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Justicia y corrupción Sandra Russo: “ todavía no ha sido imputado de nada” FALSO Pese a que aún no ha sido procesado, el Vicepresidente fue imputado en el caso Ciccone por dos fiscales y en dos causas que luego fueron unificadas. “Esta causa empezó hace más de dos años. Hace más de dos años que empezó y usted todavía no ha sido imputado de nada. Sin embargo, bajo la luz pública aparece una mancha a un apellido, a fuerza de tapas y tapas y tapas”, mencionó a Amado Boudou Sandra Russo, periodista y panelista del programa “678”, antes de preguntarle cómo el proceso penal afectaba a sus lazos familiares y cómo se explicaba la lentitud de la Justicia en el caso. La frase de la periodista es falsa. Pese a que aún no ha sido procesado, el Vicepresidente fue imputado en el caso Ciccone por dos fiscales y en dos causas que luego fueron unificadas. La causa que actualmente tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, comenzó en 2012. Por un lado, el fiscal federal Carlos Rívolo comenzó en febrero de ese año a investigar a José María Núñez Carmona (socio de Boudou) en una causa que también mencionaba al Vicepresidente por “negociaciones incompatibles con la función pública”, luego de denuncias periodísticas que lo involucraban en la compraventa de la imprenta Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone. Esa investigación fue derivada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. En abril de ese año, Rafecas, por pedido de Rívolo, ordenó allanar un departamento de Boudou ubicado en Puerto Madero. La defensa del Vicepresidente planteó la recusación del juez por supuesta “pérdida de imparcialidad” y por haber mantenido diálogos con Ignacio Danuzzo Iturraspe, abogado que intervino en la causa. Tras el rechazo de Rafecas, la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a la recusación planteada por la defensa y el juez fue apartado del caso. A fines de abril de 2012, la causa recayó en el juzgado de Lijo. Pocos días después, el fiscal federal Jorge Di Lello imputó a Boudou por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta denuncia, junto con la de negociaciones incompatibles con la gestión pública, también fue derivada al juzgado de Lijo, quien declaró la conexidad de ambas causas y dejó la investigación en manos de Di Lello, por lo que Rívolo quedó apartado de la causa. “Hoy resulta unánime la interpretación jurisprudencial y doctrinaria que asigna el carácter de ‘imputado’ a cualquier persona mencionada en una denuncia penal y, posteriormente, en el requerimiento de instrucción realizado por el fiscal”, sostiene un fallo del juez Lijo de mayo de 2012, al responder a la defensa Boudou, que sostenía que era ilegítimo el pedido de las declaraciones juradas del Vicepresidente porque en ese momento “no estaba imputado en la causa”. En su fallo, Lijo cita a Julio Maier, profesor titular consulto de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y ex integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: “Es, entonces, la situación objetiva -de estar indicado como sospechoso de haber participado en un hecho punible ante una autoridad competente para la persecución penal- la que define el concepto, y no lo define, por lo contrario, una decisión subjetiva y formal de alguna autoridad”. Según el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, “el juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal”, que “formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción”. El abogado penalista (UBA) Martín Gershanik agregó: “El fiscal puede desestimar la denuncia o investigar. Si impulsa la investigación, el denunciado pasa inmediatamente a estar imputado”. En febrero de 2014, el fiscal Di Lello pidió la indagatoria de Boudou y otros once imputados en la causa, entre los que se encuentran Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Nicolás Ciccone y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En los últimos días, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa de Boudou, que ya había sido rechazado en primera instancia por Lijo y en segunda instancia por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El fiscal general ante la Cámara de Casación, Javier de Luca, había rechazado la continuidad de la investigación dispuesta por Lijo y la Cámara Federal: “No se le ha dado al investigado y a la sociedad una respuesta consistente en qué hechos con relevancia jurídico-penal están siendo investigados”. En su dictamen, agregó que “la resolución recurrida debe ser revocada” y pidió que “se despeje la situación de incertidumbre en que se encuentra el proceso respecto del peticionante”. Boudou está acusado de haber intercedido como Ministro de Economía en la elaboración de un plan de pagos para la imprenta Ciccone, que se encontraba en quiebra y pasó a ser presidida por Alejandro Vandenbroele, a quien se acusa de ser supuesto testaferro de Boudou. Consultada por Chequeado, Sandra Russo admitió que se equivocó y dijo: “Fue un error. El Vicepresidente sí está imputado, lo que no está es procesado ni tampoco hasta ahora ha sido llamado a declaración indagatoria”.

