imposible de determinar. Este paso puede ser bastante lento y requerir la ayuda del personal técnico del "carrier" o "backbone". Si el ataque dura poco tiempo, un par de horas, puede resultar imposible movilizar los recursos necesarios para localizar su fuente. ¿No hay esperanza entonces? Sí, pero se trata de medidas preventivas. Medidas que toda red y operador serio debe desplegar cuanto antes: • Mantener las máquinas actualizadas y seguras: o Ello implica tener personal especializado en cuestiones de seguridad (o subcontratarlo). o Aunque una máquina no contenga información valiosa, hay que tener en cuenta que puede resultar útil para un atacante, a la hora de ser empleada en un DoS coordinado o para ocultar su verdadera dirección. • No permitir el tráfico "broadcast" desde fuera de nuestra red: De esta forma evitamos ser empleados como "multiplicadores" durante un ataque "smurf". • Filtrar el tráfico "IP spoof": Esto es algo que todo "carrier" o "backbone" debería hacer, y que permitiría localizar y solucionar el problema con una gran rapidez. En pocas palabras, estos filtros evitan que un atacante se pueda hacer pasar por otro usuario. • No tener proxies abiertos a todo Internet: Algunos administradores tienen sus proxies, wingates, open sesame, SOCKS, SQUIDs, etc. abiertos a todo el mundo, sin ser conscientes de ello. Esto permite que cualquier usuario de Internet pueda atacar cualquier sistema responsabilizando a esa red intermedia mal administrada. • Auditorias de seguridad y sistemas de detección: Las herramientas DoS que posibilitan ataques coordinados tienen una serie de huellas en la red local cuando, por ejemplo, se comunican con su "dueño". Existen herramientas de seguridad que permiten reconocer estas huellas, con lo que el administrador sabrá que ha sido contaminado antes de que su sistema haya sido empleado en un ataque masivo. Como colofón • Los ataques DoS pueden prevenirse, pero requieren de la cooperación de todo Internet (por ejemplo, para evitar "IP Spoofing". La seguridad de la red depende de la seguridad de cada uno de sus componentes. • En la mayor parte de los casos, un ataque DoS distribuido implica una red de máquinas cuya seguridad se ha vulnerado, no la existencia de una conspiración mundial. • Un ataque DoS no ocasiona un "colapso del sistema informático" o "importantes daños informáticos", como ha salido publicado en diferentes medios. Si los sistemas están bien administrados, todo vuelve a la normalidad una vez finalizado el ataque. • Estamos ante un nuevo paradigma de ataque, en el que se ha sustituido el ataque sistemático y elaborado a un sistema en concreto, por ataques mucho más sencillos pero masivos. Con el número de máquinas que hay conectadas a Internet que existen en la actualidad, una vulnerabilidad explotable en el 0.01% de los casos supone millones de máquinas a merced de cualquiera. • Un ataque DoS no es obra de "hackers". espero les guste, lo saque de un revista de seguridad informatica. comenten.

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Quienes se desempeñaron como decanos de estas facultades reunían la condición de obreros exigida en el Reglamento de la universidad, la mayoría había salido de las filas del gremialismo. En Bs.As. ocupó el cargo César Mazzetti; en Santa Fe Hugo Deheza; en Córdoba Juan Félix Figueroa; en Rosario Ángel Álvarez; Virigilio Heredia en Tucumán e Ignacio Gómez en Mendoza. En La Plata estuvo al frente de la facultad el Secretario Técnico, Ingeniero Ernesto Domínguez. Las especialidades que las distintas facultades ofrecían eran: Construcciones de obras, Hormigón armado, Obras sanitarias, Construcciones mecánicas, Automotores, Transportes y Mecánica Ferroviaria, Instalaciones eléctricas, Construcciones electromecánicas, Construcciones aeronáuticas, Industrias textiles, Industrias químicas, Construcciones navales, Mecánica rural, Electrotécnica, Construcciones de obras y antisísmicas y Telecomunicaciones. El plan de estudios original abarcaba cinco años, con cinco o seis materias a cursar en cada uno de ellos. En los planes de todas las carreras existían ciertas asignaturas comunes: Sindicalismo Justicialista y Legislación Obrera I y II, Legislación del trabajo, Tecnología de fabricación y organización industrial, Administración y contabilidad industrial e Higiene y seguridad industrial. 21 Los criterios que ordenaron la estructuración de estos planes y programas de estudio fueron de diversa índole. Por un lado, la necesidad de formar ingenieros “...con una sólida base físico-matemática”; a la vez, “...elevar el nivel intelectual del obrero”,22 y por fin, reflejar “...la compenetración con la Doctrina 17 Fuera de esta efímera actuación en el Rectorado de la UNO, no es posible hallar información sobre la trayectoria del Sr. Conditi. 18 La Prensa, 18 de marzo de 1953, p.3. 19 El discurso fue reproducido parcialmente por La Prensa, 18/3/53 y en su totalidad por la Revista de la U.O.N, Año I, Nº 1, 1953, pp.14-16. 20 Segundo Plan Quinquenal. Cap. IV, p.64 21 Revista de la U.O.N. Año II, Nº 10, oct.-nov. 1954, pp.55-61. Contiene los planes de estudio de todas las especialidades. Periódicamente se publicaban también los programas de las asignaturas. 22 Ibid. Año II, Nº 9, agosto-sept., 1954, p.37. Nacional y el Plan de Gobierno.” Las clases se dictaban en horario vespertino, desde las 19.15 á las 22.30, de lunes a viernes, lo que totalizaba un promedio de veinte horas semanales. Los trabajos de gabinete o laboratorio se efectuaban los sábados por la mañana. Según las autoridades de la Universidad, la diferencia de alrededor de diez horas semanales que existía respecto de las otras casa de estudios superiores de la Nación, se compensaba y salvaba con la gran práctica ejecutiva de los alumnos-obreros. Sin embargo, si se examina un calendario de actividades de la institución, esta inferioridad en el número de clases se acentúa. El ciclo lectivo, que se extendía desde el 15 de marzo al 1º de diciembre, incluyó en 1954 por ejemplo, más de veinte días de asuetos escolares y feriados: las fiestas patrias, el cumpleaños del Gral. Perón y Día de la U.O.N., el día de Santa Rosa de Lima, de San Pedro y San Pablo, de la Lealtad Popular, etc. Aunque ellos rigieran también para las otras universidades, en ésta se sumaban los actos efectuados el día hábil anterior a los que docentes y alumnos debían asistir obligatoriamente, la suspensión de actividades todos los 26 de cada mes, en homenaje a la “Jefa Espiritual de la Nación” y otros eventos de menor repercusión. Respecto de la didáctica de las clases, el Rectorado enfatizó la recomendación de que su dictado fuera claro y sencillo; “...las clases no serán conferenciales...” y a cada explicación debía seguir la ejercitación correspondiente de modo tal que el alumno se viera obligado a estudiar clase por clase.25 Tales clases eran dictadas por docentes que con frecuencia se desempeñaban en otras universidades nacionales. Algunas cátedras, y según las prescripciones legales del caso, fueron provistas mediante concursos de titulares en las distintas regionales.26. En 1954 y 1955 se reglamentó la aplicación en la Universidad Obrera del régimen de incompatibilidades impuesto a los profesores universitarios. El decreto 20778/54 había exceptuado de dicho régimen a los docentes de la UON y el que llevó el número 5845/55, a los directivos del establecimiento. 27 Estas medidas se adoptaron a fin de facilitar la estructuración y el funcionamiento de la novel universidad. Bajo el régimen de la ley 13229/48, durante el gobierno peronista y el rectorado de Conditi, se operaron escasas modificaciones en el reglamento original. Sin embargo, la organización de las actividades, en lo que tuvo amplio desempeño el vicerrector Ing. Pascual Pezzano, exigió algunos ajustes. Antes de exponerlos corresponde reseñar la actuación del Ingeniero Pezzano, sobre quien recayó la tarea exclusivamente académica, esto en función de la idoneidad que le confería su trayectoria docente en la Escuela Industrial Otto Krause, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de La Plata y en la Escuela Superior Técnica del Ejército. A su experiencia sumaba una completa preparación profesional como ingeniero civil, agrimensor e ingeniero mecánico.28 Retomando la cuestión de las reformas al reglamento, éstas se efectuaron en los artículos referidos a la enseñanza y los exámenes, por decreto 21812 de noviembre de 195329 y básicamente implementaron una especie de régimen de promoción que suprimía los exámenes finales. El ciclo quedaba dividido, como antes, en tres términos; cada uno se evaluaba con el promedio de dos notas: una tomada del promedio de calificaciones obtenidas en las exposiciones orales, experiencias o ejercitaciones, y otra resultante de un examen teórico. El aplazo en cualquier calificación promedio obligaba a rendir el examen final de la asignatura. En caso de reprobar dos o más materias en los finales de marzo, se imponía la repetición íntegra del curso; existía la posibilidad de llevar una materia previa, pero debía ser aprobada en el término del siguiente ciclo lectivo para que fuera reconocido el año superior cursado. Muy similares al régimen en el que se encuadraba la enseñanza media, estas modificaciones fueron catalogadas como “...una conquista revolucionaria en la enseñanza universitaria...”; sus ventajas residían en que mantenían día a día el interés del alumnado, premiaban el esfuerzo diario del buen alumno, para quien el examen final no era necesario, y sancionaban el estudio deficiente y discontinuo. Como es de suponer, estas medidas tuvieron amplia y favorable repercusión en el alumnado. Los primeros alumnos de la U.O.N. eran en su mayoría técnicos industriales con varios años de ejercicio que deseaban continuar estudiando. El resto estaba conformado por los egresados de los cursos de perfeccionamiento técnico de la CNAOP y de las escuelas industriales de la Nación. 30 En 1953 la Universidad captó 676 alumnos; al año siguiente los inscriptos fueron 1034 y el total sumó 1488 alumnos; en 1955 estudiaban en esas aulas 1956 estudiantes, ese año se habían inscripto 991 alumnos. Se concentraban en su mayor parte en las Regionales de Buenos Aires, Rosario y Córdoba y las especialidades más atractivas eran Mecánica, Construcciones y Electromecánica.31 El cien por cien del alumnado estaba constituido por trabajadores, técnicos en la especialidad que elegían, aunque no necesariamente “obreros”. La mayoría de los ingresantes tenía idéntica procedencia que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 32 En los círculos gubernamentales, la labor que cumplía la Universidad Obrera se exaltaba fervorosamente; la repercusión internacional de su trascendencia era tema frecuente en las publicaciones oficiales y en la Revista de la propia universidad y, obviamente, motivo de halago para quienes la habían pergeñado. Ciertamente, la institución había encontrado un espacio que se ampliaba cada vez más en la sociedad en que halló inserción. El ritmo que entonces imprimió a sus actividades quedó plasmado en distintas realizaciones; por ejemplo, la creación de múltiples dependencias anexas que complementaron la estructura del sistema creado. Entre 1953 y 1955 se organizaron la Federación Argentina de Estudiantes de la U.O.N., su Oficina de Prensa y Difusión, el Instituto de Extensión Cultural y Técnica, el Departamento Técnico y Didáctico, la Secretaría Gremial de la U.O.N. A fines de 1954 se disponía la publicación del Anuario de la Universidad Obrera Nacional y Facultades Regionales y se retomaba el proyecto de creación de un edificio propio. El comienzo de tales obras destinadas a la sede central, había sido anunciado en 1953, 33 pero dos años más tarde aún no se había concretado. Recién el 13 de junio de 1955 quedaron constituidas las Comisiones Ejecutiva e Informativa encargadas del estudio del anteproyecto. 34 La caída del régimen frustró la empresa definitivamente. Estos datos sobre el curso de la Universidad Obrera durante el peronismo nos dejan la impresión del gran dinamismo con que la institución afrontó los problemas de su etapa organizativa inicial; el sostén oficial, firme y constante lo hacía posible. Si a ello se adicionan otros factores influyentes, como la existencia de espacios y equipamientos adecuados, un cuerpo docente acorde a los fines institucionales y una organización ajustada en sus mínimos detalles a las necesidades del alumnado trabajador y a los proyectos oficiales, quedaban configurados los lineamientos de un futuro prometedor. Sin embargo, esta evolución fue interrumpida después de 1955; del amparo gubernamental y la holgura económica, la U.O.N. pasó a la asfixia presupuestaria y a la lucha por la subsistencia. La institución debió afrontar tiempos difíciles. 30 BENEDETTO, Orlando. Sobre la UTN (En: Hechos e Ideas, Bs.As., Didot, Año I, Nº 2, ene-feb. 1974, p.70) 31 U.T.N. Dpto. de Sistemas de Información y Estadística. Anuario Estadístico 1978; II parte, pp.24 -30 32 MOLLIS, Marcela. La historia de la U.T.N.: una universidad para hombres y mujeres que trabajan. (En: Realidad Económica, Bs.As., Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, Nº 99, 2º bimestre, 1991, p.105) 33 ARGENTINA, Presidencia. de la Nación. Subsecretaría de Informaciones. Reseña General de Actividades, 1953. Vol. II, pp. 78-79 34 Revista de la UON , Año III, Nº 13, junio-julio 1955, p. 65. El tema del edificio propio se reiteró en diversos números de esta publicación, como una preocupación constante de sus autoridades. 2.4. Repercusión y trascendencia Para ampliar el enfoque, creemos que es conveniente exponer la opinión de algunos contemporáneos sobre la creación de la Universidad Obrera. Quienes protagonizaron aquellos sucesos, aun cuando quedaran atrapados por las pasiones políticas, han emitido juicios antitéticos pero valiosos; a la distancia, resultan imprescindibles para conformar desde todos los ángulos y perspectivas, un panorama globalizador e intentar un balance ecuánime. Ya desde inicio de la historia de esta Universidad, en los debates de la ley 13229/48, las posiciones asumidas por los diputados Raúl Bustos Fierro y Gabriel del Mazo resumieron la polarización que sacudía al país por aquellos años. El legislador peronista se congratuló con la creación, y más de veinte años después, reivindicando la obra de gobierno de Perón, mantuvo su apreciación refiriendo a la Universidad Obrera como aquella “meritoria institución” que permitió intensificar la función social y cultural de la enseñanza.35 Profundamente distintos fueron los juicios del radical del Mazo, ya en 1948 y haciéndose eco de los escrúpulos de su bloque, expresó su oposición al proyecto. Después de 1955 reiteró aquellos argumentos y continuó responsabilizando a la U.O.N. y a Perón de haber impuesto en el país una doble vida universitaria. Si a la universidad clásica se le criticaba la ausencia de formación práctica, la universidad para obreros impartía una educación estrecha, quedaba convertida en un órgano para la industria. y en sí misma era una institución que, contradictoriamente, proclamaba a la vez la universalidad y la especialización. Desde el movimiento universitario estudiantil reformista, la Universidad Obrera fue considerada como la concreción de algunas consignas de 1918. Sin embargo, poco después se catalogaba a la creación como “...un índice de la concepción de clase del peronismo”. El nacimiento de esta universidad no respondió al reclamo popular “...sino que tendía a facilitarle a la burguesía la tarea de colocar una valla de clase, evitando mezclar a sus hijos y a los hijos del proletariado”. Su significación se minimizó aún más atendiendo a la composición del estudiantado de la universidad en la que “...había sólo un 30 % proveniente de las escuelas-fábrica. El 70 % restante era egresado de las escuelas industriales (...) No se puede entonces agrandar la trascendencia social de la Universidad Obrera.”36 ¿Cómo percibieron la creación sus destinatarios, es decir, la clase obrera? La “Página Gremial Eva Perón” del diario “La Prensa”, 37 ya expropiado y en manos de la Confederación General del Trabajo, enfatizaba la proyección social de la Universidad y le atribuía la misión de derribar “...definitivamente los valladares que levantó una sociedad egoísta frente a las legítimas aspiraciones de las masas obreras”.La U.O.N. constituía para la juventud trabajadora una perspectiva halagüeña porque cancelaba la época del aprendizaje en la fábrica y la explotación del novel operario por patrones inescrupulosos. En la actualidad, la bibliografía especializada concede al tema una atención limitada y, a menudo incompleta. 38 Las obras históricas dedicadas al estudio del peronismo analizan otros aspectos de esa etapa; en muy pocos trabajos se examina la cuestión y, en ninguno de los consultados se la somete a un tratamiento exhaustivo. Valen como corroboración los ejemplos: de los dos volúmenes de Pedro Santos Martínez sobre la historia nacional entre 1946 y 1955 sólo se dedican unos párrafos a la Universidad Obrera, para caracterizarla como una experiencia revolucionaria 39 y señalar que la Universidad Tecnológica que la continuó “...desvirtuó completamente los fines de su creación”. También Alberto Ciria, 40 al ocuparse de los temas culturales y educativos durante el peronismo, refiere sólo superficialmente a la Universidad Obrera para ejemplificar las posiciones políticas enfrentadas en los años del peronismo y no emite sobre ella juicio alguno. Como los casos que mencionamos, muchos más. En las obras de política educacional e historia de la educación la mención de esta casa de estudios se acota a los antecedentes inmediatos de la Universidad Tecnológica Nacional sin aportar datos o interpretaciones originales sobre su significación. Debe destacarse por fin que tampoco la Universidad Tecnológica ha realizado esfuerzos orgánicos por reconstruir los pormenores de su trayectoria pasada. Ocasionalmente, algunas publicaciones de Rectorado rescataron la memoria de la U.O.N. fundando en ella la continuidad institucional desde 1948; la información contenida es escueta y a menudo imprecisa. 41 Finalmente apuntamos algunas reflexiones. La creación de la Universidad Obrera reconoce motivaciones sociales, económicas y políticas. Sociales en tanto se hizo eco de las inquietudes de gremios y sindicatos y ofreció a sectores hasta entonces desplazados del ámbito universitario, una posibilidad de acceso a la educación superior. Económico-políticas porque se propuso formar a la vez, los virtuosos ciudadanos de la Nueva Argentina y una clase de ingenieros experimentados en la práctica laboral, que fueran útiles a los planes de desarrollo industrial del gobierno. El peronismo entendió que con esta alternativa ampliaba las oportunidades educativas y, al mismo tiempo, satisfacía una de las demandas del proceso productivo: la disponibilidad de mano de obra especializada. Los egresados de las universidades tradicionales no se interesaron en cubrir este espacio por varias razones. Entre las de mayor peso, por su generalizada oposición al gobierno y al proyecto justicialista y, en relación con esto, porque su cómoda posición social los orientaba hacia el ejercicio de las profesiones liberales o la actividad política. En el balance final de los móviles que explican el nacimiento de esta universidad creemos que, aunque las razones económicas operan como fundamentos de valor, son las de orden social y político las que primaron y acabaron trascendiendo aspiraciones de otra índole. Se ha afirmado con frecuencia que los intentos diversificadores y pragmáticos en la educación argentina fracasaron por carencia de una base social de apoyo; en esta época, dicha base social se expandió y pasó a ser la columna vertebral de un movimiento que, además, estaba interesado en el crecimiento industrial. Perón conjugó las circunstancias y canalizó las expectativas de mejora social y económica de la clase obrera con la creación de la U.O.N. Con gran habilidad política eligió construir una nueva institución para satisfacer los requerimientos de los sectores populares porque ese camino era más sencillo que modificar la estructura de las universidades existentes, en franca y constante oposición a su gobierno. El nombre de Obrera que recibió esta casa de estudios aludía concretamente al designio de capacitar al trabajador para incorporarlo al aparato productivo; sin duda, también buscó el consenso de las clases populares respecto del proyecto oficial y por ello fue calificado de demagógico. En realidad, la significación social que comportaba este título no se proyectó al futuro como un logro definitivo; el acceso real de los obreros a la universidad es una cuestión que esta institución no resolvió. No creemos que su denominación de Universidad respondiera a circunstancias fortuitas como sostuvieron los diputados peronistas. El título de universidad, instituto o politécnico no era una simple cuestión de palabras; cada nombre suponía rumbos y, sobre todo, expectativas diferentes. En la mayoría de los países del mundo la formación de técnicos e ingenieros se realizaba en instituciones distintas de las universidades, aunque la calidad y nivel de los estudios fueran igualmente rigurosos. Se concebía allí que la amplia tarea de la universidad era educar y no simplemente preparar para una profesión. Esta concepción que fue el eje de los argumentos del bloque opositor en 1948, fue expuesta más tarde por Alfredo Palacios. 42 La universidad científico-profesional y la universidad cultural eran los dos modelos que debían ser estrictamente separados: Escuela Politécnica la primera y Universidad propiamente dicha, la segunda. 41 Durante nuestro desempeño en la Regional Resistencia nos llamó la atención la alternancia de fechas en que la institución celebraba su aniversario; a veces el 19 de agosto (ley 13229/48) y otras el 14 de octubre (ley 14855/59). 42 PALACIOS, Alfredo. La Universidad nueva. Desde la Reforma Universitaria hasta 1957. Bs.As., Gleizer, 1957. Passim. El rótulo de Universidad conferido en nuestro país a esa casa de estudios superiores técnicos, no se ajustaba a los criterios tradicionales ni a los antecedentes internacionales, pero reflejaba un prejuicio hondamente arraigado en la sociedad argentina: sólo la categoría universitaria de la institución podía legitimar y jerarquizar la calidad de sus egresados. Como ya indicáramos, al otorgar ese carácter al tercer ciclo del aprendizaje para obreros Perón abría a sectores hasta entonces marginados nuevas expectativas y creaba la ilusión de haber conquistado un ámbito que era tradicionalmente hostil a sus proyectos. Restaría saber si aquellas expectativas fueron satisfechas indagando sobre las perspectivas que se abrieron a los primeros egresados. La brevedad del funcionamiento de la U.O.N. bajo el peronismo y la violencia de las pasiones políticas que eclosionaron después del ´55 entorpecen cualquier análisis. Es lícito conjeturar que este tiempo debe haber sido especialmente difícil para aquella parte de la juventud que, ajena al contaminado vaivén político, había comprometido honestamente su empeño y no podía asegurar la concreción de sus anhelos. La vinculación de la Universidad Obrera con el régimen depuesto fue sin duda un obstáculo para muchos ingenieros de fábrica que fueron incorporándose al mercado laboral como profesionales cuyo título se desjerarquizaba y cuya competencia se ponía en duda. Cerramos este capítulo persuadidos de que si fuera posible evaluar la creación de la Universidad Obrera al margen del entorno histórico-político en el que se insertó, cabría reconocer en la medida un plausible intento por modificar una situación rayana en el absurdo: la de un país que perseguía su desarrollo industrial pero que formaba más abogados que técnicos. Sin embargo, en el contexto, el hecho cobra otra significación. La incuestionable vinculación de esta universidad con el peronismo, tan evidente que la U.O.N. incorporó a su escudo el del partido justicialista, y la escrupulosa regulación de su funcionamiento de acuerdo con las pautas gubernamentales, justifican la conjetura de que en sus aulas se combinaron forzosamente la ideología y la adhesión incondicional al régimen con el rigor académico y el cumplimiento de fines estrictamente educativos. II. La diversificación de la enseñanza técnica superior: 3. Después de 1955: la reestructuración 3.1. El momento histórico y la educación 3.2. La Universidad Obrera entre 1955 y 1958 3.3. La U.T.N.: Nueva estructura y cambio de nombre a) El proyecto de ley de autarquía en el Congreso b) La estructura de la U.T.N. según la ley 14855/ 59 y sus.modificaciones 3.4. El primer Estatuto 3.5. Algunos datos sobre la evolución de la U.T.N. entre 1959 y 1962 II.3. DESPUÉS DE 1955: LA REESTRUCTURACIÓN 3. 