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Por qué la Cámara Federal sostuvo el absurdo fallo de que a Nisman lo asesinaron Qué falta de respeto, qué atropello a la razón Era el paso que faltaba para ir por los funcionarios del gobierno kirchnerista: no hay ni idea de quién podría ser el autor material del supuesto “asesinato”, entonces se persigue a los autores “intelectuales”. Por Raúl Kollmann La Cámara Federal sostuvo el viernes que a Alberto Nisman lo asesinaron y que el motivo fue la denuncia del fiscal contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por haber firmado el Memorándum con Irán. La conclusión de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia no surge de ninguna prueba concreta sino de dos deducciones, ambas insólitas. Como no se sabe quién cometió el supuesto homicidio y nadie vió entrar ni salir a nadie, los magistrados concluyen que fue una operación muy compleja. Para sostener eso hay que creer que fue obra de un sofisticado complot que “necesariamente” tuvo que tener como protagonista al gobierno anterior. La segunda deducción es que como además Nisman denunció a CFK, Héctor Timerman y otros el 14 de enero, el crimen del 18 de enero no pudo tener otra motivación que esa denuncia. Lo mataron para silenciarlo. A partir de esas elucubraciones y sin evidencias, la Cámara Federal le ordenó ahora al fiscal Eduardo Taiano y al juez Julián Ercolini que avancen en la investigación, poniendo el acento en los ex funcionarios kirchneristas. Conviene La realidad es que será imposible avanzar en el hecho mismo, ya que las pericias más serias indican que Nisman se disparó a sí mismo. La hipótesis contraria, la que le sirve al aparato político, sólo fue sostenida por la Gendarmería, bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Todo indica que en la causa no se va a buscar a los supuestos autores materiales del crimen porque no existen y apuntarán entonces a buscar los autores intelectuales. Estos últimos ya están decididos de antemano: funcionarios kirchneristas. Irurzún-Bruglia, dos jueces alineados con el oficialismo La no-búsqueda de los asesinos tiene como objetivo dejar el cuadro deseado: dejar instalada la sospecha sobre la actuación de un comando iraní-venezolano-kirchnerista (de acuerdo a la versión lanzada en su momento por Elisa Carrió). Todo a partir de deducciones y sin ninguna prueba. La conclusión es la siguiente: en el aparato judicial-político-mediático de Comodoro Py no buscan autores materiales. La actual es la situación que les conviene. Chances Cualquiera se preguntaría cómo se hace en una causa judicial para avanzar sobre un autor intelectual si no hay indicios del autor material. La respuesta es que manejarán las cosas como hasta ahora, a partir de un fiscal, un juez, camaristas y hasta la Casación, alineados con la Casa Rosada. Es asombroso lo ocurrido. Establecieron que hubo un homicidio sin tener los mínimos elementos: No saben quién fué. No tienen ni siquiera un testimonio de alguien que haya visto a una persona sospechosa o que haya aportado un mínimo testimonio relacionado con la muerte en sí misma. No hay ni siquiera un dato de cómo los supuestos homicidas -tres según cree la Gendarmería- entraron al edificio Le Parc y luego al departamento. La fuerza verde tampoco aporta ningún elemento en esa materia. Contra lo que se dice, la mayor parte de las cámaras funcionaban, pero además nadie vio el ingreso de alguien extraño. No hay rastros de ninguna resistencia de Nisman. Le pegaron un tiro en la sien y él no reaccionó. Disimuladamente el juez Ercolini desechó la insólita hipótesis de que le dieron ketamina, pero tanto el magistrado como los camaristas vuelven a hablar de una paliza, algo desmentido por el Cuerpo Médico Forense. En todo caso fue una paliza muy prolija: no quedó desorden ni en el departamento ni en el baño, no se cayó una gota de sangre. El departamento terminó cerrado por dentro, tanto en la puerta principal como en la de servicio. La única explicación posible es que los asesinos tuvieron llave, pero sobre eso no hay ninguna prueba. No existe ni una sola huella digital extraña en el departamento, no hay un pelo y tampoco los supuestos criminales dejaron caer una sola gota de sangre fuera del baño, pese a las salpicaduras del disparo. El baño se encontró prácticamente cerrado porque la cabeza de Nisman obstruyó la puerta. Esto está testificado por la madre del fiscal. También Sara Garfunkel, que fue la primera que llegó, dijo que nadie entró al baño. El fiscal, el juez y los camaristas dan a entender que se arregló la escena pero no aportan ninguna evidencia. Es más, hay un dictamen firmado por peritos de la familia Nisman que dice que la escena no fue alterada. Contra lo que trataron de instalar, la pericia sobre las manos de Nisman de ninguna manera establece que no disparó. Más bien lo contrario: “se encontraron residuos consistentes con disparos de arma de fuego”, es el textual. Por lo tanto, no se avanzará en determinar los autores materiales, en primer lugar, porque no existen y también porque el status actual le conviene a la única sede de Cambiemos que en estos dos años y medio funcionó como un relojito: Comodoro Py. Ofensiva Sin tener autores materiales ni evidencias sobre autores materiales, igual el fiscal, el juez y los camaristas afirman que hubo un gigantesco complota y que se debe avanzar sobre los autores intelectuales, es decir el kirchnerismo. La forma de hacerlo es la que dibujó la Cámara el viernes: hay demasiadas llamadas telefónicas el sábado y el domingo, fin de semana de la muerte de Nisman. Según ellos, esa es la prueba clave. Página/12 hizo un resumen muy preciso sobre esas llamadas a partir de la enumeración que hizo Ercolini a lo largo de 77 fojas. Nisman-Stiuso Tres llamadas, dos el sábado y una el domingo. Todo indica que Jaime Stiuso, ex jefe de la SIDE y aliado del fiscal, le había prometido material para la denuncia contra CFK. Stiuso, pese a estar en guerra con el kirchnerismo, se hizo el distraído. No atendió. Dijo que tenía el celular en vibrador y no escuchó las llamadas. Para hablar con su hombre de confianza, Alberto Mazzino, otro ex SIDE, Stiuso sí tuvo el celular dispuesto: intercambiaron 13 llamadas. Ahí no hay complot posible. Pocino-Milani Durante el fin de semana hubo dos llamadas de Fernando Pocino, el jefe de Reunión de Información de la ex SIDE, allegado al kirchnerismo, con César Milani, jefe del Ejército. El día anterior, jueves 15, robaron un misil de la unidad de Arana, en las afueras de La Plata. El Tow 2 capaz de perforar cualquier blindaje provocó una búsqueda en la que participó la ex SIDE por orden del juez platense Laureano Duran. La hipótesis era que el misil podría ser usado no sólo para robar un blindado sino también para un atentado, lo que motivó un comunicado de preocupación de la DAIA. En Comodoro Py no faltan quienes quieren usar las comunicaciones entre Pocino y Milani como evidencia de que se armó una zona liberada en Puerto Madero. Ambos ex funcionarios exhibirían una estupidez sin límites ya que usaron los celulares a su propio nombre (en el caso de Pocino, el celular estaba, desde hacía mucho, a nombre de su esposa, Silvia Tomalini) para armar un complot destinado a matar a un fiscal. Pocino-Matzkin El mismo criterio puede usarse respecto de las llamadas entre Pocino y Hugo Matzkin, jefe de la Bonaerense. Durante aquel fin de semana no sólo estaba el robo del misil, sino que se jugaba la Copa de Verano en Mar del Plata. El sábado, Boca-Racing y el domingo River-Estudiantes de La Plata. La información que circulaba era que iba a haber enfrentamientos entre las hinchadas y estaba la sospecha de que podrían “tirarle un muerto” a Daniel Scioli, candidato presidencial. Nuevamente, Pocino y Matzkin usaron sus teléfonos oficiales en las cinco llamadas que se cruzaron. En caso de complot, personas tan expertas hubieran usado lo que se conoce en el argot como mochos, es decir celulares difíciles de identificar porque su origen es incierto. Stornelli-Matzkin-Pocino Curiosamente, el juez no tuvo espacio en las 77 páginas de mencionar las llamadas entre el fiscal federal Carlos Stornelli y Pocino, por un lado y de Stornelli con Matzkin por el otro. Como se