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La inseguridad: el verdadero enemigo El estado de paranoia o sobrealerta constante en la que vive el venezolano hoy en día sin lugar a dudas en una situación anormal. Bien vale la pena retomar aquella idea de decretar la "violencia" como un problema de salud pública, dadas las repercusiones físicas y emocionales que genera, y declarar a todos los venezolanos, sin excepción, enfermos. LATINOAMÉRICA Según cifras de la Organización Mundial de la Salud y de Amnistía Internacional, el número anual de homicidios con armas de fuego en Latinoamérica oscila entre 73 mil y 90 mil fallecidos, cifra que triplica la media mundial. El panorama regional parece una película de terror: la mitad de los secuestros del mundo se producen en Latinoamérica, de acuerdo con los cálculos de Kroll Associates, una compañía de seguridad estadounidense. En los últimos años el índice de delincuencia aumentó de cuatro a seis veces al menos en 10 países de la región. Dirk Kruijt, coeditor de Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America, opina que "la violencia adquirió dimensiones que antes no tenía, donde se entrecruzan actividades delictivas de fuerzas públicas, conflictos étnicos, pobreza y limpieza social de grupos marginales". La problemática abarca desde México hasta La Patagonia, y en vez de controlarse crece: pandillas, secuestros, narcotráfico, hacinamiento en las cárceles, corrupción policial e impunidad conforman una red de crimen, un verdadero círculo vicioso que amenaza la seguridad ciudadana. En una entrevista, Andrew Morrison, experto en temas de desarollo social del Banco Interamericano de Desarrollo cree que este crecimiento, particularmente en nuestro continente se debe a la ecuación pobreza+desigualdad=violencia. Citando una encuesta reciente, el funcionario informó que la tasa más alta de víctimas está en Guatemala, donde el 55% de los hogares han sufrido por lo menos algún tipo de crimen en los últimos 12 meses. Destacan además El Salvador, con un tasa del 46% y Venezuela, con el 44%. Las más bajas son Uruguay y Panamá donde un 26% y un 27% de la población respectivamente han sido víctimas de algún tipo de atraco. VENEZUELA La seguridad ciudadana es un derecho contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: "Toda persona tiene derecho a la protección del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, oportunidad, proporcionalidad, conforme a la ley". (Artículo 55 CRBV) Sin embargo, hoy en día, Caracas es la segunda capital más violenta de Latinoamérica y Venezuela uno de los países con los índices de criminalidad urbana más altos del mundo, tal y como lo reflejan los completos trabajo realizados por Provea y la Alcaldía del Municipio Chacao, cuyos enlaces podrá consultar al final de esta entrega. El gobierno del teniente coronel Hugo Chávez Frías, con 9 años en el poder, no ha logrado crear una política pública de seguridad ciudadana acorde con la realidad del país, por el contrario ha cruzado una carrera armamentista con un sólo enemigo: el imperio norteamericano. Mientras tanto, en su país, más de 26 millones de venezolanos viven aterrados por casos como Kennedy, Faddoul-Rivas, Sindoni, Aguirre, Piñango, por sólo mencionar algunos. En estos, además de la violencia en sí-que llega incluso a ídices de crueldad y deshumanización-queda demostrado que no es exclusiva del hampa, sino que está sembrada en el seno de los cuerpos de seguridad del país, destinados a proteger a los ciudadanos. La realidad es cruda y los casos antes mencionados sólo son escándalos que se encargan de taponear una rutina que supera los 50 muertos cada fin de semana en el país. O para otros simples manipulaciones madiáticas con trasfondos políticos. A juicio de los expertos la inseguridad ocupa la segunda posición entre los principales problemas del país, superada sólo por el desempleo, sin embargo personalmente lo pongo en dudo y lo invito a que saque usted sus propias conclusiones. Si bien