Fuerte deterioro patrimonial del BCRA. por Agustín Monteverde • El Banco Central ha sufrido un serio deterioro patrimonial y de su capacidad para respaldar la base monetaria y aplacar eventuales corridas. • Esto ha sido consecuencia del financiamiento indiscriminado al sector público por vía de una descontrolada emisión monetaria. • Sumando la emisión por compra de dólares -en un mercado donde hay un solo demandante habilitado- y la orientada a financiar al Tesoro, la expansión monetaria orilla 40% anual. • La participación de la deuda del sector público en los activos del BCRA se incrementó notablemente en los últimos años. • En 2003 esas acreencias representaban 10% de los activos de la autoridad monetaria. * En 2011 habían trepado a 45%. * Y ahora ya representan 55% de los activos totales. • El BCRA se ha convertido en el prestamista de última instancia del Tesoro, tanto de pesos cómo de dólares. • Con el riesgo país arriba de los 1100 puntos, la única fuente de financiamiento disponible son los organismos autónomos y la caja inagotable -emisión mediante- del BCRA. • Más de la mitad de la deuda del Tesoro con el BCRA -55%- está conformada por letras intransferibles a diez años, la primera de las cuales -U$ 9500 MM- vence en 2015. • 40% son adelantos transitorios. • Y apenas 5% son bonos con cotización de mercado. • La contracara más notable del desendeudamiento que viene pregonando el gobierno, algo que tendrá su pico de exaltación el viernes con el pago final del BODEN 2012, es el deterioro patrimonial del Banco Central. • El BCRA no podrá recomponer su liquidez cuando venzan las letras, pues las proyecciones de la secretaría de Finanzas dejan en claro que el gobierno asume que serán refinanciadas y no contempla pagos en ejercicios futuros por este concepto. • Similar tratamiento en los flujos proyectados tienen los adelantos transitorios: se asume aquí también su automática refinanciación. • Las letras son la contrapartida de haber usado dólares de las reservas del Central para pagar vencimientos de deuda con acreedores privados. • Este auténtico vaciamiento del BCRA fue anticipado en una columna que escribimos para La Nación en enero de 2010. • La emisión y el impuesto inflacionario continuarán siendo el principal canal de financiamiento del gasto público. La nueva ley orgánica le ha dejado despejado al gobierno el acceso irrestricto a la asistencia del BCRA. • Este año se utilizarán U$ 7700 MM de las reservas. • Se suman a los más de U$ 17000 MM ya apropiados en 2010 y 2011, por lo que totalizará U$ 25000 MM la deuda instrumentada en letras del Tesoro. • Por su parte, los adelantos transitorios que se otorgarán este año al Tesoro superarán los $ 50000 MM. • Y el giro de utilidades meramente contables significará una emisión adicional de $ 7700 MM. • Este deterioro patrimonial podría tener serias consecuencias sobre las expectativas de devaluación. • Tomando las reservas brutas que informa el Central, sin detraerles los pasivos que afectan su relación con la base monetaria, el tipo de cambio de equilibrio entre aquéllas y la base amplia (incluyendo LEBAC) se ubica $ 7,20. Esto es poco menos de 60% mayor al tipo oficial actual. • Esto marca una diferencia con el atraso cambiario que marcó los últimos meses de la Convertibilidad. * En aquel momento el atraso existía pero la base monetaria estaba adecuadamente respaldada. * Hoy -aun siendo generosos en el cómputo de las reservas netas efectivas- el respaldo es claramente insuficiente. • Devaluar es la única posibilidad de mejorar esa relación -salvo que se sueñe con una precancelación de la deuda del Tesoro, imposible en el actual marco de creciente quebranto fiscal. • Si la próxima cosecha recupera los volúmenes esperados y los precios actuales se mantuviesen en 2013 -nosotros descartamos por improbable tal combinación- la soja podría aportar unos U$ 7000 MM adicionales a la caja de dólares el año próximo, lo que relajaría las presiones sobre el Central.