sabe, Stornelli es un fiscal muy cercano al macrismo y fue secretario de seguridad de Boca cuando el actual presidente era el titular xeneise. Stornelli habló primero con ambos funcionarios porque detuvieron a un amigo de su hijo en Pinamar. El joven tuvo una pelea a la salida de un boliche. Además, Stornelli y Pocino fueron compañeros en la Facultad de Derecho y solían hablar en forma permanente –según declaró en la causa el fiscal–, por lo que hablaron también de Nisman.Como es obvio, éstas llamadas no podrían ser parte de ningún complot. Mena-Pocino El número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, se comunicó seis veces con quien era el encargado de reunir información. Un punto central del diálogo entre Mena y Pocino fue que esa mañana el diario La Nación puso que uno de los principales denunciados por Nisman era un supuesto agente de la SIDE llamado Alan Bogado. Todo se probó falso. Mena y su principal subordinado, Pocino, hablaron además de los otros temas: el robo del misil, los barras de Boca y River y, por supuesto la denuncia de Nisman. Nuevamente, tanto Mena como Pocino usaron sus propios celulares oficiales, con los que se comunicaron siempre, antes y después de la muerte de Nisman. Mazzino-Pocino Durante todo el fin de semana, hubo numerosas comunicaciones entre Mazzino, el hombre de Stiuso, y Fernando Pocino. El gobierno había echado a Stiuso y suponía que, como venganza, Stiuso armó o participó de la denuncia de Nisman por el Memorándum. Para toda la comunidad de la ex SIDE estaba claro que Mazzino respondía a Stiuso y Pocino a la Casa Rosada. Pero de uno y otro lado resolvieron mantener diálogo para ver qué información podía recoger cada uno. Todo indica que ese domingo se tantearon por lo de Alan Bogado y sobre todo por la denuncia de Nisman y la posible audiencia en el Congreso. Desde ya que nada podían tener que ver esas conversaciones con un plan respecto del fiscal: ambos estaban en bandos opuestos. Miño-Goncalvez Pereira Durante el domingo 18 de enero de 2015, el día de la muerte de Nisman, Luis Miño era uno de los dos custodios del fiscal. El otro era Armando Niz. Miño registra comunicación con Héctor Goncalvez Pereira, dueño de una pequeña agencia de vigilancia, en la que Luis Miño y su hermano Carlos prestaban servicios. La versión es que Goncalvez Pereira tenía clientes por influencia de Stiuso y que era un aportante de información para el ex SIDE. Es decir que si Miño era parte de un supuesto complot –una especulación descabellada– su principal relación era más bien con Stiuso. Como se ve, se pretende armar un complot incomprobable a partir de ese cruce de llamadas. Es elucubrar desde la nada. El problema es que desde la nada han llegado hasta aquí, construyendo una historieta sin ningún tipo de evidencia o testimonio. Lo que domina en el caso de la muerte de Nisman es la politica. Elucubran la existencia de un comando y un complot con un doble objetivo. Internacionalmente, acusar a Irán, en sintonía con las derechas de Estados Unidos e Israel. Localmente, seguir echándole culpas al kirchnerismo. [email protected] /12.com.ar

LA RULETA DE LA JUSTICIA Gloria y olor en los cuadernos que se hicieron humo Si todo lo que se ha publicado fuera cierto, las revelaciones sobre la recaudación de fondos de empresas por el ex secretario de Obras Públicas Roberto Baratta en vísperas de los comicios de 2013 y 2015, y los aportes falsos a la campaña de Maurizio Macrì y María Eugenia Vidal en las elecciones de 2015 y 2017, formarían los dos lados de una misma moneda. El circuito cerraría así a la perfección: los hombres de negocios entregan el dinero a los operadores del gobierno, que lo usan para las costosas campañas electorales y lo justifican con aportes falsos de personas a quienes se roba la identidad. Con diferencias apreciables. La relación del personal judicial y del ministerio público fiscal con los respectivos políticos imputados es abiertamente hostil en el primer caso, complaciente y amistosa en el segundo. Detenidos sin pruebas en un caso, pruebas pero no detenciones en el otro. Ojalá pudiera decirse que en La Plata se respetan los derechos y garantías que se violan en la Capital Federal, pero no es así. Los debates sobre la corrupción no pueden independizarse de la reflexión sobre el rol de la justicia y de la necesidad de cortar el lazo entre empresas y campañas electorales, prohibiendo esos aportes en forma taxativa, así sea bancarizado. Dos lecturas contrapuestas Oscar Centeno Las interpretaciones en el caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno no pueden ser más discordantes. Para el gobierno nacional y sus voceros, prueban la corrupción generalizada en la obra pública durante las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Desde el kirchnerismo, se descalifican las notas del diario La Nación como una maniobra dirigida a intoxicar a la sociedad con versiones inverosímiles e incomprobables. Entre los detenidos hay funcionarios de los gobiernos kirchneristas, como Baratta, José María Olazagasti, Walter Fagyas, Enrique Llorens, y empresarios cuyos negocios crecieron durante esos años, como Gerardo Ferreyra de Electroingeniería, pero también hombres de estrecha confianza del presidente Maurizio Macrì, de su padre Franco y de su primo Angelo Calcaterra, como Javier Sánchez Caballero; otros con antiguo desempeño en el club de la obra pública, como el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y también quienes hicieron negocios recientes con la familia presidencial, como Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán, como te conté el 4 de febrero en El Cohete en la nota “Tramparencia”. Aún no fue detenido ni procesado, pero sí allanado el principal enemigo de Macrì, Techint. Los Macrì vienen de Calabria, en el sur africano de Italia; los Rocca son de Milán, y el actual timonel, Paolo, es además un intelectual sofisticado, ex militante político marxista, estudioso de las Fuerzas Armadas. Pero además de estas contradicciones itálicas, cuando Macrì presidía la filial automotriz de FIAT en la Argentina, quería comprar barata la chapa para estampar los autos, que Techint le vendía carísima. Se detestan desde entonces. Pero el objetivo final es Cristina, acusada como jefa de una asociación ilícita, que sería el gobierno que integraron ella y su difunto esposo. Ni siquiera a la junta golpista de 1976 se le aplicó ese tipo penal, que tiene una ventaja enorme: la acusación no necesita probar los delitos concretos cometidos, porque le basta con el concierto previo para cometerlos. Nadie perdería la libertad por el hurto de un pasacasetes, pero el jefe de una asociación ilícita, cuya existencia define en forma dogmática el juez, puede pasar 10 años en prisión, con todas las inhabilitaciones concomitantes. En el caso de Videla, Massera y Agosti no era necesario, porque sobraban las pruebas materiales de sus crímenes. Esto permitió a los jueces respetar los derechos y garantías de los imputados. No ocurre lo mismo ahora, ni respecto de las evidencias necesarias para llegar a una condena ni acerca del respeto por las reglas del debido proceso y el derecho de defensa. Por lo que ha trascendido hasta ahora, no hay pruebas que involucren a Cristina en los presuntos delitos que habrían cometido otros. Apenas una anotación del chofer prodigioso: luego de la muerte de Néstor Kirchner la recolección de dinero se redujo y fue destinada al ministro Julio de Vido y a Baratta, pero, en 2013, ambos se reunieron con la presidente CFK, quien “los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, dice. Sobre una base tan endeble, se pidió autorización al Senado para allanar sus viviendas y despachos, fue citada a indagatoria para el 13 de agosto, dos días después del gran plenario de Unidad Ciudadana con participación de gran número de intendentes anunciado hace un mes, y se difundió que se prepara un nuevo pedido de desafuero, lo que presupone el propósito de detenerla. El mismo día, en un encuentro en SMATA promovido por Omar Plaini, Cristina se reunió con su titular Ricardo Pignanelli y con el camionero Hugo Moyano, quien dijo que estaban en un proceso de unidad, luego de un alejamiento de siete años. Pignanelli, Plaini, Moyano, Cristina, Vanesa