1. El momento histórico y la educación. En septiembre de 1955 se produce el derrocamiento de Juan Domingo Perón por un golpe militar que fue percibido por vastos sectores de la sociedad como el resultado del ejercicio del derecho de resistencia a la opresión. La polarización del país en peronismo y antiperonismo “...hizo eclosión en el 55 y concentró las energías y los objetivos de la conspiración: derrocar a Perón” El General Eduardo Lonardi que encabezó el movimiento septembrino se declaró presidente provisional; el almirante Isaac Rojas ocupó la vicepresidencia. Refugiado en la embajada de Paraguay y luego en una cañonera de ese país, Perón inició el 2 de octubre de 1955 sus largos años de exilio. El general se transformaría paulatinamente en un mito cuya influencia sobre la política nacional se manifestó de modo insoslayable. La fórmula que Lonardi impuso desde el poder fue la reconciliación al proclamar que no había ni vencedores ni vencidos. El proyecto político ignoraba sin embargo las relaciones de fuerza y el enfrentamiento interno de las líneas revolucionarias. Con los nacionalistas y los liberales maniobrando hábilmente para acentuar su influencia en el gobierno, la ruptura violenta no podía tardar en producirse. Así las cosas, una crisis de gabinete se transformó en una de régimen. Los militares separaron del cargo a Lonardi el 13 de noviembre de 1955 y eligieron en su reemplazo a Pedro Eugenio Aramburu, general de reconocida militancia antiperonista y rival de Lonardi. El gobierno de Aramburu comenzó con una administración de autoridad compartida entre el presidente provisional y las fuerzas armadas. Pronto se produjo un viraje político interno y, después de 1956, el presidente fue escapando de la tutela de las fuerzas armadas. Los problemas políticos capitalizaron la preocupación del gobierno: la represión del peronismo, su resistencia conspirativa, la fractura de la Unión Cívica Radical, la restauración de la vigencia de la Constitución de 1953... La situación social y económica no era menos problemática en razón de la inflación creciente, el continuo drenaje de reservas y la intensificación de la inquietud obrera. En el ámbito educativo, la Revolución Libertadora inició una total revisión de las políticas que caracterizaron la época anterior. Sus objetivos fueron corregir el rumbo impuesto por Perón y proporcionar un nuevo marco legal a las instituciones educativas existentes, bajo la vigencia de la Constitución de 1853. La intención manifiesta era desvincular a la educación del “... propósito dictatorial de moldear el espíritu de los educandos dentro de la doctrina y de vigilar a maestros, profesores y alumnos para que el mismo se alcanzara rigurosamente.” En la enseñanza primaria se mantuvo el régimen de la ley 1420 y se restableció el Consejo Nacional de Educación. Se introdujo el dictado de la materia Educación Democrática en la enseñanza secundaria con la idea de formar ciudadanos aptos para una vida libre y responsable. La Revolución Libertadora buscó ubicar a las universidades bajo el signo de la autonomía. Se derogó toda la legislación de la época peronista y la ley Avellaneda fue puesta en vigencia. Transitoriamente, en tanto se daba la legislación especial, las universidades fueron intervenidas y se declaró en comisión especial a todo el personal docente; a la vez se reincorporaron los profesores dejados cesantes por el gobierno anterior.3 El decreto-ley 6403/55 reorganizó las universidades bajo un régimen jurídico de autarquía y autonomía. El artículo 28 de este decreto puso de manifiesto la diversidad de tendencias relativas a la educación, en general, y a la creación de universidades libres, en particular. El debate sobre universidad libre o laica fue tan arduo y tantas las presiones, que la reglamentación prevista en el artículo 28 no llegó a dictarse. El presidente Aramburu finalizó su gestión en febrero de 1958 después que las elecciones dieran un triunfo aplastante a la fórmula Arturo Forndizi- Alejando Gómez. Aunque el propio Frondizi lo negara, fue el pacto que su delegado Rogelio Frigerio negociara con Perón el que le ofreció a la U.C.R.I. esa abrumadora victoria y posibilitó al presidente electo un panorama favorable en el Congreso y en las gobernaciones provinciales. Con la legalidad para todos comenzó una de las gestiones más polémicas de la historia argentina contemporánea. La estrategia del presidente pronto produjo fracturas y decepciones entre sus partidarios. En lo social campearon el descontento y los enfrentamientos; la política económica, especialmente la referida al petróleo, suscitó resistencias; la inconsistente alianza con el peronismo se fracturó y el partido de Perón fue a la confrontación; los conflictos militares se sucedieron y la presión por la renuncia de Frondizi aumentó. El 28 de marzo de 1962 los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas lograron su destitución y reemplazo por el presidente provisional del Senado José María Guido. Guido presidió la conflictiva situación del país durante un año y medio, inmerso en una situación semilegal, dentro de la ilegalidad política del sistema. El llamado a elecciones en 1963 dio paso a una nueva etapa de frágil estabilidad institucional. La fórmula Arturo Illia-Carlos Perette asumió el gobierno en octubre y debió enfrentar condiciones igualmente difíciles en razón de la proscripción del peronismo, la constante vigilancia militar y la abulia de los miembros más prominentes del poder sindical, militar, económico y eclesiástico respecto del régimen político y su legitimidad. Durante los gobiernos radicales la política educativa giró en torno a dos consignas: el desarrollo y el planeamiento. Comenzó a abrirse paso la idea de que la educación debía ser considerada como una inversión vinculada a las posibilidades de desarrollo; como consecuencia, el planeamiento integral de la educación se impuso como una urgente necesidad. Sobre la base de este propósito planificador se crearon en el país organismos como el Consejo Nacional de Educación Técnica (1959), el Consejo Federal de Inversiones (1959) y el Consejo Nacional de Desarrollo (1961) El Plan Nacional de Desarrollo (1965-1969) fue el instrumento mediante el que se intentó dar concreción a los nuevos proyectos de la política educativa. 2 LIBRO NEGRO DE LA SEGUNDA TIRANÍA. Bs.As., 1958, p.150 3 ARGENTINA. Presidencia de la Nación. Memoria. Gobierno provisional de la Revolución Libertadora. 1955-1958. Bs.As., Servicio de Publicaciones, 1958, pp. 150-152. En el nivel universitario, y durante el gobierno de Frondizi, se renovaron las tensiones provocadas por el artículo 28 del decreto 6403/55. Ruidosas manifestaciones estudiantiles, con apoyo obrero en algunos casos, se opusieron a la creció de universidades privadas. El artículo 28 fue derogado, no obstante, la ley 14557/58 fijó las normas para el funcionamiento de tales universidades. El Estado admitía la libertad de enseñanza pero continuaba monopolizando la educación superior a través de una serie de medidas como la aprobación de estatutos, la habilitación para el ejercicio profesional y otras. En esa época debe ubicarse también, la sanción de la ley 14855/59 de organización de la El diagnóstico de la Revolución Libertadora sobre la situación de la enseñanza técnica se resumió en el siguiente informe: “La situación de anarquía que imperaba en la enseñanza industrial impuso la necesidad de reorganizar las plantas funcionales de las escuelas que al advenimiento de la Revolución Libertadora acusaban la mayoría la existencia de profesores, personal administrativo y en gran parte personal directivo de ostensible acción partidista, restablecer la disciplina y dar jerarquía a la enseñanza.” 4 Estos juicios, sucintos pero esclarecedores, seguramente incluyen a la enseñanza técnica dependiente de la CNAOP y particularmente a la Universidad Obrera. Los principales problemas detectados refieren a la politización del personal de esas casas de estudio cuya adhesión al peronismo era reconocida; la alusión a la jerarquía de la enseñanza expresaba la convicción de que la que se impartía en esos centros era incompleta, fragmentaria y de menor calidad. Concebida por el antiperonismo como creación demagógica y plenamente identificada con el “régimen depuesto”, la U.O.N. debió enfrentar los embates de diversos sectores. El ahogo presupuestario y la clausura de numerosas escuelas-fábrica, provocaron la sospecha de que el gobierno quería liquidar la institución. El diario El Pueblo 5 informaba a la opinión pública, en octubre de 1956, que “...los medios con que cuenta la Comisión Nacional de Aprendizaje son en extremo abundantes y permiten financiar cómodamente las actividades docentes; pero en la práctica no cuenta por ahora con los medios indispensables, como lo prueba el hecho de que no se ha abonado en parte de los establecimientos, al personal docente el aumento del 10 % dispuesto por el gobierno. Tal es el estado caótico y ruinoso en el que la ha dejado la administración depuesta”. Desde otro frente, el Centro Argentino de Ingenieros arremetió contra la Universidad Obrera. Ya en la época de su creación algunos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires y, particularmente, el Centro de Estudiantes de Ingeniería, habían manifestado su postura antagónica. Se renovaron ahora aquellas críticas en las que probablemente se entrelazaban los argumentos legítimos con los intereses profesionales derivados de la competencia en el mercado ocupacional. En agosto de 1956, el Centro de Ingenieros, en una nota ampliamente difundida por la prensa, 6 expresaba su posición. Ligando la cuestión particular de la U.O.N. al problema general de la enseñanza técnica se interpretaba que la entonces llamada Universidad tecnológica no era una universidad sino un instituto técnico. Sus egresados tampoco podían ser ingenieros en tanto su formación no implicaba una base previa de cultura general; pese a ello, “...la posesión del diploma expedido por la universidad autoriza al inmediato ejercicio de la profesión...” Los ingenieros destacaban la importancia y total necesidad de los establecimientos de enseñanza técnica para la formación de personas que actúen en el plano intermedio, entre la dirección y la ejecución manual. Advierten empero sobre el error “...de expedir títulos de alcances indefinidos o insuficientes que no satisfagan necesidades reales ni colmen las aspiraciones de los estudiantes...” Por esta razón era conveniente no otorgar títulos de ingeniero de fábrica y designar al establecimiento educativo que los formaba con el nombre de Instituto Tecnológico Nacional, en concordancia con los fines y títulos que pudiera proporcionar. La formación de ingenieros debía realizarse en forma exclusiva en las universidades, fundadas sobre la amplia base de cultura general ya referida. La igualdad de oportunidades, asentada en el cumplimiento de idénticos requisitos, se aseguraría mediante la determinación de las equivalencias de estudios cursados e incluiría el examen de determinadas materias así como la adquisición del “...espíritu general que alienta a la educación”. La postura del Centro de Ingenieros era muy clara; aunque no apuntaba a la disolución de la Universidad Obrera, la transformaba radicalmente. La institución era percibida como un centro de enseñanza de jerarquía inferior a la universitaria; aunque se reconocía su valor para la capacitación de técnicos, se negaba su aptitud para formar profesionales de la ingeniería. Vastos sectores de la sociedad transfirieron los apasionamientos, prejuicios y rencores que el peronismo había generado en ellos a todas las creaciones de esa época, entre ellas la U.O.N. Sus argumentos no carecen de interés y aún de fundamentos. Sin embargo, la existencia de la Universidad Obrera era interpretada como una alternativa para el estudiantado trabajador. En ese sentido fue tenazmente defendida por alumnos, padres y profesores que identificaron las propuestas de rejerarquización, como Instituto Tecnológico, con un intento por suprimir la institución. El recurso de los alumnos fue la huelga y de aquella medida se hicieron eco los periódicos. La Prensa 7 testimonió la realización de frecuentes asambleas estudiantiles e informó regularmente sobre las alternativas del movimiento. También El Pueblo 8 se interesó por la cuestión: “Desde hace un tiempo el ambiente educacional ha sido conmovido por un movimiento estudiantil que reclama la autarquía para la Universidad Obrera Nacional y el cambio de este nombre por el de Universidad Tecnológica. En general la gente se ha sorprendido ante carteles, declaraciones periodística y manifestaciones callejeras realizadas por los alumnos de esa casa de estudios.” La Federación Universitaria Tecnológica, con el nombre de Junta Nacional de Estudiantes de la U.O.N., nació en esa época reivindicando la institución y reclamando suu continuidad. Consiguió incluso apoyo para sus demandas por parte de los Centros de Estudiantes de Ingeniería, en la Convención realizada en La Plata, entre el 76 y el 14 de octubre de 1956. Era un gran logro si se atiende a la posición adoptada por aquellos centros en época anterior. La lucha de los estudiantes se orientó hacia la defensa de la U.O.N. como una “...casa de estudios técnicos superiores de jerarquía universitaria como los de las facultades tradicionales de Ingeniería y Escuela Superior Técnica del Ejército con un plan orgánico que desarrolla en cinco años”. Reforzaban sus argumentos señalando que instituciones similares funcionaban exitosamente en casi todo el mundo y que la finalidad cumplida por la Universidad Obrera no podía “...ser satisfecha en las facultades tradicionales de ingeniería ni aun con el sistema de becas, que los desvincularía del ambiente industrial.” 10 Esto en razón de que los alumnos son trabajadores que después de cumplir su jornada habitual en la industria, talleres propios o reparticiones oficiales técnicas, concurren a estudiar estimulados por los problemas surgidos del trabajo, lo que enriquecía el proceso de enseñanza. Llama la atención que el nombre de Universidad Tecnológica Nacional fuera usado cada vez con mayor frecuencia entre el alumnado y los medios de comunicación pública. El cambio de denominación era un modo más de erradicar de la institución toda connotación que la vinculara con el peronismo. El propio rector Meoli sostuvo que Universidad Tecnológica Nacional “...era el nombre que a juicio de profesores, autoridades y alumnos cuadra(ba) mucho más que el otro, impuesto en 1948 por razones demagógicas.” 11 Cabe aclarar que el Ingeniero Gabriel Agustín Meoli fue designado Rector de la U.O.N. el 17 de octubre de 1955 y ejerció el cargo hasta 1959. Profesional de reconocida trayectoria, había iniciado su carrera docente en la U.B.A. en 1941 en la cátedra de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería. Fue además rector fundador del Colegio Esquiú y profesor de matemática en ese establecimiento, en el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y la Universidad Católica Argentina. Durante su gestión en la Universidad Obrera manifestó un prudente y firme apoyo a la continuidad y jerarquización de la universidad. 12 Ante la conflictiva situación planteada el gobierno expresó su propósito de darle solución cuando, durante el ministerio del Dr. Carlos Adrogué, dispuso la constitución de una comisión encargada de analizar el tema de la U.O.N., particularmente de la incumbencia de los títulos de ingeniero, la denominación de la casa de estudios y su estructuración definitiva. En agosto de 1956, el Subsecretario de Educación, Pedro Aberastury, entregó al periodismo un documento 13 en el que se anunciaba la formación de la Comisión que entendería en todos los asuntos referidos a la enseñanza técnica, incluida la U.O.N. Informaba además que, “...a pedido de los alumnos de la citada Universidad” las autoridades tomarán medidas para suprimir del artículo 10º de la ley 13229/48 las palabras “de origen obrero” y derogar el artículo 12º por considerarlo discriminatorio. 14 La parte dispositiva de la resolución comunicada por Aberastury precisaba la composición de la Comisión con la participación de los rectores, decanos y profesores de las distintas universidades, junto a Meoli y al vicerrector Pedro Berdoy. A ellos se sumaban el director de la CNAOP, el director de Enseñanza Técnica y representantes del Ministerio de Industria y Comercio de la Nación, de la Dirección General de Fabricaciones Militares, de la Unión Argentina de Ingenieros, de los Consejos Profesionales de Ingenieros y de la Unión Industrial Argentina. Con una participación tan ampliada se buscaba garantizar el consenso y respaldo de las medidas que la comisión adoptara. Sin embargo, la actuación de tan nutrido grupo, entusiasta en un comienzo, se fue demorando y acabó por diluirse. Es posible encontrar información en los diarios sobre sus reuniones, pero las noticias se espacian cada vez más. Dos meses después, El Pueblo informaba que el gobierno tenía en estudio el problema planteado por la U.O.N., “...sería plausible que la solución a la que se arribe concilie lo que los estudiantes postulan con lo que aconsejan los intereses culturales y técnicos del país” Por esta época, el llamado a concurso general de títulos y antecedentes para la designación de profesores titulares dispuesto por el decreto 6403 y efectuado según decretos 20159/56 y 20795/56, evidenciaba las intenciones del gobierno de atender, también en la Universidad Obrera, las cuestiones más urgentes. No obstante, la solución definitiva continuaba dilatándose y el problema tardaría más de dos años en resolverse. Es necesario advertir que, aún en su etapa concluyente que coincide con el gobierno de Frondizi, la cuestión de la U.O.N. no había delineado un rumbo preciso y su desenlace no era previsible. La acción de la Libertadora fue en esta materia, limitada e incompleta, tal vez porque su atención se fijó en la reestructuración de las universidades nacionales. Creemos que no perseguía el cierre del establecimiento, sólo ensayaba la probabilidad de una reubicación de la jerarquía de sus estudios; aunque esto, en las aspiraciones del alumnado equivalía poco menos que a su clausura. Ciertamente, todavía en 1958 seguía latente alguna tendencia a suprimir la institución; lo testimonia la vía de solución al conflicto que halló el diputado Luis María Pitto. A principios de septiembre entraba en la Cámara el proyecto del legislador de la U.C.R.I. sobre transferencia de las Facultades Regionales de la U.O.N. a las distintas universidades del Estado, en calidad de facultades de Tecnología, cuyos egresados recibirían el título de ingenieros tecnológicos.16 Como fundamento Pitto consideró que “...nada justifica que para impartir (enseñanza técnica superior).... se erijan remedos de universidades que en la práctica son sólo el mantenimiento de inaceptables y desdeñosos prejuicios hacia ese tipo de estudios.” Este proyecto ofrecía una alternativa original, sin embargo la propuesta era contradictoria. La Universidad era inútil y superflua al imitar torpemente a la universidad, pero se sugería la incorporación de sus facultades a aquella jerarquía, como si de cosa distinta se tratara, superponiendo funciones y dispersando recursos. La propuesta ni siquiera fue considerada por los legisladores. Además, una semana después, comenzaría a tratarse en Cámara de Senadores la reestructuración de la U.O.N. Las dificultades de la etapa abierta en 1955 para la Universidad Obrera, quedaron plasmadas también en las estadísticas: Resulta de estos datos una tendencia a la estabilización, incluso al descenso de la de la matrícula; la disminución del número de inscriptos tuvo una incidencia directa en el total de alumnos. Esta evolución fue más marcada en las Regionales de Santa Fe, Rosario y Mendoza y menos perceptible en Bahía Blanca y Buenos Aires. Las unidades académicas de Avellaneda, la Plata, Córdoba y Tucumán mantuvieron un ritmo de moderado incremento de su población estudiantil. Las especialidades que captaban mayor número de alumnos continuaban siendo Mecánica, Electromecánica, Construcciones y Eléctrica, Las regionales más pobladas eran todavía Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe Sin duda la incertidumbre sobre los destinos de la institución y la ambigua política oficial sobre su futuro, habrían sido los factores que condicionaron la evolución cuantitativa de la U.O.N. en este período. 3.3. La U.T.N.: nueva estructura y cambio de nombre. a) El proyecto de ley de autarquía en el Congreso. La todavía denominada Universidad Obrera Nacional continuó siendo durante los primeros meses del gobierno de Frondizi, un problema sin resolver que dio lugar a diversas gestiones y tratativas. Prosiguieron las manifestaciones estudiantiles, esta vez ante el Congreso, y los muros de la cuidad se llenaron de carteles reveladores de la inquietud del alumnado. Una intensa campaña periodística apoyó la reestructuración de la enseñanza técnica e indirectamente estas demandas; el Parlamento no tardaría en atenderlas. 18 En 1958 el Congreso reflejaba en su composición la apabullante victoria de la fórmula Frondizi-Gómez. La U.C.R.I. ganó todas las bancas en el Senado y 133 de las 187 en Diputados; las restantes correspondieron en número de 52 a la Unión Cívica Radical del Pueblo y sólo 2 para el Partido Liberal de Corrientes. El titular del Ejecutivo jamás aludió a esta supremacía ni a su filiación radical y se propuso desalojar el partidismo de la función pública. Esto remite al papel de los legisladores de la Unión Cívica Radical Intransigente en el Congreso: durante todo el período de gobierno se limitaron, junto al partido, a seguir al Ejecutivo, y no siempre de buen grado. Les cabe, sin embargo, el mérito de haber dado un corte definitivo al problema de la Universidad Obrera con la sanción de la ley 14855/59. El 17 de septiembre de 1958 la Comisión de Educación del Senado, integrada por Aníbal Dávila, Horacio Fernández Beschtedt y Carlos Bernabé Gómez, presentó al cuerpo legislativo el conjunto de los veintiún artículos que conformaban el proyecto de ley sobre reestructuración y cambio de nombre de la U.O.N.. En los fundamentos se ofrecieron dos clases de argumentaciones. Primero las razones por las que se proponía el cambio de denominación; luego, las que justificaban la reestructuración y, en definitiva, la continuidad de la institución. El nombre de Obrera resultaba incorrecto si se atendía a la condición del alumnado. La exigencia de estudios secundarios completos determinaba que sus cursos quedaran fuera del alcance de los obreros a menos que éstos hubieran completado los estudios antedichos; en tal caso, ya no les cuadraba el nombre de obreros sino el de técnicos. Se hacía notar además que la denominación de Universidad Tecnológica “...está actualmente más difundida que la designación oficial de Universidad Obrera que todavía mantiene...” 