es cierto que el problema de la inseguridad no data del año 99 para acá, también es cierto que bajo el actual Gobierno los índices delictivos se han incrementado. Volviendo hacia atrás cabe recordar tanto el Plan Bratton (2001) como el Plan Estratégico de Prevención de la Violencia y la Convivencia Ciudadana (2001-2003), ambos seriamente afectados por rupturas políticas antes de haber dado resultados verdaderamente tangibles. Luego de estos nació el plan piloto de seguridad ciudadana que comenzó justo cuando Jesse Chacón asumió la dirección del ministerio de Interior y Justicia (MIJ), es decir en el 2004. La propuesta tenía como objetivo fundamental disminuir los niveles de delincuencia y criminalidad en el Distrito Capital. La vigilancia e intensificación de puntos de control, labores efectuadas por parte de policías municipales, estadales y de la Guardia Nacional fue la primera estrategia. Fue así como más de 3 mil funcionarios policiales-Policía Municipal Libertador, Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo, efectivos de la Disip y el CICPC-además de la Guardia Nacional reforzaron 19 puntos de control y 23 bases de patrulla distribuidas en toda la ciudad. Operaron noche y día en todos los municipios del Distrito Metropolitano para dar como resultado la disminución de los índices de criminalidad en la ciudad capital, según datos ofrecidos por el Gobierno. Entonces se veía al para entonces ministro Chacón, en una rueda de prensa semanal, leyendo los resultados del Plan. Cabe destacar que casi nunca con cifras exactas ni totales generales, "significativas disminuciones" que para nada han impactado al venezolano de "a pie", todo lo contrario, y en el marco del muy conocido caso Kennedy, se dio lugar a un serio cuestionamiento de los cuerpos policiales y sus formas de actuación, como por ejemplo la creación de grupos élites y comandos especiales de "limpieza". Las muertes de esos desafortunados estudiantes-Leonardo Enrique González, Edgar Quintero Torrealba y Erick Montenegro-en manos de la DIM y el Cicpc; los niños quemados de El Valle, inclusive el terrible asesinato de los hermanos Faddoul y su chofer Miguel Rivas, pusieron al descubierto enormes vacíos en los cuerpos de seguridad del Estado que por decir lo menos están desarticulados, fragmentados y corrompidos, incluso la Guardia Nacional y el Ejército, fuerzas que no cuentan con formación para desempeñar labores de seguridad ciudadana. La masacre de Macarao marcó un antes y un después. Aún están frescas las palabras del Presidente Chávez, refiriéndose a los cuerpos policiales, a los asesinos con carnet. Si hay que eliminar todo eso, que se elimine todo eso. Es inconcebible, con la inteligencia militar lo mismo...¿Cómo es posible que un grupo de supuestos policías abran fuego de ametralladoras contra un vehículo porque no hizo alto a una voz? No se puede disparar así chico. Falta de conciencia, de humanidad, de todo...si hubiera que barrer la policía y la DIM se haría con coraje y decisión. El para entonces Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, también apoyó esas palabras llamando a la policía venezolana gatillos alegres; y el ministro Jesse Chacón, ofreció una rapida respuesta: "Lo ocurrido es simplemente una muestra de una cultura arraigada en los cuerpos policiales desde hace mucho tiempo...una vez cometido el exceso se monta un escenario para hacer ver un ajusticiamiento como un enfrentamiento entre funcionarios y unos supuestos delincuentes, que jamás existieron. Chacón en ese momento se olvidó que además de la importancia de depurar la lista de funcionarios policiales, evitando las mudanzas de cuerpo a cuerpo, el comportamiento está asociado con la ausencia de valores y ética, déficit en los sistemas de evaluación y control de la acción policial, estructuras policiales altamente jerarquizadas, corrupción, etc. Pero más allá del problema y reestructuración policial, el trabajo termina refrenándose en otras instancias del Sistema de Justicia Penal.