Cárceles en la Argentina Sistema Penitenciario Federal: ¿es como dice la Presidenta? Cristina Fernández defendió los avances alcanzados en la gestión del SPF desde 2003. Superpoblación y reincidencia de los presos, los temas de esta primera nota. En referencia a una nota publicada el domingo por el diario Clarín, la presidenta Cristina Fernández defendió el martes, durante el anuncio de un acuerdo con la AFA, la gestión actual del Sistema Penitenciario Federal (SPF) y citó datos al respecto. A continuación, un chequeo a sus afirmaciones: dijo:“Somos el único [servicio penitenciario de la Argentina] que no tiene superpoblación”. DISCUTIBLE El Servicio Penitenciario Federal (SPF) cuenta con 35 establecimientos distribuidos en todo el país. La información oficial da cuenta de un sistema que amplió la cantidad de plazas disponibles a 10.934, y que alberga a 9.693 personas, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional del SPF a abril de 2012. Es decir que, al haber más plazas que internos, no habría superpoblación carcelaria, una característica que distingue al SPF del resto de las penitenciarías provinciales. Sin embargo, no está clara cuál es la metodología utilizada para contabilizar las plazas disponibles, y los documentos de organismos especializados refieren serias deficiencias en las condiciones materiales de alojamiento y de infraestructura. El Informe de Derechos Humanos 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) subraya: “Se ha difundido la idea de que, en contraste con el colapsado Servicio Penitenciario Bonaerense, el SPF no se encuentra superpoblado, en la medida en que se mantuvo estable la cantidad de detenidos y que se han construido más unidades. Pero lo cierto es que todavía no se logra avanzar en la definición de estándares consensuados que permitan definir las plazas del sistema de acuerdo con parámetros adecuados para calcular la población”. La misma organización señaló en 2009 que existían “serias deficiencias en la manera de establecer el cupo penitenciario, que en muchas ocasiones se reducía a contar las camas que existían en las unidades” y, además, “a que el promedio general ocultaba que había algunas unidades con niveles de hacinamiento importantes”. Un ejemplo, citado en el mismo documento, es el del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres (ex Instituto Correccional de Mujeres Unidad Nº3) del SPF, que al momento de una visita oficial de la Comisión de Cárceles en 2007 tenía “una capacidad declarada de 315”, pero en el que “había 718 internas alojadas”. Cabe destacar que la cifra del SPF no incluyen a los detenidos federales alojados en comisarías provinciales, ni en dependencias de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. Esta población, según el informe citado anteriormente, “no está sistematizada en ningún registro oficial pero, de acuerdo con lo indicado por algunos funcionarios, superaría ampliamente el millar de personas, lo que representa cerca de un 10% más de la población oficialmente registrada”. Por otra parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación detalló en su “Informe anual 2010” deficiencias en las condiciones materiales alojamiento, fallas de infraestructura, deficiencias en provisión de alimentos y en el acceso al sistema de salud. “Esto pone en duda la idea de que es un sistema que alberga a una población acorde con su capacidad”, concluye el CELS en su informe 2012. dijo:“Hemos bajado de más del 50 por ciento de reincidencia que teníamos al 2003, al 22 por ciento”. FALSO El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) fue creado en el 2002 por la Dirección Nacional de Política Criminal, “con el fin de contar con información periódica y uniforme acerca de la población penal privada de la libertad” en la Argentina. Su informe