Pyjama

La nueva forma de echar abajo gobiernos Caso paraguayo similar al hondureño y sigue la rima… Más allá de las formalidades institucionales, queda claro que fuerzas de derecha siguen en la línea de derrocar a presidentes electos democráticamente, pero se oponen a plebiscitos o referéndum que podrían revocar mandatos consultando a la ciudadanía. Ahora en Paraguay se impusieron las fuerzas ligadas a la larga dictadura de Alfredo Stroessner y a las políticas más conservadoras. ¿Son cosa del pasado los golpes de Estado y el derrocamiento de presidentes elegidos democráticamente? En ningún caso. En los últimos años van dos casos: la sacada del sillón presidencial de Manuel Zelaya en Honduras y de Fernando Lugo en Paraguay. Y los intentos de derrocamiento de los jefes de Estado de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Todas administraciones progresistas, de Izquierda y contrarias a los intereses de la derecha y del sector privado. Aunque en casi todos los casos actuaron mandos y segmentos de militares y fuerzas policiales para intentar o conseguir la desestabilización de presidentes, la derecha recurre en las últimas décadas a métodos más sofisticados: utilización de leyes, atribuciones parlamentarias de corte autoritario, juicios sumarios (con el respaldo de poderes judiciales conservadores), uso de las grandes empresas periodísticas y episodios negativos de la realidad nacional. En Paraguay eso se combinó. El punto cardinal estuvo dado por una institucionalidad heredada de los tiempos dictatoriales que permite al Senado, con no más de 40 votos, quitar al Presidente de la República. Es algo así como la continuidad del sistema de quórum que dejó Augusto Pinochet con su Constitución militar y que le permite a la derecha chilena hacer y deshacer en materias estratégicas para el país. Es sintomática que la derecha de ese país (como la chilena y de otras naciones) acepta ese tipo de reglas, pero se opone a que los ciudadanos, por la vía de plebiscitos o referéndum, puedan decidir revocar un mandato presidencial o parlamentario, que sería una auténtica consulta popular. Así las cosas, un Mandatario con 60 ó 70 por ciento de aprobación puede ser derrocado, pero uno que no tiene más del 25 ó 30 por ciento de respaldo, puede seguir en el puesto. La echada abajo de Lugo se originó en un suceso a todas luces cuestionable como fue el enfrentamiento entre policías y campesinos, que tenía como fin desalojar a los lugareños que tenían tomada una hacienda de la ciudad de Curuguaty en demanda de tierras para trabajar y subsistir y que dejó un saldo 17 fallecidos: 11 labriegos y seis efectivos policiales. El Gobierno sancionó a los mandos policiales y atendió la situación que allí se presentaba. Pero fue la excusa para que los senadores de derecha arremetieran contra Lugo. ¿Por qué la derecha no recurre a estas medidas en Colombia o en México donde Mandatarios de derecha suman decenas de miles de campesinos, jóvenes, ciudadanos muertos a manos de fuerzas militares y policiales y en hechos no esclarecidos muchas veces justificado en “la guerra contra el narco” o “contra los insurgentes”? GOLPE EXPRESS Pero además, no se cumplió con el debido proceso. Como el propio Presidente lo señaló, se trató de un “golpe de Estado express”. Su abogado defensor mostró ante los legisladores, antes de que se votara, el documento ya redactado con la sentencia fijada en contra del jefe de Estado; el letrado indicó que ese papel pasaría a la historia de Paraguay. En este continente hay naciones donde en 24 horas un grupito de legisladores pueden decidir la suerte de un Presidente que obtuvo cientos de miles de votos ganando la elección democráticamente. El equipo defensor del Presidente, integrado por los abogados Adolfo Ferreiro, Emilio Camacho y Enrique García sólo tuvo dos horas para preparar la defensa. No se hizo caso del planteamiento del senador oficialista Carlos Filizzola, quien pidió tres días para que Lugo se presentase ante el Senado y pudiera defenderse. Cuando le tomaron juramento a Federico Franco como supuesto nuevo Mandatario, en varios salones y locales de la derecha paraguaya estaban preparadas celebraciones desde el día anterior, y parecía que acababan de ganar un proceso electoral; en realidad festejaban el derrocamiento del Presidente constitucional. Tomaba el mando Franco (es un alcance el apellido con el dictador español), el vicepresidente, un derechista del Partido Liberal Radical Auténtico. El Mandatario destituido, quizá por no gatillar una situación de violencia expandida o de mayor crisis institucional, se paró frente a un micrófono y dijo que acataría la decisión del Senado, en tanto Poder Legislativo, pero declaró: “Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. No es Fernando Lugo el que es destituido, es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, alevosa y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos”. Luego, apuntando a todos quienes estuvieron detrás de su caída, dijo que jamás se subordinaría a las cúpulas políticas, a la mafia, al narcotráfico. Como siempre, fue el pueblo el que salió a las calles en casi todas las provincias de Paraguay. Sentían que les habían arrebato el gobierno y les habían quitado a su Presidente. Desde décadas que los sectores democráticos, progresistas y de Izquierda en Paraguay luchaban contra la dictadura y después contra los conservadores del Partido Colorado, y con Fernando Lugo había girado la historia. Pero ahora la derecha retomaba el control con una maniobra que algunos analistas graficaron como “golpe de Estado parlamentario”. En 2013 habrá elecciones en Paraguay. Podría ser la nueva oportunidad. Pero habrá que ver cómo se vendrá ahora la ofensiva de la derecha paraguaya, apoyada por empresarios, terratenientes y empresas periodísticas para no soltar el bastón que agarraron mañosamente hace unas semanas.

Filtran video de cómo te pueden robar tu celular en el metro En la actualidad, uno de los principales objetos que buscan los rateros son los teléfonos móviles... Aquí una muestra de cómo operan los delincuentes en el transporte público De acuerdo con el sitio diariolaverdad.com.mx, el robo constituye el 80 por ciento del total de delitos que se cometen en México, mientras que los celulares son el principal artículo hurtado. Debido a que este dispositivo móvil se ha convertido en un elemento esencial en la vida de las personas, es que también se ha vuelto común el robo de éstos. La gente ya no se siente segura al sacar su celular en la calle, transporte público e incluso dejarlo en su trabajo, porque los amantes de lo ajeno siempre están al acecho de cualquier descuido. En este contexto, yahoo.com.mx publicó un video de una de las formas más comunes de robo por parte de los delincuentes en el metro. En el clip se observa a una mujer que va en un vagón sentada y utilizando su teléfono móvil, mientras que un hombre joven se encuentra parado a un lado de ella; mismo que espera hasta el último minuto en que van a cerrar las puestas del metro para arrebatarle el celular de las manos y salir corriendo mientras las puestas se cierras tras él, por lo que la mujer ya no puede hacer nada para alcanzarlo.

Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas ¿DONDE ESTAN SUS HIJOS? La irracionalidad pudo más: durante la dictadura militar las llevaron detenidas estando embarazadas y las hicieron desaparecer junto con sus hijos. Nada se sabe de esos niños, que hoy serían veinteañeros. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) registra nueve casos de mujeres embarazadas cuya suerte se desconoce. Este año se inició una campaña para ubicar a sus hijos, eventualmente nacidos en cautiverio, que contempló una línea telefónica. Sin embargo, según Graciela Zúñiga, integrante de la AFDD, “la campaña no funcionó, en parte debido a nuestras carencias, a limitaciones tan simples como la imposibilidad económica para sacar más afiches. Aun así, tenemos mucha paciencia. Hemos estado treinta años buscando y exigiendo. Tal vez nos queden otros treinta años para poner en el tapete la situación de las detenidas desaparecidas embarazadas”. Imaginar a mujeres embarazadas detenidas desaparecidas es algo que conmueve e impacta, especialmente en Latinoamérica donde la imagen de la madre es muy fuerte. Para la AFDD es un desafío: “De alguna forma, este tema rompe un discurso patriarcal que a nosotras mismas nos hace hablar de ‘detenidos desaparecidos’, aunque somos una organización principalmente de mujeres. Nos olvidamos de las 75 mujeres detenidas desaparecidas y de las nueve embarazadas: no las reivindicamos; son luchadoras de Izquierda, se olvida su historia con roles protagónicos dentro de la sociedad”, señala Graciela. Los casos de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas son complejos y el impacto en las familias es brutal. “En cierta forma, las madres de ellas se sienten abuelas, piensan en nietos de más de veinte años y cada antecedente falso les genera nuevos dolores”, dice la encargada de recursos de la AFDD. Hasta ahora, los resultados de la búsqueda han sido nulos. “Hemos escuchado mil historias del paradero de los hijos, pero no tenemos ninguna prueba que nos permita seguir el hilo -dice Graciela-. Hay antecedentes sobre Colonia Dignidad, pero está claro que realizar investigaciones adentro es como entrar en la dimensión desconocida. Además, varios casos fueron sobreseídos. No se puede afirmar fehacientemente que los hijos nacieron. Y si hubo partos, los funcionarios médicos que habrían atendido esos alumbramientos no han roto su pacto de silencio”. Viviana Díaz, ex presidenta de la AFDD, también lamenta los escasos avances judiciales y señala que “nunca se consideró a la madre con el hijo, como si el hijo no importara. Pero era un ser vivo que estaba en el vientre de la madre”. De ahí la importancia de la campaña. Uno de los referentes en esta lucha de la AFDD fue la Agrupación de Abuelas de Detenidos Desaparecidos, de Argentina. Los militares argentinos entregaron clandestinamente en adopción a cerca de dieciséis hijos de detenidas desaparecidas, y algunos fueron descubiertos tras largas investigaciones. En Chile, la inquietud por la búsqueda de esos hijos es de más larga data que en Argentina, pero también ha sido más lenta. Se ha perdido un tiempo valioso, aunque todavía no es demasiado tarde: después de más de 25 años las abuelas y familiares se han agrupado, se han reabierto procesos y una orden judicial ha llevado a investigar un hogar de menores. ESPERANZA Y MEMORIA HISTORICA Olivia Saso, 77 años, es la madre de la embarazada desaparecida Cecilia Labrín. Habla con preocupación de los posibles hijos nacidos en reclusión: “Tengo referencias de que mi nieta nació en cautiverio el 5 de marzo y pesó 3 kilos 200. Es decir, tengo datos concretos. Me sentí muy ilusionada con ella, mi primera nieta. En 1975 tuve una reunión con el ministro del Interior, general César Benavides; me dijo que mi hija dio a luz. Después anónimamente me avisaron que a Cecilia la llevaron a un control de maternidad en el Hospital Barros Luco. Aunque siempre me han dicho que no se pueden hacer investigaciones judiciales sin nombres concretos, creo que es posible que los torturadores adoptaran a los hijos de las detenidas, como sucedió en Argentina. Además, no es descabellado suponer que una mujer con siete u ocho meses de embarazo haya tenido su hijo”. En este drama afectivo las posiciones pueden ser contrapuestas. Por ejemplo, Graciela Zúñiga dice que si se basa en su sensibilidad femenina no cree que existan hijos de detenidas desaparecidas. “Yo soy pareja de Alvaro Barrios, un detenido desaparecido del MIR. Desde mi convicción de mujer, desde mis ovarios, siento que las embarazadas detenidas desaparecidas no tuvieron sus hijos, debido a la brutalidad con que se aplicaron las torturas. Pienso que esas chiquillas murieron junto con sus hijos, pero es una opinión muy personal y sé que puede herir sentimientos. Y si los hijos efectivamente nacieron, no creo que a ellas las hayan ingresado en los hospitales con sus nombres verdaderos”, acusa. Por su parte, el dolor, la esperanza y la ternura de madre y abuela de la señora Olivia Saso la hacen pensar en una hija y una nieta vivas. “Para mí, aunque soy católica, creo que no tienen perdón de Dios. Mi corazón sangra cuando hablo de mi hija, es una tortura que creo tenemos todas las mamás de detenidos desaparecidos. Yo, al principio, estaba medio loca, veía una niña pequeña por ahí y le miraba la carita. Era una verdadera sicosis. Aunque eso pasó, no dejo de recordar el cumpleaños de mi nieta, que en estos momentos tendría 27 años y sería mi nieta mayor. Ella, en mi corazón y en mi casa, está viva y presente. Aunque no la conocí, le puse Daniela y creo que puede estar viva. Si es así, lo único que quiero es que la familia que la crió le haya inculcado valores y la quiera como nosotros la hubiéramos querido”, susurra la hoy bisabuela y matriarca de un hogar de ocho personas de la comuna de La Reina. Para Graciela Zúñiga, lo principal es el rescate de la memoria histórica. “Nosotros tenemos que reivindicar la memoria de todas nuestras víctimas. Como feminista, creo que debemos reivindicar la maternidad y le pido a la sociedad un poco de coherencia. Si la maternidad es tan valiosa, asumamos una parte de nuestra historia que es extremadamente negra, fea y dolorosa. Se puede reivindicar el nombre de estas mujeres con gestos pequeños: una calle en el barrio donde vivieron, una maternidad que lleve sus nombres, una sala cuna en el lugar donde trabajaron”. Por su parte, Olivia Saso se muestra crítica frente a la “fiebre de memoria de los treinta años”. Que los medios de comunicación muestren los horrores de la dictadura es, para ella, “simplemente un mea culpa y no que estén realmente interesados en dar una respuesta