20 El segundo aspecto del mensaje revela que no se propiciaba la creación de una nueva universidad sino que el proyecto apuntaba a jerarquizar y consolidar la institución existente. Tenían especialmente en cuenta que en otros países americanos y europeos se desarrollaron casas de estudios análogas a ésta con excelentes resultados. Era importante considerar también que “...su existencia no interfiere en ninguna forma en la de las facultades de ingeniería de otras universidades....”; todas tienen una finalidad determinada y la U.T.N. agregaba características propias y diferenciadoras: alumnos que trabajan, cursos vespertinos y otras. Por fin, su consolidación reportaba a la industria nacional múltiples ventajas en tanto tenía por objeto satisfacer sus necesidades de profesionales especializados. Pocos días más tarde el proyecto de ley fue tratado en la Cámara alta. 21 El senador Dávila recordó a sus colegas la posición asumida por el bloque de la U.C.R. en 1948, durante el debate de la ley de creación 13229. Afirmó que “...los hechos nos dieron la razón... La U.O.N. no funcionó jamás como tal porque en nuestro país hace falta –aún no se ha realizado- una gran revolución de tipo cultural, ético, social y económico (...) La Universidad Obrera desvirtuó sus finalidades y traicionó su nombre porque cuando quiso actuar con seriedad se vio obligada a exigir, para el ingreso a sus claustros, la presentación de títulos de capacitación secundaria...” El propósito era ahora darle el sentido auténtico de universidad, de acuerdo con las características de autarquía similares a las que regían en las demás universidades nacionales. Después de la votación afirmativa del despacho en general, se propusieron varias modificaciones en la consideración particular del proyecto. Algunas fueron formales y no afectaron sustancialmente el contenido; otras adquirieron mayor relevancia. Por ejemplo, la inclusión de una representación de graduados en el consejo de la U.T.N.; la sustitución del término autonomía por el de autarquía “...porque eso caracteriza mejor el régimen que se quiere dar a la nueva U.T.N.” También varió el sistema de administración patrimonial y se obvió detallar la conformación de la Asamblea Universitaria. Las modificaciones se introdujeron exclusivamente por solicitud del senador correntino Aníbal Dávila; no se informaron los motivos por los cuales éstas se propusieron y tampoco suscitaron debate alguno. El proyecto fue aprobado tras un breve trámite. Igualmente breve fue le espacio que la media sanción dada por la Cámara alta ocupó en La Prensa. 22 La atención periodística estaba ese día enteramente dedicada a la derogación del Artículo 28 y la sanción de la nueva ley sobre universidades libres que debía tratar el Senado el 29 de septiembre. Esta información así como la referida a los movimientos estudiantiles que provocó, llenaban las páginas de los diarios acaparando el interés general. También ese 29 de septiembre, en los asuntos entrados como sanciones en revisión, consta que el proyecto fue derivado para su análisis a las correspondientes comisiones de la Cámara de Diputados. 23 Dichas comisiones tardaron un año en producir despacho 24 por lo que el tratamiento del proyecto se postergó hasta octubre de 1959. El 9 de octubre de 1959 comenzó a considerarse en Diputados la reestructuración y cambio de nombre de la U.O.N., conjuntamente con la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica.25 Aunque la cuestión tampoco generó en este recinto debates intensos, similares a los de 1948, las sesiones fueron prolongadas, los oradores numerosos y las exposiciones extensas en la mayoría de los casos. Sería tedioso examinarlas en su totalidad, por esto seleccionamos las que entendimos originales o representativas de una serie. Los diputados liberales por Corrientes anunciaron su apoyo al proyecto, que no presentaba inconvenientes “...después de la reorganización operada por el gobierno de la Revolución Libertadora, en 1956...” con el concurso de las cátedras. Además, esta universidad iba a desarrollar actividades de distinta índole y desenvolvería su acción en otro campo “...distinto del de la universidad clásica” (Diputados, 1959, T. V, p.3970). En nombre del oficialismo, el diputado Uzal aludió al apoyo caluroso que el país brindaba al proyecto y censuró a los sectores “...presuntuosamente culturales...” que se oponían a él. 26 En un largo discurso profundizó el significado del concepto de cultura, sus alcances y características; concluyó que era incongruente enfrentar a la técnica con la cultura como valores antinómicos y diferenciar la cultura popular de la cultura superior porque “...cultura es pueblo”. (Diputados, 1959, V, p.3946) Así, ni la cultura era posesión de unos pocos ni la Universidad, abstracción, pensamiento puro y especulación teórica como en los tiempos medievales. Para demostrarlo analizó algunos planes de estudio de algunas carreras de la Universidad de Buenos Aires y dedujo que “...humanísticamente hablando, tiene más valor el plan de estudios de la U.T.N....que el de la Facultad de Medicina de la Universidad clásica de Buenos Aires” (Diputados, V, p.3954) Finalmente, retomó el argumento esgrimido desde el ´48: el país necesitaba capitales y equipos, pero sobre todo, necesitaba técnicos. En ese sentido, la ley beneficiaba al importante sector de los estudiantes que trabajaban y por sus derivaciones, beneficiaba a la Nación toda. La defensa entusiasta del diputado Uzal recibió la adhesión de numerosos legisladores. El diputado Pablo Oreja de la U.C.R.I. se sumó a ellos y con gran sentido práctico se refirió a la Tecnológica como “...un hecho real y positivo, definitivamente incorporado al país. Al hombre y a la mujer argentinos no les interesa entrar en el análisis de si en el momento en que se sancionó la ley alguien tuvo intención demagógica, porque si arribáramos a esa conclusión... tendríamos que remover muchas cosas que en el país tienen vivencia definitiva.” (Diputados, 1959,V, p.3956) Agregó a las razones argüidas que la U.T.N. no atentaba contra las facultades de ingeniería por sus características propias y que tampoco significaba una inversión desmedida porque exigía erogaciones modestas. Finalizó revisando los argumentos de sus correligionarios en 1948; infirió que la experiencia acumulada y las reformas operadas permitirían superar aquellos reparos. El bloque minoritario adelantó su aprobación a través de los diputados Rubén Blanco de Buenos Aires y Rafael Hernández Ramírez de Córdoba. El diputado por Buenos Aires advirtió que el proyecto solucionaba un problema educacional y también humano, el de cuatro mil alumnos y cuatrocientos egresados cuyo título era cuestionado. Reivindicó la posición de los radicales en 1948 apuntando que las observaciones efectuadas entonces, permitían ahora la reestructuración de la Universidad Obrera. (Diputados, V, pp.3955-3958) Por su parte, Hernández Ramírez examinó la cuestión enmarcándola en la situación universitaria general. 27 Con medulosos conceptos justificó la creación de la U.T.N. en virtud de la congestión de las aulas superiores y efectuó algunas observaciones dignas de mención. Primero refirió a la necesidad de seleccionar los alumnos “...para que la mortalidad académica...no sea tan elevada” Luego señaló con perspicacia que era vital proporcionar a la institución los recursos que aseguren su subsistencia y su éxito. También analizó la selección de los docentes; recomendó el régimen de concursos como el más adecuado para evitar la infiltración política. Concluyó su intervención con un esperanzado llamamiento: “...que esta hija que hoy nace, que es la UTN, no la dejen en pañales ni sea la cenicienta entre las universidades pujantes, porque la Universidad Tecnológica es lo que nuestro país necesita para bien de su cultura y su progreso.” Sólo dos diputados exteriorizaron su oposición al proyecto aunque finalmente lo aprobaron; Nélida Baigorria y Luis María Pitto. José García Flores dejó entrever sus dudas con expresiones ambiguas y poco convincentes pero anunció su voto afirmativo porque “...lo reclama la calle,... lo reclama nuestra juventud” (Diputados, 1959,V, p.4027) La Srta. Baigorria retomó los argumentos de los radicales en 1948; se preguntó “...si estos son los técnicos que necesita la industria, ¿qué función cumplen los egresados de las universidades?” (Diputados,1959, V, p.3988) y sugirió que la entidad se transformara en Instituto Superior de Tecnología, como un estrato intermedio entre el secundario y los estudios superiores. El legislador Pitto adhirió al proyecto “...como disciplinado soldado” de la fuerza política a la que pertenecía, pero expresó su oposición reiterando las fundamentaciones del proyecto que presentara en 1958. La disciplina partidaria silenció estas manifestaciones contrarias y en la reunión del 14 de octubre de 1959 el proyecto recibió la aprobación casi unánime de noventa y cinco votos sobre ciento un diputados presentes. (Diputados, 1959, V, p. 4033) La Prensa 29 siguió atentamente las sesiones, las reprodujo casi en su totalidad y dedicó a esa información sus primeras planas. Los titulares del día 15 de octubre comunicaban “Quedó sancionada la creación de la Universidad Tecnológica” Es probable que el anuncio conllevara el propósito subyacente de desvincular a la Tecnológica de la Universidad Obrera al señalar erróneamente que se creaba aquella institución y no que se reestructuraba la segunda. Hacia ese punto se habían orientado también algunas disquisiciones parlamentarias: “...no estamos rectificando una decisión tomada por un gobierno autoritario...,estamos creando y desarrollando la razón de ser de esta universidad” había afirmado el diputado Solanas (Diputados, 1959, V, p.4015) Si se comparan los debates preliminares a la sanción de la ley 14855/59 con los que precedieron la creación de la Universidad Obrera, resulta evidente que la posición adoptada por los legisladores fue relativamente uniforme y ello excluyó la discusión del recinto. Casi todos los diputados radicales recordaron la posición de su bancada en 1948 y esto los obligó a tratar dos cuestiones implícitas. Justificar primero la variación de opiniones y luego, revalorizar aquellas apreciaciones cuya sagacidad y certeza permitían ahora la reestructuración de la universidad. Finalmente, casi todos los oradores patentizaron en sus exposiciones la presión ejercida por los reclamos estudiantiles; aquellas expectativas fueron atestiguadas por una nutrida presencia de representantes de la Universidad Tecnológica en la sala de sesiones. De lo expuesto inferimos que la sanción del proyecto fue, en gran medida, el resultado de la actitud eminentemente pragmática adoptada por los legisladores. La situación de la U.T.N. configuraba una herencia problemática, pero constituía, en tanto hecho real y concreto, una cuestión insoslayable. Había que adecuarla a los nuevos tiempos y darle una estructura acorde, volver atrás ya no era posible. En este proceso quedaron en el camino muchos argumentos y se abandonaron antiguas concepciones; desde diferentes perspectivas podrá interpretarse que las modificaciones resultantes perfeccionaron la institución o la desvirtuaron apartándola de su sentido original. No nos hemos propuesto abordar esa cuestión en este trabajo. b) La estructura de la U.T.N. según la ley 14855/59 y sus modificaciones. Al analizar la ley 14855 30 sorprende la abundancia de detalles que comportan sus veintiún artículos; casi nada queda librado al azar o la improvisación o a la determinación de la propia universidad. La norma especifica íntegramente la organización, los fondos y recursos de mantenimiento, la forma de administración, la integración de sus consejos, etc. Se esperaba con tan minuciosa reglamentación guiar los primeros pasos de esta casa de estudios cuya existencia había sido arduamente discutida; también, asegurar que no interferiría en el funcionamiento de las demás universidades mediante una prolija exposición de sus finalidades y características diferenciadoras. La ley fijaba, incluso, las bases sobre las que se elaboraría el nuevo estatuto universitario, apuntando primordialmente a dos situaciones criticadas vehementemente: la condición de los ingresantes y los títulos a expedir. La condición de obrero, demagógicamente establecida según difundidas opiniones, era eliminada como requisito. Respecto de los títulos se recomendaba la explicitación de la especialidad cursada; quedaba suprimido el añadido de fábrica por sus connotaciones y su amplitud. El régimen de autarquía desvinculaba a la Universidad de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional 31 y le atribuía facultades para dictar planes de estudio, nombrar profesores y personal no docente, designar autoridades y administrar su patrimonio. Los fines de la U.T.N., expuestos en el artículo 2º, eran la preparación de profesionales en el ámbito de la tecnología, con una formación cultural y humanística que los habilite para desenvolverse en los planos directivos de la industria y la sociedad. A la vez, promovería el mejoramiento y desarrollo de la industria nacional mediante tareas de investigación, asesoramiento, organización y dirección. Era imprescindible para el cumplimiento de estos objetivos, un estrecho contacto con la industria y las fuerzas económicas del país, con las demás universidades y otros organismos culturales y técnicos. Algunos aspectos sustanciales diferenciaban los fines expuestos en la ley 13229/48 y los que la nueva norma perseguía. La U.T.N. se proponía formar profesionales de la tecnología, sean obreros o no, y relacionarse con las demás universidades nacionales en un intercambio enriquecedor que originalmente se obvió. Su integración al sistema universitario no exigía además, incorporar el objetivo antes declarado, de formar un cuerpo docente con características especiales. El nexo que vinculó ambas normas reglamentarias fue la promoción de la industria nacional. Entretanto dictara su estatuto la Universidad sería gobernada por un Consejo de la Universidad Tecnológica Nacional. Se integraba con las autoridades de la ex Universidad Obrera y delegados, directamente elegidos, de los profesores, graduados y estudiantes, en número de tres por claustro. Sus atribuciones eran idénticas a las conferidas a los rectores interventores y Consejos de las otras universidades nacionales; a ellas se sumaban las anteriormente asignadas a la C.N.A.O.P. Dicho Consejo tenía la misión específica de preparar el proyecto de estatuto según las finalidades expuestas, las modalidades propias de la institución y las peculiaridades de las facultades regionales. El texto legal aportaba indicaciones precisas que el Estatuto debía contemplar, sobre la articulación de los estudios secundarios, la composición de los organismos directivos y los títulos a otorgar. Cumplida la etapa de elaboración y previa difusión en las regionales, el proyecto iba a ser sometido a la aprobación de la Asamblea Universitaria. La ley no indicaba su constitución pero refería a la elección de representantes de profesores y alumnos, a la forma de funcionamiento, a las condiciones de aprobación del proyecto y a los plazos para que entrara en vigencia. En su artículo 13º la ley preveía la creación del Instituto de Cooperación Industrial, con el objeto de estrechar la relación con los problemas de la industria. Este instituto venía a suplir a aquél que en el Decreto 8014/52, sobre reglamentación de la Universidad Obrera, recibía la denominación de Consejo Asesor de Coordinación industrial. La constitución del instituto se promovería en la forma que la universidad creyera conveniente; de hecho, no se reglamentó la participación de organizaciones patronales y obreras como en 1952. Los artículos siguientes puntualizaban el patrimonio y recursos de la U.T.N., la constitución de su Fondo Univers

Resumen: Este trabajo presenta una breve introducción sobre como podría implementarse una metodología de agentes en un gestor de base de datos. Cuales serian los roles y responsabilidades que deberían tener para poder gestionar un gestor de base de datos. Dado la gran cantidad de metodologías de agentes en la actualidad el presente trabajo tiene por objetivo plantear los mínimos requerimientos que debe poseer un sistema de gestor de base de datos para ser creado, administrado y controlado por agentes. Por ello se hará un resumen de las características más generales para su óptimo desempeño sin entrar en detalle en un tipo de metodología de agente en particular. Introducción Plataformas Y Metodologías De Desarrollo Los agentes inteligentes fueron durante algunos años entidades muy académicas, es decir, objetos de estudio para teorizar, estudiar y respaldar con análisis de sistemas, simulaciones y propuestas. Sobra hablar del significado del potencial comercial que ha surgido para las empresas y corporaciones su presencia Web: nuevos servicios abiertos 24 horas los siete días de la semana sin festivos (reconocido como 24/7 en algunos países), información permanente y personalizada para los clientes (potenciales o efectivos), capacidades de interacción con los usuarios del sitio y más importante aún, un potencial mundial de comercialización: el mundo es el nuevo alcance del mercado. La evolución de estos sistemas ha hecho pasar a las empresas y la industria de desarrollo Web por varias etapas de las cuales la más conocida fue aquella de los años 90 en que cualquier negocio que se publicara en Internet esperaba tener un gran impacto y altas rentabilidades. La ilusión duró poco y las empresas después de algunos descalabros entendieron que publicar información simplemente no era justificación suficiente para los costos que acarreaba centrar su estrategia sólo en Web, que se necesitaba algo más. Por esta misma época, los agentes inteligentes, con una fuerte base teórica, diversa y sólida, convergieron con las nuevas tecnologías desarrolladas para solucionar la aparente falta de efectividad de los sitios Web mientras, en la trastienda, entidades comunitarias sin ánimo de lucro como la w3c y la IETF seguían discutiendo sobre las mejores formas, prácticas y tecnologías para estimular el uso de Internet. Tecnologías como XML, SOAP, Web Services y RSS fueron entrando en escena tímidamente para demostrar que la representación del conocimiento y los protocolos especiales para aplicaciones distribuidas eran una solución para hacer efectivas las inversiones en estos sistemas. Los agentes inteligentes aparecieron entonces como el perfecto complemento de estas nuevas tecnologías: el agente inteligente como entidad autónoma y reactiva era el modelo perfecto de aplicación distribuida. fue esta necesidad de las grandes corporaciones de optimizar sus sistemas Web una de las tendencias más importantes que impulsaron la pequeña explosión de plataformas que vamos a describir, cada una acompañada de alguna clase de metodología de diseño y un conjunto de utilidades ligadas (casi siempre) con un lenguaje de preferencia. Cabe aquí destacar que la mayoría de los desarrollos de plataformas se basan en propuestas y experimentos de comunidades académicas que sustentan y proveen a esta incipiente industria de herramientas y elementos constitutivos para ensamblar sus plataformas, que surgen después de existir cierta cantidad de elementos comunes a este tema, como la interacción de agentes, el monitoreo de los mismos y la administración de recursos dentro de un ambiente de ejecución. Una plataforma se define como un conjunto de tecnologías (hardware) y subsistemas (software) que proveen funcionalidades coherentes destinadas a un uso determinado a través de diferentes interfaces y especificaciones de patrones de uso para tales aplicaciones. Una plataforma de agentes inteligentes por lo tanto, es un conjunto de funcionalidades básicas sobre las cuales se accede al estado de los agentes y de sus comunicaciones, tanto para visualizarlos como para alterarlos (visualizar estados, monitorear procesos, reiniciar un agente o detener su ejecución). Fundamentalmente una plataforma de agentes debe asegurarse de la integridad de las comunicaciones, estados y conocimiento de los agentes que operan sobre ella y ofrecer utilidades de alto nivel para monitorear tales propiedades. Una plataforma de agentes es entonces, puesto en términos fáciles, un conjunto de programas o utilidades y librerías escritas con el sólo propósito de facilitar la implementación y ejecución de sistemas de agentes. Ejemplos de plataformas son JADE (Java Agent DEvelopment Framework), que se define literalmente en su página de FAQs de la siguiente manera: “Un marco de trabajo para desarrollar aplicaciones basadas en agentes en concordancia con las especificaciones de FIPA para sistemas multiagente interoperables.” Otra plataforma líder en este campo es JACK que cuenta con una metodología que soporta sus estructuras de programación en conceptos correspondientes de las fases de análisis y diseño, de tal manera que aplicando la metodología se puede llegar a un diseño cuyos objetos finales se corresponden con construcciones directas en el lenguaje de agentes propietario de JACK. JACK es definido por sus autores como: “Un ambiente para la construcción, ejecución e integración de sistemas multiagente de nivel comercial usando una aproximación basada en componentes” Dentro de los componentes o elementos constitutivos que podemos identificar dentro de una plataforma tenemos fundamentalmente los siguientes: kernel, comunicaciones e Interfaz Gráfica de Usuario (GUI por sus siglas en inglés -Graphical User Interface). El kernel o núcleo es básicamente el conjunto de elementos de la plataforma que ejecutan las tareas fundamentales para el funcionamiento del sistema, como la creación de agentes, la migración de éstos entre plataformas y servicios de utilidad como el tratamiento de documentos especiales o el soporte de lenguajes declarativos; las comunicaciones de una plataforma están determinadas por las utilidades de ésta para transmitir información o para migrar un agente de una arquitectura física a otra, también incluye el soporte para lenguajes de comunicación; finalmente la GUI es simplemente una interfaz que permite realizar operaciones administrativas sobre la plataforma y observar su estado a través de ventanas, botones y todos los elementos clásicos visuales de las aplicaciones comunes en entornos gráficos como Windows, Macintosh, GNOME o KDE en GNU/Linux o CDE en Solaris. En este marco general surge un nuevo término de la ingeniería de software acuñado durante los últimos años y que ahora goza de cierta popularidad aunque más bien por el amplio estudio de sus métodos que por su uso extendido. Estamos hablando de la Ingeniería de Software Orientada a Agentes (AOSE por sus siglas en inglés o AOP). Dentro de esta nueva forma de diseñar sistemas acusada de ser la natural sucesora de la Programación Orientada a Objetos- se reconocen dos tendencias mayores de marcos metodológicos basados en desarrollo de agentes e ingeniería del conocimiento. Basados en enfoques de arriba para abajo (top-down) y de abajo para arriba (bottom-up) refiriéndonos al nivel de abstracción, es decir, del alto nivel al bajo nivel y del bajo nivel al alto nivel respectivamente. Tenemos como ejemplo del primer marco metodológico a los agentes basados en Creencias, Deseos e Intenciones (BDI por sus siglas en inglés), ya mencionado anteriormente y considerado un enfoque basado en desarrollo de agentes. Del segundo marco metodológico (basado en ingeniería del conocimiento) sólo tenemos como ejemplo popular la metodología Cassiopea que se basa en la definición de roles y comportamientos, y sus interrelaciones. Para el primer marco metodológico se tiene como base teórica respectivamente la lógica del modelo BDI desarrollada por Rao y Georgeff y para el segundo la lógica basada en la teoría de la intención desarrollada por Cohen-Levesque . Para más ilustración sobre la explosión de metodologías ver la Figura 2, en la que se muestra una genealogía de metodologías. En dicha figura vemos como raíces la Orientación a Objetos (OO), la Ingeniería de Requerimientos (RE: Requirments Engineering), la Ingeniería de conocimiento (KE: Knowledge Engineering). Características Sistemas Gestor De Base De Datos Manejado Con Agentes Escalabilidad La capacidad de incorporar al sistema nuevos dispositivos Físicos sin romper los enlaces organizacionales previamente establecidos es conocida como Escalabilidad. Esto le brinda al sistema la flexibilidad suficiente para adecuarse a nuevos requisitos. Lo mismo ocurre al querer eliminar uno de los dispositivos (ya sea por caducidad o por mantención del mismo). En definitiva, la escalabilidad consiste en contar con mecanismos que permitan proporcionar la integración de nuevos componentes o la eliminación de los mismos sin modificar la estructura general del sistema global. Reconfiguración Dinámica Es posible aplicar la reconfiguración dinámica de los sistemas de bases datos actuales. Los sistemas bases datos actuales, dificultan en demasía la adecuación del sistema ante cambios en su configuración o sucesos imprevistos. Si bien la escalabilidad, es decir, la posibilidad de ir modificando incrementalmente el sistema sin afectar los enlaces previamente establecidos, está presente en gran parte los vínculos en cuanto a comunicaciones y dependencias de las unidades hacen complicada la reconfiguración. En muchos casos esto se debe a la tendencia de los fabricantes por construir sistemas especializados, donde prácticamente son necesarios varios equipos con software y hardware de la misma firma. Sin embargo, uno de los principales problemas nace a causa de la preponderante estrategia de administración centralizada. Con esto, una reconfiguración acarrea generalmente una reestructuración del modelo con el que se generan los planes de contingencia, lo que se convierte en un proceso engorroso y que requiere muchas veces un tiempo considerable. Capitalización y Distribución del Conocimiento Antiguamente los sistemas de bases datos de las organizaciones se basaban en la utilización de grandes bases de datos corporativas centralizadas, que almacenaban los datos provenientes de todas las áreas de la empresa. De hecho, actualmente la mayoría de los softwares aplican esta ideología. En efecto, la centralización de los datos en potentísimos computadores facilita enormemente el procesamiento de los datos y la programación de las distintas tareas. En términos de administración esto se traduce en la implementación de sistemas altamente dependientes de una unidad central de almacenamiento. La tendencia es hoy hacia la distribución del conocimiento, para agilizar y modularizar el procesamiento de los datos, al realizarlo de forma concurrente. Entornos Heterogéneos e Interoperabilidad Por su estrecha relación estos dos puntos se revisarán en conjunto. Al complejizarse la configuración de los sistemas, es necesario que estos se adapten de forma eficaz a ambientes con hardware y software heterogéneos. Cada vez más, se hará necesario que los sistemas operen haciendo uso de aplicaciones escritas en distintos lenguajes y en distintas plataformas. Tolerancia a Fallos En los tiempos que vivimos donde la competencia es fuerte y el tiempo se traduce en dinero, es crítico que el sistema sea capaz de sobreponerse a fallos en cualquier nivel, ya sea de control o de procesos. Se debe contar con mecanismos que detecten estos fallos y los reporten en forma oportuna. El propio programa de gestión debe administrar los fallos. Es muy frecuente en los sistemas que actualmente funcionan, ya sea en forma automática o semi-automática, que en el momento en que falla uno de los dispositivos de software o de hardware, el sistema completo se ve bloqueado, teniendo que reconfigurarse manualmente para seguir ejecutando las operaciones correspondientes. Esta reconfiguración es, por lo general, demorosa, teniéndose muchas veces que volver a levantar todo el sistema y realizar el plan de contingencia nuevamente. Gracias a los nuevos sistemas de gestores que utilizan las bases de datos estos problemas se solucionaron, brindando confiabilidad, escalabilidad en la calidad de la información. Requerimientos de Desarrollo del Sistema Identificación cinco requisitos deseables en el desarrollo de todo sistema. Estos requisitos aparecen clasificados en 2 categorías: A. Requisitos funcionales B. Requisitos de ingeniería de software A) Requisitos Funcionales Requisito 1: “Los sistemas de bases de datos requieren agentes semi-autónomos. Los agentes deben razonar sobre el comportamiento del sistema, pero no sobre sus propias actitudes mentales o aquellas de otras unidades de control”. Requisito 2: “Las unidades de control requieren de un comportamiento basado en rutinas que es al mismo tiempo efectivo y oportuno. Este comportamiento puede ser tanto configurable o auto-daptativo”. B) Requisitos de Ingeniería de Software Requisito 3: “Los métodos de programación deben proveer encapsulación de datos y procesos”. Requisito 4: “Los programas deben tener una semántica clara. Adicionalmente, el comportamiento de un agente debería ser completamente especificado por su programa de tareas”. Requisito 5: “Un método o metodología de programación debería conducir directamente de una tarea a un programa de agente”. Los primeros requisitos indican la necesidad de concebir el sistema como un conjunto de unidades que en conjunto, y valiéndose de protocolos de interacciones, se organicen a sí mismas para realizar el control global del sistema. Los segundos, son requisitos propios de los métodos de desarrollo utilizados en las etapas de desarrollo del sistema a construir. Requerimientos del Sistema Los requisitos expuestos antes en esta sección del presente documento pretenden ilustrar en cierta forma la situación general que se vive actualmente. Lo que a continuación se presenta son los requisitos más relevantes identificados para un sistema como el que se pretende abordar y que se considerarán en el modelo propuesto. Requerimiento 1: “El sistema debe asegurar la calidad de la información que en él se procesan”. Requerimiento 2: “El sistema debe asegurar en lo posible la confiabilidad de los datos”. Requerimiento 3: “El sistema debe ser resistente ante las fallas, es decir, la falla de uno de los dispositivos no debe generar la caída total del sistema Requerimiento 4: “El software de control debe ser robusto”. Requerimiento 5: “La configuración del sistema, es decir, la agregación o eliminación de unidades hardware en el sistema debe ser simple”. Explicación: El Requerimiento 3 es fundamental. Después de todo, es deseable que la falla de una pequeña unidad no afecte al sistema en su conjunto, y que pueda seguir operando dentro de lo posible. El sistema debe sobreponerse a las fallas. El cuarto requerimiento tiene una solución casi obvia, y esta es seguir, procedimientos de ingeniería de software para asegurar la optimización del código del sistema. Así como valerse de sistemas de carácter distribuido para evitar la caída por exceso procesamiento de una sola unidad. Por último es clara la necesidad de evitar largos procesos de reconfiguración del software cada vez que es necesario agregar o quitar una unidad de hardware del sistema. Espero que les sirva saludos, comenten.

Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional UNIVERSIDAD OBRERA NACIONAL - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL La génesis de una Universidad ( 1948 - 1962) Delia Teresita Álvarez de Tomassone Prólogo Introducción I Reseña de los antecedentes de la enseñanza técnica en el país 1. La conformación de la Argentina moderna ( 1863 – 1880) 2. La Generación del Ochenta en acción (1880-1916) 3. Los gobiernos radicales (1916- 1930) 4. La época de la “restauración conservadora” (1930-1943) Prólogo No es sencillo efectuar la presentación de este libro cuyo contenido es la historia del origen de mi Universidad. No voy a poder hacerlo muy objetivamente, en especial por tratarse de la casa de altos estudios que me cobijo tantos años, ya sea como alumno, como graduado, mas tarde como docente, durante varios años como autoridad de una de sus Facultades Regionales y finalmente en cargos directivos del Rectorado. Cuando hace algunos años realicé mi trabajo de tesis de la Maestría en Gestión Universitaria, me pareció importante incluir – como núcleo de referencia – una visión de los comienzos institucionales de la U.T.N. En esa circunstancia tuve la oportunidad de ponerme en contacto con la Dra. Delia Teresita Álvarez de Tomassone, autora de la primera versión de la obra “Universidad Obrera Nacional - Universidad Tecnológica Nacional . Historia de una Universidad (1948 - 1962)”, ya conocida en el ámbito de nuestra Institución. Su generosa disposición me permitió tener acceso a la valiosa documentación que había utilizado para su trabajo. Con el fin de contar además con un archivo de primera mano, fueron filmados en el Congreso de la Nación – no se podían hacer fotocopias de los originales para evitar su deterioro – las actas de aquellas sesiones en las que se discutieron la creación de la Universidad Obrera Nacional (U.O.N.) [1948], los posteriores vaivenes institucionales y finalmente su inserción en el ámbito universitario nacional, con la denominación de Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) [1959]. Todo ese proceso histórico estuvo signado por un apasionamiento que iba más allá de lo puramente educativo o académico: se estaba juzgando una nueva visión de la formación de los ingenieros dentro de las exigencias producidas por el arranque de la industrialización de Argentina, pero en circunstancias políticamente complejas tanto a nivel nacional (enfrentamiento entre los partidos tradicionales y un movimiento revolucionario acompañado por amplios sectores sociales) como internacional (fin de la II Guerra Mundial). También iba más allá de lo académico porque los protagonistas realmente comprometidos - los estudiantes de la U.O.N., sus docentes y directivos – no solo defendían sus legítimos derechos a ser reconocidos en el ámbito universitario sino que estaban convencidos de que el proyecto iniciado era la solución para los urgentes problemas que planteaba el nuevo país que se vislumbraba. Es importante destacar que existen obras y documentos valiosos originados por aquellos testigos directos, cuyos contenidos han enriquecido nuestro conocimiento de los sucesos de aquellas épocas. Estos trabajos, algunos editados y otros inéditos, tuvieron amplia difusión dentro y fuera de nuestra Universidad. Sin embargo la tarea emprendida por la Dra. Teresita A. de Tomassone en su carácter de historiadora merece ser destacada en particular. La investigación por ella realizada pone sobre la mesa en forma objetiva un cúmulo de información que permite acercarse a la verdad de los acontecimientos que llevaron a la creación de la Universidad Obrera Nacional. Así es como se visualizan los objetivos del gobierno constitucional peronista, democráticamente elegido en 1946, que anunciaba dos años después sus planes para la creación de la U.O.N. , los debates parlamentarios que se produjeron a partir del 3 de Mayo de 1948, fecha de ingreso del proyecto en la Cámara de Senadores y muy especialmente aquellos que se produjeron en la Cámara de Diputados entre el bloque oficialista y la oposición, cuyo epílogo fue la promulgación de la Ley 13229, el 19 de Agosto de 1948. Asimismo la autora documenta la reacción de la prensa y la sociedad durante los mencionados debates y pone en evidencia la influencia de la clase obrera durante el período que va desde la sanción de la citada ley de creación hasta el año 1955, cuando ocurre el derrocamiento del Gral. Perón, pasando por las alteraciones que - a raíz de ello - sufrieran en su funcionamiento académico las diversas Facultades Regionales que ya existían desde los comienzos de la década de los 50. Al respecto la Dra. Álvarez de Tomassone relata los momentos duros que la Universidad Obrera sufre durante el período 1955 - 1958 y su casi milagrosa subsistencia. El diagnóstico concreto a que arribara la denominada “Revolución Libertadora”, consecuente con su antiperonismo, era que la Universidad Obrera Nacional incorporaba el ”propósito dictatorial de moldear el espíritu de los educadores dentro de la doctrina y de vigilar a maestros, profesores, alumnos para que el mismo se alcanzara rigurosamente “. Esto y decir que la Universidad Obrera Nacional debía cerrarse era casi lo mismo. Quien lea cuidadosamente el relato de este período podrá disponer de una acabada idea de los embates que la Universidad Obrera debió enfrentar desde diversos sectores, el atraso presupuestario a que se vio sometida e inclusive la postura antagónica del Centro Argentino de Ingenieros. Para los observadores actuales no deja de llamar la atención la vitalidad con que la Universidad Obrera, cuyos miembros ya comenzaban a llamar Universidad Tecnológica, se resistió a desaparecer. Entre las causas se mencionan el apoyo estudiantil desde el ámbito no peronista junto a una indecisa acción del Interventor Ing. Gabriel Meolí , que en 1955 fue designado Rector para concretar su cierre. El Interventor, que ejerció su cargo hasta 1959, terminó modificando su postura inicial por otra más negociadora, incluyendo la propuesta de cambio de denominación de la institución al afirmar que " el nombre que a juicio de autoridades, profesores y alumnos cuadra" era el de Universidad Tecnológica Nacional "mucho más que el otro". Llama poderosamente la atención cómo, en ese proceso de reacción, ciertas posiciones que en 1948 eran totalmente contrarias a la creación de la Universidad Obrera Nacional, se volcaran a favor de esta nueva Universidad, tal como lo muestran los debates parlamentarios de aquel entonces. Es así que, durante el gobierno democrático del Dr. Arturo Frondizi y por medio de la Ley 14855 (14 de octubre de 1959), la institución queda definitivamente incorporada al ámbito universitario bajo la denominación de Universidad Tecnológica Nacional. La autora incorpora además las circunstancias que dieron lugar al primer estatuto de la institución y la evolución de la misma durante el período 1959-1962, efectuando una interesante comparación entre los aspectos académicos y económicos de U.T.N. con otras universidades de la época. Para finalizar me parece prudente señalar - y tal vez reiterar - dos cosas. La primera tiene que ver con la excelente labor realizada por la Dra. Álvarez de Tomassone, que pone al alcance tanto de los miembros de la U.T.N. como de los que no lo son, una historia seriamente documentada sobre los comienzos de nuestra Universidad. La difusión de la misma permitirá hablar de la U.T.N. con un conocimiento cabal de los hechos teniendo como base la realidad de los sucesos. La segunda tiene que ver con la Institución. Una institución de la que fue necesario en su momento reconocer fortalezas y debilidades. Si pensamos allá lejos y nos ponemos muy duros con los conceptos de universidad, ciertamente nuestra casa de estudios en incipiente formación necesitaba revisar críticamente sus estándares de enseñanza para alcanzar garantías de formación académica fuerte y sustentable. Esta limitación inicial, superada con el tiempo, no impide reconocer el impacto social que significó para muchos alumnos que trabajaban la oportunidad de acceder a estudios de nivel universitario. Hasta aquellos años, particularmente en el campo de las ingenierías, esa oportunidad era impensable. En el presente esta característica de la U.T.N. se mantiene intacta y ha sido adoptada por la mayoría de las Universidades. En resumen y como persona que ha vivido de cerca buena parte de aquella historia, deseo fervientemente que las nuevas generaciones integrantes de la U.T.N., herederas y en definitiva beneficiarias de esas luchas, se inspiren en este libro para continuar por el camino de creatividad, crecimiento y desarrollo que nos enorgullece como graduados de nuestra Universidad. Ing. Héctor René González El Ing. H. R. González es Director del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico de la U.T.N., y ha ocupado los cargos de Decano de la Facultad Regional Avellaneda y Secretario Académico de la Universidad Tecnológica Nacional. Introducción Este trabajo fue realizado en 1992 con el título de “La U.T.N.: sus orígenes y evolución hasta 1962” a los efectos de cumplir los requisitos del Reglamento de licenciatura de la Facultad de Humanidades (U.N.N.E.), bajo la valiosa dirección del Dr. Ernesto J.A. Maeder. Nuestro objetivo fue describir el origen y evolución inicial de esta universidad; el conocimiento de aquel proceso permitió explicar algunos de sus rasgos peculiares. Conjeturamos que el trabajo podría constituir un moderado aporte al análisis de las políticas educativas del peronismo histórico y enriquecer la historia de las universidades argentinas con información sobre una institución en la que se forma la mitad de los estudiantes de ingeniería del país. A la vez, nuestro desempeño profesional en la Universidad Tecnológica Nacional nos indujo a creer que la recuperación del pasado de la institución podría ser útil para fortalecer su identidad y explicar algunos aspectos de su perfil institucional, insistentemente destacados por la comunidad universitaria. La escasez de bibliografía tanto general como especializada y el tratamiento del tema de modo superficial e incluso erróneo, abonaron en gran medida su elección. Tuvimos ciertas dificultades para reunir las fuentes; algunas no existen en los archivos locales y creemos que otras se perdieron en los años posteriores al ´55. Al respecto debe destacarse que resultó especialmente reveladora la consulta de la Revista de la Universidad Obrera Nacional, editada entre 1953 y 1955. Igualmente provechosa fue la información de los Diarios de Sesiones del Congreso Nacional y de los Anales de Legislación Argentina; este material permitió conocer detalles acerca de la organización y funcionamiento de la Universidad Obrera y la comprensión de las distintas concepciones enfrentadas en torno a este asunto. Los Boletines Informativos y Anuarios Estadísticos de la U.T.N., junto a otros documentos que consignamos en la bibliografía, ampliaron nuestra visión del tema. Desde luego, su análisis dista de estar agotado y abre la posibilidad de profundización en investigaciones posteriores. El trabajo se estructuró, según la secuencia temporal de desenvolvimiento de los hechos, en tres partes. La primera, a modo de recuento histórico persigue la finalidad de introducir en el tema señalando sus antecedentes. Se desarrolla luego el núcleo de nuestra labor organizado en tres capítulos que marcan etapas en la historia de la universidad. Por último las conclusiones intentan ofrecer una apreciación global de los resultados obtenidos. Los límites cronológicos de la investigación han sido seleccionados por su relevancia. El año 1943 indica el comienzo de aquella época de la vida nacional en la que se inserta el origen de la U.T.N.; 1962, el momento en que esa casa de estudios dictó su primer estatuto sellando el período de su reestructuración. El primer estatuto consolida la institución e inaugura una nueva fase en la evolución de esta universidad. I. Reseña de los antecedentes de la enseñanza técnica en el país Para reseñar los antecedentes de la enseñanza técnica hemos fijado como tope cronológico retrospectivo el año 1863 que en la historia nacional señala el comienzo de la reestructuración institucional de la República. A partir de esa fecha distinguimos, siguiendo a Martínez Paz,1 cuatro etapas. Nuestro propósito es apenas señalar aquellas cuestiones relativas a la enseñanza técnica que históricamente preocuparon a la dirigencia nacional. 1. La conformación de la Argentina moderna (1863-1880) En esta etapa la Argentina evolucionó hasta conformar lo que los historiadores llaman la Argentina moderna. Profundos cambios se produjeron en el ámbito político, social y económico. En el área educativa se llevó a cabo un amplio programa cuyo contenido revelaba la especial preocupación de los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda por atender los graves problemas que existían en esta materia. La educación común y pública se convirtió en una cuestión de interés nacional y se desarrolló al respecto una política que proporcionaría la base del sistema educativo. El Colegio Nacional y la Escuela Normal son las principales creaciones de esta época. Bajo la presidencia de Sarmiento, los colegios nacionales adquirieron un carácter desconocido hasta entonces al relacionar sus estudios con el fomento de las industrias nacionales. Se perfilaba una nueva orientación que tendía a dar a la enseñanza secundaria una tendencia utilitaria. Se establecieron con ese criterio cátedras especiales de Mineralogía en San Juan y Catamarca y cursos de Geometría y Mecánica, Química y Fonografía en el Colegio Nacional de Bs.As. Hacia 1876, bajo la presidencia de Avellaneda, el país tenía catorce colegios nacionales a los que, en algunos casos, se anexaron departamentos profesionales de Agronomía, Minería o escuelas profesionales de comercio. El creciente desarrollo de la instrucción práctica y utilitaria en este período, lleva el sello de sus grandes realizadores, fundamentalmente Sarmiento y Avellaneda; pero es necesario destacar en ese sentido, la acción personal y la prédica de Amadeo Jacques 2 cuyas ideas sobre la enseñanza práctica perfilan la nueva tendencia. Pese a los esfuerzos realizados, los anexos creados en los colegios nacionales suscitaron diversos inconvenientes y fueron cesando gradualmente. La fuerza de la tradición y las vacilaciones afirmaron el carácter preparatorio de los colegios nacionales. En la educación superior, los intentos de renovación y la incorporación de las denominadas disciplinas modernas, entre ellas la enseñanza técnica, fueron menos intensos y más inorgánicos. Avellaneda acusó a las universidades de permanecer ajenas “... a los reclamos del país, que exigía ingenieros, geólogos y naturalistas, más necesarios a los pueblos sudamericanos que los teólogos y los abogados. El estudio y la aplicación de las ciencias prácticas marcarían el camino a seguir para el progreso de la República.”3 Estas ideas se plasmaron en la Universidad de Córdoba con la creación de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (1873) y la Academia de Ciencias Exactas, que en 1878 se transformarían en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en la Academia de Ciencias, entidad independiente de la Universidad. La Universidad de Buenos Aires vivió aislados intentos de modernización, especialmente 1 MARTÍNEZ PAZ, Fernando. El sistema educativo nacional. Formación. Desarrollo. Crisis. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Dirección General de Publicaciones, 1980. 2 JACQUES, Amadeo. (1831-1865) Profesor francés incorporado al país en 1854, dirigió durante cuatro años el Colegio de San Miguel en Tucumán y fue luego regente de estudios en el Colegio Nacional de Bs.As. donde impulsó una profunda renovación de los métodos de enseñanza. 3 AVELLANEDA, N. Escritos y discursos. Bs. As., 1870. Citado por Martínez Paz, F. op.cit., p.47 después de su nacionalización en 1880. Sin embargo, la ausencia de una política nacional orgánica sobre universidades impidió o retardó la necesaria renovación. 