de 2003 no discrimina entre los condenados en cárceles federales y provinciales, y los estudios de los años 2005 y 2006 no están disponibles en la web, por lo que el Ministerio de Justicia solicita un pedido de información pública para tener acceso a ellos. Sin embargo, con la información disponible, es posible afirmar que la tasa de reincidencia en los condenados del SPF no tuvo el comportamiento que mencionó la Presidenta desde 2004 -primer año para el que existen datos-. En realidad, aumentó desde el año 2008 hasta 2010. Se trata de un indicador clave para analizar el éxito del tratamiento y la recuperación de los reclusos del sistema penitenciario. Evolución de la tasa de reincidencia* “Los datos disponibles revelan que la reincidencia se encuentra levemente en aumento, pero este número tiene un sesgo: sólo toma en cuenta a los condenados y no a los procesados, que representan la mayoría de la población de las cárceles federales, por lo que el porcentaje podría ser aún mayor”, explicó Martín Gershanik, abogado penalista (UBA) y ex director ejecutivo de la ONG Unidos por la Justicia. Entre los factores que podrían lograr una resocialización exitosa, el especialista mencionó las salidas de los presos a eventos culturales y la creación de los centros universitarios del SPF, como el Centro Universitario de Devoto (CUD). Por su parte, Alcira Daroqui, directora del Centro de Estudios Penales del Instituto Gino Germani y ex coordinadora de la carrera de Sociología en el Programa de Estudio de la UBA en las cárceles federales (UBA XXII), subrayó: “No existe un estudio serio y contundente sobre la reincidencia de los presos que estudian, ya sea en el nivel inicial como en el universitario”. Además, destacó que lo que existe son intuiciones sobre los efectos positivos de este tipo de programas, porque “lo que hace el estudio es limitar las condiciones de degradación dentro de la cárcel, para que la persona salga en libertad con mayores herramientas para afrontar el mundo exterior.”

CFK: “De aquellos 200 pesos a estos 2875 [el aumento del salario mínimo, vital y móvil] significa un 1338%” ENGAÑOSO La suba mencionada por la Presidenta no considera el aumento de precios. El período tomado oculta, además, un comportamiento no uniforme en la evolución del SMVM, que incluso cayó en términos reales desde su última actualización en 2011. La afirmación de CFK es verdadera sólo si se considera el aumento en términos corrientes, pero no así si se toma el aumento real del SMVM. El período tomado oculta, además, un comportamiento no uniforme en la evolución del SMVM, que incluso cayó en términos reales desde su último aumento en 2011. El SMVM fue establecido en la Argentina en 1964 (ley N° 16.459) y es fijado anualmente por el Consejo del Salario (órgano tripartito que componen el Ministerio de Trabajo de la Nación, los empresarios y los trabajadores). A partir de 1976, fueron suspendidos varios artículos de la ley que determinaron en la práctica un congelamiento. Durante la década del 90, el monto se mantuvo en 200 pesos. A partir del año 2003, en cambio, se asistió a una recomposición del salario mínimo, en una primera instancia a través de los incrementos discrecionales otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional y, desde 2005, por los aumentos dispuestos en el marco del Consejo. Según un cálculo realizado por Chequeado.com, tomando como referencia los decretos del PEN y las resoluciones del Consejo, el salario mínimo nominal aumentó un 916% entre 2002 y 2011 (la Presidenta hizo el cálculo incluyendo los aumentos de septiembre de 2012 y febrero de 2013, por lo que el salario pasará de $ 2670 a $ 2875). Sin embargo, en términos reales -corrigiendo la serie nominal por el IPC-9 Provincias que publica el Centro CIFRA, de la CTA, y el