completa”. Sin embargo, se manifiesta esperanzada en los jóvenes. “La mayoría de los estudiantes de servicio social no conoció a Cecilia -quien también optó por esa carrera-, pero le hacen homenajes y me llaman para que les hable de ella. Los veo comprometidos e interesados. Yo estoy orgullosa de lo que hacía mi hija, trabajaba en las poblaciones y siempre sacaba un paquetito de alimentos de mi casa y me decía ‘gorda, ellos no tienen nada’. Eso recién lo entiendo hoy. A esos jóvenes les digo que mi hija no en vano dio su vida. Y aunque suene extraño, yo no quiero un hueso suyo. Ella vive entera, y aunque me digan que soy ilusa sueño con que un día va a tocar el timbre de mi casa”. Graciela Zúñiga afirma que aún falta dimensionar lo sucedido con las embarazadas desaparecidas. Por eso, la AFDD pidió que se designe un juez con dedicación exclusiva en el caso de estas mujeres. Viviana Díaz dice: “Queremos que quienes torturaron a Michelle Peña digan si su hijo murió en las torturas, o si ese niño o niña fue a manos de sus aprehensores. Todavía mantengo la esperanza de que alguno de los torturadores se decida a decir qué pasó con ellas. Más de alguna guagua debió nacer en cautiverio, y tal vez hoy sean jóvenes que no saben de su situación” LUIS KLENER HERNANDEZ Una familia destruida En este carnaval de horrores no sólo hay detenidas desaparecidas embarazadas. También hay cuatro mujeres embarazadas que fueron ejecutadas: Beatriz Elena Agüero, de 26 años; Sonia Norambuena Cruz, de 34; Alva Guida Grandón, de 29, y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, militante del MIR de 25 años, quien tenía tres meses de embarazo cuando fue asesinada. Mónica Pacheco era hija de campesinos y ejercía como profesora básica en un colegio de Quilicura. Se casó con Roberto Gallardo Moreno, también ejecutado político. Su suegra, Ofelia Moreno, hoy de 78 años, la recuerda con cariño, igual que a los otros cuatro familiares ejecutados por la dictadura: su esposo Alberto Gallardo Pacheco, militante comunista de 62 años; su hijo Roberto Gallardo Moreno; su hija Catalina Ester Gallardo Moreno (29), y el esposo de ésta, Juan Rolando Rodríguez Cordero (31), militantes del MIR. Mónica y Roberto se conocieron en la Acción Católica, el año 70. “En su matrimonio hubo un tremendo letrero de Cristianos por el Socialismo y pensé que eran socialistas -dice Ofelia Moreno-. Pero después los diarios dijeron que eran miristas”. Ella recuerda que en 1973 a Roberto le pedían el certificado del servicio militar, por eso ingresó al ejército. Le ordenaban cosas con las que no estaba de acuerdo, pero a fines del 73 logró que lo dieran de baja. “El año 75 nos llevaron a todos detenidos y ahí empezó el drama”, señala Ofelia. Al quedar en libertad, comenzó a buscar a sus familiares. “A las tres semanas me dijeron en la Vicaría que fuera a buscar los cuerpos de mi hijo, mi hija y mi nuera”. Mónica Pacheco fue asesinada con tres meses de embarazo. “Su cuerpo estaba completamente desfigurado”, recuerda Ofelia. Agrega que en la operación participó el general Ernesto Baeza, entonces director de Investigaciones. “El nos detuvo y me dejó libre después. El general Baeza mandó a mi familia a Villa Grimaldi y levantó la calumnia de que eran extremistas. Tuve un comparendo con él, y mintió todo. Me dejó como una loca, pero cuando íbamos en el ascensor no subió en el mismo piso, sino más abajo. Mi nieta lo vio, se enfureció y empezó a gritarle ‘¡Asesino!’, en su cara. ¡Ese es mi único alivio!” OTRO ARTICULO MAS Historias de vida y muerte Todas las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas eran menores de 30 años. En la actualidad, sus hijos tendrían entre 25 y 28 años. Cuatro de ellas eran miristas, dos eran comunistas, dos socialistas y una del Mapu. Seis de ellas fueron apresadas con sus parejas. En total, quedaron siete hijos huérfanos. Cecilia Bojanic Abad tenía 23 años, era secretaria y estaba embarazada de cuatro meses y medio. Se había casado con Flavio Oyarzún Soto (27), también detenido desaparecido. Ambos militaban en el MIR. Fueron detenidos el 2 de octubre de 1974 por agentes de la Dina que los condujeron a José Domingo Cañas y luego a Cuatro Alamos, desde donde desaparecieron. El día de la aprehensión, detuvieron a Cecilia junto a su hijo de un año y medio. La subieron a un automóvil para llevarla a la casa de su hermana Ximena, donde apresaron a Flavio y abandonaron al menor. El hijo que esperaba debería haber nacido en febrero de 1975. Tres de las embarazadas desaparecidas eran asistentes sociales de la Universidad de Chile. La primera en desaparecer fue María Cecilia Labrín Saso, militante del MIR con dos meses de embarazo. Fue detenida por la Dina el 12 de agosto de 1974, en presencia de su madre y sus hermanas. Aunque se encontraba en cama porque su embarazo presentaba complicaciones, le dijeron que sólo deseaban hablar con ella por su trabajo en la Corvi. María Cecilia se levantó y los acompañó a la 23 Comisaría de Carabineros de La Reina. Su madre, Olivia Saso, insistió en acompañarla, pero no la dejaron. Como no retornaba, la madre acudió esa noche a la 23 Comisaría de Carabineros donde le informaron que no sabían nada al respecto. Fue a otras comisarías y a Investigaciones: tampoco encontró respuesta. Dos días después de ser detenida, María Cecilia fue llevada hasta el domicilio de Sergio Vesely Fernández, militante del MIR buscado por la Dina. Allí la recibió la madre de éste, quien declaró que la acompañaba un civil y que tenía los ojos llorosos. La joven abrazó a esta mujer y el desconocido la sacó del lugar. Cuando en noviembre de 1992 Marcia Alejandra Merino Vega empezó a entregar información relacionada con detenidos desaparecidos, dijo que María Cecilia Labrín estuvo en Londres 38, donde fue torturada y luego trasladada a Cuatro Alamos. Su madre sostiene que nació una niña durante el cautiverio. Otra asistente social embarazada era Elizabeth Mercedes Rekas Urra, de 27 años, con un hijo en gestación de cuatro meses. Trabajaba en el Metro y estaba casada con Antonio Elizondo. Eran militantes del Mapu y fueron detenidos por la Dina el 26 de mayo de 1976. Dos días antes habían aprehendido al hermano de Elizabeth, quien fue interrogado en Villa Grimaldi por las actividades de su hermana. Por un relato de un fugado de Colonia Dignidad existe información no confirmada de que habría estado allí. Su hijo debería haber nacido en octubre de 1976. Jacqueline Droully fue detenida el 30 de octubre de 1974, con tres meses de embarazo. Cursaba cuarto año de la carrera de trabajo social y es la única que aparece en la nómina de los “119”. Según antecedentes de Amnistía Internacional, el gobierno alemán e Investigaciones, los 119 detenidos desaparecidos habrían estado en Colonia Dignidad. Sin embargo, todas las investigaciones para comprobarlo han fracasado. Si nació, el hijo de Jaqueline tendría hoy 27 años. Gloria Esther Lagos Nilsson, secretaria, casada y madre de tres hijos, estaba embarazada de dos meses al momento de su detención. Militaba en el MIR y fue secuestrada por la Dina en su domicilio, el 26 de agosto de 1974, en presencia de su hijo de 10 años. Antes habían detenido a su pareja. Se sabe que estuvo en Cuatro Alamos. Su caso fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda, en junio de 1981. Michelle Marguerite Peña Herreros era estudiante de ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, y militante socialista. Estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue detenida por la Dina el 20 junio de 1975. Hay antecedentes imprecisos de un eventual alumbramiento. Su madre sostiene que en los primeros días de julio de 1975 nació un niño en la maternidad del Hospital de la Fach y, según un estudio del Codepu, Michelle “pudo ser recluida en el antiguo hospital del pulmón ubicado en el Cajón del Maipo”. Fue detenida en su casa junto a Ricardo Lagos Salinas, dirigente socialista en la clandestinidad. Se sabe que estuvo en Villa Grimaldi. Igual que en otros casos, el sumario fue sobreseído temporalmente, pero su familia presentó una denuncia ante organismos internacionales. Michelle había nacido en Francia y su madre huyó de la España republicana derrotada. Nalvia Rosa Mena Alvarado era militante de las Juventudes Comunistas. Tenía 20 años al momento del secuestro; estaba casada con Luis Emilio Recabarren González y ya tenían un hijo de dos años y medio. Nalvia tenía tres meses de embarazo cuando fue detenida por la Dina junto a su esposo, su cuñado y su suegro, el 29 de abril de 1976. Ella y su hijo pasaron a buscar a Luis Emilio a su lugar de trabajo para volver juntos al hogar, pero los dos adultos nunca llegaron a destino mientras el menor fue abandonado cerca de su casa por un sujeto que se movilizaba en taxi. Testigos señalan que pese a los gritos y súplicas de Nalvia, los captores la golpearon en el vientre y la subieron en estado inconsciente al vehículo en que se movilizaban. Reinalda del Carmen Pereira Plaza era hija única y esperaba su primer hijo. Tecnóloga médica y militante del Partido Comunista, fue detenida el 15 de diciembre de 1976 y debería haber dado a luz en marzo de 1977. Igual que a otras siete personas, la detuvieron brutalmente en la vía pública. Había salido a buscar trabajo y a hacerse exámenes médicos. Cerca de las 20.30 horas sorpresivamente se detuvo un automóvil, la redujeron y la metieron al auto no sin antes golpear su cabeza contra el borde de la puerta. El ministro Carlos Cerda logró que testigos reconocieran que en los hechos estuvo presente el agente Roberto Fuentes Morrison, alias “El Walli”. El juicio por detención fue sobreseído definitivamente mediante la aplicación de la Ley de Amnistía. El informe de la mesa de diálogo señaló que los restos de Pereira estarían en la cuesta Barriga, “pero muy a nuestro pesar tenemos que decir que ese fue un informe falso”, dice hoy Graciela Zúñiga. Gloria Ximena Delard Cabezas habría salido de Chile tras una acción planificada por su padre médico. En 1977, a los 23 años, fue apresada en Buenos Aires, donde estudiaba economía. Estaba casada con Roberto Cristi, tenía tres hijos y un embarazo de tres meses. Fue secuestrada junto a su esposo, ambos eran militantes del MIR. Tras la detención, dos de sus hijos fueron enviados a orfanatos y su hija Victoria quedó bajo la protección del obispo de Neuquén. Ex presos políticos señalan que Gloria y su esposo fueron llevados al centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Gloria habría dado luz a una niña. Las abuelas de la Plaza de Mayo recolectaron estos antecedentes e iniciaron una búsqueda hasta ahora sin resultados. La primera investigación sobre las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas la realizó un equipo del Codepu, en 1992. El libro Todas íbamos a ser reinas relata la vida de estas nueve mujeres. Fue el primer indicio de que algunas de ellas fueron llevadas a Colonia Dignidad y que otras podrían haber dado a luz en hospitales como el Barros Luco o el de la Fach. Quienes quieran obtener más información sobre este tema pueden hacerlo en la dirección electrónica www.memoriaviva.org. Y quien tenga antecedentes verificables, que los comunique al Codepu. Ni olvido, ni perdon a los militares

Pregunta: "¿Es Jesús Dios? ¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios?" Respuesta: En la Biblia, no hay un registro de Jesús diciendo las palabras precisas, “Yo soy Dios.” Sin embargo, eso no significa que El no proclamó ser Dios. Tome por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan 10:30, “Yo y el Padre uno somos”. A simple vista, esto no parecería ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos a Su declaración, “Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios” (Juan 10:33). Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. En los versículos siguientes, Jesús nunca los corrige diciéndoles, “Yo no afirmé ser Dios”. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar, “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30). Juan 8:58 es otro ejemplo. Jesús les dijo “De cierto, de cierto os digo: antes que Abraham fuese, yo soy”. Nuevamente, en respuesta, los judíos tomaron piedras para arrojárselas (Juan 8:59). ¿Por qué los judíos querrían apedrear a Jesús, si El no hubiera dicho algo que ellos creían era una blasfemia, concretamente, una afirmación de ser Dios? Juan 1:1 dice que “El Verbo era Dios”. Juan 1:14 dice que “Aquel Verbo fue hecho carne”. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Hechos 20:28 nos dice, “… para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre”. ¿Quién compró la iglesia con Su propia sangre? Jesucristo. Hechos 20:28 declara que Dios compró la iglesia con Su propia sangre. ¡Por tanto, Jesús es Dios! Con respecto a Jesús, Tomás el discípulo declaró, “Señor mío, y Dios mío” (Juan 20:28). Jesús no lo corrigió. Tito 2:13 nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador – Jesucristo (vea también 2ª Pedro 1:1). En Hebreos 1:8, el Padre declara de Jesús, “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino.” En Apocalipsis, un ángel ordenó al Apóstol Juan adorar solamente a Dios (Apocalipsis 19:10). En algunas ocasiones en la Escritura, Jesús recibe adoración (Mateo 2:11; 14:33; 28:9,17; Lucas 24:52; Juan 9:38). El nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, El hubiera dicho a la gente que no le adoraran, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis. Hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que alegan la deidad de Jesús. La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios, es que si El no es Dios, Su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad por los pecados de todo el mundo (1ª Juan 2:2). Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo (2ª Corintios 5:21), morir, y resucitar - probando Su victoria sobre el pecado y la muerte.