2. La Generación del Ochenta en acción (1880-1916) La Argentina de este tiempo ha sido definida como aquélla en la que el liberalismo pragmático y positivista entró en acción persiguiendo como meta el progreso material de la Nación. El régimen puso especial énfasis en la difusión de la ilustración pública. En 1882 se realizó el Congreso Pedagógico con el objetivo de evaluar el estado de la enseñanza común en el país y proponer las reformas necesarias. La contienda ideológico – religiosa en que se involucró el Congreso constituye un antecedente fundamental para comprender la sanción de la ley 1420 sobre la base de los principios de obligatoriedad, gratuidad, gradualidad y neutralidad en materia religiosa. La escuela fue vehículo de las nuevas corrientes ideológicas y cientificistas, pero también un instrumento para la nacionalización cultural de un país de inmigración. Nacía a fines del período el proyecto de la educación patriótica. La educación para el desarrollo, como la había concebido Sarmiento desapareció por completo y fue reemplazada, sostiene Escudé,4 por un concepto de educación adoctrinador, dogmático y autoritario que buscaba cristalizar la nacionalidad en forma definitiva. En lo que respecta a la enseñanza secundaria, comenzó a manifestarse la conciencia de que la impartida con carácter preparatorio por los colegios nacionales, no satisfacía ya las necesidades educativas de un país que iniciaba en modo incipiente el desarrollo de sus industrias. La solución sólo sería posible mediante la diversificación y la expansión de la oferta educativa; pero las medidas concretas recién se adoptaron después de la crisis del ´90, traduciéndose en dos creaciones fundamentales: la Escuela Nacional de Comercio (1890) y la Escuela Industrial de la Nación (1898) La tendencia utilitaria y práctica de la enseñanza continuó intensificándose durante el segundo gobierno de Julio A. Roca (1898-1904), con los proyectos impulsados por el Ministro de Instrucción Pública, Osvaldo Magnasco. A fines de abril de 1899 se anunció el Plan de Enseñanza General y Universitaria en el que el trabajo industrial y agrícola aspiraban a establecerse como elementos esenciales y como instrumentos eficaces para el progreso del país.5 Tanto este proyecto como el que tendió a sustituir a los colegios nacionales de provincia por instituciones de enseñanza práctica de artes y oficios, minería, agricultura, industrias, etc., fueron postergados en su tratamiento y ninguna de las dos propuestas obtuvo sanción. Sin embargo, ante las exigencias de un cuadro económico caracterizado por la industrialización incipiente y frente a la ausencia de iniciativas oficiales, los sectores privados ligados a la actividad industrial emprendieron el desarrollo de algunos establecimientos de enseñanza técnica. Básicamente se empeñaron en este intento la Unión Industrial Argentina y la Sociedad de Educación Industrial Argentina, surgida en febrero de 1900. Durante la presidencia de Victorino de la Plaza (1914-1916), se produjo el último intento por reformar estructuralmente el sistema educativo nacional. La reforma propuesta por el ministro Saavedra Lamas 6 reducía la escuela primaria a cuatro grados y creaba la llamada Escuela Intermedia, que acentuaba el contenido práctico de los estudios. El plan incluía una parte teórica, transmisora de conocimientos útiles y de uso inmediato y una parte profesional 4 ESCUDÉ, Carlos. El fracaso del proyecto argentino. Educación e ideología. Bs.As., Tesis, 1990. Passim 5 Mensaje del proyecto de ley del Plan de Instrucción General y Universitaria. (En: Miranda, A. , Iazzetta, O. Proyectos políticos y escuela (1890-1920) Rosario, Matética, 1982. Apéndice documental, pp.277-289) 6 SAAVEDRA LAMAS, Carlos. Reformas orgánicas en la Instrucción Pública, Bs.As., Peuser, 1916. técnica que garantizaba la habilidad manual, adaptándose a las demandas de aquellos lugares donde los alumnos realizarían sus actividades. Tal plan fue puesto en vigencia el 1º de marzo de 1916 pero, por carecer de sanción legislativa, sólo alcanzó a ser aplicado hasta febrero de 1917. En el marco de la enseñanza superior, el principal acontecimiento de la etapa fue la sanción de la ley 1597, en 1885, llamada ley Avellaneda, que definió en sólo cuatro artículos, la política universitaria nacional. Junto a las dos universidades existentes, Córdoba y Buenos Aires, comenzaron a funcionar por estos años tres universidades provinciales. La de Santa Fe (1889), inspirada en la concepción tradicional de las universidades clásicas, y las de La Plata (1890-1897) y Tucumán (1912), que respondían a criterios renovadores, básicamente norteamericanos y europeos. La modalidad predominante en ambas casas de estudios las diferenció rápidamente de las demás ya que se centró en la posibilidad de ofrecer a los jóvenes estudios superiores científicos y prácticos. Además de las carreras tradicionales, los estudios de comercio o industriales implantados tendían a formar integralmente hombres capaces de contribuir al desarrollo del país. Pese a los esfuerzos manifestados en La Plata y Tucumán, el predominio de las carreras tradicionales se mantuvo. 3. Los gobiernos radicales (1916-1930) En 1916 se produjo el triunfo del radicalismo que llegó al gobierno desde la oposición representando a los sectores medios hasta entonces marginados. La característica relevante de la etapa fue la incorporación de las masas extranjeras, o la de sus hijos, a la vida política. Representativo de los sectores medios el gobierno interpretó y respondió a las aspiraciones de éstos, pero en relación con el mundo obrero no aportó ningún programa de cambio. Tampoco la Argentina mostró en esta época una actitud industrialista y los sectores agropecuarios mantuvieron su influencia en la actividad económica. En cuestiones de educación, el acontecimiento más característico fue la Reforma Universitaria (1918) Este movimiento se manifestó como un proceso paralelo al de la reforma política y tuvo honda repercusión en América Latina. En lo referente a los otros niveles de la enseñanza, el radicalismo se mostró mucho más tradicional que los gobiernos que lo precedieron. En ese sentido, la supresión de la reforma del ministro Saavedra Lamas manifestó la intención de no alterar aspectos tradicionales del sistema escolar, entendidos como indispensables para formar la propia elite política. El bachillerato siguió cumpliendo la función de abrir las puertas de la universidad y, por ende, del poder político a las clases medias. No obstante se dedicó atención a la enseñanza técnica, comercial y agropecuaria. Este contraste quedó reflejado en el Proyecto de Ley Orgánica de la Instrucción Pública presentado en 1918. Por un lado el ministro Salinas intentaba consolidar las instituciones escolares tradicionales; paralelamente, en el artículo 1047 se asignaba a la enseñanza especial el objetivo de preparar trabajadores idóneos en el desempeño de las labores comunes. Aparece con nitidez la concepción de la enseñanza media tradicional como formadora de una clase dirigente capacitada y el desarrollo de la enseñanza técnica como una posibilidad nueva para aquellos sectores que no tenían cabida en los establecimientos secundarios tradicionales o en la universidad. Para estos grupos se impulsó el desarrollo de las Escuelas de Artes y Oficios, creadas en 1910. Así, en 1926, impartían enseñanza treinta y dos escuelas de artes y oficios8, aunque 7 Proyecto de Ley Orgánica de la Instrucción Pública. Bs.As., Penitenciaría Nacional, 1918. (Citado por Miranda e Iazzetta, op.cit., p.530 y ss.) 8 MIRANDA E IAZZETTA, op. cit., p.542 el aumento del número de establecimientos no se correspondió con un incremento similar en la captación de los alumnos; éstos eran absorbidos en su mayor parte por las escuelas industriales. Las diferencias de prestigio social que comportaba la asistencia a cada tipo de establecimiento podrían explicar esta circunstancia. En definitiva, los intentos por difundir la enseñanza técnica encontraron relativo eco en una sociedad que tendía a considerar el nivel medio tradicional y el universitario como vías de ascenso social. Por eso, el crecimiento de la matrícula en los establecimientos de enseñanza técnica fue diferenciado y lento; mayor en las escuelas industriales que en las de artes y oficios, y recién evidenció un ritmo sostenido desde 1923. 4. La época de la “restauración conservadora” (1930-1943) Hacia 1930 diversos acontecimientos cerraron un ciclo: la crisis del ´29 que afectó gravemente las economías latinoamericanas y la quiebra del orden constitucional como resultado de la intervención de las fuerzas armadas en la vida política. El movimiento produjo el retorno del conservadorismo al poder y con él, severas limitaciones al funcionamiento de la democracia. El fraude sistemático fue el recurso más importante para estos grupos sin apoyo electoral. En 1943 una nueva intervención militar interrumpió la denominada “restauración conservadora”. Se iniciaba la carrera política del entonces Coronel Juan Domingo Perón y se abría una nueva etapa en la historia nacional. En cuestiones de política educacional este período no se identificó con caracteres propios; fueron las circunstancias políticas las que le confirieron una connotación singular. En el breve lapso que se extiende desde 1930 á 1943, las tendencias y objetivos de la estructura educativa nacional no presentaron variantes significativas; tampoco se consiguió en esta época dar respuestas a la crisis manifiesta en la enseñanza. En el nivel primario se produjo un agravamiento del analfabetismo provocado por causas económico-sociales y por otras de orden institucional que afectaron a todo el sistema, como la superposición de las jurisdicciones nacional y provincial y la falta de unidad y articulación en el gobierno de la instrucción pública. Los planes para enfrentar la crisis no llegaron a concretarse. En el ámbito universitario la necesidad evidente de modificar la ley Avellaneda fue el conducto a través del cual se expresaron diferentes concepciones acerca de lo que la Universidad debía ser. Respecto de la enseñanza técnica, se hizo cada vez más notoria la convicción de que no se adecuaba en sus objetivos y estructuras a las necesidades del país. Analizando los datos surgidos del Censo Profesional de 1935, Adolfo Dorfman señalaba en 19429 el alto porcentaje de técnicos empleados en las distintas ramas de la industria nacional y decía: “ En ese orden de cosas, cabe asimismo recordar que nuestra enseñanza profesional adolece, frecuentemente, en todos sus grados de una falta de contacto con la fábrica y el taller. Algunos síntomas renovadores que pueden pulsarse en los ambientes educativos deben recibir el máximo aliento con el objeto de que la falla señalada pueda superarse satisfactoriamente, para bien de los técnicos, de la industria y de todo el país.” Ciertamente el impulso oficial a favor de la enseñanza técnica se manifestó en el crecimiento del número de establecimientos que, en esta época, fue acompañado por un notable aumento de la matrícula. En 1937, un amplio informe preparado por la Sección de Enseñanza Industrial de la Inspección de Enseñanza Secundaria, Media y Especial,10 detallaba la obra de gobierno en 9 DORFMAN, Adolfo. Evolución industrial argentina. Bs.As., Losada, 1942. Cap. VII, pp. 233-240 10 ARGENTINA. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Inspección General de Enseñanza Secundaria, Media y Especial. La enseñanza técnico- industrial en la República Argentina. Bs.As., 1937. esta materia, las características de los establecimientos, la nómina de las escuelas y, fundamentalmente, los planes de estudio. Según este informe existían varias categorías de escuelas de enseñanza técnica: las de carácter técnico, llamadas Escuelas Industriales y las prácticas llamadas Escuelas Profesionales cuando eran para mujeres y de Artes y Oficios cuando eran para varones. Comenzaba a ponerse acento en esta época en la adecuación de la enseñanza impartida en las escuelas de artes y oficios a las necesidades regionales. Por esto, en las zonas industriales se crearon las Escuelas Técnicas de Oficios con el fin de formar obreros especializados: torneros, motoristas, carpinteros metálicos, etc. Junto a la acción de la Nación, se destacaba en el Informe la de las provincias, especialmente Santa Fe, y de las municipalidades, de la Sociedad de Educación Industrial y de los Padres Salesianos. La Inspección General de Escuelas Incorporadas tenía a su cargo el contralor de esos establecimientos surgidos por iniciativa privada. La Escuela de Mecánica de la Armada (1895), la de Mecánicos para el Ejército (1902) y la Escuela Superior Técnica del Ejército (1930), satisfacían las necesidades de capacitación técnica en el área de las fuerzas armadas. El Patronato Nacional de Menores brindaba en los establecimientos bajo su dependencia, la preparación general correspondiente a la escuela primaria junto a una intensa instrucción práctica en talleres y campos de cultivo. Como el Patronato, una larga lista de instituciones privadas completaban la obra de poner al alcance de los niños y jóvenes la enseñanza pre-profesional. Respecto de la enseñanza profesional complementaria para adultos, el Consejo Nacional de Educación brindaba en Buenos Aires y algunas ciudades del interior, cursos para obreros que desearan mejorar su situación laboral y profesional. “En los establecimientos oficiales, en las universidades populares, y en escuelas y cursos sostenidos por instituciones privadas, completan sus aptitudes, su habilidad y su propia cultura general, muchos miles de obreros”.11 No podemos comprobar fehacientemente esta información, pero a la vista del rumbo que imprimiría Perón a este aspecto de la enseñanza técnica, podemos conjeturar que su labor no partió de la nada. La enseñanza con aplicaciones prácticas, como una opción no universitaria destinada a las clases populares, se había abierto ya un camino en la estructura educativa nacional. Los gobiernos y las clases dirigentes comenzaban a percibir a la enseñanza técnica como un factor de crecimiento, y aún antes de la actuación política de Perón se advirtió la necesidad de adecuar sus estructuras a las nuevas exigencias del país que, tras la crisis del ´29, intentaba el desarrollo industrial como medio para promover el progreso. II. La diversificación de la enseñanza técnica superior: de la Universidad Obrera 1. La época de PERÓN y la enseñanza técnica 1.1. El momento histórico 1.2. Cultura y educación 1.3. El proceso de industrialización como factor operante en el sistema educativo 1.4. El estímulo de la enseñanza técnica y la capacitación obrera a) El contexto internacional b) La labor del peronismo 1. LA ÉPOCA DE PERÓN Y LA ENSEÑANZA TÉCNICA 1.1 El momento histórico En 1943 se produjo una nueva ruptura de la legalidad institucional al triunfar el golpe de estado que sucesivamente llevó a la presidencia a Arturo Rawson, Pedro Ramírez y finalmente a Edelmiro Farrel. El principal y definitivo beneficiario de estos años de lucha por el poder fue el Coronel Juan Domingo Perón, integrante del G.O.U., logia de oficiales del ejército de activa participación política. Como es sabido el Coronel Perón inició su carrera en la Secretaría del Ministerio de Guerra. Desde allí realizó notables esfuerzos para convertirse en una fuerza política fundamental. El 27 de octubre de 1943 fue designado director del Departamento Nacional del Trabajo, repartición que se transformaría en Secretaría de Trabajo y Previsión. “En su carácter de Secretario, cargo que sumió con retención de su puesto en el Ministerio de Guerra, Perón inició el proceso de conquista de los líderes sindicales ofreciéndoles puestos en el nuevo organismo. Respaldando las demandas de beneficios materiales con el poder de la Secretaría, y promoviendo la organización sindical de los trabajadores no especializados, Perón lograría crear paulatinamente un amplio núcleo de partidarios en las filas del movimiento obrero; además al tratar los reclamos del movimiento obrero como inquietudes legítimas del gobierno, confirió al trabajador común un nuevo sentimiento de dignidad.”1 Durante los dos años del gobierno de Farrel el predominio político de Perón se acentuó. Su posterior cargo de Ministro de Guerra le permitió consolidar su influencia sobre el cuerpo de oficiales. A la vez la retención de la Secretaría de Trabajo hizo posible ampliar sus bases de sustento mediante la revisión de la política social y las relaciones con los gremios. Finalmente el acceso de Perón a la vicepresidencia de la Nación lo convirtió en el hombre con más poder y recursos directos. Aun su forzado alejamiento del gobierno el 9 de octubre de 1945, luego de varios meses de permanente tensión, no logró frustrar el trabajo realizado durante esos años para asegurarse la sucesión política en las ya convocadas elecciones nacionales. El 17 de octubre de 1945, tras la detención en Martín García, se abrió para Perón la posibilidad de conquistar el control total del poder. Las elecciones de febrero de 1946 consagraron la fórmula Perón – Quijano. Se iniciaba una nueva etapa en la vida política de los argentinos; uno de sus rasgos esenciales sería el advenimiento de las masas al escenario político. Profundas transformaciones sociales y económicas acompañaban el proceso político. La urbanización, como resultado de la inmigración masiva a las ciudades desde el interior del país, generó un cuadro social móvil. A la vez, el proceso de industrialización fue estimulado por los efectos de la crisis del ´29, de la segunda guerra mundial y, especialmente, por el cambio de la política pública respecto del papel de la industria. La migración interna, asociada al proceso de urbanización y de desarrollo industrial, prepara los elementos de una cultura y una sociedad de masas. El peronismo logró el apoyo de aquellos vastos sectores populares presentándose como expresión de las clases trabajadoras en lucha contra la oligarquía y consiguió, mediante una política acorde, ofrecer al pueblo la experiencia, ilusoria o real, de que había logrado ciertos derechos y podía ejercerlos. 2 Resultado de una ecuación política, económica, social y cultural, al decir de Carlos Floria, 3 el peronismo hizo eclosión luego de una época agitada y tensa, en medio de una sociedad en movimiento, fatigada por las constantes frustraciones políticas. La reunión del hombre y de determinadas circunstancias explican esta etapa de la historia nacional que se proyecta sobre los años siguientes como una constante, ya como punto de referencia, ya como causa de litigio o motivo de detracción. El peronismo histórico marcó una época significativa en la formación de la Argentina; integró la sociedad migrante y criolla a la sociedad moderna y cosmopolita, integró la clase obrera al sistema político y el poder sindical se convirtió en columna vertebral del movimiento peronista. Innovó en materia económica brindando apoyo efectivo al sector industrial, se reveló como demócrata al insertar el poder popular en el Estado aunque el contexto institucional y político estuviera bajo control del movimiento y del presidente. Se creó así un sistema fuertemente personalizado con una concepción nacionalista y estatizante, en el que la oposición fue admitida legalmente perro marginada en la realidad. Esto produjo una polarización en la vida argentina; enfrentó peronistas y antiperonistas en una antinomia estéril, pero insoslayable en tanto selló la historia futura de la Nación. 1.2. Cultura y educación. El peronismo como ideología ha sido interpretado desde diversos ángulos, como nazi- fascismo, totalitarismo, bonapartismo, populismo o socialismo nacional. 4 Aunque no es nuestro propósito abordar el análisis de los rótulos que le fueron aplicados, es preciso señalar en este aspecto que el peronismo era heredero de un mensaje que había venido manifestándose des tiempo anterior a 1930. Los historiadores lo llaman nacionalismo de derecha y José Luis de Imaz 5 califica como un nacionalismo sin nación, falto de real sustento nacional y de lazos integradores sólidos, basado casi exclusivamente en actos declarativos más que en convicciones profundas. ¿Cuál fue la influencia del nacionalismo de derecha sobre el peronismo? ¿Cómo se manifestó tal influencia en el plano de la cultura? Para responder al primer interrogante, Marisa Navarro Gerassi 6 afirma que los nacionalistas, muchas de cuyas actitudes e ideas adoptó Perón, estuvieron convencidos de que su influencia fue manifiesta por lo menos en el terreno económico. De este modo se identificaron con su gobierno en mayor grado de lo que lo habían hecho con la Argentina liberal. Respecto de la segunda cuestión, debe recordarse que dos ideas interesaron especialmente a Perón: el replanteo de la ubicación de la Argentina en el contexto internacional mediante la propuesta de la tercera posición y, en lo referente al tema que nos ocupa, la formación y consolidación de la conciencia de nación y el desarrollo del sentimiento de orgullo y responsabilidad nacional en el pueblo. La Nueva Argentina de la que Perón hablaba con frecuencia, pretendía ser el resultado de un proceso de refundación nacional, enraizado en todo lo tradicional hispano – criollo; desdeñaba lo foráneo pero reconocía su bagaje cultural latino, hispánico y cristiano. La posición ideológica de Perón y su movimiento respecto de la tradición cultural argentina quedó manifiesta en diversas publicaciones oficiales, discursos y otros documentos. Un breve examen de los que consideramos más significativos puede contribuir a delinear la concepción cultural impulsada desde el gobierno. En el artículo cuarto de una serie de seis, escritos en portugués y titulados “A cultura”7 puede leerse: “ Cada pueblo posee modalidades congénitas, principios consubstanciales de su propio ser, un destino providencialmente marcado que constituye su verdadera personalidad. El mantenimiento de esta personalidad nacional... exige una renuncia de los afanes individuales de los hombres.” Poco después, en referencia a las universidades, afirma propugnar el desarrollo de “... una universidad con alma argentina que llevando en su seno toda la civilización greco – latina y la cultura que heredamos de España, transforme a nuestra patria de asimiladora de cultura en creadora de cultura.” El papel del estado en la dirección y control de la acción cultural no aparece especialmente definido y aunque se afirmaba no pretender una cultura dirigida, quedaba claro que era tarea del gobierno “... propulsar el conocimiento de la historia nacional y de los elementos civilizadores que en ella intervinieron.” Un tiempo más tarde, en la Constitución reformada de 19498 reaparecen y se perfilan con mayor nitidez los principios esenciales de esta concepción cultural. En el preámbulo de aquella constitución se insertó el objetivo de promover la cultura nacional junto a aquellos fines, inclusores del anterior, que el movimiento consideraba fundamentales, “... construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.” La cultura nacional aparecía como un bien común cuya meta era ofrecer a los trabajadores una propuesta nacional frente a las ideologías de tipo liberal capitalista y totalitario – marxista. La nueva constitución, más explícita que la de 1853 en este tema, incluía en su capítulo III, artículo 37, IV, algunas normas generales sobre educación y cultura. Subrayaba el carácter humanístico y formativo de la enseñanza en sus distintos niveles y asignaba a las universidades la función de “... profundizar el estudio de la literatura, historia y folclore de su zona de influencia cultural...” En el capítulo V del Segundo Plan Quinquenal se profundizan las características de la percepción cultural del peronismo: “En materia cultural el objetivo fundamental de la Nación será conformar una cultura nacional de contenido popular, humanista y cristiano, inspirada en las expresiones universales de las culturas clásicas y modernas y de la cultura tradicional argentina, en cuanto concuerden con los principios de la doctrina nacional.” En la pormenorización de los diversos aspectos y formas que asume la acción cultural con el objetivo de formar una conciencia nacional, el citado Plan concedía particular espacio a la denominada cultura tradicional como medio integrador, y exalta el papel del Estado en la promoción “... de una cultura histórica que dé al pueblo argentino una exacta conciencia de la misión que debe cumplir en el orden nacional e internacional...”10 El tradicionalismo cultural del régimen se manifestó reiteradamente. En 1953, sintetizando la posición ideológica asumida desde el poder, el presidente informaba sobre las actividades de la Dirección de Cultura diciendo que “... los actos cumplidos revistieron el más señalado carácter justicialista: en su casi total mayoría fueron gratuitos, tuvieron el más hondo sentido nacional y el más amplio sentido social y fueron cuidadosamente planeados.” El Estado había asumido activamente la orientación y dirección de la cultura nacional fijando pautas decisivas para el presente y el futuro. Proceso de similares características se desenvolvía en el ámbito de la educación. Ya desde 1943 la política educativa nacional se dirigió a lograr una enseñanza más argentinizada. Esto implicó una mayor centralización y coordinación y, obviamente, la reorganización de la estructura administrativa para responder a las nuevas orientaciones. La enseñanza religiosa se institucionalizó como factor de cohesión nacional. Esta y otras decisiones de la política educativa produjeron la ruptura del proceso liberal y laico de la enseñanza. La educación habría de convertirse en un factor clave para la conformación de la Nueva Argentina y la neutralidad del Estado en materia educativa fue progresivamente abandonada. En 1948 Perón afirmaba el concepto de cultura nacional que orientaría la política educativa y comunicaba a la docencia sus propósitos de “... cambiar un poco el sistema de enseñanza en todas su gradaciones primaria, secundaria, universitaria o técnica... Queremos dar una orientación (...) Les pido que hablen con ellos (los alumnos) a los efectos de ir uniformando el concepto argentino de vida. (...) Para conseguir la unidad nacional, lo primero es pensar con sentido nacional” 12 La Constitución de 1949 plasmó la filosofía del Estado que, partiendo de una nueva concepción de la cultura nacional se proyectó sobre la enseñanza. Los fines señalados fueron el desarrollo físico, el perfeccionamiento intelectual y social, la capacitación profesional y la formación integral del carácter y las virtudes personales, familiares y cívicas. Se establecía la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y se fijaba la orientación profesional de los jóvenes como una función social del Estado. Respecto de la enseñanza universitaria, sobre la que apenas apuntaremos algunos rasgos generales, la Constitución del ´49 introdujo algunas variantes en la orientación fijada por la ley universitaria Nº 13031, 13 promulgada el 9 de octubre de 1947. Esta norma legal, ásperamente debatida en el Congreso Nacional, fijaba como objetivo de las universidades la enseñanza en el grado superior, la formación de los jóvenes para la vida, el cultivo de las ciencias y el ejercicio de las profesiones liberales subrayando su sentido social. El artículo 4º, referido a las funciones específicas, prohibía la actividad política partidista en las universidades. Era esta una idea coherente con la que en ese tiempo expresaba Perón: En las universidades no se debe “... trabajar para un partido, para un sector, para un grupo, se debe trabajar para mayor honra del país y para felicidad de todos los argentinos.” 