LA CORRUPCIÓN… PASO A PASO Acudí a la Fiscalía General de la República, para solicitar que se investigue al ciudadano RAFAEL ISEA, Ex Ministro de Finanzas, y que una vez constatados los hechos que narraré, esta Fiscalía solicite ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la DECLARATORIA DE HABER MÉRITO para iniciar la causa penal, por vía del procedimiento ordinario en contra del Gobernador del Estado Aragua RAFAEL ISEA, por ser el protagonista del ilícito más cuantioso en la historia de la corrupción en el país. Igualmente, estamos solicitando que se investigue por los mismos hechos a su presunto cómplice, el ciudadano Maurice Beracha. LOS HECHOS PASO 1: El nuevo título El discurso de la integración suramericana y la solidaridad entre los pueblos, y la declaración de intención de disminuir la brecha entre el precio del dólar oficial y el paralelo, es la coartada para el primer paso. RAFAEL ISEA y MAURICE BERACHA, combinan bonos de la deuda pública de Argentina, Ecuador, Bielorrusia y Venezuela, y los empaquetan formando un nuevo titulo valor, llamado NOTA ESTRUCTURADA. PASO 2: La compra El discurso sobre la necesidad de que el gobierno controle al Banco Central de Venezuela, es la justificación para el segundo paso. El recién creado FONDEN, con las reservas internacionales que le confiscaron al Banco Central de Venezuela, compra las Notas Estructuradas, que tienen como base los papeles de deuda de los cuatro países mencionados. PASO 3: Los compinches RAFAEL ISEA, para ese momento Ministro de Finanzas, aprovecha su relación con MAURICE BERACHA, quien operaba desde el despacho del Ministro de Finanzas, a la par se desempeñaba como representante de Lheman’s Brothers, para juntos hacer la escogencia del grupo de operadores financieros, cercanos al Ministro, que participarían en toda la operación. PASO 4: La adjudicación Amparados en el discurso de que no permitirán que los bancos grandes se traguen a los pequeños, se realiza el cuarto paso. Sin que mediara una subasta o cualquier otro mecanismo que hiciera transparente este proceso, RAFAEL ISEA y MAURICE BERACHA, adjudicaron a dedo las NOTAS ESTRUCTURADAS. A cada operador financiero seleccionado, se le adjudicó la misma cantidad de títulos y al mismo precio, con montos promedios de US$ 130 millones por operación. No se adjudicaron Notas Estructuradas a ningún Banco del gobierno. PASO 5: La venta Haciendo coro al discurso oficial de que la banca privada apoyaba las medidas del gobierno revolucionario, se fraguó el quinto paso. Los bancos privados, después de la adjudicación, simplemente pagaron el valor de la Nota Estructurada (al dólar oficial más una prima, es decir la cantidad de 2.150 +10%) con los depósitos que el mismo gobierno tenía en cada banco. PASO 6: La reventa Luego de pagar el valor de la Nota Estructurada a Bs. 2.365 por dólar, los bancos privados vendieron las Notas adjudicadas sin subasta, por el Ministro RAFAEL ISEA, en el mercado secundario al precio de dólar paralelo (Bs.5.800) obteniendo un diferencial de Bs. 3.435 por dólar, todo con el “apoyo” de Lheman’s Brothers. Los bancos y operadores compraron las Notas a un valor superior al del mercado, porque luego dichas Notas fueron negociadas en el mercado internacional, con lo cual se cambian las Notas por dólares en efectivo, a precio de dólar paralelo. PASO 7: La repartición El telón de fondo es la repetición, a cada rato, de la declaración de guerra a la corrupción, por parte del gobierno. Sabemos que los operadores financieros involucrados vendían la cantidad de dólares necesarios para recuperar los bolívares pagados por las Notas, y el resto de los dólares se los repartían de la siguiente manera: (60%) para las autoridades del Ministerio de Finanzas, bajo la dirección del ciudadano RAFAEL ISEA, y el (40%) para el “Banco privado” recomendado por el ciudadano MAURICE BERACHA. EL DAÑO El daño al patrimonio del Estado y la ganancia es oceánica: se estima que entre 2004 y lo que va de 2009 se han colocado más de US$ 10 mil millones en esas Notas Estructuradas y en Bonos Argentinos, sin que se conozcan las condiciones financieras de esas colocaciones. LA GANANCIA Con una ganancia para los operadores de más de US$ 1.500 millones, se ha constituido en el negocio más rentable de Venezuela, pero también el más formidable ilícito que se haya realizado en el país. Al lado de este “atraco”, lo de Recadi baja a la