Silley, Mario Manrique Las anotaciones conocidas se refieren a dividendos, paquete, bolso, caja, casi nunca a billetes o dinero. Sin constatación de la existencia física del dinero, es dudoso que la causa pueda avanzar más allá del estruendo mediático, que parece ser el verdadero objetivo. Tampoco es fácil imaginar que la punición pueda ir más allá de Baratta y, eventualmente, De Vido. El interés del fiscal y del juez por estimar sumas astronómicas en dólares, deberá confrontarse con los registros contables de las empresas y la autorización de los superiores. De otro modo, habría sospechas de evasión, que las empresas difícilmente permitan avanzar. Otros aspectos llamativos son la ausencia de anotaciones de los primeros años del gobierno, cuando Kirchner mantenía amables negociaciones con el Grupo Clarín. Por lo que se ha visto, no hay tachaduras ni errores sino una tersa escritura de corrido que, se supone, este hombre hacía de noche, cuando terminaba de trabajar, incluyendo precisiones sobre paquetes accionarios que sólo se obtienen en los registros públicos, como en el caso de la mendocina IMPSA. Por último, los empresarios que contrataron con el Estado Nacional, ¿no tuvieron obras también con el gobierno de la Ciudad Autónoma en la misma época? ¿Tendrán algo que contar o nadie les va a preguntar al respecto? ¿A quién le importa la verdad? La opinión no informada oscila entre la indignación y la desconfianza, según cuál sea su toma previa de posición, lo cual configura el escenario clásico de la posverdad, donde lo que menos importan son los hechos. Mientras, los grandes medios dan por ciertas cada una de las anotaciones en los cuadernos que, además, no aparecerán. El fiscal y el juez trabajan sobre los escaneos entregados por La Nación. Quien se los entregó al periodista de ese diario, Diego Cabot, fue el remisero y sargento retirado de la Policía Federal Jorge José Bacigalupo, de 73 años, D.N.I. 4.519.826, un hombre difícil de encasillar. El sargento que guardó los cuadernos. Es un decidido defensor de sus camaradas detenidos por crímenes de lesa humanidad, a quienes considera presos políticos. Votó a Maurizio Macrì, pero ahora está desilusionado porque como presidente no reivindica lo que Bacigalupo sigue llamando lucha contra la subversión y no piensa votar su reelección. En cambio, simpatiza con María Eugenia Vidal y detesta a Elisa Carrió porque teme que rompa la Alianza Cambiemos. Su mayor recelo es el regreso del kirchnerismo y esa fue una de sus motivaciones para entregarle a su vecino Cabot los cuadernos que su amigo Centeno le dejó en custodia cuando el Doctor Glock detuvo por primera vez a Baratta en la causa por las compras de Gas Natural Licuado. También exige que se reponga el nombre del comisario Alberto Villar, creador de la Triple A, a la escuela de suboficiales y agentes de la policía. Forma parte de los grupos que defienden la clandestinidad del aborto, pero es muy crítico con el Papa Bergoglio por sus posiciones políticas y sociales y consume con avidez las informaciones sobre pedofilia eclesiástica, con las que chicanea a sus amigos “chupacirios”, como los llama. Considera vagos que no quieren trabajar a quienes integran los movimientos sociales, admira la campaña del desierto de Julio A. Roca y sus coroneles masacradores de indios y cree que harían falta otros así en la Patagonia para “enseñarles a los mapuches cuántos pares son tres botas”, una de sus expresiones favoritas. Villar y Roca, los ídolos de Bacigalupo. Ante las sospechas de una falsificación (por ejemplo, que esos modelos de cuaderno aún no se fabricaran en los años en que figuran las anotaciones de Centeno), es fundamental el peritaje no sólo de la caligrafía sino de la antigüedad de cada entrada, del papel y de la tinta, cosa imposible con una versión en bits y no en átomos, por decirlo con los términos de Nicholas Negroponte, el autor del libro pionero Being Digital. Cuando Baratta recuperó la libertad, Centeno, que seguía siendo su chofer, pidió a Bacigalupo la devolución de los cuadernos. En su primera declaración judicial dijo que no recordaba dónde los había guardado, pero luego negoció su inclusión en el programa de testigos e imputados protegidos y, ya como arrepentido, dijo que los había quemado. Luego de comprobar que esa prueba se perdió para siempre, Bonadío lo dejó en libertad, acaso aliviado. La credulidad no es el camino más corto hacia el conocimiento de los hechos y varios indicios apuntan hacia una operación programada, de uso intensivo por parte del gobierno nacional, lo cual no supone que cada elemento sea falso. Las fotografías de cada uno de los detenidos, esposados y bajo escolta de la Policía Federal, fueron publicadas por el portal hiperoficialista Infobae. La única novedad respecto de los procedimientos de los años anteriores es que a los detenidos esta semana no les encajaron cascos de acero ni chalecos blindados; ni se los obligó a posar descalzos y en pijama. El medio digital de Daniel Hadad reprodujo las fotos con el sello de su marca, pero sin consignar qué fotógrafo las tomó, lo cual sugiere que le fueron entregadas desde el Estado, pese al aspaviento que hizo la Corte Suprema de Justicia prometiendo que el episodio de Amado Boudou no se repetiría. La Nación también publicó imágenes selladas, pero con la firma de su fotógrafo, al que se permitió acompañar el momento en que los federales trasponían la puerta de calle en el domicilio de Baratta. Toma y daca. En 2016, el primer arrepentido, Leonardo Fariña, dijo que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner y que juntos “se robaron el Producto Bruto de un año”. Todas las obras nacionales adjudicadas a Báez apenas llegaron a los mil millones de pesos, a los que a lo sumo podría agregarse otro tanto por contrataciones provinciales y municipales. Nunca más de mil millones de dólares. Así no se hubiera construido ni un kilómetro de rutas, ni una usina eléctrica y esos mil millones de dólares hubieran pasado íntegros al patrimonio presidencial, habrían significado apenas un 0,2% del PIB, que es de 500.000 millones de dólares. Esto no implica minimizar la gravedad de los hechos en función del monto, pero mide la desmesura de las imágenes con que se bombardea a la población con tal de desacreditar a la gestión anterior y el desinterés de los grandes periodistas que lo entrevistaron, los columnistas que opinaron sobre sus palabras o los encumbrados políticos que sacaron de ellas conclusiones lapidarias sobre la política y la moral por analizar la verosimilitud de esos dichos. Lo mismo puede decirse ahora de la idea del chofer estacionado sobre la calle en espera de Baratta, abriendo bolsos para contar centenares de miles de dólares. El rompecabezas A cargo de la investigación están el periodista Diego Cabot, el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadío, quienes trabajaron en conjunto, lo cual acrecienta las dudas. La colusión entre medios y agentes judiciales fue expuesta como un modelo de periodismo de investigación en un libro del operador de Clarín Daniel Santoro. Al presentar su trabajo, Cabot se jactó de haber aguardado el avance de Stornelli y Bonadío antes de publicar una línea. Otros colegas lo felicitaron por ello en las redes sociales, por lo cual parece un modus operandi aceptable para el periodismo militante de PRO. Algo equivalente ocurrió en Estados Unidos con los medios que acompañaron las campañas del Ejército en Irak y Afganistán, empotrados en las unidades militares, según la traducción en España del ingles embedded, literalmente integrado o incorporado. Los diarios New York Times y Washington Post se autocriticaron por ello. La periodista española Mónica Bernabé, quien pasó siete años empotrada en unidades del Ejército estadounidense en Afganistán, reconoció que “los militares intentan vender a los periodistas lo mejor de su trabajo”. El problema no es el corresponsal, sino el medio que edita su trabajo. Corresponsal empotrada Bernabé. Hasta ahora Cabot sólo ha publicado transcripciones de los cuadernos, con breves contextualizaciones sobre las personas mencionadas, pero aún no comenzó a revelar su investigación. Otros colegas, sin acceso a información privilegiada, han adelantado prevenciones