La mitad de los adultos saben matemáticas tanto como niños de 11 años Ah, si hubieses sabido de esto cuando eras atormentado a causa de las malas calificaciones en matemáticas, eh. Su venganza: el 49% de los adultos entiende tanto de matemáticas como los niños de 11 años. Sí, suena divertido, pero el tema es serio. De este total, el 25% de los adultos británicos tienen dificultades para entender las preguntas básicas de matemáticas, ahí se complican para leer las etiquetas de precio (para evaluar el interés y los beneficios, por ejemplo) o pagar las facturas del hogar. Eso es más de 8 millones de personas se ocupan de las matemáticas, como niños 7-9 años. ¿Quién llegó a esta conclusión fue "Habilidades para la vida personal", un programa gubernamental que tiene como objetivo mejorar la alfabetización Inglésa y habilidades numéricas entre los adultos. La primera versión de esta investigación fueron publicada en 2003 - y de allí para acá las dificultades que tienen para hacer frente a las matemáticas en el día a día aumentó en un millón de personas. Esta vez, el promedio se basa en los resultados de las pruebas y las entrevistas con 7.200 británicos, de entre 16 y 65 años. Da miedo, ¿no? Imagínese cómo es aquí en Brasil. Fuente

¿Comer insectos hace mal? Si su respuesta es sí, e incluso hizo una mueca de disgusto, no sabes lo que te pierdes. Además de no hacer ningún daño, muchos insectos pueden ser tan nutritivos - y sabroso - como varios otros errores que ponemos en el plato todos los días. "El disgusto que nosotros los occidentales urbano, tienen para estos seres es puramente cultural", dice Bill Yosses, chef del restaurante de moda de Nueva York Citarella. Pero nada de abandonar su revista e ir en busca de errores dentro de los armarios de la cocina. Los insectos pueden estar contaminados con pesticidas y todo tipo de enfermedades. Si usted realmente quiere hacer frente a los bagres, refiérase a los creadores. Por otra parte, algunas especies contienen glándulas venenosas que deben ser removidos o neutralizados por la cocción a fuego alto. Insectos festines son disfrutados por personas de todo el planeta. Sólo para darle una idea de la magnitud de estas patas de la gastronomía, la bióloga mexicana Julieta Ramos-Elorduy estima que al menos 1.417 especies aparecen en los menús de todo el mundo. Rico en proteínas y baja en carbohidratos y grasas saturadas, hormigas, saltamontes y termitas son mucho mejores para la cintura y el nivel de colesterol de un buen bistec o pasta. La lista de ventajas que no se detiene allí. "Los insectos son de bajo costo, fácil de encontrar y muy sencillo de preparar", dice el entomólogo Louis Sorkin, del Museo Americano de Historia Natural. Su uso como un alimento también puede ser beneficioso para el medio ambiente. "Nos tomamos unas pocas especies de animales y esto provoca un desequilibrio en la naturaleza", dice David Gordon, autor del libro de cocina de Eat-A-Bug (El libro de cocina "Comer un error", primero en Brasil). Y si sigues con esa expresión de "! Urgh" En su cara, saben que la FDA - la agencia que supervisa la alimentación y la medicina en los Estados Unidos - permite a los fabricantes a incluir hasta 60 fragmentos de insectos por cada 100 gramos de algunos productos. Esto significa que si eres un fan de chocolates importados, ya que comen mucho volar.

La apropiación de menores: entre hechos excepcionales y normalidades admitidas Trabajo que se propone indagar en algunos de los argumentos y procedimientos que se utilizaron, durante el terrorismo de Estado, para llevar a cabo el secuestro y la apropiación de niños, así como la sustitución de su identidad. Introducción La apropiación de niños ocurrida en la Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983) revistió determinadas regularidades que han llevado a denunciar la existencia de un plan sistemático de secuestro, robo y apropiación de niños puesto en marcha a través de múltiples procedimientos ilegales. Tales apropiaciones, que comenzaron con el secuestro de los niños junto a sus padres o con el secuestro y posterior desaparición de mujeres embarazadas que dieron a luz en centros clandestinos de detención, continúan -en la mayoría de los casos- hasta el presente. El reconocimiento de esa continuidad fue transformado por la labor de los organismos de derechos humanos, en especial por Abuelas de Plaza de Mayo, en una poderosa herramienta para llevar a la Justicia nuevas causas, ya que al tratarse de delitos que se extienden hasta el presente no es posible aplicar el principio de prescriptibilidad para la persecución penal de los mismos. En este trabajo nos proponemos indagar en algunos de los argumentos y procedimientos que se utilizaron, durante el terrorismo de Estado, para llevar a cabo el secuestro y la apropiación de niños, así como la sustitución de su identidad. Para realizar esta indagación, partimos de la idea de que estas prácticas, aun en su caracterización de excepcionales y siendo producto y parte de un plan político-ideológico que se implantó en la sociedad argentina, no han "caído del cielo" sino que han cristalizado a partir de elementos existentes en nuestra sociedad. Por lo tanto, retomando un sugerente planteo de Hannah Arendt en relación con el totalitarismo, entendemos que: "...el proceso de su comprensión también implica clara, y quizá primordialmente, un proceso de autocomprensión"1. Es decir, sin dejar de reconocer las particulares características que asumió en la Argentina la instauración de un "Estado de terror", con su secuela de muertes, desapariciones, censuras y clausuras, consideramos que para comprender cómo fue posible que se llevaran a cabo estas prácticas criminales, debemos orientar nuestra mirada a las redes de relaciones sociales y al sustrato de prácticas que actuaron como condiciones de posibilidad de las mismas. En este sentido, nos parece útil retomar el planteo de Giorgio Agamben en cuanto este autor sostiene, con relación a la estructura de los campos de exterminio, que antes que preguntarse "hipócritamente" cómo fue posible cometer delitos tan aberrantes en relación con unos seres humanos, "...sería más honesto y sobre todo más útil indagar atentamente acerca de los procedimientos jurídicos y dispositivos políticos que hicieron posible llegar a privar tan completamente de sus derechos y de sus prerrogativas a unos seres humanos, hasta el extremo de que el llevar a cabo cualquier acción contra ellos no se consideraba ya como un delito"2. Por lo tanto, a partir de esta hipótesis de trabajo nuestro objetivo es explorar, por un lado, las prácticas de larga duración y las sensibilidades y representaciones sociales sobre un determinado sector de la infancia que han predominado en nuestra sociedad, y -por otro- los procedimientos jurídicos y dispositivos políticos que actuaron como condiciones de posibilidad para el desarrollo de estas prácticas criminales. Ello supone, a la vez que realizar una reconstrucción de las formas que históricamente asumió la sustracción y el reparto de niños en hogares para su normalización y moralización, atender a las particularidades que asumieron durante el terrorismo de Estado las prácticas de apropiación de niños. Consideramos además que, desde esta perspectiva, es posible interrogarnos acerca de las continuidades y rupturas que sintetizan las prácticas de apropiación de niños, inscriptas en un determinado "ambiente cultural" constituido por un entramado de específicas relaciones y por una serie de nociones y sentidos acerca de la niñez, la autoridad y el Estado. Sin poder agotar aquí estas cuestiones, en este trabajo nuestro análisis focalizará en algunas de las prácticas judiciales, institucionales y sociales que se desplegaron en torno a la apropiación de niños. Realizamos en primer término una breve reconstrucción histórica, que tiene por objetivo identificar procedimientos y categorías de larga data en nuestra sociedad acerca de la considerada "infancia abandonada". En segundo lugar, describimos y analizamos dos casos de secuestro de niños ocurridos en la última dictadura militar. En el primero de los casos seleccionados, a partir de la identificación de los procedimientos y rutinas de distintos organismos estatales que intervinieron sobre la vida de los niños secuestrados, nuestro objetivo es analizar el papel de la trama burocrática estatal en la consecución de las prácticas de apropiación de menores. Por otro lado, a partir de la descripción del segundo caso seleccionado, nuestra intención es indagar en un previo sistema de creencias y representaciones sociales sobre un determinado sector de la infancia que, de alguna forma, permitió inscribir estas prácticas en el universo de lo socialmente admitido. Teniendo en cuenta que: "...la experiencia del ejercicio de la violencia en manos de un Estado terrorista es, posiblemente, una de las experiencias más definitorias para la estructuración de una sociedad fragmentada y autoritaria"3, considero que el análisis de cómo este poder se ejerció, se desplegó y se extiende hasta hoy, resulta fundamental para intentar comprender aquello que se presenta como monstruoso e incomprensible. Procedimientos, instituciones y categorías Las instituciones dedicadas a la "minoridad" reconocen en nuestro país una extensa trayectoria. Si bien algunas de ellas datan de la época colonial, es en las primeras décadas del siglo XX cuando se multiplican, se expanden y - en consonancia con la formulación del "problema de la infancia abandonada y delincuente" por parte de las elites- sus procedimientos comienzan a gozar de una mayor formalidad, dada por la sanción de normativas, creación de instituciones públicas y establecimiento de específicas atribuciones para determinados funcionarios, ya fueran jueces, defensores de menores o autoridades de casas de reclusión.4 A partir de esos momentos se comienza a consolidar una trama jurídico-institucional que tiene por objeto a un determinado sector de la infancia definido como los "menores"; esto es, los niños pobres, "carentes de educación" y cuyas familias eran juzgadas -por los funcionarios de turno- como no aptas para su crianza. La categoría clasificatoria " menor", por lo tanto, se aplicó tanto a los niños que se encontraban vagando en la vía pública, vendiendo diarios, pidiendo limosna como a aquellos que eran "delincuentes", consecuencia obligada -desde esta perspectiva- de aquella " infancia en peligro". Tal categoría se destinó también a los niños que crecían en orfanatos, institutos de la caridad o asilos, pues sus padres los habían entregado en razón de la situación de pobreza por la que atravesaban.5 Hace ya casi un siglo tales conductas y comportamientos, esto es la vagancia o la entrega de niños, pasan a constituir un problema para las elites, las cuales -en un proceso que reconoce diversas disputas e intereses contrapuestos- terminarán por restringir la extensión de la patria potestad, reconsiderada desde ese momento como un "conjunto de derechos y obligaciones", sosteniendo que los padres que no fueran aptos para la crianza de sus hijos debían ser suspendidos de su ejercicio. Así, en nombre de una empresa moralizadora, plagada de buenas intenciones que tuvieron por meta el bienestar de los niños, distintos individuos investidos de autoridad por el Estado fueron facultados para representar y decidir sobre el destino de los niños y jóvenes, que se encontraran en una "situación de abandono o peligro moral y/o material". Asumiendo su tutela, tales individuos estaban, y aún están, habilitados a separar a los niños de sus familias -cuando estas fueran conceptualizadas como medios nocivos e inmorales-, recluirlos en algún instituto para lograr su reinserción social, darlos en adopción a familias que se encargarán de su crianza y educación, y de esta forma, sancionar a aquellos padres que por diversos motivos -casi nunca atendibles por las autoridades administrativas o judiciales- habían "abandonado" a sus niños.6 Encontramos en esta historia, que hemos expuesto demasiado sintéticamente, otra categoría que merece nuestra atención: la de "abandono". Aunque ambigua, la misma reconoció refinamientos y distinciones. Una de estas, formulada por un jurista en aquel contexto de pujanza positivista y auge criminológico de principios de siglo XX, es la que refiere la existencia de dos subtipos de abandono: el material y el moral. La distancia se establecía de la siguiente manera: "Entre los abandonados materialmente deberán clasificarse los huérfanos, los expósitos, los abandonados, que pueden encontrarse en condiciones de vagancia o mendicidad y abandono absoluto; entre los abandonados moralmente