salario mínimo promedio de cada año- el aumento en ese mismo periodo fue de un 182,5 por ciento. Cabe destacar que el primer aumento que se dará en 2012 (del 16%) está por debajo de la inflación interanual (22%) estimada por el centro citado en su informe de julio de 2012. Por otra parte, la dinámica de crecimiento no fue la misma durante todo el período. En efecto, mientras que en el período comprendido entre los años 2002 y 2007 el SMVM creció en términos reales un 164%, en el período 2007-2011 lo hizo sólo un 7 por ciento. Los estudios sobre el tema coinciden en señalar, de todos modos, que la fijación anual de un SMVM es un elemento central de la política de ingresos. El salario mínimo constituye el mínimo legal para los ingresos de todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, de los trabajadores de la administración nacional y de los trabajadores de entidades y organismos en los que el Estado nacional es el empleador. Están excluidos de su cobertura los trabajadores independientes y los asalariados no registrados, además de los empleados públicos provinciales y municipales. Los beneficiarios del Plan Argentina Trabaja y los trabajadores rurales y del servicio doméstico tambien están excluidos. El director de Estudios de Relaciones del Trabajo del Ministerio, Héctor Palomino, señaló al respecto: “El salario mínimo es un instrumento de política salarial que no se restringe sólo a los asalariados registrados, sino que afecta también a los no registrados”. Esto se debe a que “los ingresos de los trabajadores informales tienen al SMVM como referencia para su fijación”, concluyó el especialista. En el resto del mundo Durante su discurso, Cristina Fernández se refirió también al valor del salario mínimo en términos de poder adquisitivo (PPA), y afirmó que “en la Argentina se pueden adquirir muchas más cosas con esos 650 dólares de lo que se puede adquirir en el resto de los países desarrollados y también en otros países emergentes.” Si bien es cierto que el salario mínimo nacional es el más alto de la región, no está por encima del establecido en la mayoría de los países desarrollados. Víctor Becker, director del sitio El Salario y del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano (UB), explicó: “La Argentina tiene el salario mínimo en términos de PPA más alto de América Latina. Lo era antes de este aumento, y todavía con mayor razón después”. Si se compara, en cambio, con países desarrollados, la relación cambia. Un informe publicado en 2010 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que la Argentina tiene un salario mínimo inferior al de todos los países avanzados seleccionados, salvo Portugal y Corea.

Escribe Licenciado Abel Ayala Cuando la Presidente hace una conferencia de prensa ante los jóvenes de la Universidad de Georgetown les dice que si el país hubiera tenido una inflación del 25% anual hubiera explotado y que las cifras del INDEC son ciertas. Miente descaradamente. Si decimos que tuvimos una inflación que oscilara en esa cifra, bajando un poco podemos decir el 20% anual de promedio en los últimos cinco años, para ser condescendientes. Si esto no fuera así cómo se explica que el gremio de camioneros tuvo un incremento de salarios en los últimos cinco años del Año 2008 - 19,5% Año 2009 - 17% Año 2010 - 25% Año 2011 - 24% Año 2012 - 24% La Unión Obrera de la Construcción tuvo Año 2008 - 19,5% Año 2009 - 15% Año 2010 - 11% Año 2011 - 24% Año 2012 - 24% Y así se puede seguir detallando gremio por gremio entre los cuales no hay muchas variaciones. Si lo que dijo la Presidente fuera cierto, entonces tendríamos que convenir que las empresas argentinas son Sociedades de Beneficencia al aumentar durante cinco años los sueldos muy por arriba de la inflación, o no Por favor, que no nos tomen por tan ignorantes.