acerca de la credibilidad de las afirmaciones del chofer, ex sargento del Ejército, quien fue denunciado por su exposa en medio de un litigio por la división de bienes. Por ejemplo, Tuny Kollman e Irina Hauser señalaron la incongruencia entre la correcta ortografía y sintáxis de las anotaciones y la parva expresión verbal de su presunto autor, quien admitió ante Bonadío que le pertenecen. No es verosímil que un jefe cuente o hable de plata negra ante un empleado de tan baja jerarquía. Tampoco explica cómo conoce las afirmaciones autoincriminatorias que atribuye a Kirchner y Cristina. La exposa despechada de Centeno, Hilda Horowitz, denunció la existencia de una bóveda en una residencia de los padres de Baratta, pero luego de profundas excavaciones no se encontró nada, tal como había ocurrido en los casos de Milagro Sala y Lázaro Báez, quienes también fueron acusados de esconder plata sucia en escondrijos subterráneos y de transportarla hasta los Kirchner en bolsos y valijas. Sin embargo esas imágenes penetraron en el imaginario social, muy permeable a la repetición enfática. Las anotaciones se refieren a las campañas electorales de 2013 y 2015, justo cuando la investigación de Juan Amorín sobre los aportes truchos a Cambiemos perforaba el blindaje mediático. Al mismo tiempo, Macrì realizó un acto en Quilmes, donde comenzó la investigación de Amorín, acompañado por Vidal y por el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, quien también está en medio de una tormenta. Macri con Vidal y Basavilbaso. Qué miradas. El titular de la Unidad Fiscal de investigación de la seguridad social (UFISES), Gabriel de Vedia, lo denunció por la venta al socio presidencial Marcelo Mindlin del 12% de las acciones de Petrobras Argentina que estaban en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la mitad de su precio poco después. Ante ese requerimiento, Bonadío lo llamó a indagatoria. El mismo día, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, quien quedó en forma interina a cargo de la Procuración General, desplazó a De Vedia y nombró en su lugar al fiscal recién asumido Gabriel González Da Silva, sin especialidad en seguridad social. La liquidación de ese FGS es una de las imposiciones del FMI al gobierno. A Macrì le interesa tanto el tema que designó para defender a Basavilbaso y a María Eugenia Vidal en la causa por aportes de campaña a su abogado personal Alejandro Pérez Chada. También se negó a aceptar la renuncia que le presentó Basavilbaso. Alegando un exceso de trabajo en otras causas, Bonadío suspendió la indagatoria a Basavilbaso que había fijado para agosto. Mejor, Cristina. En ese acto en Quilmes, el presidente anunció créditos blandos para jubilados de hasta 80.000 pesos. Tuvo la indelicadeza de ejemplificar que podrían servir para arreglar un escape de gas, mientras el gremio docente velaba a los trabajadores Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, muertos por el estallido de una instalación cuyo arreglo posponía sin término el gobierno de Vidal. En la misma línea de su declaración sobre los pobres y la universidad, la gobernadora sólo dijo que se intentaba ¡politizar el caso! Sandra Calamano, la docente muerta por desidia oficial Macrì agregó que había dispuesto la elaboración de un plan nacional contra la corrupción. Todas las piezas encajan en el rompecabezas. Aunque la economía se caiga a pedazos y la corrida vaya a reiniciarse en cualquier momento, como explica Pedro Biscay en esta edición, el gobierno apronta sus soldados para la batalla electoral. ¿Un calor insoportable? Una cuestión clave es por qué intervinieron Stornelli y Bonadío en la denuncia de la exposa Horowitz, si la causa por las compras de gas licuado no guarda relación con dinero negro, bóvedas y bolsos. Al no haber enviado a sorteo la nueva denuncia incurrieron en un nuevo caso de Forum Shopping, como explican en esta edición Catalina De Elía y Graciana Peñafort. Una pregunta insoslayable es por qué no aparece entre los detenidos Angelo Calcaterra Macrì, el primo hermano del presidente, y sí su subordinado Sánchez Caballero y, sobre todo, dónde están los millones que menciona el chofer, si no se han encontrado ni bóvedas ni cuentas de los ex funcionarios imputados. Según su propia versión, Cabot recibió los cuadernos el 8 de enero a las 13.38, cuando hacía “un calor insoportable” (apenas 26° según el Servicio Meteorológico Nacional, bien por debajo del promedio para ese mes en el último cuarto de siglo). Cabot estudió y cotejó su contenido con dos jóvenes colaboradores, Candela Ini y Santiago Nasra. El blog cordobés El Disenso, que editan Mariana Escalada y Agustín Ronconi, sostuvo que Cabot ha colaborado con diversas fundaciones de Cambiemos. En la principal de ellas, Pensar, dio ciclos de conferencias, y en la Fundación Nuevas Generaciones moderó charlas de Federico Sturzenegger, el genio que en dos meses perdió 20.000 millones de dólares de reservas, devaluó el peso casi 50% y puso la tasa de interés en 47%. Algunos de los desplazamientos de Cabot por el país se habrían realizado con pasajes de la jefatura de gabinete de ministros, por ejemplo un viaje a Mendoza en abril de 2017. El pasaje oficial de Cabot No inspira más sino menos confianza el fiscal Stornelli, quien sucedió al comisario Fino Palacios como jefe de seguridad del club Boca Juniors, que Macrì sigue manejando a través de quien fue tesorero de su gestión, Daniel Angelici. Por su parte, el Doctor Glock acumula por sorteo, licitación o magia negra todas las causas que afectan a CFK: hoteles, Nisman, dólar futuro, Memorándum con Irán, pese a serios motivos de inhibición, ya sea por la existencia de causas paralelas que se unificaron indebidamente en su tribunal, por haber sido separado previamente por la Cámara Federal o denunciado por el propio Nisman como encubridor de su amigo Palacios, a quien visitó en la cárcel cuando debía investigarlo. Ex segundo de Carlos Corach en la Secretaría Legal y Técnica, socio fundador de la servilleta, el año próximo cumpliría 25 como juez federal, durante los cuales acumuló 75 pedidos de juicio político, un récord absoluto en el fuero que se encarga de los asuntos del poder. El Doctor Glock hace bandera En diciembre del año pasado, el director ejecutivo de Human Rights/Americas, José Miguel Vivanco, calificó de descabellados los procesamientos, las prisiones preventivas y los desafueros ordenados por Glock en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, y los atribuyó a persecución política. “La prisión preventiva está muy mal fundada y no satisface los estándares mínimos que exige el derecho internacional de los derechos humanos. Bonadío no proporciona pruebas convincentes. La figura de traición a la patria es una invención caprichosa del juez”. Con la misma lógica “podría haber terminado preso Raúl Alfonsín por impulsar las leyes de punto final y obediencia debida”. El eje Bonadío, Pichetto, Lorenzetti Bonadío fue protegido en el Consejo de la Magistratura por el precandidato presidencial del Peornismo Federal, Miguel Pichetto, quien consiguió que en vez de destituirlo sólo lo multaran con una reducción de su sueldo de un mes. Esto revela una trama que se activó durante la ofensiva de los fondos buitre contra el kirchnerismo. El informe del Parlamento Británico que analiza en esta edición Alejandra Dandan muestra la participación de Macrì en esa operación para la cual fueron contratados los servicios de Cambridge Analytica. Pero no sólo de Cambridge Analytica. El 26 de agosto de 2014, la columnista de finanzas Michelle Celarier informó en el diario The New York Post, que el fondo buitre de Paul Singer había contratado para apoyarlo en la lucha contra el gobierno argentino a la consultora Albright Stonebridge Group. Agregó que el socio de la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, Carlos Gutiérrez, había estado en la Argentina “tratando de movilizar la oposición al gobierno”. El entonces ministro de Economía Axel Kicillof en una entrevista por radio, y la propia Cristina en Twitter, contaron que Gutiérrez amenazó al jefe de Gabinete Jorge Milton Capitanich con un ataque especulativo contra el peso hasta forzar una nueva devaluación; ataques y denuncias mediáticos internacionales