pueden encontrarse los vagos, los que no concurren a las escuelas, los maltratados, los que viven en malas condiciones de ambiente moral, los mendigos, las prostitutas; como se comprende, la permanencia en estos estados morales lleva forzosamente a la depravación y a la anormalidad."7 Por lo tanto, la separación entre abandono material y moral estaba construida para atender y separar a los niños que efectivamente no tenían relación familiar directa con los padres, de aquellos que teniéndola eran desatendidos por estos. La polisemia de esta categoría se vuelve aún más notoria al indagar en las situaciones en las cuales ha sido aplicada. Todavía hoy, en la red jurídico-institucional dedicada a la infancia, el abandono de un niño remite tanto a la entrega voluntaria que sus padres hacen de él, ya sea a una institución pública o a otra familia, como a las situaciones en las que el niño no está criado y educado con los cuidados y atenciones que se le deberían brindar. De esta forma, la definición de una situación como de abandono -que tiene como correlato la categoría de padres negligentes, también por demás amplia y ambigua- 8 ha sido el primer eslabón de un dispositivo jurídico-burocrático destinado a normalizar a familias y niños pobres. Esta categoría, que merecería un extenso trabajo de reconstrucción genealógica, ha abierto amplias posibilidades de intervención porque -parafraseando a Nils Christie9- siempre ha existido una reserva ilimitada de situaciones de abandono, ya que cualquier situación puede definirse como de abandono, desde que la misma se convierte en tal a partir de ser categorizada de esta forma.10 La fecundidad de las categorías de abandono, desamparo o riesgo ha dado surgimiento pues a múltiples prácticas judiciales, institucionales y sociales destinadas a socorrer y regenerar a los niños y jóvenes. Estas prácticas fueron desarrolladas durante el transcurso del siglo XX por distintas instituciones, entre las que se cuentan juzgados de menores, juzgados de familia, ministerio público, institutos, organismos administrativos, policía especializada; es decir, a lo largo del siglo se fue consolidando una red institucional que alberga a múltiples actores que han estado habilitados para intervenir sobre la vida de los "menores", pudiendo incluso proceder a su secuestro11 cuando lo estimasen conveniente para asegurar su bienestar. En ningún caso, sin embargo, se trata de instituciones homogéneas con una direccionalidad única y lineal, tal como podría desprenderse de una exposición sintética como esta. Aquellas, tanto como los actores que las construyeron, se han visto atravesadas por debates, disputas de poder y distintas posturas ideológicas que han matizado el discurso sobre la infancia abandonada y a lo largo de esta historia han transformado, resignificado y reinterpretado sus prácticas en relación con la infancia. Sin embargo, si atendemos a la dimensión de larga duración de estas prácticas y tenemos en cuenta la perdurabilidad de algunas de las categorías que se han construido en torno a ellas, podemos discernir que lo que ha prevalecido es una potente lógica acompañada de una sensibilidad particular, según la cual determinados niños necesitan ser tutelados. Tal lógica tutelar, que se ha visto secundada por una actitud salvacionista hacia los niños desamparados, como horizonte cognitivo y conceptual ha conducido a conceptualizar a los individuos como objetos de intervención, reforzando relaciones asimétricas, y ha constituido un modo de apropiación de conflictos y de sujetos por parte de aquellos individuos que investidos de autoridad reafirman su posición en la creencia de que "...el superior siempre sabe lo que es bueno para el inferior"12. Lógica que ha impregnado tanto las prácticas institucionales y judiciales como las prácticas sociales en relación con la infancia. Instaurada la última dictadura militar, en el año 1976, y en el contexto de terror impulsado en esos momentos por el estado, cuyos mecanismos represivos se extendieron capilarmente a toda la sociedad, esta lógica - hipostasiada en aquellas particulares condiciones- parece haber servido de base para desarrollar un plan sistemático de apropiación de niños. A su vez, debemos tener en cuenta que el circuito de la minoridad -ese recorrido institucional compuesto de hospitales, institutos, juzgados- no fue desarticulado. Estos organismos públicos -con cesantías, despidos, desapariciones entre sus empleados, y con intervenciones militares que designaban sus autoridades- continuaron con sus tareas habituales. Por ellos pasaron algunos de los niños, que luego sus abuelas y familiares buscarán incesantemente. Y como veremos, si algunos de estos niños fueron rápidamente encontrados por sus familiares; otros, por el contrario, se vieron sometidos a transitar el recorrido habitual que estas instituciones reservan para la "minoridad". Por tanto, podemos sostener como hipótesis que aquellas categorías, sensibilidades, instituciones y procedimientos, que hemos descripto, se convirtieron en condiciones de posibilidad -no causas, mucho menos orígenes- de la apropiación sistemática de niños ocurrida durante la última dictadura militar. Un montaje preparado para que se desarrolle la tragedia. Para desarrollar esta hipótesis, a continuación describiremos y analizaremos dos casos. En el primero describimos el secuestro de dos niños, su paso por instituciones de minoridad, y su reencuentro con sus familiares a las pocas semanas de ocurridos los hechos; el segundo, refiere a la desaparición y apropiación de una niña, quien luego de veintitrés años recupera su identidad. Entendemos que el análisis del primer caso, nos posibilita describir cuál fue el papel de la trama jurídico-burocrático en la consecución de estas prácticas; mientras que en el segundo, a partir de focalizar en los argumentos que se desplegaron con motivo del juicio a los apropiadores de la niña, es posible observar cómo fue utilizada aquella actitud salvacionista que mencionáramos, por quienes desarrollaron las prácticas de apropiación y sustitución de identidad de los niños, hijos de quienes se desaparecía y se mataba. [Nota del editor: La ley 10.903, de patronato de menores, llamada también "ley Agote", sancionada en 1919, fue derogada el 28 de septiembre de 2005, mientras se preparaba este CD. Esa ley, que consideraba a los menores de edad "objetos de tutela" y "no sujetos de derecho", como prevé la Convención sobre los Derechos del Niño, fue reemplazada ese mismo día por la ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes]. LOS CASOS Caso 1 El día viernes 24 de febrero de 1978 Carlos Armelin recibe una llamada de su cuñado José, en la cual le relata que la noche del 22 al 23 de febrero fuerzas conjuntas habían realizado un operativo en su casa; él había podido escapar pero desconocía la suerte de su mujer y sus dos niños.13 Sin ningún otro dato, Carlos comienza a investigar qué podría haber sucedido con su hermana Juana y con los hijos de esta, Camilo y Silvia. Por comunicaciones con familiares lejanos, algunos de ellos pertenecientes al ejército y otros a la Iglesia, se dirige al Comando del Primer Cuerpo de Ejército, ubicado en Palermo, donde no lo atienden, ya que era sábado, y le dicen que vuelva el lunes, que era día de atención. Por otro lado, se comunica con un primo suyo y con la esposa de este, también ligados al ejército. Si bien ninguno de ellos poseía información acerca de lo que había sucedido con su hermana y con sus sobrinos, la mujer -que era miembro de la cooperadora de un instituto de menores- le aconseja que pregunte en el instituto ubicado en la calle Donato Álvarez 550, ya que era común que las fuerzas de seguridad derivaran allí niños que habían quedado solos después de operativos o detenciones de sus padres. Carlos así lo hace el mismo día viernes, pero quien estaba a cargo del instituto niega que hubiesen ingresado dos niños con las características que él señalaba. El día lunes, tal como le fuera indicado, se presenta nuevamente en el Comando del Primer Cuerpo y expone la situación de su hermana y de sus sobrinos. Al día siguiente, mediante un llamado telefónico es citado al Comando. Ese día le entregan en sobre cerrado una nota con carácter reservado, y le dicen que debía presentarla en el instituto de menores ubicado en la calle Donato Álvarez 550, llamado María del Pilar Borchez de Otamendi, dependiente, en ese momento, de la Secretaría del Menor y la Familia, que a su vez pertenecía al Ministerio de Bienestar Social de la Nación. El día martes 28 de febrero de 1978 se dirige al instituto y entrega el sobre a la Directora Asistente de la institución. Esta mujer, luego de leer la nota, hace llamar a dos menores. Ellos eran Camilo, de cinco años, y Silvia, de tres, hijos de su hermana, quienes habían sido remitidos al instituto el día 23 de febrero por la comisaría 47 de la Policía Federal, en calidad de "menores abandonados en la vía pública", a disposición de la Secretaría del Menor y la Familia. No obstante el reconocimiento que Carlos hace de los niños y estos de su tío, la directora le plantea que no podía dejarlos ir con él y que debía presentar una nueva nota en donde se autorizara el egreso de los niños, ya que la que había presentado -firmada por el coronel Roberto Roualdes, jefe de la Subzona Capital Federal del Primer Cuerpo de Ejército- sólo lo autorizaba para reconocer a los menores. A su vez le informa que Camilo y Silvia iban a ser derivados al instituto Mercedes de Lasala y Riglos, ubicado en la localidad de Moreno, en razón de que eran menores de seis años y su instituto no albergaba a niños tan pequeños. Ese mismo día Carlos solicitó la intervención del Director General de Seguridad Interior para obtener la tenencia de sus sobrinos. Una semana después, mediando una nueva autorización del ejército, pudo retirar a los dos niños del Instituto Lasala y Riglos, haciéndose cargo de la tenencia provisoria de los mismos. La tenencia definitiva de los niños y el discernimiento de la tutela a favor de su tía materna Gemma Armelin recién se produce dos años más tarde, en el año 1980, cuando deja de intervenir sobre los menores la Secretaría del Menor y la Familia. Hasta aquí un breve relato de los hechos, tal como los viviera Carlos Armelin quien en el año 1982 inicia una causa de hábeas corpus en favor de su hermana Juana.14 En esta causa el juez interviniente, además de librar oficios a las distintas fuerzas de seguridad para obtener información respecto del paradero de Juana, indaga en los procedimientos seguidos en relación con los niños. Así, observamos que la directora de la institución, una vez que hubo recibido a los niños con una nota de la comisaría 47, en la cual se consignaba que habían sido "hallados abandonados en la calle Navarro entre Habana y Bolivia", realiza el día 27 de febrero una comunicación telefónica con esa seccional para obtener más datos acerca de los niños. En relación con esa comunicación, la directora firma una nota dirigida a su superioridad, la Supervisión Sectorial de Institutos, en la que informa: "El oficial de guardia informó que consideraran a los niños como abandonados en la vía pública, no como extraviados. Entrevistados los menores sólo manifiestan llamarse Camilo y Silvia, desconociendo el apellido. Camilo dice que su casa, de material, fue destruida por una tormenta y que solo quedó sana la cocina; habla de soldados que se llevaron a sus padres, pero que "no están presos". La adaptación de los niños en el Instituto se hizo en forma paulatina. No se pudieron obtener datos concretos de familiares directos" (fs. 20, Causa 516). Sin embargo, su tío tres días antes se había acercado al instituto procurando información sobre sus sobrinos. Otro dato que aporta la causa está relacionado con el procedimiento habitual que se seguía en los casos de "menores abandonados". El juez de esta causa cita a declarar al funcionario de la Secretaría del Menor y la Familia, que figura en la nota remitida por la comisaría 47 al instituto Borchez de Otamendi derivando a los menores Camilo y Silvia. Este funcionario a la pregunta del juez referida a por qué no se había dado intervención a la Justicia de menores en el caso de estos dos menores, responde que si bien no recuerda en especial a los menores Camilo y Silvia, explica: "...pero en caso de que esto hubiera sucedido, como ocurre habitualmente, se deriva a los menores al Instituto Borchez de Otamendi para su posterior derivación al Instituto Lasala y Riglos; que en estos casos no se da intervención judicial por cuanto los menores no han cometido delito alguno y tiene entendido que el Servicio Nacional del