Un nuevo Castro la misma cuba

Un nuevo Castro, la misma Cuba Noviembre 18, 2009 Falta de cooperación del gobierno cubano El gobierno de Cuba implementa agresivas maniobras para evitar que los cubanos documenten las violaciones de derechos humanos y transmitan esta información a la comunidad internacional. Observadores independientes, periodistas, defensores de derechos humanos y diplomáticos extranjeros tienen vedado el acceso a casi todos los juicios de disidentes. A las personas detenidas, sometidas a juicio, encarceladas o sujetas a cualquier otro tipo de medida disciplinaria se les niega sistemáticamente la posibilidad de consultar la documentación sobre sus casos. En las pocas ocasiones en que se permite a los disidentes o sus familiares presenciar los juicios, consultar los documentos oficiales o acceder a otra información acerca de la represión, enfrentan grandes obstáculos y corren serios riesgos cuando intentan difundir esa información. Los cubanos no cuentan con acceso básico a medios de comunicación tales como internet, equipos de fax y, en algunos casos, ni siquiera a teléfonos, y los canales de comunicación existentes son vigilados constantemente por el gobierno. Además, las personas que sí comparten dicha información con organizaciones internacionales de derechos humanos, medios de comunicación extranjeros o organismos multilaterales pueden ser objeto de hostigamiento, perder sus empleos, sufrir golpizas y ser encarceladas sobre la base de leyes que penalizan expresamente la difusión de dicha información. En reiteradas oportunidades, Human Rights Watch solicitó reunirse con el gobierno de Cuba para dialogar sobre las cuestiones planteadas en este informe, dirigiendo sus pedidos a la Sección de Intereses de Cuba en Washington, D.C. y a la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York. También solicitó autorización para visitar Cuba, con la esperanza de que el gobierno cesara en la práctica de denegar el acceso a la isla a las delegaciones internacionales de derechos humanos. Desafortunadamente, los funcionarios cubanos jamás respondieron a ninguno de estos pedidos. (Ver Apéndice 2: Cartas de Human Rights Watch al gobierno cubano) Esta falta de transparencia generalizada pone de relieve la principal conclusión del presente informe: el gobierno cubano no sólo vulnera las libertades fundamentales, sino que incluso sanciona la documentación de dicha represión. Fuentes e investigación Pese a estas dificultades, Human Rights Watch pudo llevar a cabo, entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009, más de 60 entrevistas exhaustivas con defensores de derechos humanos, periodistas, ex presos políticos, familiares de actuales presos políticos, miembros del clero, sindicalistas independientes, miembros de grupos políticos no autorizados y otros ciudadanos cubanos. Las entrevistas se realizaron por vía telefónica y durante una misión de investigación que se realizó en Cuba en junio y julio de 2009, en la cual se practicaron entrevistas en siete de las catorce provincias que conforman el país. Estos testimonios de distintos miembros de la sociedad civil de toda Cuba muestran un claro patrón de represión, tanto por las tácticas utilizadas como por el tipo de personas a las cuales se dirigieron. Human Rights Watch pudo obtener copias de casi una veintena de documentos, entre los cuales se encontraban las acusaciones formales a presos políticos, las advertencias oficiales sobre “peligrosidad”, las negativas a conceder la libertad condicional y la autorización para viajar, así como otros documentos de índole legal. Estos documentos, proporcionados por familiares de presos políticos, grupos no oficiales de la sociedad civil y defensores locales de derechos humanos, confirman los patrones de abuso que surgen de los testimonios. Además, realizamos un análisis exhaustivo de las leyes cubanas, que brindan la estructura legal que permite la penalización del disenso. Por último, realizamos una investigación amplia de los informes de prensa, tanto de los periódicos coordinados por el gobierno cubano como de la prensa independiente (y, por tanto, ilegal) de la isla, así como de los informes elaborados por grupos locales y organismos internacionales tales como la ONU. Estas fuentes de información son diversas, lo cual es esperable al analizar un país cuyo gobierno no coopera con el monitoreo internacional de los derechos humanos. Dichas fuentes, en su conjunto, le han permitido a Human Rights Watch establecer el patrón de abuso sistemático llevado a cabo por el gobierno de Raúl Castro que se documenta en el presente informe. ¿Quiénes son considerados “disidentes”? En este informe, el término “disidente” se utilizará para hacer referencia a cualquier persona que exprese una postura de disidencia frente al gobierno. Así, el término abarca a un grupo amplio de actores no violentos de Cuba, entre los cuales se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, como así también miembros de grupos políticos, organizaciones religiosas y otros grupos de la sociedad civil no reconocidos por el gobierno cubano y, por ende, considerados ilegales. También comprende a personas que, sin pertenecer a ningún grupo, han adoptado una postura crítica respecto del gobierno, o a aquellas que, de algún modo, se abstienen de cooperar con el estado. Se trata de personas diversas que no comparten una única ideología, afiliación u objetivo. En Cuba, los disidentes suelen expresar su disenso a través de más de un medio. Por ejemplo, una persona puede pertenecer a un grupo político no autorizado y, a la vez, intervenir en el monitoreo de las violaciones de derechos humanos. Según nuestra visión, esta persona es un defensor de derechos humanos, un activista político y un disidente. En determinados puntos del presente informe, nos referiremos a esas personas utilizando solamente el término amplio “disidente”. No obstante, el gobierno cubano no reconoce diferencias entre estas personas ni sus formas de expresión, e identifica cualquier disidencia como una actividad “contrarrevolucionaria” que, como tal, merece ser castigada. Anonimato y seguridad Debido al riesgo que entraña para los cubanos entablar comunicaciones con organizaciones externas, Human Rights Watch tomó diversas medidas de precaución tendientes a proteger la seguridad de las personas entrevistadas. A todas ellas se les ofreció la posibilidad de no revelar su identidad en el informe, de no incluir la información que podría dar a conocer su identidad, o bien de excluir directamente sus historias. En el proceso de preparación para su misión de investigación a Cuba, Human Rights Watch no informó a los contactos acerca de la visita que estaba organizando, para no ponerlos en riesgo y para evitar atraer cualquier tipo de vigilancia. Al realizar la investigación en la isla, las entrevistas se pautaron con una duración máxima de aproximadamente una hora, y no se prolongó la estadía en ningún lugar más allá de lo estrictamente necesario. En el informe, en los casos en que se citan las entrevistas en Cuba, se han omitido algunos nombres, fechas y lugares relativos a las fuentes. Pese a estas precauciones, algunas de las personas entrevistadas para el presente informe sufrieron represalias después de haberse comunicado con Human Rights Watch.