para desgastar a Cristina; impedir el acceso del sector público y de las empresas argentinas a cualquier financiamiento internacional. Gutiérrez también habría mencionado la contratación de periodistas y dirigentes sindicales para que contribuyeran a esa estrategia. Esto ayudaría a instalar un gobierno favorable a un acuerdo con los fondos buitre, que se firmaría en 2016. Así fue, y Bonadío obró como una pieza central de ese dispositivo, igual que los fiscales Raúl Plee y Ricardo Sánz y que el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Todos ellos giran en la órbita del senador opoficialista Miguel Pichetto, uno de los que condujo a su bloque a votar el pago a los buitres. El contacto de Pichetto con Lorenzetti es el ex senador Nicolás Tito Fernández, un santacruceño que juró venganza cuando Cristina lo excluyó de las listas para su reelección en 2011. Esa es la parte no contada del rescate de Bonadío en el Consejo de la Magistratura. No se puede descartar que algunas de las afirmaciones de Centeno sean veraces, ya que la cartelización de la obra pública en complicidad con funcionarios de distintos gobiernos tiene no menos de medio siglo. Una descripción detallada del modus operandi puede encontrarse en mi libro Robo para la Corona, y la utilización de la justicia para esos fines está detallada en Hacer la Corte. Un problema tanto o más grave que el de las coimas vinculadas con los contratos del Estado es la imposibilidad de confiar en la Justicia para discernir la realidad de los hechos. Una condena no equivale a culpabilidad ni una absolución a inocencia y los tribunales se usan para agredir al adversario o protegerse. Este proceso que se ha denominado judicialización de la política o politización de la justicia no es nuevo, pero va adquiriendo características específicas en cada momento. En lo que nadie disiente es en su punto de partida: la Acordada del 10 de septiembre de 1930 por la que la Corte Suprema de Justicia reconoció al gobierno de fuerza instalado cuatro días antes porque no podía impedirlo. También dijo que velaría por el respeto de la Constitución, pero esto no pasó de ser una ficción autocomplaciente salvo en lo referido al derecho de propiedad. Llegó a ser natural el considerar a la Corte Suprema y a los jueces como mero apéndice del poder que devenía de la fuerza. Ambos se renovaban por el mismo método expeditivo del bando de cesantía. Lo accesorio seguía la suerte de lo principal. Como lijar a un juez El primer presidente postdictatorial, Raúl Alfonsín, confirmó a 9 de cada 10 jueces en funciones y los nombramientos posteriores fueron negociados con la oposición. La norma fue que en las provincias donde el juez federal era radical, el fiscal correspondiente fuera peronista, y a la inversa. El menemismo amplió la Corte Suprema de 5 a 9 miembros y la anegó con una mayoría automática de socios, familiares y amigos. Kirchner inició un proceso de depuración con el juicio político a varios jueces de la Corte y con dos decretos que fijaron condiciones de idoneidad y transparencia para el nombramiento de jueces. Pero luego cedió a la tentación del atajo y confió a la SIDE y al operador Javier Fernández (otro de los citados ahora por Bonadío) la manipulación de los tribunales, como me cansé de denunciar mientras ocurría. La principal diferencia con el macrismo es la notable eficacia del actual gobierno para remodelar los estrados a su gusto. En cuanto asumió Macrì, Lorenzetti pidió en su nombre la renuncia de tres jueces federales. El que no acepta sabe a qué atenerse, con un gobierno formado en métodos expeditivos. Menem usó los tribunales para proteger su programa económico y a su personal por las denuncias de corrupción. Sólo en unos pocos casos, sirvieron para perseguir adversarios (Domingo Cavallo, Adolfo Scilingo). Con Macrì esta pasó a ser la regla, desde el día en que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales ordenó la detención por protestar en una plaza de Milagro Sala, quien ya lleva privada de su libertad dos años y medio largos. El último ejemplo del manejo judicial de PRO fue la desestimación de la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez Ariel Lijo. Los elementos para su destitución provenían de una serie de notas del mismo diario La Nación, en los que se apreciaba un nivel de conocimiento que sólo se logra bien Arribas de la escala investigativa. Con datos sobre su enriquecimiento, mencionando la sociedad de su cuñada con el luego destituido camarista Eduardo Freiler, y el desempeño de su hermano Alfredo Lijo como lobbysta de Julio De Vido en Comodoro Py, el diputado macrista Pablo Tonelli promovió e instruyó el juicio político. Discípulo de la inolvidable Piru Riva Aramayo (la camarista que visitó en la cárcel a Telleldín para negociar su falsa confesión por el atentado a la DAIA), Lijo se movió rápido y antes de que el procedimiento avanzara puso tras las rejas a Amado Boudou. Esto abrió un espacio de negociación, que culminó ahora con el cambio de posición de Tonelli, quien pasó de impulsar el proceso a votar por su desestimación. ¿Por qué el gobierno primero acorraló y luego rescató a Lijo? Porque es el juez que entiende en la causa penal que enfrenta el Grupo Macrì por el Correo Argentino. Casal, el disciplinador En esa misma causa, el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, quien quedó a cargo de la Procuración General una vez que el gobierno logró forzar con convincentes amenazas la renuncia de Alejandra Gils Carbó, reemplazó al fiscal Juan Pedro Zoni por el bien dispuesto Gerardo Pollicita, el mismo que reabrió la denuncia de Nisman contra Cristina. En el concurso preventivo del Correo, Odebrecht acudió en auxilio de Macrì, a través de la filial del Meinl Bank AG de Viena en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda, que adquirió para negocios turbios. Desde esa fachada, la constructora brasileña, que es socia de Macrì en el fondo global de inversión Blackwood Group, compró créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI) por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar 8. En el juicio comercial, la fiscal Gabriela Boquín llegó a establecer que “el tercero que sustituyó al acreedor ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. Zoni estaba investigando si eso implicaba un delito, cuando el dedo de Casal le apuntó. Casal y el ministro Garavano Lo mismo le ocurrió ahora al investigador de los aportes truchos a la campaña de Vidal, el fiscal subrogante Hernán Schapiro, reemplazado por el también subrogante Guillermo Ferrara, un hombre de perfil conservador que ya tomó determinaciones favorables al oficialismo. Sus requerimientos serán tratados por el juez Adolfo Gabino Ziulu, un radical conservador que actúa como subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata, donde lo puso el actual gobierno porque allí está la decisiva secretaría electoral. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal establece que el/la Procurador/a General de la Nación no puede impartir instrucciones particulares a los fiscales. Este es un principio de raigambre constitucional que garantiza la independencia del sistema judicial, el debido proceso y la autonomía del Ministerio Público Fiscal. El desplazamiento de Schapiro, así como los de Zoni y De Vedia, quiebran esa regla y constituyen una indebida interferencia en un caso particular vinculado a temas de alta exposición, de interés para toda la sociedad y, sobre todo, para Macrì. Pero además Ferrara no tiene competencia penal, ni González Da Silva en seguridad social, lo cual viola el principio básico de especialidad. La titular de esa fiscalía, Laura Roteta, está ahora en la PROCELAC y hubiera podido regresar a su cargo. Casal ya había desplazado a los titulares de la Dirección de asistencia tecnológica a las investigaciones penales (DATIP) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). También dictaminó en favor de Farmacity, propiedad de Mario Quintana, en sentido contrario a los fallos judiciales en instancias anteriores; además contradijo todos los dictámenes de la Procuración sobre el fuero en que deben tramitarse las impugnaciones a los aumentos de tarifas, siempre en favor de la pretensión oficial. En consonancia