CFK y Zannini estudiarían declarar el estado de sitio Ayer al mediodía, el comité de crisis del gobierno, coordinado por el Secretario de Seguridad Sergio Berni, habría advertido que los peores pronósticos se confirmaban. La protesta salarial de la Gendarmería y la Prefectura se extendía como una mancha de aceite en las Fuerzas Armadas y las policías provinciales. Prueba de ello era la masiva concentración de policías bonaerenses del Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA) en las escalinatas del ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Ricardo Casal y el autoacuartelamiento del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan. En medio de un mar de versiones, distintos informes de inteligencia predecían autoacuartelamientos militares y policiales importantes en Córdoba, Tucumán y Mendoza, además de varias provincias patagónicas. Ceder ante los reclamos de 7000 pesos de sueldo mínimo, además de la contratación de una ART y otras cuestiones, no era evaluada como una opción razonable en la Casa Rosada. El impacto presupuestario sería enorme y ni siquiera pondría fin al conflicto, porque el personal civil de las fuerzas y los empleados de las administraciones públicas provinciales y de la nacional podrían movilizarse con reclamos semejantes. Pero además, en caso de ceder, el gobierno luciría derrotado ante el mundo político, sindical y empresario, que empezaría a plantarse ante CFK de un modo distinto. Lo que les dio todavía mayor gravedad a los análisis oficiales fue la comprobación de que la protesta en Gendarmería y Prefectura no está liderada por oficiales sino por los mismos grupos de suboficiales, que por primera vez irrumpen en escena sin la conducción de ningún mando superior. Redoblar la apuesta La discusión en el gobierno se centraba entonces ayer en la determinación del rumbo a seguir. Desde la jefatura de gabinete se lanzó una débil ofensiva mediática intentando instalar el clima de un pregolpe de Estado. Pero este intento chocaba con la baja credibilidad pública, ya que el gobierno no tenía a quiénes acusar por la supuesta conspiración. Según trascendió, la presidente, seriamente afectada por los hechos, se inclinaba por creer que detrás de los suboficiales hay operaciones políticas de distinto origen. Por ejemplo, una versión indicaba que el próximo miércoles gendarmes y prefectos marcharían a Plaza de Mayo -de uniforme- junto a Hugo Moyano y Pablo Micheli. No es un secreto que la masa de suboficiales de la Prefectura provienen de las provincias del litoral y en su mayoría son peronistas. Algo similar ocurre en la Gendarmería con la gran cantidad de suboficiales peronistas que son de las provincias del NOA. De consolidarse la sindicalización de las fuerzas de seguridad, el oficialismo también temería que los nuevos gremios armados se conviertan en un brazo de la CGT moyanista. En medio del desconcierto generalizado, ayer al mediodía la presidente, Carlos Zannini y el titular de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga, empezaron a elaborar una respuesta política digna del kirchnerismo, que ama redoblar las apuestas. Se trata de un decreto declarando el estado de sitio en todo el país por una semana, aplicando así el artículo 23 de la Constitución Nacional, que dispone: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio en la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”. La existencia de conmoción interior estaría -a juicio de la cúpula del gobierno- plenamente justificada por la insubordinación masiva de las fuerzas y la ruptura de la cadena de mandos en forma inédita. La jugada política consistiría en que, con el decreto firmado, la presidente reaparecería ante las cámaras para anunciar que la democracia está en peligro y que ordenará el arresto de los responsables de la protesta, pidiéndole al Congreso Nacional que convalide inmediatamente el estado de sitio. En caso de agravarse la situación, el cristinismo convocaría a la movilización masiva a Plaza de Mayo y presionaría a la dirigencia opositora para que se solidarice con la Casa Rosada en la defensa de las instituciones. Algunos talibanes del cristinismo -según otra versión- propondrían que se aproveche el estado de sitio para detener a una serie de opositores y periodistas a los que se acusaría de conspirar. Esta desafortunada receta fue aplicada por Raúl Alfonsín en octubre de 1985. El 25 de ese mes dictó el estado de sitio en todo el país por sesenta días y denunció una conspiración contra el orden constitucional. Inmediatamente, ordenó la detención de 12 personas por presuntas vinculaciones con un “complot golpista”. Fue la reacción ante una escalada de violencia que había comenzado seis meses antes y que incluyó innumerables amenazas de bombas y la detonación de varios explosivos, que estallaron en una escuela; en la casa del ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y en el estacionamiento del Edificio Libertador, entre otros sitios. Se trató del primero de los estados de sitio desde el retorno de la democracia. El 29 de mayo de 1989, Alfonsín, volvió a disponer el estado de sitio en todo el país por 30 días, debido a los graves desórdenes que se habían producido por activistas que incitaban a saquear almacenes y supermercados en el interior. Por último, horas antes de renunciar, Fernando de la Rúa firmó el 19 de diciembre del 2001 el decreto 1678, que establecía el estado de sitio en todo el país por el término de 30 días. Se trató de un desesperado intento por contener la ola de violencia social que terminó con la gestión radical. Ahora, los partidarios de jugar la carta del estado de sitio señalarían que, con el mismo, la oposición se vería obligada a ponerse del lado del gobierno y Hugo Moyano no tendría más remedio que suspender su movilización del próximo miércoles. Y hasta el cacerolazo del 8-N podría posponerse si se extendiera hasta entonces el estado de sitio. Además, CFK retomaría la iniciativa en un rol que le agradaría: el de la presidente que lucha por defender la democracia en peligro.

