La inseguridad: el verdadero enemigo
El estado de paranoia o sobrealerta constante en la que vive el venezolano hoy en día sin lugar a dudas en una situación anormal. Bien vale la pena retomar aquella idea de decretar la "violencia" como un problema de salud pública, dadas las repercusiones físicas y emocionales que genera, y declarar a todos los venezolanos, sin excepción, enfermos.
LATINOAMÉRICA
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud y de Amnistía Internacional, el número anual de homicidios con armas de fuego en Latinoamérica oscila entre 73 mil y 90 mil fallecidos, cifra que triplica la media mundial. El panorama regional parece una película de terror: la mitad de los secuestros del mundo se producen en Latinoamérica, de acuerdo con los cálculos de Kroll Associates, una compañía de seguridad estadounidense. En los últimos años el índice de delincuencia aumentó de cuatro a seis veces al menos en 10 países de la región.
Dirk Kruijt, coeditor de Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America, opina que "la violencia adquirió dimensiones que antes no tenía, donde se entrecruzan actividades delictivas de fuerzas públicas, conflictos étnicos, pobreza y limpieza social de grupos marginales".
La problemática abarca desde México hasta La Patagonia, y en vez de controlarse crece: pandillas, secuestros, narcotráfico, hacinamiento en las cárceles, corrupción policial e impunidad conforman una red de crimen, un verdadero círculo vicioso que amenaza la seguridad ciudadana.
En una entrevista, Andrew Morrison, experto en temas de desarollo social del Banco Interamericano de Desarrollo cree que este crecimiento, particularmente en nuestro continente se debe a la ecuación pobreza+desigualdad=violencia. Citando una encuesta reciente, el funcionario informó que la tasa más alta de víctimas está en Guatemala, donde el 55% de los hogares han sufrido por lo menos algún tipo de crimen en los últimos 12 meses. Destacan además El Salvador, con un tasa del 46% y Venezuela, con el 44%. Las más bajas son Uruguay y Panamá donde un 26% y un 27% de la población respectivamente han sido víctimas de algún tipo de atraco.
VENEZUELA
La seguridad ciudadana es un derecho contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
"Toda persona tiene derecho a la protección del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, oportunidad, proporcionalidad, conforme a la ley". (Artículo 55 CRBV)
Sin embargo, hoy en día, Caracas es la segunda capital más violenta de Latinoamérica y Venezuela uno de los países con los índices de criminalidad urbana más altos del mundo, tal y como lo reflejan los completos trabajo realizados por Provea y la Alcaldía del Municipio Chacao, cuyos enlaces podrá consultar al final de esta entrega.
El gobierno del teniente coronel Hugo Chávez Frías, con 9 años en el poder, no ha logrado crear una política pública de seguridad ciudadana acorde con la realidad del país, por el contrario ha cruzado una carrera armamentista con un sólo enemigo: el imperio norteamericano. Mientras tanto, en su país, más de 26 millones de venezolanos viven aterrados por casos como Kennedy, Faddoul-Rivas, Sindoni, Aguirre, Piñango, por sólo mencionar algunos. En estos, además de la violencia en sí-que llega incluso a ídices de crueldad y deshumanización-queda demostrado que no es exclusiva del hampa, sino que está sembrada en el seno de los cuerpos de seguridad del país, destinados a proteger a los ciudadanos. La realidad es cruda y los casos antes mencionados sólo son escándalos que se encargan de taponear una rutina que supera los 50 muertos cada fin de semana en el país. O para otros simples manipulaciones madiáticas con trasfondos políticos.
A juicio de los expertos la inseguridad ocupa la segunda posición entre los principales problemas del país, superada sólo por el desempleo, sin embargo personalmente lo pongo en dudo y lo invito a que saque usted sus propias conclusiones.
Si bien es cierto que el problema de la inseguridad no data del año 99 para acá, también es cierto que bajo el actual Gobierno los índices delictivos se han incrementado. Volviendo hacia atrás cabe recordar tanto el Plan Bratton (2001) como el Plan Estratégico de Prevención de la Violencia y la Convivencia Ciudadana (2001-2003), ambos seriamente afectados por rupturas políticas antes de haber dado resultados verdaderamente tangibles. Luego de estos nació el plan piloto de seguridad ciudadana que comenzó justo cuando Jesse Chacón asumió la dirección del ministerio de Interior y Justicia (MIJ), es decir en el 2004. La propuesta tenía como objetivo fundamental disminuir los niveles de delincuencia y criminalidad en el Distrito Capital. La vigilancia e intensificación de puntos de control, labores efectuadas por parte de policías municipales, estadales y de la Guardia Nacional fue la primera estrategia. Fue así como más de 3 mil funcionarios policiales-Policía Municipal Libertador, Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo, efectivos de la Disip y el CICPC-además de la Guardia Nacional reforzaron 19 puntos de control y 23 bases de patrulla distribuidas en toda la ciudad. Operaron noche y día en todos los municipios del Distrito Metropolitano para dar como resultado la disminución de los índices de criminalidad en la ciudad capital, según datos ofrecidos por el Gobierno.
Entonces se veía al para entonces ministro Chacón, en una rueda de prensa semanal, leyendo los resultados del Plan. Cabe destacar que casi nunca con cifras exactas ni totales generales, "significativas disminuciones" que para nada han impactado al venezolano de "a pie", todo lo contrario, y en el marco del muy conocido caso Kennedy, se dio lugar a un serio cuestionamiento de los cuerpos policiales y sus formas de actuación, como por ejemplo la creación de grupos élites y comandos especiales de "limpieza".
Las muertes de esos desafortunados estudiantes-Leonardo Enrique González, Edgar Quintero Torrealba y Erick Montenegro-en manos de la DIM y el Cicpc; los niños quemados de El Valle, inclusive el terrible asesinato de los hermanos Faddoul y su chofer Miguel Rivas, pusieron al descubierto enormes vacíos en los cuerpos de seguridad del Estado que por decir lo menos están desarticulados, fragmentados y corrompidos, incluso la Guardia Nacional y el Ejército, fuerzas que no cuentan con formación para desempeñar labores de seguridad ciudadana.
La masacre de Macarao marcó un antes y un después. Aún están frescas las palabras del Presidente Chávez, refiriéndose a los cuerpos policiales, a los asesinos con carnet.
Si hay que eliminar todo eso, que se elimine todo eso. Es inconcebible, con la inteligencia militar lo mismo...¿Cómo es posible que un grupo de supuestos policías abran fuego de ametralladoras contra un vehículo porque no hizo alto a una voz? No se puede disparar así chico. Falta de conciencia, de humanidad, de todo...si hubiera que barrer la policía y la DIM se haría con coraje y decisión.
El para entonces Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, también apoyó esas palabras llamando a la policía venezolana gatillos alegres; y el ministro Jesse Chacón, ofreció una rapida respuesta: "Lo ocurrido es simplemente una muestra de una cultura arraigada en los cuerpos policiales desde hace mucho tiempo...una vez cometido el exceso se monta un escenario para hacer ver un ajusticiamiento como un enfrentamiento entre funcionarios y unos supuestos delincuentes, que jamás existieron.
Chacón en ese momento se olvidó que además de la importancia de depurar la lista de funcionarios policiales, evitando las mudanzas de cuerpo a cuerpo, el comportamiento está asociado con la ausencia de valores y ética, déficit en los sistemas de evaluación y control de la acción policial, estructuras policiales altamente jerarquizadas, corrupción, etc. Pero más allá del problema y reestructuración policial, el trabajo termina refrenándose en otras instancias del Sistema de Justicia Penal.