con el proyecto del Poder Ejecutivo de designar fiscales en materia penal y electoral por resolución, modificó el régimen de concursos y la composición del consejo evaluador. Cuando la opinión de un fiscal no coincide con la suya, restringe su publicación, lo mismo cuando se trata de causas sensibles para el gobierno, como la del Correo. Tampoco tiene precedentes la apertura de pre sumarios, por denuncias de partes, como hizo con las de Gustavo Arribas contra los fiscales Federico Delgado, Jorge Di Lello y Sergio Rodríguez. En forma sistemática, cada vez que la fiscal Boquín debe dictaminar en la Madre de Todas las Causas, Casal cita a empleados de su fiscalía, con la esperanza de abrirle un sumario por mal trato laboral. El libro Radiografía de la Corrupción PRO, de Julián Maradeo e Ignacio Damiani, describe la inactividad del fiscal José María Campagnoli, quien desde 2016 no impulsa la investigación de un ataque servicial a Boquín, cuando un profesional encapuchado desactivó la alarma de su camioneta, con guantes quirúrgicos sacó el vidrio trasero derecho, por allí entró al vehículo y se dirigió directamente al baúl, de donde retiró maletines y papeles. La cámara de seguridad registró su rostro cuando se quitó la capucha para seleccionar lo que interesaba, referido exclusivamente a la causa del Correo. Luego se retiró en un auto gris que lo aguardaba oculto entre arbustos. Inesita Mientras Casal hace méritos para permanecer en el cargo, el gobierno intenta conseguir el acuerdo del Senado para designar a Inés Weimberg de Roca. Esto contraría los planes del Peornismo Federal. Pichetto apostaba a Raúl Plee, quien visitó en nombre del senador a la Defensora General, Stella Maris Martínez, para pedirle que renunciara de modo que Pichetto pudiera negociar en un solo paquete la Procuración y la Defensoría. Otro que se anota para el cargo es el senador Rodolfo Urtubey, y Ricardo Sanz carece del pudor necesario para ocultar que creía merecer una retribución por su activismo antikirchnerista en el caso del ex fiscal general Natalio A. Nisman. Pero Macrì sólo confía en alguien de su clase, no en operadores de alquiler. Claudio Jacquelin reveló en La Nación que el ministro de Justicia Germán Garavano y el asesor presidencial Fabian Rodríguez Simón prepararon en persona a Weimberg de Roca para la audiencia. Se advirtió un ostensible acuerdo para no incomodarla, porque su desconocimiento de cuestiones básicas daba para destrozarla, como ocurrió con el rechazado candidato Daniel Reposo. “Todos los fiscales deben acatar órdenes” Con relación a las áreas de la Procuración destacó el rol de todas las procuradurías y se concentró en especial en la de crímenes de lesa humanidad, que presentó como modelo. Dijo que el proceso de verdad y justicia en Argentina es un ejemplo para el mundo. Habló de la “derogación de las leyes” (se supone que quiso referirse a la declaración de nulidad). Sostuvo que los juicios deben seguir, como parte de un acuerdo institucional. En varios temas tuvo problemas para explicar su posición o conocimiento. En todo lo que se refiere al nuevo Código Procesal, la implementación y su rol, se limitó a decir que es necesario elaborar criterios objetivos para la persecución penal, para certificar que el criterio de “oportunidad” no se desvirtúe y para algunos temas no habrá oportunidad, se perseguirían y punto. En la etapa de preguntas, pareció no entender el rol de los fiscales en el nuevo Código y su relación con los investigadores (la policía). Se limitó a leer el artículo del Código Procesal y decir que elaboraría criterios que guíen la actuación de los investigadores. Cuando le preguntaron por el legajo fiscal, dijo que el gran problema es la “conectividad”, porque si no está en línea, no sirve de nada, y luego agregó, habrá que ver qué posibilidades de acceso se le da a la “defensa”. No se refirió al contenido del legajo, cómo llevarlos adelante, cómo podría tramitarse, qué implica en términos de garantías a cuidar. Sobre el acceso a la justicia, cuando le preguntaron sobre legitimación colectiva en casos no penales, contestó sobre otra cosa, la representación de las querellas en causa penal. Agregó que como la Procuración General tiene que proteger el interés general de la sociedad, no hace falta que las organizaciones impulsen casos. Tal vez quiso decir que se confunden los mandatos o las posibilidades de acción de las ONGs y del Ministerio Público. Esto se tiene que dar dentro de los márgenes que le corresponden a cada uno de los poderes, dijo. A su juicio, el activismo es para los espacios legislativos, no para los tribunales, cuestión que pone en duda, qué posibilidades habrá de impulsar aquellos capítulos de la nueva ley de ministerio público, sobre defensa de la constitución, grupos vulnerables, situación de desventaja procesal en ámbitos no penales. Con relación a la exigibilidad de los derechos sociales, dijo poco o nada y esto no incluyó una mención a cómo asegurarlos. Tampoco consideró que los asesores tutelares puedan llevar adelante acciones para la protección colectiva de esos derechos. Dijo que depende de los representantes legales y leyó un artículo del código civil que dice eso. La pregunta era otra. Con otros asuntos, su respuesta fue incierta o escapó del asunto. Sobre la ley de aborto, dijo que aplicará lo que los legisladores decidan y que le interesaba mucho el debate. En el caso de la ley del congreso posterior al fallo Muiña del 2×1 dijo que el Congreso ya resolvió el tema, y que ella se limitará a aplicar lo que decidió el Congreso. Esta postura contradice su afirmación sobre la existencia de caso, causa o controversia, porque en ese supuesto, en cada situación habrá que ver si la ley se aplica o no. Admitió la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional en derechos humanos y dijo que las sentencias de la Corte Interamericana deben cumplirse. Consideró de “ineludible consideración” las decisiones de la Comisión Interamericana aunque no vinculantes. Urtubey, que preside la Comisión, se dio por satisfecho con las respuestas de la candidata. Las audiencias de confirmación de los tres últimos procuradores comenzaron con la lectura de las impugnaciones. Esta vez, en cambio, abrió la candidata con un relato sobre su infancia y su juventud y lo muy humana que era. Lo leyó, muy vacilante y sin levantar la vista durante 50 minutos. En total la audiencia duró apenas dos horas y media, la más breve que se recuerde, hubo pocas preguntas y no asistieron fiscales. Federico Pinedo le sirvió ocho vasos de agua. Leyó generalidades sobre la estructura de la PGN, que están en la página oficial del organismo. Se pronunció en contra de la autonomía del Ministerio Público y a favor de las instrucciones particulares en las causas, que confundió con las instrucciones generales. Pichetto se lo hizo notar, minimizándolo como si hubiera sido un error, pero ni así lo captó. —Bueno, todos los fiscales deben acatar órdenes— replicó. Ante varias preguntas, comenzó respondiendo: “Cuando estábamos en Ruanda…” para balbucear luego que hay protocolos a seguir, que no mostró conocer. Ignoraba por ejemplo que al recibir una causa el fiscal puede requerir, archivar, o desestimar, como le informó Pichetto. “Yo parto de la base que la policía actúa bien”, dijo entonces. El senador Juan País miró azorado a su colega Omar Perotti. Ante una repregunta de País, dijo que el Ministerio Público “va de la mano del Poder Judicial”, lo contrario de lo que sostiene el artículo 120 de la Constitución. Sobre el proyecto de ley de extinción de dominio en casos de narcotráfico y los bienes incautados, dijo que conocía la opinión de País, de que “deben quedar en la Procuración”. —¿En qué Procuración? – insistió País. —En la Procuración del Tesoro— respondió la candidata. —¿Del Tesoro? Luego de una ayuda de Urtubey, se corrigió: —En la Procuración General de la Nación, perdón, estoy nerviosa. No fue un interrogatorio para aspirar a la cabeza de uno de los poderes del Estado, apenas para una materia de la Facultad de Derecho. La principal diferencia con Reposo es que no la atosigaron. Parece improbable que semejante candidata obtenga los 2/3 necesarios para que Macrì tenga esa llave maestra del edificio legal.