categoría de “arrebatón de cartera” LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA Solicitamos a la Fiscalía que cite a los denunciados y los interrogue sobre los aspectos que aquí se señalan. Al mismo tiempo, que lo declarado por estos dos ciudadanos se coteje con la información pública que existe sobre: * - El proceso de subasta o adjudicadas, entre los bancos y las casas de bolsas, de las Notas Estructuradas. * - ¿Cómo las empresas involucradas registraron esta ilícita operación en sus libros? * - Cuál fue la utilidad del banco o de la casa de bolsa. También, que se solicite ante los organismos jurisdiccionales correspondientes las medidas preventivas para evitar que se sustraiga de la investigación penal y se dicten las medidas de aseguramiento a los fines de proteger el patrimonio de la nación. NUESTRA INVESTIGACIÓN Por nuestra parte, continuaremos esta investigación hasta que el mínimo pormenor quede develado. En los próximos días ofreceremos una Rueda de Prensa para ofrecer más detalles sobre esta investigación, al tiempo que solicitaremos ante la Asamblea Nacional que se inicie la investigación correspondiente. LA PERTINENCIA Hoy, al igual que ayer, se recurre a la emisión de Títulos Valores para financiar al Estado. Hoy, al igual que ayer, se avecina una campaña electoral. Hoy, al igual que ayer, el discurso y la declaración de intenciones son los mismos. Hoy, al igual que ayer, estamos pendientes… Ismael García Ver documento entregado a Fiscalia en:http://www.slideshare.net/ismaelgarcia/denuncia-rafael-isea

Un nuevo Castro, la misma Cuba Noviembre 18, 2009 Falta de cooperación del gobierno cubano El gobierno de Cuba implementa agresivas maniobras para evitar que los cubanos documenten las violaciones de derechos humanos y transmitan esta información a la comunidad internacional. Observadores independientes, periodistas, defensores de derechos humanos y diplomáticos extranjeros tienen vedado el acceso a casi todos los juicios de disidentes. A las personas detenidas, sometidas a juicio, encarceladas o sujetas a cualquier otro tipo de medida disciplinaria se les niega sistemáticamente la posibilidad de consultar la documentación sobre sus casos. En las pocas ocasiones en que se permite a los disidentes o sus familiares presenciar los juicios, consultar los documentos oficiales o acceder a otra información acerca de la represión, enfrentan grandes obstáculos y corren serios riesgos cuando intentan difundir esa información. Los cubanos no cuentan con acceso básico a medios de comunicación tales como internet, equipos de fax y, en algunos casos, ni siquiera a teléfonos, y los canales de comunicación existentes son vigilados constantemente por el gobierno. Además, las personas que sí comparten dicha información con organizaciones internacionales de derechos humanos, medios de comunicación extranjeros o organismos multilaterales pueden ser objeto de hostigamiento, perder sus empleos, sufrir golpizas y ser encarceladas sobre la base de leyes que penalizan expresamente la difusión de dicha información. En reiteradas oportunidades, Human Rights Watch solicitó reunirse con el gobierno de Cuba para dialogar sobre las cuestiones planteadas en este informe, dirigiendo sus pedidos a la Sección de Intereses de Cuba en Washington, D.C. y a la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York. También solicitó autorización para visitar Cuba, con la esperanza de que el gobierno cesara en la práctica de denegar el acceso a la isla a las delegaciones internacionales de derechos humanos. Desafortunadamente, los funcionarios cubanos jamás respondieron a ninguno de estos pedidos. (Ver Apéndice 2: Cartas de Human Rights Watch al gobierno cubano) Esta falta de transparencia generalizada pone de relieve la principal conclusión del presente informe: el gobierno cubano no sólo vulnera las libertades fundamentales, sino que incluso sanciona la documentación de dicha represión. Fuentes e investigación Pese a estas dificultades, Human Rights Watch pudo llevar a cabo, entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009, más de 60 entrevistas exhaustivas con defensores de derechos humanos, periodistas, ex presos políticos, familiares de actuales presos políticos, miembros del clero, sindicalistas independientes, miembros de grupos políticos no autorizados y otros ciudadanos cubanos. Las entrevistas se realizaron por vía telefónica y durante