Menor se encuentra facultado para internar a los chicos abandonados a su disposición [esto es, asumiendo su tutela] y reitera, sin la intervención judicial, que esto ocurre habitualmente por lo menos desde hace unos cuarenta años o sea desde que se desempeña en dicha repartición" (fs. 37, Causa 516). Asimismo, este funcionario informa que cuando se presenta un familiar para solicitar la entrega de un menor internado a disposición del Servicio del Menor, es necesario que acredite fehacientemente el vínculo y que en el presente caso "dicho requisito fue cumplimentado con el oficio que obra a fs. 22, por el cual el Ejército avala el parentesco invocado15, desconociendo el declarante y presuntamente también en el Servicio la razón de la intervención de dicha autoridad castrense" (fs. 37, Causa 516). A su vez, durante el período comprendido entre fines de febrero de 1978 y marzo de 1980 como los niños estuvieron "tutelados" primero por la Secretaría Nacional del Menor y la Familia y luego por el Consejo Provincial del Menor de la provincia de Buenos Aires, las autoridades de estos organismos practicaron y requirieron amplios "informes socioambientales" de los hogares donde se encontraban los niños, así como "autorizaron" el cambio de residencia de los mismos. Es sugerente además que en este período, más precisamente el 17 de mayo de 1978, la Supervisión Sectorial de Institutos de la referida Secretaría del Menor dirija una nota al Comando del Primer Cuerpo de Ejército en la cual informa que los niños Camilo y Silvia viven con Carlos Armelin, pero que su abuela paterna, de acuerdo con Carlos, ha solicitado que convivan con ella, por lo cual para decidir en esta situación la institución solicita al coronel Roualdes informe si "dichos menores se encuentran a disposición de ese Comando" (fs. 104, Causa 516). En relación con las declaraciones y documentación descripta -que figuran en la causa judicial mencionada- lo que se observa es que los distintos funcionarios administrativos que intervinieron en la vida de los niños "cumplieron su tarea", y lo hicieron así por cuanto siempre se había hecho de ese modo. De esta forma, más allá del relato de uno de los niños, la directora del instituto de menores sin previas indagaciones al respecto -salvo la comunicación con la seccional- ingresa a los menores al instituto como "abandonados" y no como "extraviados", tal como los había definido la policía, y dispone su traslado a otro instituto, aunque dejando constancia escrita de ello. A su vez, como acreditación del parentesco que invocaba Carlos Armelin fue determinante para el reconocimiento y la constatación del vínculo, la nota que con carácter reservado había firmado el jefe de la subzona Capital Federal del Primer Cuerpo de Ejército; mientras que se le exige una nueva autorización de las mismas autoridades -a las que reconocían como instancia jerárquica superior, en esos momentos- para poder recuperar a sus sobrinos. El mismo sentido cobra la consulta efectuada por la Supervisión Sectorial de Institutos referida a si Camilo y Silvia "pertenecían" al Comando, indagación que los funcionarios realizan previamente a autorizar un cambio de residencia de los niños. A raíz de la investigación que realiza posteriormente, Carlos Armelin pudo reconstruir que la madrugada en la que detienen a su hermana sus sobrinos quedan al cuidado de una vecina que había solicitado permiso a los soldados para dar el desayuno y abrigar a los chicos, que permanecían en la vereda. Horas más tarde, cuando el operativo ya había finalizado y habían sido retirados los camiones, las ametralladoras y el personal militar que rodeaba toda la manzana, dos militares se dirigieron a la casa de la señora y retiraron a los niños, respondiendo a esta vecina, que solicitaba que se los dejaran a ella, "estos niños no nos pertenecen". Los dos niños fueron llevados entonces al Batallón de Arsenales 601, de Villa Martelli, de donde fueron retirados por policías de la comisaría 47 y llevados al Instituto Borchez de Otamendi, en calidad de "menores abandonados en la vía pública". Tal como se desprende de este caso, diversas fueron las instituciones públicas por las que pasaron los niños que fueron secuestrados junto con sus padres. Juzgados de menores, dependencias de ministerios, organismos administrativos, hospitales; instituciones e individuos que en su quehacer cotidiano se sujetaron al poder dictatorial de turno, no sólo cumpliendo órdenes impartidas en esos momentos, sino también desarrollando sus tareas rutinarias, siguiendo los procedimientos habituales, tales como -en el caso descripto- comunicaciones a instancias jerárquicas superiores, traslados de niños a otras instituciones en razón de su edad, autorizaciones de cambios de residencia, realización de informes socioambientales, entre otras actividades a través de las cuales esos hechos que parecerían excepcionales eran normalizados una vez filtrados por la maquinaria burocrática. Normalización que puede ser pensada en los términos que plantea Hannah Arendt en relación con la "banalidad del mal", como un complejo proceso que produce una transformación de lo monstruoso en banal y por lo tanto en cotidiano. Un proceso que al "transformar a los hombres en funcionarios y simples ruedecillas de la maquinaria administrativa, y, en consecuencia deshumanizarles"16 (es característico de toda organización burocrática. Una red institucional por la cual pasaron muchos de los niños desaparecidos, que -como pudo reconstruirse posteriormente- fueron ingresados en institutos de menores o en hospitales y dados en adopción en aquellos años.17 Sin embargo, también debemos señalar que esta organización burocrática estaba compuesta por personas que, en muchos casos, se cuestionaron, interrogaron, sospecharon y realizaron gestiones para ubicar a los familiares de estos niños. Por ejemplo, una asistente social que trabajaba en un juzgado de menores en aquella época, relata el caso de un niño de cinco años que es derivado por la policía: "A nosotros nos llegó [...] un chiquito que fue encontrado en la calle, un chiquito que dicen que lo encuentran en la calle perdido y lo traen al juzgado. Cuando la asistente social lo entrevista, el nene dice que no estaba perdido, dice entraron en mi casa, rompieron todo. Inmediatamente lo ponemos al tanto al secretario [...] El chiquito va a un instituto. Y le decía a la gente del instituto yo busco a mi abuela [...] Pasa un tiempo en el instituto, y discutíamos qué se hace, se entrega en adopción, no se entrega, una serie de discusiones al respecto, y deciden buscar porque el chiquito, decía que él sabía dónde estaba el jardín de infantes donde iba. Entonces deciden buscar el jardín, el nene dice queda al lado de tal lado, lo llevan, y cuando llegan la gente le dice este nene es de tal lado, entonces así reconstruyen un poco la historia, hablan con los vecinos. [...] finalmente aparece la abuela. La mamá estaba detenida pero legalmente. Y bueno vuelve con su familia." (Ex asistente social de Tribunal de Menores de Provincia de Buenos Aires). Otro testimonio también da cuenta del recorrido institucional del que fueron objeto algunos niños cuando sus padres eran secuestrados. Una trabajadora social que, entre los años 1975 y 1980, se desempeñó en la Secretaría del Menor y la Familia, relata un caso de dos niños cuyos padres habían sido secuestrados: "Claro nos llegaban algunas cosas que eran en todo caso extrañas, no era el chico de la calle común que llegaba mucho, pero nos llegaron algunos chicos con esta situación, bueno, en ese momento principios del 76 mucho no se sabía determinadas cosas [...] En determinado momento nos llegan dos chiquitos, los traen un día a la noche, un nene y una nena, eran por ahí las seis de la tarde, con una idea [...] de hacer el informe rapidísimo porque había problemas con los padres, todo muy oscuro ¿no? y tenían los abuelos en Salta, y había que llevarlos a Salta. [...] Nos llegan dispuestos desde el juzgado para hacerles el informe social y psicológico rápido. Bueno ahí los chicos cuentan, eran muy chiquitos los nenes, el nene de cinco o seis años y la nena de tres, una cosa así, muy asustados y entonces el nene cuenta cómo habían entrado unos señores con ametralladoras, habían tirado tiros al aire y se habían llevado a la mamá y al papá. Bueno nosotros en ese momento lo que hicimos fue comunicarnos con los abuelos". (Ex trabajadora social de la Secretaría del Menor y la Familia.) Tanto la descripción de este caso como los relatos que hemos citado nos permiten apreciar que las prácticas de secuestro y apropiación de niños desarrolladas durante la dictadura se engarzaron en una trama institucional-burocrática destinada -desde mucho tiempo atrás- a la minoridad. Una trama en la cual algunos niños siguieron el destino habitual reservado a los menores -encierro en instituciones y adopción- y otros pudieron ser vinculados con sus familias biológicas. En este sentido, y si tenemos en cuenta que las dos variantes principales de la apropiación ilegal de niños fueron la "inscripción falsa" y la "adopción", podemos considerar que los casos de apropiación no sólo combinaron las formas legales con las clandestinas, sino que también revelan -como analizaremos a continuación- su confluencia con otros factores de larga data en nuestra sociedad que de alguna forma permitieron inscribir estas modalidades en el universo de lo socialmente admitido. Caso 2 "A partir de cierto momento del embarazo estas prisioneras pasaban a ocupar un cuarto con camas, una mesa con sillas, ropa, y podían permanecer allí con los ojos descubiertos y hablar. Días antes del alumbramiento, los marinos le hacían llegar a la madre un ajuar completo, a veces muy hermoso, para su bebé. El parto se atendía con un médico y respetando ciertos requerimientos de asepsia, anestesia y cuidados generales. La madre le ponía nombre a su hijo y daba las indicaciones para que lo entregaran a la familia. Este trato dificultaba la comprensión del destino final de madre e hijo. Las atenciones hacían presuponer que ambos vivirían o que, cuando menos, el bebé sería respetado. La realidad era muy otra: la madre solía ser ejecutada pocos días después del alumbramiento y el bebé se enviaba a un orfanato, se daba en adopción o, eventualmente, se entregaba a la familia. Quedaba así limpia la conciencia de los desaparecedores: mataban a quien debían matar; preservaban la otra vida, le evitaban un hogar subversivo y se desentendían de su responsabilidad."18 Como plantea Pilar Calveiro, preservar a los niños de un "hogar subversivo" fue el argumento utilizado por los represores para sustraer la identidad de los niños, despojarlos de sus padres y entregarlos a personas que, en la mayoría de los casos, se encontraban ligadas al poder militar o eran ellas mismas integrantes de las fuerzas represivas. A su vez, sobre la base de este argumento, posteriormente, en los procesos de restitución de niños a sus familias biológicas se desplegó otro que enfatizaba la innecesariedad de que esos niños y/o jóvenes fueran restituidos, ya que sus "familias de crianza" además de haberles proporcionado una buena educación y posición económica, los habían criado con amor y salvado de la situación en la que se encontraron siendo pequeños. En el mes de junio del año 2001, se llevó a cabo por primera vez un juicio oral y público contra un matrimonio de apropiadores de una menor de edad.19 Esta niña secuestrada, desaparecida y posteriormente apropiada a los ocho meses de edad, había estado detenida en el centro clandestino de detención El Olimpo, en noviembre del año 1978 junto con su madre y su padre, que continúan desaparecidos. La detención-desaparición de la niña se extendió hasta que, a los dos o tres días de su secuestro, fue retirada del lugar por represores -que actuaban en ese campo- con la promesa de que iba a ser entregada a sus abuelos maternos. Claudia Victoria Poblete, por el contrario, fue entregada a un teniente coronel que era integrante del Comando de Cuerpo de Ejército I y a su esposa, quienes la anotaron como hija propia, presentando para ello un acta de nacimiento falsa firmada por un médico militar, y obteniendo así una nueva partida de nacimiento y un documento de identidad. Una vez restituida la identidad a la joven en febrero de 2000, comienza al año siguiente el juicio oral en el que se imputa a sus apropiadores los delitos de falsificación de documento público, supresión del estado civil, y retención y ocultamiento de un menor de diez años de edad. La audiencia pública se extendió durante siete días, en los que se sucedieron como testigos los familiares de Claudia, militares