link: https://www.youtube.com/watch?v=ceB6GrwFVXk Este post es sobre los títulos engañosos. Si alguien clickeo este post no es para ver un tonto video donde el hermano de Martina Stoessel le tira papelitos y ella le dice basta. Un video viejo, del 2015. Pero el 50% de las notas periodísticas están tituladas con un nivel de engaño no tan alejado de este Una gran cantidad de notas que tratan sobre temas controvertidos son tituladas de manera tan engañosa que prácticamente dicen lo contrario del título. Así que quedarse con el título en estos tiempos es garantía de ser engañado Si además hubiera puesto una foto del Papa en la miniatura, ya no sería engañoso, sería mentiroso. De eso hay, pero menos, porque puede ser un blanco más fácil para la prensa rival Me despido con las últimas fotos que Martina Stoessel subio a su Instagram

El Indec acaba de dar los números de pobreza correspondientes a la segunda mitad de 2017, y según ellos hubo una caída muy pronunciada en el porcentaje de población bajo la línea de pobreza. Como la inflación no ha bajado en forma significativa respecto a 2015, y los salarios, jubilaciones mínimas y AUH NO lograron recuperar la caída de 2016, atribuyen la baja (INCLUSO RESPECTO A 2015) a que se crearon empleos informales en la construcción. Pero... En 2017, según el propio Indec el desempleo bajó de 7,6% a 7,2%. Cuatro décimas. http://www.lavoz.com.ar/politica/el-desempleo-bajo-72-en-argentina-y-en-cordoba-66 Mientras que la pobreza en el mismo período cayó de 30,3% a 25,7%. Es decir, 4,6 puntos!! Es decir, ellos dicen que la pobreza cayó gracias a un mayor números de empleados en el sector informal. Pero al mismo tiempo, que la variación en el desempleo fue de 4 décimas. Cómo puede una variación de 4 décimas hacer bajar en casi 5 puntos la pobreza???? Desde ya que NO ES POSIBLE Un dato pasó desapercibido para los medios locales. El 14 de diciembre del año pasado renunció intempestivamente la encargada de justamente medir la pobreza. Ningún medio menciona ese dato al dar los números el día de hoy. https://www.cronista.com/economiapolitica/Indec-renuncio-la-funcionaria-que-media-el-desempleo-y-la-pobreza-20171214-0061.html Obviamente esto hubiera sido resaltado hasta el cansancio si se hubiera tratado del Indec K Lo que pasa es que el Indec viene modificando los métodos de medición y haciendo toda clase de manipulaciones desde el mismo momento en que asumió el gobierno. Lo primero fue un injustificable apagón estadístico que abarcó a fines de 2015 y principios de 2016. Para lo único que sirvió fue para no dar los números del último trimestre de 2015 en lo relativo a empleo, que daba 5,4%, y para no dar los números de pobreza del segundo semestre de 2015. Sucede que los números de la Encuesta Permanente de Hogares estaban, (los de la EPH), pero no se elaboró la medición, que según la canasta que se implementó en 2016, daba alrededor de 27%. Lo segundo que hizo el Idec luego del apagón es modificar la canasta, sustituyendo la que se usaba por otra un 30% más cara. Esto era para que la medición diera un número parecido al de la UCA (que a su vez tenía como referencia la canasta anterior del Indec) Con bombos y platillos regresó la técnica Graciela Bevacqua, echada en los tiempos de Moreno, y a los pocos meses la echaron de nuevo. Desde que establecieron la nueva canasta, el organismo empezó a introducir modificaciones en las fórmulas para calcular la línea de pobreza. O a no introducirlas cuando cambiaban las condiciones reinantes durante el gobierno anterior. Por ejemplo, la ponderación de qué parte de la canasta debe estar representada por los servicios se quedó con los precios pre 2016, y por lo tanto las subas en las tarifas fueron (y son) sistemáticamente subestimadas. https://www.pagina12.com.ar/25134-los-trucos Una de las cosas que cambiaron fue el de los núcleos poblacionales base para las mediciones, con lo cual según el propio Clarín, el gobierno se "ahorraría" un 1,5% del índice. https://www.clarin.com/economia/nuevo-indice-precios-nacional-gobierno-ahorraria-15-inflacion_0_HJOISk_S-.html Lo reprochable es que la introducción de estos cambios hace que los números posteriores sean incomparables con los previos. Pero las autoridades del Indec siguen tomando ambos comos si fueran comparables, y no pone ninguna "reserva" en la consideración. Para colmo ellos prometieron que iban a mostrar cómo se manipulaban los datos en el gobierno anterior, pero nunca lo hicieron. Una de las manipulaciones más notorias que influyen en los resultados de desempleo y pobreza es el cambio en las proyecciones poblacionales, que lo que hizo concretamente es quitar niños y ancianos, y agregar personas en edad laboral a la muestra. Con esto aumenta artificialmente la tasa de ocupación y disminuye la de pobreza. Y no es un número despreciable matemáticamente sino que representa más de un punto de desempleo y más de 2 en el caso de pobreza. http://centrocepa.com.ar/errores-y-omisiones/ Resulta que la pobreza bajó 5 puntos, pero a fines de 2017 el consumo masivo exhibía un muy leve repunte respecto al pésimo 2016. Es decir, esta gente que salió de la pobreza es muy ahorrativa, o austera. https://www.clarin.com/economia/consumo-modero-diciembre-2017-cerro-caida-ventas_0_HJoQ_AvXG.html Cámo puede ser que haya menos consumo en el año en que la pobreza baja bruscamente? NO ES POSIBLE, ESTÁN DIBUJANDO, YA TE MOSTRAMOS CÓMO EN CONCLUSIÓN: ESTA BAJA DE LA POBREZA ES UN DIBUJO MÁS DEL RELATO M

O no les dio la cara, o empiezan a panquequear (imposible porque están hasta el cuello), hoy la Sala II de la Cámara Federal no imputó a CFK por la muerte de Nisman. Tal como nos tiene acostumbrados la justicia corrupta adicta al gobierno, el fallo se produjo el viernes, para que los aliados mediáticos del macrismo se explayen sobre el tema Nisman en el fin de semana. Pero no les va a salir, porque ya están demasiado quemados. Quiénes son los camaristas? Dos jueces totalmente alineados con el ejecutivo. Uno es Irurzún, el padre de la doctrina que ha servido para detener opositores K, que fue nombrado mediante un trámite dudoso al frente de las escuchas judiciales (es decir que trabaja codo a codo con la AFI macrista) y siempre falla a favor del gobierno. https://www.pagina12.com.ar/45199-un-tramite-dudoso-de-un-sorteo-que-estaba-cantado El otro es Bruglia, el que "rompió la mayoría k" en la sala I, según el diario la Nación, y que también siempre falla a favor del oficialismo https://www.lanacion.com.ar/2117448-bruglia-el-juez-que-rompio-la-mayoria-kirchnerista La sala estaba también integrada por Farah, pero hace poco lo rajaron https://www.infobae.com/politica/2018/05/10/el-gobierno-aprobo-el-traslado-de-eduardo-farah-uno-de-los-camaristas-que-habian-liberado-a-cristobal-lopez/ Raúl Kollman lo sabe bien En este tipo de fallos políticos, la decisión se toma primero, y los fundamentos se redactan después. Es decir, no importan los fundamentos, son ad hoc. Todo lo que se está haciendo en el caso de la muerte de Nisman es una farsa. Una gran mentira montada sobre un "homicidio" que ni siquiera se puede afirmar que existió. El cuerpo pericial de la Corte Suprema (el mismo que fue alabado por la autopsia de Santiago Maldonado), esa misma Corte que en 2015 estaba peleada con el gobierno, fue el que hizo la autopsia, y que después integró las juntas médica y criminalística que, salvando la postura de la querella, concluyeron que no había evidencia de que hubiera habido un homicidio. https://www.infobae.com/2015/06/03/1733102-el-informe-la-junta-medica-del-caso-nisman/ No olvidar que la cusa fue pasada al fuero federal después de una declaración de Stiuso plagada de mentiras, y que ante el nuevo panorama, la Gendarmería hizo una nueva pericia basada en una reinterpretación de las fotos y videos, que plantea una hipótesis homicida completamente tirada de los pelos, y que incluso se contradice con la nueva pericia informática. http://contrapoderweb.com/2018/03/04/nisman-nueva-pericia-de-gendarmeria-derrumba-teoria-de-asesinato-en-la-madrugada/ Lo cierto es que no hay ninguna evidencia real de que a Nisman lo hayan asesinado, y si fue asesinado (que repito, no lo creo), tampoco hay evidencia alguna de quién pudo ser el presunto asesino. La idea de que Lagomarsino, a quien contrató el propio Nisman, era una "célula dormida", como plantea Pablo Lanusse, representante legal de la madre de Nisman, es totalmente disparatado. Célula dormida de qué??? De Irán??? Del Kirchnerismo??? Son especulaciones tan verosímiles como la del "Comando Venezolano-Iraní con adiestramiento cubano" Por todo esto, la imputación de Cristina es una acción meramente política, que además pretende distraer del desastre que estamos padeciendo. Y que viene justo cuando CFK alza su voz en el Senado, y el presidente arma una cuasi cadena nacional para atacarla y tratarla de loca. Es una muestra de que la justicia macrista es una farsa absoluta. Algún día todos los involucrados en esta construcción mentirosa van a tener que responder por un sinnúmero de delitos gravísimos que están cometiendo. Están manipulando una causa , nada menos que de homicidio, para usarla políticamente. Y esto no es sólo local, los compromisos por esta causa tienen relación con la fluída relación que este gobierno tiene con los Estados Unidos e Israel. Esto no es ninguna conspiración, es algo que dicen en forma abierta. Se han comprometido a esclarecer un asesinato que no existió. Y concentran su mirada en el gobierno anterior, y no en protagonistas de las horas previas a la muerte del fiscal, como Laura Alonso, y Patricia Bullrich, que se comunicaron con él decenas de veces. Es todo muy muy turbio. Vaya a saberse si algún día surgirá la verdad de toda esta movida.