Develan negocios con el bar de la ESMA y la Fundación de Madres Unos 60.000 correos electrónicos descubiertos en una computadora del contador ligado a Sergio Schoklender, Alejandro Gotkin, y analizados por la Justicia revelan supuestas maniobras financieras para desviar fondos, pero también otros negocios relacionados con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, como los planes para administrar el bar de la ESMA y un comedor para los obradores de la Fundación Sueños Compartidos. Los mails -LA NACION tuvo acceso a algunos de ellos- señalan que Pablo Schoklender, el hermano de Sergio, tenía a junio de 2009 unos 3.500.000 pesos en efectivo. Y que en sólo 15 días había sumado medio millón. "Pensá en subir el objetivo, el que tenías para realizar en el año, lo concretaste en cuatro meses!!!! Te y me felicito", le escribe Alejandro Gotkin a Pablo Schoklender en un correo donde señala que esos valores no incluyen inversiones ni la compra de vehículos, ni proyectos en Bariloche y Pinamar. "Es sólo efectivo y cheques", insiste Gotkin. En otro mail, Gotkin instruye a Emanuel González sobre el negocio del restaurante Los 70, de San Telmo. Allí le dice que la idea es sumar cocineros y camareros porque se ampliará el negocio con la Fundación, con el catering de una película que iba a realizarse y con la explotación del bar del Museo de la Memoria de la ESMA y de un comedor para los obradores de la Fundación Sueños Compartidos. "A lo que más temor le tengo para hacerlo solo es el bar de la ESMA, que todavía está en veremos, pero ya sabés que una vez que se define el proyecto los tiempos son muy cortos", escribió Gotkin. Gotkin envió correos a la contadora Alejandra Rosetti -indagada en la causa- sobre la presentación de impuesto a las ganancias de Pablo Schoklender y el "blanqueo" de los hermanos. "Tengo que blanquear a Sergio S. No existe y quiero aprovechar. También por ahí podríamos blanquear algo de Pablo que es un quilombo ¿no?", dice. Gotkin le escribió a Pablo Schoklender el 27 de agosto de 2009: "Pablo, para el tema de ganancias necesito 2 personas con sus números de DNI para cerrar el tema. No hay que blanquear nada. Vas a pagar 12k y 8,5k de Bienes Personales, y queda todo en orden"..