retirados ex-compañeros de tareas del imputado, y numerosos ex detenidos-desaparecidos que habían visto a Claudia y a sus padres en el campo El Olimpo. Al momento de los alegatos, una vez que tanto la querella como la fiscalía habían "calificado" los hechos y solicitado condena, la defensa de los imputados expuso su alegato basando su discurso tanto en la necesidad de "reconciliación" y de evitar "enfrentamientos estériles", cuanto en aseverar que la acción de los imputados había estado motivada por intereses "humanitarios". Argumentó que sus defendidos habían actuado con un "equivocado sentido de la piedad", pero que los había motivado a ello "la situación de desamparo moral y material en que se encontraba la niña". Así las cosas, esta abogada finalizó su alegato argumentando que el tribunal debería tener en cuenta como circunstancias atenuantes, llegado el momento de dictar condena, "el amor y el afecto" prodigado a Claudia por sus apropiadores, tanto como su "excelente educación". Tales argumentos, que no son originales ni novedosos en casos de restitución de niños apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar20, tampoco tienen su origen en casos de estas características, sino que poseen una profundidad histórica mucho mayor. Consideramos que a partir de este caso es posible observar cómo los tópicos de un discurso sobre la infancia pobre y abandonada fueron utilizados para intentar justificar la apropiación ilegal de niños; es decir, las imágenes de medios nocivos e inmorales de las que daban cuenta los minoristas de principio de siglo, se traslaparon en esos momentos a los "hogares subversivos" y de "vida moral desordenada" del discurso militar. En este sentido, abundantes son los testimonios de integrantes de organismos de derechos humanos que señalan que, en las entrevistas mantenidas en aquellos años como parte de su tarea de búsqueda de los niños, distintos funcionarios les dijeran que no se preocuparan por los niños, ya que se encontraban con "una buena familia que los mandaba a colegios privados"21. Tal es el caso de una jueza de menores que, como relata una integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, planteaba: "Estoy convencida de que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos [...] no tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes".22 Como hemos planteado, en nuestro país, a partir de la utilización de la categoría de situación de peligro moral y material, y del desarrollo de distintas prácticas que tuvieron como objeto a un sector de la infancia conceptualizado como pasible de encontrarse en una situación de "abandono", distintos individuos investidos de autoridad por el Estado han decidido sobre la vida de los menores internándolos en establecimientos de reclusión, privando a sus padres biológicos de la patria potestad, o entregándolos en adopción a familias pudientes que se encargaran de proporcionarles una "buena educación". En todos estos casos prevaleció la noción de que esos menores necesitaban regenerar sus hábitos ya que provenían de lugares no aptos para su crianza y sus padres, en consecuencia, debían ser privados del derecho de tales. Así, en relación con un determinado sector de la infancia se construyó una actitud salvacionista que se basó en prácticas diversas que tuvieron por objetivo la separación de esos niños de su medio familiar y social. En función de la retórica de "hacer el bien" que, según Stanley Cohen, se basa en los tópicos de la "ayuda y el socorro" y es aplicada a aquellos a quienes se define previamente como "necesitados"23, se han construido estas explicaciones morales y emotivas que han servido como sólidos recursos argumentales que posibilitaron encubrir y hasta naturalizar las prácticas de apropiación de determinados niños. Eufemismos con los cuales se designaron, distorsionando y alterando su sentido, toda una gama de prácticas de entrega, cesión, adopción o inscripciones falsas de menores. Durante el período del Estado terrorista estas falaces explicaciones fueron utilizadas al perpetrar el plan sistemático de robo y apropiación de niños, en un contexto en el cual con el argumento de la defensa de "la familia"24 se desmembraron -por la desaparición y muerte de algunos de sus integrantes y por el secuestro y apropiación de otros- aquellos grupos familiares clasificados como "subversivos" y por lo tanto "peligrosos". Esta construcción de una infancia apropiada como una infancia "abandonada" se llevó a cabo sobre la base de un sistema de creencias y representaciones sociales que posibilitó también formas de consentimiento y apoyo hacia aquellos que se presentaban no sólo como "salvadores de los niños" sino como "salvadores de la patria". Rastrear estos argumentos, analizar los procedimientos de poder en que se han traslapado, e indagar en su sentido y en las conceptualizaciones debido a las cuales han gozado de cierta legitimidad en nuestra sociedad, considero que permite abordar desde otra perspectiva el análisis de las prácticas de desaparición y apropiación ilegal de niños ocurridas durante el Estado terrorista. Una perspectiva que permita considerarlas como parte integrante de la sociedad en la cual se sucedieron, reconociendo incluso la continuidad o prolongación extrema de determinadas prácticas que gozaban de legitimación en nuestra sociedad. Ya que como plantea Pilar Calveiro: "...pensar la historia que transcurrió entre 1976 y 1980 como una aberración; pensar en los campos de concentración como una cruel casualidad más o menos excepcional, es negarse a mirar en ellos sabiendo que miramos a nuestra sociedad, la de entonces y la actual".25 Consideraciones finales Comenzamos este trabajo planteando como idea que las prácticas desarrolladas durante la última dictadura militar en relación con los niños, hijos de quienes se desaparecía y se mataba, han podido cristalizarse a partir de elementos presentes en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva hemos analizado dos casos de secuestro de niños para indagar cuáles han sido los procedimientos utilizados, las categorías empleadas para clasificarlos, los dispositivos institucionales, y las creencias sociales y sensibilidades a las que se ha apelado. Analizar este tema desde esta perspectiva, que hace las veces de hipótesis de trabajo, entendemos que merece dos aclaraciones. Por una parte, sostener que las prácticas de apropiación de niños en nuestro país poseen una larga tradición e indagar por tanto en las categorías construidas para clasificar tanto a una franja de la infancia -los "menores"-, como a sus familias, si bien nos posibilita observar determinadas continuidades en la forma que han asumido, esto es en el ropaje con el cual se presentan y se justifican, no nos debería llevar a pensar -no lo estamos planteando- que tales prácticas de apropiación de niños por parte de determinados individuos investidos de autoridad por el Estado han sido una copia idéntica de sí mismas en todos los casos. Antes bien, consideramos como lo hemos señalado en nuestra breve reconstrucción histórica de categorías y procedimientos, que ellas han dado vida a una potente lógica que revestida de la retórica "de hacer el bien" ha posibilitado operar la separación de los niños de su medio social, impugnar y/o destituir a sus padres de su condición de tales, y dar cabida a innumerables prácticas sociales tales como las inscripciones falsas y la venta y el tráfico de niños en razón de que, según este razonamiento, siempre los niños estarán mejor en el seno de familias que puedan proporcionarles los cuidados y educación convenientes. Si las prácticas que se han desarrollado en los tribunales, institutos de menores, lugares de reclusión de niños, más allá de sus regularidades, no han sido iguales en los distintos momentos históricos, menos aún lo son -respecto a ellas- las prácticas criminales de la última dictadura militar. No estamos proponiendo pasar el rasero a lo largo de la historia para igualar prácticas y sensibilidades, de las cuales comprenderíamos, si así fuera, aún menos. Reconociendo sus diferencias, estamos planteando que ellas no pueden ser comprendidas si sólo las consideramos como hechos excepcionales y las aislamos del contexto histórico y de la trama de relaciones en la cual se desarrollaron. Por otro lado, al analizar la trama jurídico-burocrática, esto es la red de instituciones a la que se destinaron muchos de los niños desaparecidos, entendemos que el concepto de "banalidad del mal" puede ser útil para dar cuenta de cómo se normalizaron determinados hechos que de otra forma hubieran sido excepcionales. Por lo tanto, como hemos planteado, no consideramos que se haya tratado de una confabulación de funcionarios, jueces y operadores dispuestos a llevar adelante un plan sistemático de apropiación de niños. Por el contrario, son también muchos los ejemplos de personas que cuestionaron, reflexionaron y se asombraron ante lo que estaba aconteciendo y que pudieron realizar vinculaciones entre los niños y los familiares que, luego del secuestro de sus padres, los estaban buscando. Como intentamos demostrar en el análisis de casos, estamos planteando que las prácticas de secuestro, sustracción y sustitución de identidad de los niños se insertaron en determinadas redes de relaciones sociales y de poder, se entrelazaron con dispositivos jurídico-políticos y con una determinada estructura institucional-burocrática, tanto como con nociones y sentidos ya existentes en nuestra sociedad en relación con un determinado sector de la infancia. Sin embargo, si en la dimensión de las continuidades es posible identificar tales elementos, consideramos que una de las rupturas fundamentales que marcan estas prácticas criminales, en relación con lo ya existente, es que las mismas fueron desplegadas en un Estado terrorista que introdujo en distintos niveles de la organización social un "estado de excepción", en el cual norma y hecho se volvieron indiscernibles. Un estado de excepción -en el que todo se vuelve verdaderamente posible, al decir de Agamben26- que posibilitó la sistematicidad en la ejecución de un plan a gran escala de apropiación de niños. Una acción institucional y estructurada, desarrollada a partir de la implantación de un proyecto político-ideológico destinado a disciplinar a la sociedad. Acciones de disciplinamiento que se engarzaron en una normalidad admitida, que en el caso de los niños desaparecidos fue la de los procedimientos y rutinas burocráticas, la de las nociones salvacionistas sobre una niñez que se construyó como proveniente de "medios nocivos" y "desamparada". Por último, si tales modalidades represivas pudieron ser inscriptas en el universo de lo socialmente admitido por su confluencia con prácticas de larga tradición en nuestra sociedad, el insistente trabajo de denuncia, búsqueda, localización y restitución de niños llevado adelante por Abuelas de Plaza de Mayo posibilitó conferir una enorme visibilidad y problematizar estos actos criminales. Si bien el objetivo de este trabajo no ha sido indagar sobre este tema, debemos señalar que en la construcción de la memoria sobre la violencia ejercida por el Estado terrorista, la labor de Abuelas marca un antes y un después en la forma de tratamiento del tema de la apropiación de menores, esto es, del concepto de los niños como propiedad. Notas y bibliografía 1- Arendt, H., De la historia a la acción, Paidós, Buenos Aires, 1995, pág. 32. 2- Agambem, G., "¿Qué es un campo?", en Medios sin fin. Notas sobre la política, Pre-Textos, Valencia, 2001, pág. 40. 3- Tiscornia, S., "La seguridad ciudadana y la cultura de la violencia", en: AAVV, Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento, Eudeba, Buenos Aires, 1998, pág. 208. 4- Para una historia de las normativas especiales para la infancia en Argentina, ver: Cicerchia, R., Historia de la vida privada en Argentina, Troquel, Buenos Aires, 1995. Gómez, D., "Un recorrido por las políticas públicas destinadas a la infancia", material inédito, 2001. Larrandart, L., "Prehistoria e historia del control socio-penal de la infancia", en Bianchi, M., y García Méndez, E., (comp.), Ser niño en América Latina. De las necesidades a los derechos, Galerna, Buenos Aires, 1991. Moreno J. L., (comp.) La política social antes de la política social (Caridad, beneficencia, y política social en Buenos Aires, siglos XVII a XX), Prometeo, Buenos Aires, 2001. 5- Vianna, A., Clasificaçoes Sociais, Policia e Minoridade. Distrito Federal, 1919-1929. Seminario "Ciencias sociales, Estado y sociedad", Programa de Pos Graduación en Antropología Social / Museu Nacional / UFRJ y Departamento de Ciencias Sociales de la École Normal Supérieur de París, Río de Janeiro, 1997. 