14 Sin embargo, poco después la nueva Constitución disponía 15 el establecimiento en las universidades de cursos de formación política, obligatorios y comunes, para los estudiantes de todas las facultades. En una nueva etapa de su política universitaria el peronismo intentaba, mediante estos cursos, la difusión de sus designios en una institución que tradicionalmente se le había enfrentado. Su implementación dejó mucho que desear pues quedaron en manos de docentes que aspiraban a fortalecer sus vínculos con el régimen y. por eso, sólo impartieron consignas que oscilaban entre la exaltación de las realizaciones peronistas y la condena del pasado. 16 El Segundo Plan Quinquenal fue el instrumento que plasmó acabadamente en la educación los objetivos de la Nueva Argentina: “... realizar la formación moral, intelectual y física del Pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional peronista...” 17 Se había producido ya la transformación de la doctrina peronista en doctrina nacional. Las consecuencias de tal circunstancia son previsibles: todo aquello que contrariaba la doctrina nacional fue considerado antipatriótico. Los lineamientos que señalaba el Segundo Plan Quinquenal para los tres niveles de enseñanza fueron precisados en el ciclo superior mediante la ley 14297/54 18 que sustituyó a la ley 13031/47. Esta norma estructuró a las universidades bajo un sistema de mayor control por el Estado y se realizaron una serie de modificaciones conducentes a expresar los fines propiciados por el segundo plan quinquenal. Los juicios que esta legislación mereció son rigurosos en la consideración de que la nueva ley fue la herramienta que orientó la enseñanza universitaria de acuerdo con los fines y objetivos de la doctrina justicialista. La universidad, centralizada y controlada, quedó adscripta a los propósitos políticos. La eliminación casi total de la autonomía universitaria así como la hostilidad de las capas medias intelectuales generaron un vaciamiento del cuerpo docente y una caída del nivel académico. La misión de la universidad, realizable sólo en una atmósfera de libertad creadora, tolerancia y respeto, fue desvirtuada; “... así se iban empobreciendo los territorios intelectuales de los argentinos, se tornaba provinciano su pensamiento, se trivializaba su problemática...” 19 1.3. El proceso de industrialización como factor operante en el sistema educativo. Entendido como factor clave de la independencia económica, el fomento de la industria fue uno de los postulados del Gral. Perón. La reseña de esta política constituye un referente ineludible para comprender las nuevas exigencias en materia de enseñanza técnica. El proceso de industrialización se había iniciado ya antes de la llegada de Perón al gobierno. Hacia 1933, como resultado de la crisis mundial del ´29 y durante los años ´40, se produjo un crecimiento significativo de las industrias tradicionales, fundamentalmente la textil y en menor medida, las alimenticias. La inversión en la industria se incrementó en detrimento de la que se hacía en agricultura, que se vio perjudicada por el deterioro de los términos de intercambio. La Segunda Guerra Mundial dio un empuje aún mayor a la actividad industrial en razón de la escasez de oferta extranjera en materiales y productos estratégicos. Así, el proceso de desarrollo industrial fue influido por una serie de factores: la reducción de las exportaciones argentinas con la consiguiente devaluación del peso, el aumento de derechos aduaneros que restringía la importación de artículos extranjeros, la existencia de mano de obra abundante y barata, el desmantelamiento de las industrias y la inseguridad política en Europa, la existencia de un mercado consumidor relativamente importante y algunos otros. Sin embargo, es particularmente significativo en este proceso el cambio de política pública y nacional respecto del papel de las industrias. Los gobiernos de tendencia nacionalista vieron en esta actividad económica un medio para promover el progreso y ganar poderío internacional. El problema industrial “... constituye un punto crítico de nuestra defensa nacional”, 20 decía Perón en 1944 como ministro de Guerra. Instalado ya Perón en el poder esta actitud decididamente determinada a liberar al país de su dependencia respecto de las naciones industrializadas, se manifestó con mayor intensidad y frecuencia, aunque fue variando en sus orientaciones. El instrumento fundamental fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), creado por Farrel el 28 de mayo de 1946, que debía canalizar parte de los beneficios obtenidos de las exportaciones agropecuarias hacia el sector industrial. En esta primera etapa, durante el trienio 1946-48, el gobierno desarrolló el proceso de sustitución de importaciones, intentó consolidar el nivel alcanzado e inició una política de redistribución de los ingresos a favor de los sectores populares a fin de corregir las tensiones sociales y expandir la demanda de consumo. En 1948 Perón afirmaba: 21 “El problema argentino no era político ni social. Era un problema económico Nosotros teníamos mucha riqueza pero nos sacaban todo. Ahora queda acá y yo lo reparto con justicia...” Y agregaba que “... la guerra del 14 al 18 la pagamos con sedas, puntillas, peines y whisky. Ahora nosotros tenemos el control y aquí entran cosas útiles: maquinaria, petróleo, etc. Todo lo demás lo fabricamos aquí.” Es posible percibir que se había acentuado el intervensionismo estatal en materia económica; también se pone de manifiesto que el resultado de la política de fomento industrial fue el desarrollo de una industria liviana, postergando el desarrollo de aquella otra que serviría de base para un real despegue. Hacia 1950 el gobierno produjo una revisión de la política económica que se evidenció durante el segundo período presidencial y, especialmente, en el Segundo Plan Quinquenal; sus prioridades eran el desarrollo agrario, de la industria pesada y las obras de infraestructura, la promoción del ahorro y la inversión privada. En lo relativo al sector industrial, una vez que se hubo consumado la sustitución de manufacturas sencillas, las industrias dinámicas o de base asumieron el liderazgo del crecimiento en esta etapa. Se incrementó la producción de maquinarias agrícolas e industriales, artefactos eléctricos y electrónicos, material de transporte, equipos eléctricos y de comunicaciones. A la vez se registraron cambios profundos en la industria química y automotriz. La expansión de las industrias de base coincidió con la creciente participación de las empresas extranjeras en esa actividad. Cambiando su rumbo, la política económica alentó cada vez en mayor medida, la libre empresa y apeló a la inversión foránea. Esta actitud que alternaba los principios nacionalistas con las necesarias adaptaciones a la realidad fue calificada como neoliberal por los historiadores del peronismo; se limitó al terreno económico y repercutió en la política social, pero no se evidenció en la actividad política. Como resultado, el ámbito económico se desligó de la esfera política, por una parte, y de las imposiciones sociopolíticas por otra. La economía volvió a establecerse como un sistema autónomo condicionado fundamentalmente por los criterios de aumento de las ganancias y de la productividad: “Lo que yo quiero de los argentinos, lo que yo les pido en nombre de la Patria, es que cada uno sepa cumplir con su propio deber, en el lugar que Dios haya puesto en la vida, por humilde que sea; pero con profundo sentido e la responsabilidad nacional...” ¿Cuáles fueron los resultados de la política de desarrollo industrial encarada por Perón como objetivo prioritario? Las interpretaciones son dispares. El peronismo enfatizó su éxito alegando que “...el país recibido en 1946, inhabilitado para fabricar alfileres, ya producía en 1955 locomotoras, tractores y automotores.” 23 Desde el otro extremo, los representantes de la Argentina peronista desacreditaron sus logros y “...las ínfulas de industrialización {que} se desvanecieron en planes propagandísticos de tipo ´quinquenal`, y a la postre ni el campo ni la industria recibieron apoyo serio y coherente.” Algunos historiadores extranjeros del peronismo 25 coinciden en líneas generales en afirmar el fracaso del proyecto de industrialización. Los síntomas de su malogramiento se advierten ya durante la primera presidencia; las causas aducidas son varias y complejas. Intervienen la corrupción y mala administración pero, especialmente los erróneos pronósticos acerca del orden económico de la posguerra. “El plan Marshall puso el último clavo en el ataúd que portaría las ilusiones de Perón de transformar la Argentina en una potencia industrializada.” Junto a los factores externos se destaca una contradicción nefasta en esa política económica: aunque el programa de industrialización dependía de las ganancias provenientes de la producción rural, el sector agropecuario fue postergado y comenzó su declinación. El carácter unilateral del proceso de desarrollo industrial constituye una de las debilidades unánimemente detectada por los analistas. Además, se le achacó haber expandido la industria liviana y de consumo en lugar de fortalecer las básicas y pesadas, única vía para conseguir la independencia económica. Sólo hacia 1950 el gobierno tomó conciencia de los errores cometidos y corrigió el rumbo, pero los éxitos fueron circunstanciales aunque paliaron los efectos de la crisis económica de 1949-1952. El peronismo fracasó, concluye Aldo Ferrer en su estrategia de desarrollo de las industrias de base y de cambio tecnológico. Félix Luna amplía ese juicio: “Proliferó, es cierto una vasta franja de industrias, pero en su mayoría retardadas por la obsolescencia de sus equipos y la imposibilidad de renovarlos o modernizarlos, aumentando así la dependencia del exterior en relación con materias primas, combustibles y royalties.” Este examen de la cuestión, que en absoluto agotamos, interesa a los fines de nuestra labor para destacar que el plan de industrialización constituyó en tiempos de Perón, una de las variables más significativas de la economía argentina y que, después de esa época, la actividad industrial quedó definitivamente incorporada a la estructura productiva nacional. La proyección de esta política sobre el sistema educativo se hizo evidente en el impulso franco que el gobierno dio a la enseñanza técnica, particularmente a la capacitación obrera.

1.4. El estímulo de la enseñanza técnica y la capacitación obrera. a) El contexto internacional. Puede considerarse que la historia de la moderna instrucción técnica y vocacional comenzó a mediados del siglo XIX con los esfuerzos de Francia, Alemania y Bélgica que entonces advirtieron su desventaja tecnológica respecto de Gran Bretaña y convirtieron a la educación en el medio más eficaz para recuperar el terreno perdido. Sin embargo, la atención brindada a la enseñanza técnica varió de acuerdo con las circunstancias nacionales particulares. Durante un prolongado período de tiempo la teoría del laissez faire que justificó el desarrollo de la industria, también sirvió de base al argumento de que era la industria misma la que debía instruir al personal que ocupaba y fijar los objetivos de dicha instrucción. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial se generalizó e intensificó el cambio respecto del papel cumplido por la instrucción industrial. El eje de esa transformación fue la certeza de que el potencial humano instruido representaba un recurso nacional cuya importancia podía equipararse con la de los yacimientos petrolíferos por ejemplo. Por eso, la capacitación vocacional y profesional dejó de ser concebida como un gasto y fue comprendida como una inversión lucrativa en tanto incrementaba el capital nacional. Admitiendo el valor económico de la educación, muchos gobiernos justificaron sus gastos en ese rubro con argumentos referidos al interés nacional. Se difundió la noción de que la fuente más importante de innovación tecnológica era la educación. El examen de algunos antecedentes internacionales confirmará la evolución señalada a la vez que posibilitará la comparación con lo actuado en nuestro país en esa materia. En Francia, la organización integral de la educación técnica tuvo su punto de partida en la ley Astier de 1919. Sobre su base se creó un sistema público de educación técnica y se definieron las condiciones de un sistema privado en el cual la industria fue invitada a colaborar. Esta organización, que afectaba a todo el sistema educacional, era muy compleja; abarcaba la instrucción profesional de jóvenes y aprendices para los oficios especializados y los cargos técnicos de supervisión, la instrucción vocacional de los adultos, la formación de técnicos superiores, cursos complementarios profesionales para los que ya trabajaban en determinado oficio, etc.29 Tan amplio panorama escapa al interés que nos motiva; sin embargo resulta útil resumir las características de la formación de técnicos en el nivel superior, tema que en 1959 ocupaba la atención de la Revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Bs.As. La orientación hacia la ciencia y la técnica se introducía en los estudios de los jóvenes franceses en los tres últimos años de la escuela secundaria. El bachillerato, que constituía el primer título universitario, importaba una determinada orientación. Una vez graduado el bachiller podía optar por el ingreso a la Facultad de Ciencias o someterse a un severo concurso de admisión a las Grandes Escuelas en las que se estudiaba ingeniería. Las Grandes Escuelas eran establecimientos del Estado creados con vista a una formación determinada de los alumnos. Unas debían formar los cuadros superiores de la administración y del ejército; eran las célebres Escuelas Normales Superiores de Varones y Mujeres, la Escuela Normal Superior de Enseñanza Técnica, la Escuela Nacional de Administración, etc. Las otras, que eran la mayoría, estaban destinadas a la formación de ingenieros: Escuela Politécnica, Escuela Central de Artes y Oficios de París, Escuela Nacional Superior de Ingeniería Naval, las de Aeronáutica, Minas, Vialidad, etc. En estos establecimientos el número de alumnos era restringido y el examen de ingreso particularmente difícil. A cambio, los diplomas aseguraban el inmediato ejercicio de la profesión. En la misma época, la educación técnica se impartía en Alemania en las llamadas Escuelas Técnicas Superiores, de igual categoría que las universidades y con idéntico nivel académico. En 1958 existían en Alemania Oriental dos de estos establecimientos y ocho en Alemania Occidental. Allí, dos años antes, la Escuela Técnica Superior de Berlín había cambiado su nombre por el de Universidad Técnica. Similares tendencias se observaban en otros países europeos, sin embargo es en la Unión Soviética donde mejor se detecta el desarrollo de un plan general tendiente a subordinar el sistema educativo a las necesidades de la industria. Nos detenemos en su reseña atendiendo a la influencia que este plan habría ejercido sobre las iniciativas del peronismo, según el diputado Nerio Rojas. 31 Después de 1917 la educación y la instrucción popular se convirtieron en la tarea fundamental que el estado soviético se dispuso a cumplir como condición esencial para la construcción de la nueva sociedad. La organización de un sistema centralizado recorrió distintas etapas; comenzó a estructurarse hacia 1919 con la creación de escuelas- fábrica destinadas a instruir jóvenes de 14 á 18 años y convertirlos en obreros calificados. El plan trazado diferenció el personal formado para la industria en tres categorías: obreros, técnicos e ingenieros, de acuerdo con su papel en el proceso de producción y sus antecedentes educacionales. Los trabajadores especializados se instruían en las escuelas técnicas de oficios o en la extendida red de escuelas – fábrica. Sólo en 1940 se fundaron 1549 establecimientos y en 1941 se organizaron 500 escuelas – fábrica adicionales. Las especialidades ofrecidas superaban el millar y el proceso de instrucción se cumplía en etapas. Los técnicos y los ingenieros se formaban en establecimientos educativos especiales. Hacia 1955 las escuelas técnicas secundarias contaban con 3.654.300 alumnos y ofrecían más de cien especialidades. En la misma época los institutos técnicos superiores ofrecían sesenta y siete especialidades a más de 3.800.000 estudiantes. La creencia en el poder transformador y en la potencialidad del sistema educativo para la generación del progreso, también apareció como una constante en los países latinoamericanos. El convencimiento del papel económico que cumplía la educación se manifestó en la creación de instituciones que, frecuentemente al margen de los ministerios de educación, tuvieron características y fines similares. En Brasil, este proceso fue iniciado por la Ley Orgánica de Educación Industrial, en 1942; dicha norma orientaba la preparación profesional de los trabajadores en la industria, el transporte y las comunicaciones. La educación industrial se integraba al sistema escolar del país y se dividía en dos ciclos: el primero abarcaba cuatro órdenes de instrucción con sus correspondientes cursos, el industrial básico y los de aprendices, artesanos y maestros. El segundo ciclo incluyó dos órdenes: el curso técnico y el pedagógico. La ley se complementó con la creación de escuelas técnicas e industriales. El decreto ley 4048/42 creó un sistema nacional concebido para mantener, dirigir y administrar la instrucción industrial: el Servicio Nacional de Instrucción Industrial (SENAI) El nuevo organismo vinculados a los Ministerios de Educación y Trabajo, se consagró especialmente a la formación de aprendices de 14 á 18 años a quienes se impartía una educación general básica, unida al estudio de la tecnología especializada. Otros tipos de cursos mantenidos por el SENAI estaban destinados a los obreros adultos, maestros artesanos y a la formación del personal de nivel medio en las empresas, es decir, técnicos y supervisores. Las acciones emprendidas en Brasil inspiraron la creación de servicios semejantes en otros países sudamericanos; en Colombia el S.E.N.A. (Servicio Nacional de Enseñanza); en Venezuela el I.N.C.E. (Instituto Nacional de Cooperación Educacional); en Chile la Comisión Nacional de Formación Vocacional y la Universidad Técnica del Estado; en Perú el S.E.N.A.T. (Servicio Nacional de Formación y Trabajo Industrial) y en la Argentina la C.N.A.O.P. (Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional) y la Universidad Obrera Nacional. En el caso particular de nuestro país no puede considerarse que la educación haya constituido uno de los factores dinámicos del proceso de crecimiento industrial, como la disponibilidad de capital, la ampliación del mercado o el incentivo de la política estatal. Tampoco en la Argentina la elaboración de recursos educacionales destinados a promover el crecimiento industrial ha sido el resultado de un plan integral cuidadosamente preconcebido. La estructura de la educación técnica se desarrolló desordenadamente acumulando iniciativas y decisiones relativamente independientes que más bien resolvían problemas parciales antes que satisfacer las necesidades de un sistema total. En el período que consideramos el acento puesto en la enseñanza técnica, de los oficios y artes manuales coincidió con la tendencia manifiesta en el resto de Sudamérica y, básicamente, fue una pronta respuesta a las exigencias del proceso de industrialización recientemente iniciado. El plan concebido tendió a articular un sistema integral, aunque dejó de lado la estructura institucional dependiente del Ministerio de Educación y fue acusado, por esto, de constituir una diversificación innecesaria. Además, y a diferencia de lo que sucedía en la mayoría de los otros países, el sistema se prolongó al ámbito universitario con una creación original, la Universidad Obrera, que escapaba a los cánones tradicionales y no reconocía demasiados antecedentes. El mensaje que Perón dirige al Congreso en 1948 ilustra sobre el espíritu y fundamentos de las nuevas concepciones en materia de enseñanza técnica y capacitación profesional: “Preparación técnica, respeto de sus derechos, protección biológica, vivienda sana y económica: he aquí enunciada en cuatro proposiciones, la suma de las aspiraciones de un pueblo que se siente libre y se sabe fuerte (...) Vivimos la era de la especialización en todos los órdenes de la actividad humana...”; por ello es que el Estado ha creado diversas escuelas en las que los jóvenes se preparan para integrar después “...los cuadros de especialistas que nuestra economía reclama” Inicialmente el Primer Plan Quinquenal 36 (1947-1951) persiguió como objetivo clave armonizar la enseñanza técnica en una estructura que la unificara y la integrara a un plan general. Sin embargo, la acción de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) como ente directivo de un sistema destinado