El delantero de Atalanta, ex Independiente, mostró una llamativa remera tras el tanto en la victoria de su equipo ante el Inter. Gritó el gol con furia. Se subió a uno de los carteles, levantó las manos y fue ovacionado por la gente. Cuando regresaba a su campo de juego, buscó a un alcanzapelotas que le tiró una remera. Él se encargó de levantarla para que la vieran todos: tenía una letra K tachada. Así fue el polémico festejo de Germán Denis, en la victoria del Atalanta por 3 a 2 ante el Inter. ¿Anti K? Llamó la atención la celebración. El fútbol suele ser un espacio apolítico, en el que los jugadores no muestran su ideología en el campo de juego. En una semana con bastante revuelo, por el #8N, todo indica que el delantero mostró su inclinación política. Video en la fuente

Aníbal Fernández negó alusiones a Vandor al hablar de Moyano "Hay cientos de miles de Augusto Timoteo", argumentó insólitamente Aníbal Fernández cambió de estrategia. Después de días de alimentar una controversia con Hugo Moyano, a quien acusó de "traidor" y comparó con Augusto Timoteo Vandor, el senador negó que su frase estuviera dirigida al dirigente metalúrgico asesinado en 1969. "Ese tema no me pertenece. Es una discusión de otros. Hay cientos de miles de Augusto Timoteo. El nombre no dice nada", aseguró ayer Fernández en declaraciones a radio Continental. Fue un paso más allá con su hipótesis y aseguró que él mismo conoce a dos personas que se llaman Augusto Timoteo. Sin embargo, cuando le pidieron más precisiones, se molestó. "¿Por qué voy a poner en la escena pública a gente amiga mía?", retrucó. Enérgico, insistió: "Encuentre una sola declaración donde yo haya mencionado [a Vandor] . Yo no mencioné al señor que usted está mencionando. Yo no los trato de tontos. De lo único que hablé es de la condición de traidor de Moyano y de alcahuete de [el CEO de Clarín, Héctor] Magnetto". En rigor, el martes pasado, en pleno paro nacional, cuando acusó a Moyano de "traidor", Fernández no mencionó a Vandor, aunque la asociación con el jefe de la UOM pareció ineludible. "Augusto Timoteo Moyano es un alcahuete de [Héctor] Magnetto. No vamos a cambiar porque el traidor de Moyano haga un paro", fue su frase, en clara referencia a Vandor, quien muchas veces fue acusado por "traicionar" a Juan Domingo Perón. El ex jefe de Gabinete volvió a hablar del cruce con Moyano horas después de que el jefe de la CGT antikirchnerista lo denunciara penalmente por incitación a la violencia colectiva y apología del delito. Lo hizo también después de que, anteayer, tanto la CGT que conduce Moyano, como la que lidera el metalúrgico Antonio Caló, hicieran actos de "desagravio" a Vandor. De hecho, cuando le preguntaron por qué creía que incluso la CGT alineada con el Gobierno se había reunido para repudiar sus palabras, Fernández evitó responder. "Llame a Caló, no me llame a mí", eludió. Fernández llevó su defensa hasta el final. Cuando le pidieron que imaginara una eventual conversación con los hijos de Vandor, que ayer estuvieron en el acto de Caló, aceptó el desafío. "Buen día. ¿Cómo le va, cómo está usted? No tengo nada que decirles porque no me he ocupado de este dirigente", comenzó. Enseguida completó el diálogo imaginario. "Si alguna vez quiere que hablemos, en otro momento y en otro contexto, con mucho gusto le cuento qué pienso. No es el momento de hablar de él porque no he hablado de esta persona. No he mencionado su apellido y no lo quiero mencionar ahora tampoco", concluyó. La denuncia de Moyano contra Fernández recayó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio. En los próximos días, el magistrado debe decidir si le da curso o la desestima.

Toy Story 3 tuvo más rating que el discurso de Cristina por cadena nacional El mensaje de la Presidenta fue transmitido por cinco canales de aire y midió 14.1 puntos, sin embargo, no superó los números de la exitosa película de Pixar El discurso de Cristina Kirchner emitido anoche por cadena nacional en el marco del megafestival organizado por el Gobierno por el día de los derechos humanos, no fue lo más visto de la TV. Mientras la Presidenta se dirigía a los militantes del kirchnerismo que se agruparon desde temprano en la Plaza de Mayo, una película para chicos sacudía las planillas de rating. Según informó Ibope , el discurso de la jefa del Estado, en el que lanzó una advertencia a la Justicia por la ley de medios, midió 14.1 y fue visto por un millón y medio de personas en los cinco canales abiertos. La TV Pública alcanzó los 3.4; América TV 2.1; El Trece 3.0; Telefe 4.8 puntos; y Canal 9 tuvo 0.8, según informó el diario El Cronista. A pesar de que el discurso de Cristina fue emitido por cadena nacional, lo más visto a las 21 de ayer fue la película Toy Story 3 , que se emitió por Disney Channel. La película también tuvo una fuerte repercusión en Twitter donde llegó a ser Trending Topic.