La mentira la largó Majul en su programa diario de América, y luego fue replicada por los medios oficialistas con mayor o menor caradurez al poner el título. El peor es Clarín. Eso sí, en las notas le largan todo el fardo a Majul, por las dudas. Es que parece que hay una especie de convendio entre Majul y estos medios, sus informes siempre salen en las ediciones digitales (difícilmente en las de papel), pero con la aclaración de que todo proviene del programa de Majul Están mintiendo muy a sabiendas, hay una clara mala fe. La forma en que han titulado da la sensación de que Báez confirmó ser testaferro de Kirchner, o que el banco asentó eso en forma oficial, o que Báez está ligado a cuentas de Kirchner. Quieren dar la sensación de que es una confirmación oficial de que Báez es testaferro de Kirchner, pero no es para nada así. "Un documento de Suiza presenta a Lazaro Baez como testaferro de Nestor Kirchner" dice Infobae "Un banco suizo asegura que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner" Resulta que el documento citado es un informe de inteligencia basado en...Medios argentinos, Clarín, Perfil, La Gazeta, etc Los bancos, cuando van a incorporar a un cliente importante (como Báez), solicitan informes a empresas que se dedican a eso mismo, a recopilar datos. La empresa contratada por Lombar Odier fue la inglesa World Check, que es una base de datos internacional que recoge datos de personas políticamente expuestas. El informe entregado por la empresa inglesa está basado en medios argentinos, lo dice explícitamente, cita sus fuentes en forma clara y exhaustiva, y dice que no se responsabiliza por el contenido de la información, ya que es responsabilidad de las fuentes citadas Tal como se ve en el documento, las fuentes ("sources" son los diarios argentinos. Es decir, los diarios oficialistas replican un informe en que son citados como única fuente, como si fuera una confirmación de algo. Los bancos suelen tener problemas con personas políticamente expuestas, y por eso solicitan este tipo de informes, que no son nada oficial, esto no es un documento legal, ni es prueba de nada. Lo único que prueba es que Lombard Odier sabía que los medios argentinos vinculaban a Báez con Kirchner, pero que no había correlato judicial de tal afirmación. También, el "documento" vincula a Báez con Sergio Acevedo (ex gobernador de Santa Cruz) y con un militar involucrado en la causa de tráfico de armas, ya que es su pariente. Repito, la fuente eclusiva son los medios argentinos. Esta es la traducción de lo que dice el documento respecto a las fuentes “Aviso legal Toda la información consignada en este perfil aparece en las fuentes citadas. No somos responsables por el contenido de ellas. La información está resumida, y debe ser leída por el usuario en forma completa en cada uno de los enlaces externos citados” Es decir, el banco no afirma nada, tampoco lo hace Báez. Esto es un informe que una empresa le brindó al banco en base a medios argentinos. Los mismo medios que ahora replican este informe de forma mentirosa. Esta operación debería ser un escándalo por la forma tan alevosa en que engañan al público, pero este tipo de mentiras se suceden día a día. Esto se da además en un día lleno de malas noticias para el gobierno que deben ser tapadas con mentiras

Cualquiera que haya seguido por noticias el caso de López y los dólares que quiso guardar en el convento, sabe que la nueva versión que según La Nación le dio a Bonadío, es una burda mentira con la que trata de congraciarse con Bonadío contradiciendo lo que ya está probado respecto a esa noche del 13-14 de junio de 2016. López dice en su nueva versión que los dólares le fueron entregados la misma noche del 13 en su casa, previa una reunión con un ex secretario privado de CFK que renunció en 2010. Según Morales Sola, lo contactó en nombre de Cristina, para que mueva el dinero a un lugar seguro. Es decir, todo fue de un momento a otro, el sólo acató una orden y fue directo al Convento. Lo cierto es que está comprobado que esa misma noche la esposa de López contactó a las monjas en 11 llamados telefónicos en los cuales le dijeron que lo enviaban allí después de una feroz pelea, de la cual la policía que allanó la cas encontró rastros: vidrios rotos, cosas caídas, señales de violencia. https://www.lanacion.com.ar/1917982-las-monjas-del-convento-y-la-esposa-de-jose-lopez-hablaron-por-telefono-11-veces-la-noche-de-los-bolsos 11 veces hablaron. En la versión a pedido de Bonadío esos llamados comprobados no existen. Está probado por varios testimonios familiares que López venía con comportamiento violento y paranoico los días previos al episodio de los bolsos, y que la intención era que López pasara un tiempo recluído en el Convento, por eso todas las comunicaciones de la esposa, para que “encontrara paz”. Otra cosa de la cuál hay muchos indicios (entre ellos, la declaración previa del propio López) es que el dinero estuvo mucho tiempo guardado en un escondite debajo de unos tanques de agua. Todo esto queda negado por la nueva versión según la cual el dinero apenas si estuvo en la casa. https://www.lagaceta.com.ar/nota/694778/nacional/este-lugar-donde-jose-lopez-habria-escondido-us-9-millones.html Está probado también que López se fue de su casa, y se dirigió a otro lugar, aún no determinado, y luego fue al convento. Fue un viaje muy largo. También esto queda negado. En los días en que se produjo el episodio de los bolsos no hubo allanamisntos sobre propiedad de Cristina o algo parecido, y el hecho de que le pidieran sin más que esconda la plata, es algo que carece de sentido. Pero se pone aún más loco con lo que declaró el propio López en el juicio por la portación del arma: que en verdad era todo una maniobra de venganza urdida por el Kirchnerismo para tenerlo controlado, llamar la atención sobre él, y no sobre otros. La venganza sería porque se había alejado como Massa, y era considerado un traidor: TOTALMENTE FALSO, LÓPEZ NO SE HABÍA ALEJADO, Y PENSAR QUE EL KIRCHNERISMO DESEARA QUE ENCONTRARAN A LÓPEZ ESCONDIENDO BOLSOS EN UN CONVENTO ES UNA LOCURA https://www.lmneuquen.com/lopez-denuncio-que-fue-un-chivo-expiatorio-exponerlo-como-venganza-n605085 Eso lo dijo cuando ya estaba como arrepentido. POR QUÉ LÓPEZ DA UNA VERSIÓN TAN INSOSTENIBLE PARE DECIR QUE EL DINERO ERA DE CRISTINA, O QUE CREE QUE LO ES PORQUE SE LO DIO UN EX SECRETARIO DE CRISTINA? PORQUE ES MUCHO MÁS DIFÍCIL TODAVÍA SOSTENER TAL COSA SI HA TENIDO EL DINERO GUARDADO POR LARGO TIEMPO Y DECIDIÓ DISPONER DE ÉL CUANDO LO ECHARON DE SU CASA Y PENSÓ EN RECLUIRSE EN EL CONVENTO NI HABLAR DE LO QUE DIJO HACE POCO EN EL JUICIO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, QUE EN PARTE COINCIDE CON LO QUE LE DIJO A BONADÍO (PARECE QUE QUIERE AFERRARSE A ESA VERSIÓN) PERO QUE ES CONTRADICHO POR LOS VIDEOS: LÓPEZ ESTABA SOLO. https://www.lacapital.com.ar/politica/lopez-dijo-que-el-dinero-no-era-suyo-y-que-fue-obligado-llevarlo-al-convento-n1656473.html DESPUÉS SALIÓ CON MÁS PARANOIA, QUE LA “ABOGADA HOT” FUE AL BAILANDO POR LA ALIANZA DE TINELLI CON LÓPEZ PARA RIDICULIZARLO : TODO MUY TIRADO DE LOS PELOS La nueva versión de López también contradice las cámaras de seguridad que captaron los recorridos de su vehículo, y bueno, supongo que el error es de Morales Sola, pero López no tiene ningún domicilio en la CABA , donde sí viven sus hijas, ya que en la nota dice que los bolsos le llegaron a su domicilio en CABA (donde estaban viviendo las hijas???? ) Las cámaras muestran que parte de su casa en Tigre, donde según el mismo, estaba escondido el dinero, en un lugar secreto hecho aparentemente para tal motivo, que no fue encontrado en el primer allanamiento. EN DEFINITIVA, LO QUE SEGÚN LA NAZIÓN DIJO LÓPEZ, ES INSOSTENIBLE, Y SI ESE ES EL PRINCIPAL “TESTIMONIO” (O DECLARACIÓN) PARA INVOLUCRAR A CRISTINA, ES PORQUE TIENEN MUY POCAS PRUEBAS REALES, Y MUCHA DECLARACIÓN BAJO PRESIÓN, CON GRANDES CONTRADICCIONES. sulfate chemical formula