a los obreros, diversificaría nuevamente la enseñanza técnica perfilando dos áreas desvinculadas entre sí: la dependiente del Ministerio de Educación y la que, por intermedio de la CNAOP, se subordinaba al Ministerio de Trabajo y Previsión. b) La labor del peronismo A la vista del tema central de este trabajo, sólo reseñaremos la labor del peronismo en materia de enseñanza media técnica, dependiente del Ministerio de Educación, para detenernos en el área del aprendizaje y la formación profesional. La estructura de la enseñanza técnica que antes describimos fue reformada por el peronismo de acuerdo con los lineamientos de la política educativa nacional. El Primer Plan Quinquenal expuso el objetivo de refundir en un solo organismo la dispersión que caracterizaba este ámbito de la instrucción y convertirla en camino para que el obrero y el artesano lleguen a la universidad. De la Sección Tercera del nuevo Consejo Nacional de Educación dependía la enseñanza técnica en sus tres grados: capacitación, perfeccionamiento y especialización. El título de perito en la especialidad correspondiente habilitaba para el ingreso a la universidad. A la vez que se uniformaban los planes de estudio de los tres ciclos implantados 38 se unificaban, por decreto 19379/48, las Escuelas de Artes y Oficios, las Técnicas de Oficios y las Industriales. Todas se denominaron Escuelas Industriales de la Nación. Las de Artes y Oficios pasaron a constituir el ciclo básico o de capacitación y al cabo de tras años de estudio otorgaban el correspondiente certificado. Las escuelas Técnicas de Oficios correspondieron al ciclo medio o de perfeccionamiento y permitieron obtener, después de otros dos años, el certificado de experto en un oficio. El ciclo superior o de especialización, equivalente a las Escuelas Industriales, se extendía durante tres años y hacía posible acceder al título de técnico en un oficio. Estos planes fueron nuevamente reformados en 1952; por decreto 2164 39 se implantó un ciclo básico que reemplazó a los anteriores de capacitación y perfeccionamiento, con una duración de tres años y la posibilidad de obtener un certificado de experto en el oficio cursado. El ciclo superior, también de tres años, con un mayor número de clases de taller, otorgaba el título de técnico. Se implantaron además cursos complementarios técnicos y humanísticos. Técnicos, de un año de duración, para egresados de escuelas industriales regionales, ciclos básicos de bachillerato, magisterio y escuelas de comercio; humanísticos para los egresados de los cursos nocturnos. Quedaron además diferenciadas tres categorías de establecimientos dependientes de la ya creada Dirección General de Enseñanza Técnica y se estableció el régimen de homologación de planes. Casi paralelamente a este proceso y con el fin de impulsar la enseñanza técnica en el interior del país, se crearon las Misiones Monotécnicas y de Extensión Cultural 40 para difundir la artesanía rural en el primer grado y en diversos oficios. Cada misión funcionaba con carácter transitorio, en las más alejadas comunidades rurales que señalara el departamento de Justicia e Instrucción Pública. Las Misiones de Cultura Rural y Doméstica41 tuvieron características similares pero estuvieron limitadas a la formación de la mujer en las artesanías rurales y quehaceres domésticos. En lo que respecta al aprendizaje y perfeccionamiento obrero, la labor de Perón comenzó en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por su iniciativa, desde 1944, el gobierno militar comenzó a centrar su atención en los problemas obreros. Perón encarnaba una política social lúcida y original cuyos objetivos fueron organizar las masas obreras, antes desarticuladas o controladas por sindicatos de la extrema izquierda, llenar el vacío existente en materia de legislación social e instaurar un Estado fuerte capaz de terminar con el enfrentamiento de clases. La obra legislativa que realizó en pocos meses el Coronel-Secretario, con innegable eficacia, se manifestó en una multitud de decretos y leyes 42 entre las que figura la organización del aprendizaje industrial y la capacitación obrera. Por decreto 14538 del 3 de junio de 1944 43 se organizó y reglamentó el aprendizaje y trabajo de los menores y se creó la Dirección de Aprendizaje y Trabajo de los Menores, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El objetivo propuesto era “...propender al mejoramiento moral y material de los trabajadores...” ya que “...si el obrero aumenta su nivel cultural y técnico podrá esperar y pretender un lógico acrecentamiento de su capacidad de producción y, en consecuencia, salarios más altos y una mejor ubicación en los cuadros sociales...” La creación se fundamentaba en los imperativos de la justicia social a la vez que, especialmente, se proponía satisfacer las exigencias del “...creciente desarrollo de las industrias argentinas...”, necesitadas de personal especializado. El decreto 14538/44 fue modificado por otros dos, en 1945 y 1946 y, finalmente, convertidos en ley 12921 del 21 de diciembre de 1946.44 Las modificaciones operadas introdujeron la creación de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), ente autárquico que suplía a los organismos anteriores y centralizaba la acción del Estado en materia de aprendizaje y perfeccionamiento obrero. Presidida por el Secretario de Trabajo y Previsión, o funcionario que éste indicara, sus miembros eran designados por el Poder Ejecutivo y desempeñaban sus funciones ad honorem. Los sesenta y seis artículos de la norma legal estaban organizados en catorce capítulos en los que se estructuró un sistema completo en el que el Estado tenía el primordial papel de vigilar, controlar y dirigir el trabajo de los menores entre 14 y 18 años. Estos menores se incluyeron en tres categorías: aprendiz, menor ayudante obrero y menor instruido, establecidas según el grado de capacitación logrado en el proceso de aprendizaje. Se consideró aprendizaje a todo régimen de trabajo cuya organización permitiera asegurar la enseñanza de un oficio, en forma gradual, metódica y acorde con el vigor físico. La enseñanza teórica de conocimientos indispensables para la formación cultural, moral y cívica complementaba la actividad práctica. Los cursos se organizaron en tres categorías, de aprendizaje, complementarios y de preaprendizaje. Los primeros, para menores de 14 á 16 años, se ofrecían en los mismos establecimientos industriales o en las escuelas instaladas por la CNAOP. Los establecimientos industriales estaban obligados a ocupar un número preestablecido de menores y a organizar cursos para la formación técnica de sus aprendices, según planes de estudio aprobados por la Comisión Nacional. Paralelamente, dicha comisión instaló escuelas profesionales y técnicas de medio turno para aquellos aprendices que no asistieran a los cursos antes mencionados en las fábricas o desearan completarlos. Los cursos complementarios para menores de 16 á 18 años que trabajaran ocho horas, se dictaban en las propias fábricas o talleres. Comprendían una tarea semanal de diez horas, tenían carácter obligatorio y una duración de uno a tres años según el oficio. Cursos similares se organizaron para obreros adultos que quisieran completar su formación técnica y cultural. En los planes de estudio se incluyeron nociones de cultura general (idioma nacional, geografía e historia argentinas), una preparación específica en el oficio y nociones de legislación obrera y reglamentos de trabajo. En las escuelas de medio turno, primarias, podían funcionar los llamados cursos de preaprendizaje que sin ser estrictamente profesionales, enseñarían trabajos industriales adecuados a la edad y sexo. Otros dos tipos de establecimiento completaban el sistema: las Colonias –Escuela, destinadas a menores inadaptados, deficientes, huérfanos o abandonados, bajo un régimen mixto de enseñanza y producción, y las Escuelas – Fábrica. Instaladas para formar aprendices en aquellas industrias que lo necesitaran, las escuelas-fábrica estuvieron también sujetas a un régimen de enseñanza y producción, orientándose hacia el fomento de las industrias nuevas o al perfeccionamiento de las existentes. En estas escuelas se fabricaban además los útiles y elementos necesarios para el mantenimiento de los servicios de asistencia social u otros de previsión. Tanto el decreto original como los que lo modificaron atendieron totalmente lo referido a las condiciones de trabajo de los menores: duración de la jornada y salarios. También, la confección de registros de menores que trabajaban y la coordinación de exámenes médicos, psicofísicos y psicotécnicos, a cargo del Instituto de Psicotecnia y Orientación Profesional; la elaboración de estadísticas, organización de bibliotecas y campañas de propaganda en todo el país. Para posibilitar el cumplimiento de la ley se creó un fondo especial denominado “Fondo para Aprendizaje”, administrado por la CNAOP y constituido por el producido de un impuesto “para aprendizaje” de diez por mil sobre el total de los sueldos pagados al personal ocupado en los establecimientos industriales de cualquier índole, excepto los del Estado. A él se sumarían las donaciones, multas, legados y los saldos sobre los recursos efectivos y los gastos reales. Aquellas empresas que organizaron cursos de aprendizaje o contribuyeron a su sostenimiento en las escuelas de la Comisión, se vieron beneficiadas con una reducción al dos por mil del impuesto antes mencionado. Esta circunstancia refrenda la opinión de que la instalación de una escuela-fábrica favoreció doblemente a los empleadores: por una parte les permitió obtener mano de obra joven y barata y, por otra, reducir el monto del impuesto. Atendiendo a los aspectos positivos de la medida es preciso notar que la habilitación de las escuelas y los cursos benefició a muchos jóvenes trabajadores que luego de las jornadas en la fábrica, pudieron seguir estudiando y perfeccionarse. Asimismo, las normas del decreto 14538 / 44 y sus modificaciones constituyen un jalón importante en el propósito de restablecer el aprendizaje orgánico, a pesar de que atendía exclusivamente al llamado “aprendizaje industrial”. Más que aprendizaje en el sentido tradicional, éste era una formación profesional, según la distinción establecida en los manuales de derecho laboral La característica fundamental de este aprendizaje contemplado en la norma legal de referencia, es el ensamble del trabajo del taller con una enseñanza suplementaria organizada en cursos especiales. Los jóvenes que reciben el nombre genérico de aprendices, más bien se forman por la observación, la imitación y la colaboración, sin una enseñanza directa; por esto necesitan el complemento e cursos teórico - prácticos fuera de las horas de trabajo. El aprendizaje tradicional o artesano, que suponía la obligación del maestro de enseñar, no fue reglamentado y, en realidad no ha sido objeto de legislación en nuestro país47; probablemente porque la evolución industrial determinó su gradual pérdida de importancia en la práctica. En 1948 Perón destacaba la labor cumplida por la CNAOP, encuadrándola en el área de acción social del gobierno. Apuntaba la existencia en ese año de cinco escuelas-fábrica, veintisiete cursos de aprendizaje, cinco escuelas privadas de fábrica, veinte cursos de medio turno y anunciaba los planes de creación de la Universidad Obrera. 48 Los primeros resultados fueron notables. Entre 1947 y 1951 se crearon setenta y ocho escuelas – fábrica, ciento tres escuelas de aprendizaje, ciento seis escuelas de medio turno, trescientos cuatro escuelas de capacitación obrera para adultos y setenta y ocho de capacitación profesional para mujeres.49 Las especialidades dictadas eran numerosas: radiocomunicaciones, mecánica general, artes gráficas, zapatería, plomería, carpintería de obra, obras sanitarias y muchas otras. Para mujeres se enseñaba corte y confección, bordado, lencería, camisería, juguetería, etc. El Segundo Plan Quinquenal (Cap. IV,E,4) proyectaba en el ámbito del aprendizaje y orientación profesional, el reajuste de los programas adecuándolos a la necesidad de una formación más especializada. Estas previsiones comenzaron a concretarse ya en 1953 con la renovación de planes y programas; previa consulta con entidades gremiales y patronales se seleccionaron las especialidades para las escuelas-fábrica y se crearon nuevos establecimientos. El impulso de la CNAOP parecía no detenerse. Es que se adaptaba coherentemente al régimen; satisfacía las necesidades de los sectores sociales del trabajo, los requerimientos de la política de industrialización y, al mismo tiempo, encarnaba los principios de justicia social que inspiraban al conductor. II. La diversificación de la enseñanza técnica superior: De la Universidad Obrera Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional (1943¬1962) 2. La creación de la Universidad Obrera Nacional 2.1. El proyecto y los debates parlamentarios 2.2 La organización de la Universidad Obrera 2.3. El funcionamiento hasta 1955 2.4. Repercusión y trascendencia II. 2. LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD OBRERA NACIONAL 2.1. El proyecto y los debates parlamentarios. Las elecciones de febrero de 1946 habían dado a Perón una mayoría superior a los dos tercios en la Cámara de Diputados; sobre el total de diputados ciento seis eran peronistas y cuarenta y nueve bancas, de las cuales cuarenta y cuatro eran radicales, pertenecían a la oposición. En el Senado, excepto Corrientes, todos los representantes de las provincias debían su lealtad al presidente. Estas circunstancias determinaron el papel del Congreso durante este período. La bancada radical, el legendario bloque de los 44, constituyó un conjunto notable de hombres jóvenes y dinámicos. Félix Luna lo distingue como el grupo más brillante, parejo y eficaz que haya desempeñado la función opositora en los anales parlamentarios argentinos.1 Otros historiadores, sin embargo, le achacan haber ejercido la oposición basándose “...en principios, con terquedad, frustración y esnobismo intelectual.” 2 Lo cierto es que en las sesiones, fueron frecuentes los insultos, más o menos sutiles y hasta elegantes; pero las alusiones a Perón, su esposa y el gobierno, llegaron a convertirse en frases ofensivas que la mayoría sancionó con suspensiones y expulsiones. En este clima de hostilidad, puede afirmarse que, sumados los excesos del oficialismo, los radicales contribuyeron con su actitud al duro destino que les tocó vivir en aquellos años. La mayoría peronista tenía también sus flancos débiles y sólo se contaron entre sus filas unas pocas personalidades sobresalientes por su capacidad y lucidez. La calidad de los legisladores no era una especial preocupación de Perón, que controlaba muy de cerca lo que sucedía en la Cámara de Diputados dando instrucciones precisas sobre proyectos, leyes pendientes y tácticas a emplear. El debilitamiento de la posición política del Congreso constituye una de las notas características del período. El control ejercido por el ejecutivo, especialmente después de la reforma del ´49, se hizo evidente aún para los propios legisladores peronistas. Raúl Bustos Fierro sostenía que “...la responsabilidad histórica de tal desjerarquización (...) nos alcanza a todos y a cada uno de los que ocupábamos las bancas.... Incluyéndonos, por ser común, hasta los mismos que vivimos con indeclinable e interminable reclamo por ello, en el seno del partido y ante el jefe del partido. Y que lo enjuiciamos como funesto error de conducción política”. El poder ejecutivo asumió el monopolio de los emprendimientos en materia legislativa, y como el debate interno en la bancada oficial no era frecuente, se facilitó la expeditiva sanción de innumerables leyes. Entre ellas, la que lleva el número 13229, del 19 de agosto de 1948, sobre la creación de la Universidad Obrera Nacional (U.O.N.) En la reunión segunda del 3 de mayo de 1948 ingresó a la Cámara alta el proyecto de ley suscripto por el Presidente, su ministro del Interior, Ángel Borlenghi y por el Secretario el Trabajo y Previsión José María Freire. La paternidad del proyecto fue atribuida a Perón y esto es probable ya que su directo colaborador en esa materia, Freire, desempeñó una opaca tarea en la Secretaría y ésta fue pronto controlada por Eva Perón. En el mensaje que acompañó el proyecto se reseñaba el contenido de las normas legales que implantaron el primer ciclo de aprendizaje bajo la dirección de la CNAOP y se exponían los fundamentos. Básicamente la nueva medida cumpliría dos cometidos fundamentales; el de coadyuvar en la recuperación económica del país permitiendo que “...la industria nacional sea dirigida por técnicos argentinos y realizada por obreros argentinos...” y también posibilitar a los trabajadores “escalar posiciones que antes les fueron ordinariamente negadas”. (Senadores, 1948. T. I., p.170) El proyecto de ley constaba de dos capítulos. El primero implantaba el segundo ciclo de aprendizaje, cursos de perfeccionamiento técnico, con la finalidad reiterada de proporcionar a la industria técnicos competentes, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y proporcionar los conocimientos indispensables para acceder a los estudios superiores en la U.O.N. Eran condiciones de ingreso para este ciclo, la aprobación del ciclo básico en las escuelas de la C.N.A.O.P. u otras técnicas, demostrar mediante libreta de trabajo condición de obrero y, finalmente, mediante certificado expedido por autoridad competente, comprobar buena conducta. Los cursos comprendían cuatro años de estudios y se distinguían por su carácter teórico-práctico y el horario vespertino en que se dictaban a fin de facilitar la asistencia de los trabajadores. Los egresados obtenían el título de técnico de fábrica en la especialidad correspondiente. Los institutos donde se cumplía este segundo ciclo, debían realizar tareas de extensión y especialización para personal docente y directivo de los establecimientos de la CNAOP. El capítulo II disponía la creación de la Universidad Obrera Nacional como institución superior de enseñanza técnica, dependiente de la CNAOP. Sus objetivos eran la formación integral de profesionales de origen obrero para satisfacer las necesidades de la industria, proveer a la enseñanza técnica de docentes formados en la experiencia del taller, asesorar en la redacción de planes y programas de estudio de los ciclos inferiores y en las actividades de organización, dirección y fomento de la industria nacional; promovería investigaciones y toda realización tendiente a satisfacer los fines propuestos. Para ingresar a la U.O.N. era necesario acreditar título de técnico de fábrica o egreso de secuelas industriales del estado, aunque se daba preferencia a los primeros Además, como en el segundo ciclo, condición de obrero y buena conducta comprobadas. Los cursos tenían una duración de cinco años y su aprobación otorgaba el título de ingeniero de fábrica. Finalmente el Ejecutivo disponía que los costos de instalación, en terrenos fiscales adecuados, fueran cubiertos por una suma de treinta millones de pesos moneda nacional y un subsidio anual de dos millones hasta tanto el fondo especial destinado al Aprendizaje permitiera que la CNAOP solventara los gastos de funcionamiento de la institución. Examinado por las comisiones de Instrucción Pública y de Presupuesto, hacienda y Finanzas, el despacho se produjo en los primeros días de junio y fue considerado inmediatamente.5 Las modificaciones introducidas refirieron casi exclusivamente a la duración de los cursos, aconsejándose no precisar en el texto legal la cantidad de años sino consignar que sería determinada por reglamentación pertinente. El legislador puntano Sosa Loyola reseñó el proyecto y sus finalidades caracterizándolo como un “... paso gigantesco en pro de la enseñanza industrial y técnica para la capacitación de los obreros argentinos”. El senador Lorenzo Soler sumó su apoyo entusiasta y elogió la creación como “...una de las ideas más geniales que pudo haber tenido nuestro presidente...”; por esto propuso que la ley se denomine ley Perón en homenaje a su creador. Por intervención del jujeño Miguel Tanco se realizaron algunas aclaraciones formales sobre los estudios requeridos para ingresas a primer año que, en realidad, poco tenían que ver con el tema tratado. El senador Amelotti, tras expresar su apoyo, introdujo en el debate la única nota que podría haber suscitado una discusión relativamente sustancial. Sus preocupaciones se centraron en la obligación de los ingresantes de comprobar su condición de obreros; podía ocurrir que aunque tuvieran la preparación suficiente, no estuvieran prestando servicios en ninguna fábrica; su inquietud fue soslayada. Era de suponer que el joven que había cursado estudios en las escuelas industriales “...es un obrero, porque en ellas se hace trabajo de obrero...” respondió Soler evasivamente. No obstante la exigencia era imprescindible para evitar la formación de “...obreros puramente intelectuales...” subrayaba el legislador Ramón Martínez. El incipiente debate se diluyó pronto y el despacho fue aprobado sin observaciones. El 17 de junio el proyecto de ley, incluido entre las sanciones en revisión provenientes del Senado, pasó a las Comisiones de Instrucción Pública, Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación.6 El 21 de julio la Comisión de Instrucción Pública comunicó haber producido anteproyecto de despacho y ese mismo día el diputado Visca propuso que la Cámara se constituyera en comisión para estudiar la propuesta con la mayor urgencia. Las objeciones de Dellepiane y Nerio Rojas, diputados del bloque minoritario, centradas en la superficialidad del análisis del proyecto efectuado por la Comisión de Instrucción Pública y en la inexistencia de despacho de la otra comisión, dieron lugar a una discusión tan ardua como estéril sobre los métodos de trabajo del bloque oficialista, la condescendiente unanimidad del Senado y la actitud obstaculizadora de la oposición. La disputa fue matizada con risas, aplausos, alegorías zoológicas7 y acotaciones irónicas intercambiadas por Nerio Rojas, Del Carril y Bustos Fierro. Finalmente la superioridad del oficialismo se impuso y la Cámara consideró el proyecto constituida en comisión. Abrió el debate el diputado Ayala López Torres con una prolongada disertación en la que expuso las modalidades de la enseñanza técnica en el país, reseñó las características del primer ciclo de aprendizaje creado por la ley 12921/46 y se extendió en el análisis de las siguientes etapas, reiterando los fundamentos expuestos por el Ejecutivo. Luego detalló ampliamente la obra realizada por la CNAOP, bajo la dirección del teniente coronel Juan F. Castro. Después comenzó la discusión del proyecto. Los debates previos a la votación en particular y en general fueron verdaderamente intensos. Discursos pródigos en citas históricas, consideraciones pedagógicas, erudición, mordacidad e incluso falta de originalidad, se cruzaron en una urdimbre cuya complejidad era más aparente que real. Una lectura cuidadosa del Diario de Sesiones pronto perfila las dos concepciones políticas enfrentadas y representadas en el Congreso durante los primeros años del gobierno peronista. Los diputados de la oposición que hicieron uso de la palabra para objetar la iniciativa fueron numerosos; se destacaron las intervenciones de Nerio Rojas, Dellepiane, Sobral, Absalón Rojas, Yadarola, Monjardín, Del Mazo, Dávila y Pérez Martín. El diputado conservador Reynaldo Pastor apoyó el proyecto pese a las imperfecciones detectadas. La bancada oficialista expresó su adhesión a través de los diputados Guardo, Lasciar, Bustos Fierro, Garay, Filippo, Montiel y Díaz, entre otros. El capítulo segundo, referido a la Universidad Obrera, monopolizó el debate. Los argumentos de la oposición estuvieron focalizados en algunos aspectos significativos. Sostenían que la medida atentaba contra el propósito unitario que debía guiar el sistema educativo nacional al dejar al margen escuelas que dependían de otros organismos. Se producía una evidente contradicción con los objetivos de unificación de la enseñanza técnica propuestos en el primer plan quinquenal. Esta ley acentuaba la dispersión al crear una estructura dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión que “... solo reconoce los sindicatos oficializados.” (Dellepiane, Diputados, III, 1948, p.1983) Otro de los asuntos que acometió la bancada de la U.C.R. fue la implicada en el artículo 3º. Sus dos incisos fueron objeto de severos cuestionamientos. El primero referido a la necesidad de comprobar la condición de obrero para ingresar a cualquiera de estos ciclo, llevo a la oposición a dictaminar que la Universidad Obrera era una universidad de clase y, por ende, antidemocrática, destinada a mantener la división de clases o a “...seducir con ilusiones demagógicas a una de las clases.” (Rojas, N. Diputados, 1948, III, p. 2229) El inciso b) del mismo artículo, referido a la presentación de un certificado de buena conducta, consagración al trabajo y respeto por las leyes, generó también numerosos alegatos en su contra. ¿Cómo comprobarían buena conducta aquellos aspirantes que no fueran gratos al gobierno? se preguntaba Dellepiane (Diputados, 1948, III, p. 1983). Además el requisito fue considerado como una exigencia carente de carácter pedagógico, impuesta con una “...finalidad eminentemente política y extorsiva”. (Monjardín, Diputados, 1948, IV, p. 2926) También el conservador Pastor se manifestó en su contra aunque más laxamente (Diputados, 1948, IV, p.2940). Estas cuestiones derivaron hacia otra sustancial: la Universidad Obrera Nacional carecía de fundamentos por múltiples razones. Una de ellas se asentaba en la convicción de que la universidad argentina debía ser única y estar abierta a toda la sociedad. 