una misión de investigación que se realizó en Cuba en junio y julio de 2009, en la cual se practicaron entrevistas en siete de las catorce provincias que conforman el país. Estos testimonios de distintos miembros de la sociedad civil de toda Cuba muestran un claro patrón de represión, tanto por las tácticas utilizadas como por el tipo de personas a las cuales se dirigieron. Human Rights Watch pudo obtener copias de casi una veintena de documentos, entre los cuales se encontraban las acusaciones formales a presos políticos, las advertencias oficiales sobre “peligrosidad”, las negativas a conceder la libertad condicional y la autorización para viajar, así como otros documentos de índole legal. Estos documentos, proporcionados por familiares de presos políticos, grupos no oficiales de la sociedad civil y defensores locales de derechos humanos, confirman los patrones de abuso que surgen de los testimonios. Además, realizamos un análisis exhaustivo de las leyes cubanas, que brindan la estructura legal que permite la penalización del disenso. Por último, realizamos una investigación amplia de los informes de prensa, tanto de los periódicos coordinados por el gobierno cubano como de la prensa independiente (y, por tanto, ilegal) de la isla, así como de los informes elaborados por grupos locales y organismos internacionales tales como la ONU. Estas fuentes de información son diversas, lo cual es esperable al analizar un país cuyo gobierno no coopera con el monitoreo internacional de los derechos humanos. Dichas fuentes, en su conjunto, le han permitido a Human Rights Watch establecer el patrón de abuso sistemático llevado a cabo por el gobierno de Raúl Castro que se documenta en el presente informe. ¿Quiénes son considerados “disidentes”? En este informe, el término “disidente” se utilizará para hacer referencia a cualquier persona que exprese una postura de disidencia frente al gobierno. Así, el término abarca a un grupo amplio de actores no violentos de Cuba, entre los cuales se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, como así también miembros de grupos políticos, organizaciones religiosas y otros grupos de la sociedad civil no reconocidos por el gobierno cubano y, por ende, considerados ilegales. También comprende a personas que, sin pertenecer a ningún grupo, han adoptado una postura crítica respecto del gobierno, o a aquellas que, de algún modo, se abstienen de cooperar con el estado. Se trata de personas diversas que no comparten una única ideología, afiliación u objetivo. En Cuba, los disidentes suelen expresar su disenso a través de más de un medio. Por ejemplo, una persona puede pertenecer a un grupo político no autorizado y, a la vez, intervenir en el monitoreo de las violaciones de derechos humanos. Según nuestra visión, esta persona es un defensor de derechos humanos, un activista político y un disidente. En determinados puntos del presente informe, nos referiremos a esas personas utilizando solamente el término amplio “disidente”. No obstante, el gobierno cubano no reconoce diferencias entre estas personas ni sus formas de expresión, e identifica cualquier disidencia como una actividad “contrarrevolucionaria” que, como tal, merece ser castigada. Anonimato y seguridad Debido al riesgo que entraña para los cubanos entablar comunicaciones con organizaciones externas, Human Rights Watch tomó diversas medidas de precaución tendientes a proteger la seguridad de las personas entrevistadas. A todas ellas se les ofreció la posibilidad de no revelar su identidad en el informe, de no incluir la información que podría dar a conocer su identidad, o bien de excluir directamente sus historias. En el proceso de preparación para su misión de investigación a Cuba, Human Rights Watch no informó a los contactos acerca de la visita que estaba organizando, para no ponerlos en riesgo y para evitar atraer cualquier tipo de vigilancia. Al realizar la investigación en la isla, las entrevistas se pautaron con una duración máxima de aproximadamente una hora, y no se prolongó la estadía en ningún lugar más allá de lo estrictamente necesario. En el informe, en los casos en que se citan las entrevistas en Cuba, se han omitido algunos nombres, fechas y lugares relativos a las fuentes. Pese a estas precauciones, algunas de las personas entrevistadas para el presente informe sufrieron represalias después de haberse comunicado con Human Rights Watch.