6- Para un análisis de casos de reclamo de menores por sus madres, ver Guy, D., "Madres vivas y muertas, los múltiples conceptos de la maternidad en Buenos Aires", en Balderston, D., y Guy, D., (comp.), Sexo y sexualidad en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 1998. 7- Bullrich, E. (1922) en Asistencia social de menores, citado en Gómez, 2001. 8- Fonseca, C. y Cardarello, A., Direitos dos mais e menos humanos, en Revista Horizontes Antropológicos, año 10, N° 5, Porto Alegre, 1999. 9- Christie, N., La industria del control del delito ¿La nueva forma del holocausto?, Del Puerto, Buenos Aires, 1993. 10- No obstante, esta variedad de situaciones que pueden ser definidas como "de abandono" reconoce limitaciones. Estos límites están dados generalmente por el perfil socio-económico de los padres que hacen "abandono" de sus niños. 11- Tal el término utilizado, aun actualmente, para operar la separación de los niños de sus familias. En los oficios judiciales es común encontrar la siguiente expresión, que asemeja a los niños a una "cosa": "Líbrese mandamiento a fin de que el Oficial de Justicia de la zona que corresponda [...] se constituya en el domicilio sito en X y proceda al secuestro del menor X." 12- Da Matta, R., Carnavais, malandros e herois, Zahar, Río de Janeiro, 1980. 13- La descripción de este caso la realizo a partir de la información de una de las causas judiciales que me encuentro analizando como parte de la tarea de recopilación y sistematización de expedientes judiciales sobre casos de localización y restitución de niños desaparecidos. Esta tarea de selección y sistematización de causas forma parte de mi trabajo de investigación para el doctorado. 14- Armelin, Juana s/hábeas corpus, Causa 516. 15- Se refiere a la nota firmada por el Cnel. Roberto Roualdes, jefe de la Subzona Capital Federal del Primer Cuerpo de Ejército, en la que autoriza que Carlos Armelin reconozca a los niños, acreditando que se trataba del "tío carnal de los menores". 16- Arendt, H., Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Lumen, Barcelona, 2000, pág. 437. 17- Entre otros casos, podemos citar: el de las hermanas Tatiana Ruarte Britos y Laura Jotar Britos a quienes la policía retiró de la plaza donde su madre había sido secuestrada y las ingresó como NN a un instituto de menores de Villa Elisa y a la Casa Cuna, respectivamente; y que fueron adoptadas seis meses después. También Jorgelina Laura Planas fue internada en un hogar de menores por orden de la Dra. Delia Pons del Juzgado de Menores N° 1 de Lomas de Zamora, y fue dada en adopción a los pocos meses. El caso de Sebastián Ariel Juárez es significativo, pues la mencionada jueza lo internó en el hogar de menores "Casa de Belén", lugar en el que permaneció siete años hasta su localización en 1984. Un caso de características similares es el de Emiliano Ginés a quien, a pesar de conocer su identidad, la jueza Pons internó en la Casa Cuna de La Plata. Andrés La Blunda ingresó en abril de 1977 a un Juzgado de Menores de San Isidro y fue dado en adopción al poco tiempo. Emiliano Carlos Tortrino fue internado en Casa Cuna por orden judicial y fue dado en adopción por un juzgado de menores de Capital Federal, aun cuando sus abuelos ya lo habían localizado. 18- Calveiro, P., Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Colihue, Buenos Aires, 1999, pág. 82. 19- La descripción de este caso la realizo sobre la base de los registros de la observación que realicé del juicio oral y público de la causa, en la cual resultaban imputados Ceferino Landa y su esposa Mercedes Moreira, que se conoció como "caso Poblete". 20- En el caso de los mellizos Reggiardo Tolosa restituidos a su familia biológica en el año 1993, tales argumentos fueron publicitados insistentemente en algunos programas televisivos y radiales (por ej., Chiche Gelblung, Daniel Hadad y Marcelo Longobardi, Bernardo Neustadt). En estos programas los jóvenes expresaron su deseo de vivir con los Miara (sus apropiadores), porque éstos "les habían dado todo su amor". Con una cuidadosa selección de imágenes y palabras estos programas criticaron la decisión del juez de restituir a los mellizos a su familia y "expresaron comprensión por los apropiadores, a quienes llamaban 'padres del amor' y para los que inclusive inventaron una nueva expresión: 'padres históricos'". Arditti, R., De por vida, la historia de una búsqueda. Las Abuelas de Plaza de Mayo y los niños desaparecidos, Grijalbo, Buenos Aires, 2000, pág. 203. 21- Entrevista a abogada integrante de un organismo de derechos humanos. 22- Herrera, M. y Tenembaum, E., Identidad, despojo y restitución, Contrapunto, Buenos Aires, 1990, pág. 24. 23- Cohen, S., Visiones de control social, PPU, Barcelona, 1988. Según este autor, esta retórica al poner de relieve un supuesto "estado de necesidad" se ancla en la dimensión de la tutela antes que en la de la justicia, justificando así intervenciones arbitrarias y sin plazos determinados. 24- Filc, J., Entre el parentesco y la política: familia y dictadura, 1976-1983, Biblos, Buenos Aires, 1997. 25- Calveiro, P., en op. cit., pág. 159. 26- Agamben, G., Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-textos, Valencia, 1998. Bokser, M. y Guarino, M., Derecho de niños o legitimación de delitos; Colihue, Buenos Aires, 1992.

17 libros para llevar al mas alla Siempre he detestado la pregunta, ¿qué libro te llevarías si se acaba el mundo? Es una pregunta de y para gente que no lee. La persona lectora suele leer todo el tiempo, siempre que puede, y por ello, a acumular libros: en el recuerdo, en los estantes de su casa o de alguna biblioteca pública. Sin embargo, esta pregunta absurda tiene un valor: nos obliga a pensar en lo que más hemos disfrutado al leer, lo que más hemos amado al leer, aunque nos hiciera sufrir, lo que más queremos volver a leer. La pregunta es casi, ¿con quién quieres pasar el resto de la eternidad? Pero me pasa que no creo en la monogamia, y no creo en ella en un sentido particular: cada uno de nosotros es múltiple, si estoy con una mujer, estoy en realidad con muchas de las personas que ella es, sean de tipo más o menos masculino o femenino. Lo interesante de una relación, vista de esta manera, resulta en ir conociendo a toda esa gente que vive, y que llega a vivir, en ese cuerpo, bajo esa falsa identidad que es la que se nos impone desde fuera. Lo mismo me pasa con los libros. Cada uno cambia con cada lectura porque cada uno, aunque la letra venga fija sobre la página, cambia con cada lector que yo pueda llegar a ser. Uno siempre deviene otro lector. Visto así, sí que podría llevar un solo libro al mas alla, pero me niego. He elegido 17, número primo y uno de mis favoritos, 17 libros que para mí conforman, en cierto sentido uno solo: el que llevaría a esa maldita eternidad. Dante Alighieri, La divina comedia John Ashbery, Selected Poems Georges Bataille, La parte maldita Charles Baudelaire, Las flores del mal Walter Benjamin, El libro de los pasajes Elizabeth Bishop, The Complete Poems Jorge Luis Borges, Ficciones Julio Casares, Diccionario ideológico de la lengua española Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha Charles Darwin, The Voyage of the Beagle Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas Jacques Derrida, Disemninación Friedrich Nietzsche, Obras completas Fernando Pessoa, Drama en gente Rainer Maria Rilke, Las elegías de Duino Raymond Roussel, Locus solus Mark C. Taylor, Erring

La hoguera del miedo QUEMA DE LIBROS DURANTE LA DICTADURA MILITAR ARGENTINA 1976-1983 Por Marcelo Massarino El 24 de marzo (2006) se cumplen treinta años del Golpe militar que derrocó al gobierno peronista en 1976. Es un aniversario que sirve para recordar una vez más a los desaparecidos, a los asesinados, a los torturados y exiliados. También para señalar que la dictadura militar tuvo un plan para exterminar a la oposición que no sólo consistió en persecución y muerte, sino en la ejecución de una estrategia para el vaciamiento económico y cultural de la sociedad. Una de las tantas atrocidades que cometieron los militares y sus cómplices civiles fue la quema de libros que no comenzó en la Argentina del '76 pero que en el marco de esa política represiva fue para el Proceso una práctica "purificadora" del ser nacional. También hubo otros fuegos que encendieron quienes temían una represalia por tener una biblioteca que los inquisidores podían calificar como "subversiva". Otro recurso fue tirar libros en inodoros y pozos ciegos o el enterramiento como destino de la literatura y la prensa que podía servir como pretexto para un operativo. Con la democracia los hijos de aquellos jóvenes lectores de los setenta se enteraron que aún estaban escondidas aquellas bolsas con los ejemplares olvidados junto a la higuera del fondo de la casa. Destruidos por la humedad o convertidos en cenizas, los libros vuelven a las bibliotecas como los cuerpos a la playa después de los vuelos de la muerte. En 2002 la publicación de Un golpe a los libros, de Hernán Invernizzi y Judith Gociol mostró la trama del aparato represivo en la cultura. Para recrear el clima de aquellos años recurrimos a esa investigación y al testimonio de los protagonistas de la época. Invernizzi asegura que la dictadura militar tuvo un plan concreto y aclara que "no significa que se trataba sólo de un plan de destrucción. Era un proyecto de control, censura y producción de cultura tanto en la educación como en la cultura y la comunicación. Eudeba La cultura fue un lugar donde la derecha peleó cada lugar de poder. Un ejemplo es el caso de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeba. El 25 de mayo de 1973 fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires Rodolfo Puiggrós, quien nombró presidente del Directorio al escritor Arturo Jauretche y director ejecutivo al periodista Rogelio García Lupo. El autor de El medio pelo en la sociedad argentina falleció el 25 de mayo de 1974. García Lupo renunció cuatro meses después. Reconoce que "sabíamos que íbamos a tener muchos problemas. Pensábamos en discusiones por los proyectos editoriales pero no en agresiones físicas. El proyecto de fondo consistía en la edición de las obras completas de tres intelectuales argentinos: Leopoldo Lugones, que era una figura que les servía a todos: a los anarquistas, a los fascistas y a los nacionalistas; Carlos Astrada, un filósofo marxista y Manuel Ugarte, quien era muy representativo de la intelectualidad procedente del socialismo que había desembocado en el primer gobierno de Perón. Tuvimos amenazas cuando anunciamos el plan editorial y al tiempo decidimos irnos porque la presión era insoportable. Pero ocurrió una cosa insólita. Teníamos la idea de hacer la revisión de la obra de Lugones de manera cronológica. Empezar por el Lugones anarquista y seguir con el socialista. Un día me llamó el abogado Valentín Thiebaut, director ejecutivo del nuevo Directorio -ya con Alberto Ottalagano como interventor de la UBA-, y me dice: ‘tengo un problema. No puedo cumplir con el contrato de Lugones si empezamos por la etapa izquierdista... ¿No podemos arrancar por la fascista..?'" En julio de 1974 un grupo comando entró al taller gráfico donde Eudeba imprimía parte de sus libros al grito de "¿Dónde está El marxismo de Lefebvre?" Antes que el imprentero Polosecki pudiera dar una respuesta prendieron fuego un sector pero en el apuro los asaltantes se equivocaron de libro. En julio de 1976 fue designado director ejecutivo de Eudeba el político socialista Luis Pan, quien le entregó al Comando del Iº Cuerpo de Ejército parte del fondo editorial con los libros censurados. El 27 de febrero el teniente primero Xifra dirigió el operativo que terminó con la quema de casi noventa mil volúmenes en el predio de Palermo. Rogelio García Lupo vio cuando los soldados cargaban los camiones con los ejemplares de su gestión. "Pan fue quien llamó al Ejército y puso en sus manos toda esa ‘literatura pecaminosa'. El temía que alguien dijera ‘¡pero este Pan también es socialista..!' Con esa operación compró protección, fue como una prueba de amor". El fuego purificador y la autocensura La práctica piromaníaca del Proceso tiene ejemplos como los siguientes, ambos de 1976. En Córdoba el interventor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, teniente primero Manuel Carmelo Barceló, sacó de la biblioteca y mandó a incinerar títulos de Margarita Aguirre, Pablo Neruda y Julio Godio, entre otros. En la misma provincia, el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Jorge Eduardo Gorleri (luego ascendido a general por el gobierno de Raúl Alfonsín), exhibió en conferencia de prensa una hoguera en el patio de la unidad militar, avivada por libros de León Trotsky, Mao Tse-Tung, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Juan Domingo Perón y fascículos del Centro Editor de América Latina (CEAL) que robó de las bibliotecas y librerías. En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, La Vigil, una institución que tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos, a principios de la década del setenta. El 25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto nº 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva detenidos ilegalmente, su control de préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortíz. El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primer novela fue quemada junto a una de Eduardo Mignogna. El caso de Enrique Medina es paradigmático: "El golpe de Estado de 1976 confirmó la prohibición de los libros ya censurados del autor y lo extendió a cuanto texto suyo aparecía. Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes", según Invernizzi y Gociol. Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las Tumbas, como Sólo ángeles cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior. También le decomisaron Olimpo, de Blas Matamorro, por un decreto del PEN. Ante el reclamo de Pampín, el capitán de navío Carlos Carpintero le respondió: "de los libros, olvidate". Ya en 1978 las autoridades retuvieron en la aduana Evita, una biografía de Marysa Navarro que más tarde pudo ingresar al país por la intervención de Dardo Cúneo, por entonces presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Hubo editores que decidieron destruir los materiales que eran prohibidos. Es el caso de Granica: "varios de los libros de sello fueron prohibidos. Entre ellos La pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez que fue uno de los primeros títulos de los que la propia editorial decidió deshacerse. Esa es la cara más perversa del terror: ya no los libros que el régimen quemaba sino los que se eliminaban por propia decisión", describen los autores de Un Golpe a los libros. De la imprenta a la fábrica de papel sin pasar por librerías fueron por lo menos diez títulos, no menos de 20.000 volúmenes, entre ellos Correspondencia Perón-Cooke. La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow quien además tuvo un juicio "por publicación y venta de material subversivo". El fue sobreseído pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí. Testigos de la quema fueron la profesora Amanda Toubes, directora de la colección La enciclopedia del mundo joven y Ricardo Figueira, director de colecciones del CEAL y autor de las fotografías de aquel 26 de junio de 1978. En 2005 ambos recordaron el clima de aquellos años para un artículo que Aníbal Ford escribió en la revista Lezama: Toubes decía que "'en ese momento nuestra mente estaba todavía en el asesinato de Daniel Luaces, en su escritorio vacío. Tantos otros llantos, tantas cosas de las que nos íbamos enterando día a día... que tal vez lo vivimos sólo con una gran tristeza pero también como parte de nuestra cotidianeidad'. Algo de esto retoma Ricardo Figueira, que casi minimiza el hecho. ‘Lo que era vivir cotidianamente, día a día, con el culo a cuatro manos y dando varias vueltas a la casa antes de entrar'". Para Ford "esa hoguera de libros argentinos provocó un vacío, un hueco, en la transmisión y en la construcción cultural que todavía no ha sido reparado". Otro de los editores perseguidos fue Daniel Divinsky, de Ediciones de la Flor, quien junto a su mujer Kuki Miler fue detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante 127 días y luego partió al exilio. Primero fue la censura del libro infantil Cinco dedos. Ya en la cárcel de Caseros, se enteró de la prohibición de Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro. Divinsky rememora que trabajar en esa época "era como caminar por la cuerda floja. La prohibición a de la Flor pretendió ser, de alguna manera, una medida ejemplificadora porque se trataba de una editorial independiente. Cuando pasó todo y volvimos del exilio cada día que llegaba a la oficina daba una vuelta a la manzana para ver si había algún patrullero." Desde finales de los sesenta Siglo XXI fue una de las editoriales más influyentes en el pensamiento latinoamericano. Con casas en España y México, la sede de Buenos Aires tenía una enorme influencia. Editaba Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano y todos los libros del pedagogo Paulo Freire, entre otros. El 2 de abril de 1976 un grupo de tareas allanó las oficinas de Perú 952 y secuestró al jefe de correctores Jorge Tula y al gerente de ventas Alberto Díaz. La empresa fue clausurada y luego abrió hasta que la casa matriz decidió levantar la sede porteña. Pasaron treinta años y hoy Alberto Díaz es director editorial del Grupo Planeta. "Era muy jodido y triste trabajar en ese ambiente en el que desaparecían correctores, traductores y amigos. Otros se exiliaban o se iban al interior, o eran detenidos. Pero seguíamos trabajando. ¿Por qué? Es algo inexplicable porque el golpe se veía venir pero estabas como anestesiado. Yo estuve desaparecido un mes y pico. Cuando me largan ya me habían cesanteado de la Universidad y volví a Siglo XXI. Me tenía que ganar la vida y no se me ocurría irme. Después de un segundo aviso partí rumbo a Colombia el 24 de agosto del 76. -¿Qué le produce este recuerdo? -Es como si estuviera contando un libro de historia. Ya no recuerdo cómo era mi rostro, pero sí de la cara del poeta Miguel Angel Bustos. Lo tengo congelado con un rostro joven. Ya no me acompañan las imágenes de la detención porque sabes que muchos de los detenidos nunca volvieron, entonces tenés una especie de culpa del sobreviviente. Ceremonias privadas También hubo otras quemas de libros que hicieron las víctimas de la represión. No era necesario ser militante ni pertenecer a una organización política. El hecho de tener libros considerados "subversivos" o "inmorales" era peligroso. "La destrucción, el ocultamiento y el enterramiento de libros desde 1974 hizo que las bibliotecas se vayan despoblando. Otro fenómeno que desapareció fue la lectura en los medios públicos de transporte porque el libro te hacía caer bajo sospecha" reflexiona Díaz, quien incineró algunos libros del Che como Guerra de Guerrillas, periódicos del PRT La Verdad y revistas como Crisis y Militancia. La escritora Ana María Shua regresa a los días de marzo del 76: "Mi marido y yo no militábamos, pero éramos de izquierda y muchos de nuestros amigos y conocidos desaparecían o se escapaban del país o pasaban a la clandestinidad. Sabíamos que había libros ‘peligrosos': todo lo que tuviera marxismo o la idea de la revolución social. ¿Por dónde empezar? Empezamos por uno de Vo Nguyen Giap, sobre la Guerra de Vietnam. El intento, en la pileta de la cocina, fue un triste fracaso. No es tan fácil quemar un libro en un departamento de tres ambientes. Decidimos que si entraba un grupo de tareas, daba lo mismo que hubiera este libro o aquel: lo peligroso, lo que nos denunciaba como enemigos era tener una biblioteca. Y abandonamos la idea de quemar libros.

El último malón Según la historia lugareña, el 16 de marzo de 1876, el cacique Namuncurá dirigió el último malón contra los campos de la región. Terminaba así una larga historia de sangrientas luchas entre los antiguos y los nuevos dueños de la tierra. Manuel Namuncurá Durante más de 10 años, desde la fundación del Partido de Necochea, los pobladores del primitivo distrito vivían aterrorizados por los indios, molestos por lo que ellos consideraban una invasión de su territorio. Los Pampas fueron los primeros habitantes de la región. Hacia el siglo XVII arribaron a la llanura pampeana los Tehuelches septentrionales. Casi en la misma época, Juan de Garay recorrió las zonas del Tuyú, Tordillo, Kakuel Huincul y llegó hasta Cabo Corrientes, actual Mar del Plata. Hacia el año 1740 comenzaron las misiones jesuíticas con el objetivo de reducir pacíficamente a los indígenas. Pero los jesuitas no pudieron cumplir con su misión. El padre José Cardiel, hoy recordado en nuestra ciudad, a través de la avenida que lleva su nombre, fue uno de esos anegados religiosos. En su intento llegó hasta La Dulce y pasó por Necochea. En las últimas décadas del 700 se inició la división política de Buenos Aires y el asentamiento de los primeros colonos. En 1810 se crean los partidos de Navarro, Lobos y Chascomús. En 1818 es fundada la localidad de Dolores. Dos años más tarde Buenos Aires se constituye en una entidad política autónoma. Los indios comenzaban a ser desplazados y atacaban cada vez con mayor ferocidad a los que ellos consideraban invasores. En 1823 la ciudad de Dolores fue arrasada por los aborígenes. Los indios que habitaban el centro Este y Noroeste de la provincia fueron retirados por la campaña de Rosas que llegó hasta las Salinas Grandes. El científico inglés Charles Darwin acompañó a Rosas en una de esas expediciones en 1833. Juan Manuel de Rosas De las tres columnas que salieron en misión contra los autóctonos, solamente la de Rosas pudo cumplir su cometido, asegurando algunos años de tranquilidad, mediante el establecimiento de una línea de fortines permanentes. Pero, luego de la caída de Rosas, en 1852, los malones retomaron su avance hacia el Noreste y las ciudades de Azul y Olavarría fueron las más castigadas. Malones en Necochea Desde 1820 había en esta región algunas grandes estancias que eran hostigadas constantemente por los malones. El partido de Necochea se encontraba en territorio indio y las refriegas entre los aborígenes y los colonos eran cotidianas. En uno de aquellos enfrentamientos murieron el padre y el hermano de Victorio de la Canal, uno de los fundadores de la ciudad de Necochea. El 13 de septiembre de 1855, a cinco kilómetros de donde se encuentra en la actualidad la ciudad de Benito Juárez, se produjo el Combate de San Antonio de Iraola. Allí perdieron la vida el Capitán Cayetano de la Canal y su hijo, Pedro, junto a otros 124 compañeros de armas. El grupo fue masacrado por 2.000 indios al mando del cacique Calfucurá. El mayor Luis Antonio Burgos de la Canal y su asistente Juan Guayana, viajaron hasta Dolores en busca de apoyo. Pero al regreso, sólo encontraron los cuerpos de sus compañeros muertos. Calfucurá Pero pasarían unos años hasta que los antiguos dueños de la tierra se decidieran a presentar lucha al hombre blanco. El 5 de junio de 1870, más de 8.000 indios, al mando de los caciques Namuncurá -por el Sur- y Catriel -por el Oeste-, atacaron en malón los establecimientos rurales de nuestra región. Se llevaron como cautivos 20 mujeres y niños, mataron a 36 soldados, 12 civiles y un oficial. Robaron 5.000 vacunos, 4.900 yeguarizos y 10.000 lanares. La línea de fortines iba pasaba por Junín, 25 de Mayo, Azul, Tandil y terminaba en el Río Quequén Grande. El último malón Según los escasos datos existentes, el último malón que se registró en la zona se produjo en marzo de 1876. En aquel año, el comandante Maldonado derrotó con soldados de caballería, gendarmes rosarinos e indios de Pichi Huinca en las Horquetas del Sauce a una fuerza de 2.500 indios levantados. Poco después, las fuerzas de los caciques Catriel, Namuncurá y Pincén sufrieron una derrota sangrienta en Paraguil. A partir de entonces, los malones fueron decreciendo y dejando campo a la expansión de los pobladores blancos. Los indios fueron alejados de los centros poblados y de las pampas, diezmados por la mal llamada "Conquista del Desierto". Conquista del Desierto En su informe sobre los resultados, el ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, decía que en 1879 "se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña". Aquella campaña sólo benefició a unos pocos. Solamente en 1885 el estado argentino repartió 4.750.471 hectáreas entre 541 personas. Si se amplía el cálculo, desde el inicio de la ofensiva en 1875 hasta la consolidación en 1903, las tierras regaladas o vendidas a bajo precio ascendió a 41.787.023 hectáreas a 1843 personas, muchos de ellos extrajeros. Sin embargo, no fue aquel el último malón registrado en nuestro país. Los aborígenes continuaron peleando por lo que consideraban, con justicia, su tierra. El último conato de resistencia se registró en 1934, cuando la población de Florencio Carbajal (Formosa) fue devastada por un malón de 2.000 indios curupíes. En la actualidad, ya despojados de su tierra, los descendientes de aquellos bravos guerreros sólo pueden combatir simbólicamente. Hace un tiempo, un graffiti en el pie de la estatua a Roca, en Bariloche, afirmaba: "Todavía estamos".