8 La implementación de dos tipos de vida educativa, “... una de cultura general para unos y otra de cultura insuficiente o nula para los demás...” era una verdadera aberración social (Del Mazo. Diputados, III, p.2076) Si la universidad cerraba sus puertas a las clases humildes, la solución la solución profunda y real del problema era revisar la política universitaria y educativa, nunca crear un organismo cuyas funciones podían ser cumplidas por la universidad tradicional; “...bastaría con crear en las distintas facultades del país los aspectos técnicos que a ellas les faltan y que no fuera coartada la posibilidad (de ingreso) para ningún trabajador...” (Dellepiane, Diputados, III, p.1948) Los diputados de la oposición consideraron además que la erección de la U.O.N. entrañaba otro riesgo. Esta institución tendría una orientación fragmentaria; la enseñanza impartida en ella sería incompleta y “...sus egresados carecerían de cultura básica y general...” (Rojas, N. Diputados, 1948, III, p. 2234) El exceso de tecnicismo mutilaría la cosmovisión del hombre sostuvieron Yadarola, Del Mazo y caso todos los legisladores de la minoría. “No es posible que salgan técnicos sin preocupaciones intelectuales o morales...” aducía N. Rojas recurriendo a Ortega y Gasset para fortalecer sus aseveraciones ( Diputados, 1948, III, p.2236) Aún pudo deducir el diputado Sobral una consecuencia más extrema que luego profundizaría Del Mazo. La U.O.N. era una institución clasista al servicio del sistema capitalista porque ponía vigoroso acento en el sentido utilitario y productivo de la enseñanza. Así, este proyecto en vez de servir a la liberación del hombre lo ponía “...en esclavitud y lo perfecciona(ba) en ella al servicio de la ley. (Sobral, Diputados, 1948, III, 1999). También las consecuencias del maquinismo preocuparon al diputado Pastor y sobre todo, las consecuencias que podía suscitar en el país; concretamente, “...la alucinación de la masa agricultora nacional.” (Diputados, 1948, III, p.2219) El nombre de la universidad cuya creación se proyectaba promovió nuevas controversias. La oposición presentó por medio de Absalón Rojas (Diputados, 1948, IV, p. 2933) la moción concreta de que su denominación fuera sustituida por la de Escuela Técnica Superior. Pastor propuso Escuela Técnica del Trabajo Argentino (Diputados, 1948, III, p. 2218) por entender que el otro nombre era Aquél había sido, por otra parte, el propósito manifiesto por la ley universitaria Nº 13031/47. ostentoso y simbolizaba la lucha de clases. Del Mazo primero y Yadarola después fundamentaron la posición de la minoría sobre este tema analizando el concepto clásico de universidad; la definieron como un centro destinado a la formación integral del hombre y llegaron a la conclusión de que esta institución no podía llamarse universidad por su orientación unilateral hacia la técnica. La Universidad Obrera “...no es obrera ni es universidad. No es obrera porque es vanidosa como una creación oligárquica y no es universidad porque le falta el sentido de la universalidad, de ecumenidad, de totalidad, que es característico y esencial a toda universidad.” (Rojas,A. Diputados, 1948, IV, p. 2931) ¿Cómo defendió el proyecto la bancada oficialista?. El fundamento de los peronistas fue el conjunto de beneficios sociales y económicos que acarrearía su aprobación y la necesidad de actuar con sentido realista frente a problemas largamente postergados. Básicamente se señalaron dos facetas positivas. La formación de una conciencia técnica nacional a la que la Universidad Obrera contribuiría como elemento imprescindible para “...poder contar en el cumplimiento del Plan Quinquenal (...) con obreros argentinos perfectamente capaces...” (De la Torre, Diputados, III, p. 2231) En segundo término se consideró que el proyecto venía a cubrir “...la ausencia de derecho social en nuestra constitución...” (Bustos Fierro, Diputados, 1948, III, p. 2206) y otorgaba a la clase proletaria aquello que le había sido secularmente negado: el acceso al mundo de la técnica, de la ciencia y la cultura. En ese sentido, “... la Universidad Obrera como continuación de la enseñanza de oficios, abre para todos los hogares argentinos el camino de la superación...” (Guardo, Diputados, 1948,III, p. 1990) Merece especial atención la intervención del diputado Bustos Fierro que sumó algunos aspectos originales a la fundamentación del proyecto e intentó refutar las observaciones de la oposición. Respecto de la atomización del sistema educativo que esta creación produciría, Bustos Fierro afirmo que la U.O.N. no era una diversificación conceptual sino tan sólo física que simplemente “...salvaba el tránsito necesario hasta que algún día podamos tener una sola clase social: la clase social de argentinos bien educados.” (Diputados, 1949, III, p.2210) Con su oratoria brillante y aguda el legislador cordobés complemento los conceptos del diputado Lasciar que en la sesión anterior se había esforzado por demostrar que no existía divorcio alguno entre formación técnica y formación cultural afirmando que la Universidad Obrera estaría “...nutrida de espíritu de técnica y de cultura...” (Diputados, 1949, III, p.2209). Aunque compartía las inquietudes de la minoría sobre la elaboración de un programa pedagógico integral y articulado, Bustos Fierro defendió este proyecto fundado en las urgencias del país. La necesidad de atender estas exigencias de la vida nacional, subordinando los medios a los fines, fue en definitiva, el argumento más sólido para justificar la creación de la U.O.N. La medida fue vista por los legisladores peronistas como un instrumento para la redención social de la clase obrera y la concreción de los proyectos económicos. Respecto de las críticas que recibió el nombre de este tercer ciclo, los diputados oficialistas no mostraron gran capacidad de reacción. Montiel afirmó que se le daba el nombre de Obrera porque “...algún nombre hay que darle” (Diputados, 1948, III, p.2217) y Filippo adujo que los argentinos “...estaban hartos de vivir de palabras; queremos vivir la realidad”, y ella exige “...nuevos nombres” Asumió finalmente que la Universidad Obrera “...será una universidad de clase proletaria que, como la universidad de clase media y alta, no estará cerrada para ninguna clase social.” (1948,IV, p. 2933¬2934). Pese al intento de los radicales por prolongar el análisis del proyecto, en la sesión del 30 de julio la mayoría impuso su decisión de actuar con presteza e iniciar la votación en particular. Era esta la metodología que, según los diputados opositores condujo a la improvisación y al tratamiento superficial de muchas iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, el debate parlamentario descubre algunos aspectos relevantes que conviene resumir. El bloque minoritario apareció como un conjunto homogéneo cuyos argumentos no se ofrecieron vacíos de contenido y fundamentos. En el grupo se destacaron las intervenciones tan sagaces como oportunas de Del Mazo y Sobral, legisladores con sólida experiencia y un profundo conocimiento del tema educacional. Sus discursos fueron el basamento sobre el que se estructuró la posición de los radicales. Aunque el tema fue también esporádico canal a través del cual se censuró la política oficial, tenemos la impresión de que el bloque de los 44 expresó un genuino interés por resolver con acierto un tema que le preocupaba y cuya importancia advertía. La intervención de los legisladores peronistas se limitó al intento de desarticular los embates de la oposición. No siempre lo lograron. Bustos Fierro fue el pilar ideológico del grupo aunque enfrentó las críticas de la oposición con razones que sólo en forma ocasional, referían a lo estrictamente educativo. El aporte de los diputados–sindicalistas fue fervoroso; la simpleza de sus argumentos no les restó fecundidad por cuanto introdujeron una cuota de realismo aunque evidenciaron una gran falta de preparación para enfrentar debates de fondo. El 19 de agosto de 1948 quedó sancionado, sin modificaciones, el proyecto de ley; mediaron entre su presentación y aprobación poco más de tres meses. Las cámaras habían procedido con celeridad; faltaba ahora instrumentar los medios para que la iniciativa se pusiera concretamente en marcha. Durante todo el mes de julio del 48, el diario La Prensa 9 había venido detallando a sus lectores la actuación del Congreso respecto de la creación de la U.O.N., a la que con frecuencia se denominó Universidad Popular. Los debates parlamentarios fueron reproducidos textualmente y en casi toda su extensión, sin introducir en la información ningún comentario crítico. Sin embargo, en notas editoriales contemporáneas se difundían las conclusiones del Congreso Mundial de Universidades en Utrech, en un tono francamente adverso a la política cultural y educativa del gobierno. El mismo día de la promulgación de la ley 13229, la nota editorial de La Prensa llevó el siguiente título: Técnica y cultura en las Universidades.11 Se señaló en aquel espacio la disparidad de criterios en materia educativa como resultados de la inconveniente ingerencia del Ejecutivo en la conducción de la enseñanza pública, relegando a los organismos específicos. En directa alusión a la Universidad Obrera, advirtió el peligro de la preparación de profesionales sin una completa formación cultural y adhirió a la orientación sostenida por los diputados de la minoría en nombre de “...los espíritus libres, amantes del progreso general de la humanidad.” 2.2. Organización de la Universidad Obrera El artículo 18 de la ley 13229/48 fijaba un plazo de noventa días a partir de la promulgación de la ley para que el Poder Ejecutivo organizara el funcionamiento de la Universidad Obrera. No obstante, esto recién se concretaría cuatro años más tarde, cuando el 7 de octubre de 1952 fue reglamentada dicha ley. Esa fecha se fijó como la de la fundación por resolución de Rectorado del 23 de enero de 1953.12 Los problemas económicos y políticos que ocuparon prioritariamente la atención del gobierno entre 1949 y 1952 no constituyen razón suficiente para explicar la dilación. Tal vez, el motivo del retraso fuera más simple. Esta institución había sido concebida como la culminación de un ciclo organizado en tres etapas, la primera puesta en marcha en 1944 y las dos últimas en 1948. Si consideramos que los cursos de perfeccionamiento técnico duraban cuatro años, una sencilla operación matemática permite comprender que hasta 1952 no fue necesario implementar el ciclo superior. Recién ese año egresarían los técnicos de fábrica que conformaban la clientela estudiantil de la nueva universidad. El año 1952 marcó nuevos rumbos y señaló una serie de acontecimientos significativos: el inicio del segundo gobierno peronista y la muerte de Evita. El Segundo Plan Quinquenal abrió nuevas perspectivas al desarrollo argentino y se insinuó una política económica y social más liberal; la oposición fue dominada y controlada. El 7 de octubre de 1952 el presidente aprobó por decreto 8014 el reglamento de organización y funcionamiento de la U.O.N.,13 “...trascendental creación de la Revolución Justicialista.” En los considerandos se exponía que la institución coronaba una larga serie de conquistas destinadas a asegurar condiciones dignas a los trabajadores. Al hacer accesibles al pueblo los instrumentos de la cultura y el saber, contribuía a operar un cambio en la sociedad; la transformaba en una estructura de trabajadores organizados que se distinguía por su elevada cultura social. Se expresaba así una de las ideas que Perón perseguía casi obsesivamente, la de la comunidad organizada. En diecisiete artículos el reglamento organizó los diversos aspectos inherentes al funcionamiento de la universidad. Dependiente de la CNAOP, la Universidad Obrera estaba constituida por Facultades Regionales. Su gobierno era ejercido por un Rector nombrado por el Poder Ejecutivo, por tres años con posibilidad de reelección. Se exigía a este funcionario ser argentino, obrero, egresado de la Escuela Sindical dependiente de la C.G.T.; sus atribuciones fueron enumeradas a lo largo de diecinueve artículos y, aunque son amplias en su variedad, en general subordinan las cuestiones sustanciales a la decisión final de la CNAOP. Junto al rector actuaban un vicerrector, un secretario, un prosecretario y un contador habilitado a los que no se exigía condición de obrero pero sí título profesional habilitante, idoneidad y experiencia técnico-educativa en el caso de los dos primeros; sólo la ciudadanía argentina a los últimos. Entre las más importantes atribuciones del vicerrector, también nombrado por el Presidente de la Nación, figuraba la elaboración de anteproyectos sobre planes y programas de estudios y normas sobre exámenes. Secretario y prosecretario de la universidad, nombrados por el rector, asumían la responsabilidad de redactar toda la documentación interna, llevar el archivo de la misma, prepara el registro de personal y cuanta función les encomiende el rector. El contador cumplía funciones específicas, propias de su profesión, cuidadosamente consignadas en el documento. El Consejo Asesor de Coordinación Industrial era el nexo entre la universidad y la estructura productiva. Presidido por el Rector estaba integrado por representantes de la industria y de los obreros, designados por la CNAOP en número de dos por cada especialidad correspondiente a los cursos que se dicten. Cumplía funciones de asesoramiento respecto de la enseñanza y de la creación de nuevas orientaciones. El gobierno de cada Facultad Regional era ejercido por un Decano designado por el Poder Ejecutivo, al que se exigían los mismos requisitos que al Rector. Con atribuciones también similares, pero en el ámbito limitado de cada facultad, el decano dependía estrechamente del rector y de la CNAOP. La enseñanza técnico- profesional quedaba a cargo del secretario de la Facultad, designado pro el Presidente de la Nación, con título profesional, experiencia e idoneidad habilitantes para ejercer con eficacia tareas tan importantes como “...la vigilancia de la enseñanza y la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de la facultad.” Intervenía además en la preparación de planes y programas de estudio y coordinaba el funcionamiento de las distintas cátedras. El capítulo XI refería a la enseñanza, basada en la exposición teórica de las asignaturas y la correlativa aplicación práctica de las mismas. La Comisión Nacional aprobaba planes, programas e instrucciones generales; incluso el comienzo y duración de las clases aunque cada facultad reglamentaba el horario. El ciclo lectivo era repartido en tres trimestres y al cabo de cada uno los alumnos rendían un examen teórico-práctico. Las notas obtenidas, en escala de 0 á 5, se promediaban con la correspondiente al examen final que debía rendirse sin excepción para conformar la calificación definitiva en la materia. Los exámenes podían darse solamente después de haber aprobado el curso teórico-práctico, en marzo o diciembre. El título obtenido al aprobar la totalidad de las asignaturas era Ingeniero de fábrica en la especialidad correspondiente. El personal docente del establecimiento podía tener categoría de titular, extraordinario, honorario o adjunto. La CNAOP designaba los adjuntos previo concurso ante el Decano; contrataba a los extraordinarios y concedía título de profesor honorario. Los titulares eran designados por el Poder Ejecutivo, de una terna integrada, previo concurso de méritos, antecedentes y títulos ante el Decano. Los deberes de los profesores estaban detallados en diez ítems cuyo espíritu coincide con los propósitos manifiestos a escala nacional. Junto al correcto cumplimiento de sus tareas, se proponen al docente como fines primordiales de su labor “...completar la formación y el desarrollo de la personalidad y el carácter de los estudiantes, preparando ciudadanos justos, prudentes y virtuosos e inculcar a los alumnos el concepto de que el trabajo constituye una función social (...) Exaltar en los alumnos el concepto del propio valer como elemento eficaz de la grandeza nacional, educar su capacidad productiva encaminándola al beneficio de la colectividad y desarrollar la noción e importancia del ahorro.” La actuación docente, como la de todo el personal de la Universidad, era anualmente conceptuada y constituían causa de cesantía la obtención reiterada de conceptos insuficiente o regular y el exceso de inasistencias injustificadas. Sobre los alumnos, la norma es clara respecto de la exclusiva condición de regular y de los requisitos para el ingreso, según lo establecido por la ley 13229 de creación de la universidad. Se aplicaba a los estudiantes un régimen de asistencia obligatoria a clases y a los actos de la universidad. La inconducta se sancionaba con suspensiones o con la expulsión, de acuerdo con la falta cometida. Reglamentado su funcionamiento la UON intentaba brindar respuestas adecuadas a los requerimientos sociales y económicos de la Nación. Se distinguía de la universidad tradicional por sus fines, su régimen de estudios y su íntima vinculación con el medio en que se desempeñarían sus egresados. De acuerdo con sus propósitos manifiestos la institución impartía estudios superiores técnicos a alumnos que trabajaran, por esto el horario de clases era vespertino y la modalidad teórico-práctica. Finalmente la representación de industriales y obreros pretendía asegurar el contacto con el medio. Así concebida la U.O.N. canalizó muchos aspectos de la ideología que inspiraba a su creador. Era expresión de los anhelos de Perón sobre la “Nación organizada”; constituía una exaltación del trabajo y de su función social y educativa. Reafirmaba la convicción del conductor de que existe una sola clase de hombres, los que trabajan, y constituía un intento firme por poner a su disposición la ciencia y la cultura. En el plano estrictamente educacional podría haber supuesto un replanteo de tradiciones y políticas si esta acción renovadora se hubiera proyectado desprovista de todo matiz político sobre el conjunto de la enseñanza técnica. Sin embargo, la creación de un sistema fuertemente diferenciado del que ya existía, constituyó una parcelación de la realidad educativa y, obviamente esto también acotó su trascendencia. 2.3. El funcionamiento hasta 1953 El 17 de marzo de 1953 la Universidad Obrera abrió sus puertas. Su sede central y también la Facultad Regional Buenos Aires, se hallaban en el amplio edificio de la calle Medrano al 951, que compartían con la Dirección General de Enseñanza Técnica. Las fotografias que reproduce la Revista de la Universidad Obrera 15 permiten descubrir espacios cómodos, aulas y laboratorios generosamente equipados, una amplio salón de actos y otros detalles reveladores. En el hall, los bustos de Perón y su esposa, algunas esculturas y, por doquier, leyendas murales breves que testimoniaban el agradecimiento de los obreros argentinos o transcribían frases del conductor. La Universidad pretendía ofrecer la imagen de una nueva realidad del justicialismo que el 14 Ibid. p. 651. 15 ARGENTINA. Ministerio de Educación de la Nación. Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Revista de la Universidad Obrera Nacional. Bs.As., 1953-1955, Nº 13. (En adelante: Revista de la UNO) 16 Dentro de la austeridad impuesta por el 2º Plan Quinquenal, los gastos totales de equipamiento de los establecimientos así como los de carácter asistencial para los alumnos, insumieron $18.455.987. En el mismo período la Dirección de Arquitectura del ministerio de Educación realizó 4800 reparaciones y 198 obras por valor de $ 4.287.831,52. (Presidencia de la Nación, Subsecretaría de informaciones, Reseña General de Actividades, 1953, vol. II, p.79 y p. 90.) gobierno propugnaba. La tutelar indicación del Presidente orientó su marcha y fue evidente en la gestión de su primer y único rector durante el peronismo. Cecilio Conditi, dirigente sindical, egresado de la Escuela Sindical de la C.G.T., simbolizó en el rectorado el nuevo concepto de universidad abierta al pueblo que sustentaba el oficialismo. Su vehemente adhesión a Perón fue el rasgo que definió su actuación en los claustros universitarios; expresar esa adhesión permanentemente parece haber sido su función más importante. El acto de inauguración del primer ciclo lectivo contó con la asistencia del Gral. Perón, profesor honorario del establecimiento, y adquirió los matices propios de un gran acontecimiento nacional. Tras el Himno y el minuto de silencio en homenaje a Evita, sucedió el discurso del Rector Conditi, dedicado con exclusividad al encomio de la obra peronista y a la evocación de la figura de la esposa del Presidente. La institución puesta bajo su dirección fue caracterizada como “...el corolario magnífico de una obra que no admite paralelo en todo el mundo”. 18 Más tarde, en una clase magistral ofrecida al auditorio, el Gral. Perón retomó sus concepciones acerca de la cultura, la ciencia, la instrucción industrial y la virtud ciudadana y rememoró sus “sueños” como Secretario de Previsión sobre la elevación cultural del pueblo. Esta universidad concretaba aquellos ideales; preparaba técnicos y a la vez, formaría los virtuosos ciudadanos de la Nueva Argentina. Tras ubicar a la universidad Obrera como una respuesta a las necesidades de la industria, Perón definió sus características diciendo: “No queremos universidades para formar charlatanes y generalizadores. No queremos escuelas para formar hombres que les digan a los demás cómo hay que hacer las cosas sino hombres que sepan hacer por sí las cosas (...) y para esto hay que tener manos de trabajador y vivir con olor a aceite de las máquinas”. 19 Al mismo tiempo que estos actos iniciaban los cursos en la Capital Federal, inauguraban el primer ciclo lectivo las Facultades Regionales de Santa Fe, Rosario y Córdoba; unos meses más tarde, el 16 de junio de 1953, lo hacía la de Mendoza. Su creación había sido prevista por la ley 13229/48 y se incluyó en el Segundo Plan Quinquenal. 20 Posteriormente se crearon las de Bahía Blanca (28/1/54), La Plata (28/154), Tucumán (28/1/54) y Avellaneda (31/3/55).