Artigas2012

Por: Martín Alcala Se discute hoy el escándalo bochornoso dado a conocer anoche en el progama de Roberto Navarro. Al parecer, entre los beneficiarios del seguro de cambios denominado "dolar a futuro", estarían muchos funcionarios y empresas vinculadas al actual gobierno, el mismísimo Presidente de la República y el grupo empresario oligopólico de medios que lo apoya y lo llevó al triunfo. El truco es, en esencia, universal. Aprovechar con malicia lo que otros hacen con buena intención. Conocido es que en nuestra aberrante cultura bimonetaria impuesta desde 1976, la mayoría de argentinos quiere hacer fortuna en un pase de manos cambiando billetes. Y que empresariado, comerciantes y clases medias pretenden valorizar sus ingresos en dólares y pagar costos en pesos desvalorizados. Por tanto, una corrida cambiaria es buena noticia para muchos y un paso más hacia el abismo para el resto. En tal sentido, el gobierno anterior pretendió conducir ese juego especulativo evitando sus desbordes. Para asegurarlo lanzó el seguro de cambios llamado dolar a futuro, consistente en asegurar un valor de venta a fecha futura mediante un contrato anticipado con un precio de apalancamiento. Uno firma el contrato, pone un adelanto, y se asegura de recibir dólares a seis u ocho meses al valor pactado, cuyo saldo pagará en metálico al realizar el intercambio. El Estado así calma las versiones devaluatorias interesadas que afectan precios internos y garantiza una política. Y hasta ahora era un buen negocio para el Estado, dado que mantenía el valor por debajo del pactado y recuperaba pesos. Y no era una fantasía. Cercano a las elecciones, todos los candidatos, en especial aquellos dos con mayores probabilidades, aseguraban que no harían una devaluación repentina. Macri y sus voceros se jactaban de poder liberar el mercado sin que ello significara un incremento de valor significativo. Estaba todo en paz. Sin embargo, había un engaño. Los futuros funcionarios sabían que siguiendo determinadas tendencias que pueden ser inducidas desde los operadores del mercado, se puede manipular el precio para llevarlo hacia arriba. Estimaban que estaría en marzo muy por encima del valor de $10.50 que el Central garantizaba. Y compraron. Compraron ellos, sus socios, sus amigos, sus empresas. Caputo, Cablevisión, La Nación, Blaquier, etc. Hasta Chery Socma, del mismísimo grupo Macri. Basta con retirar los billetes a 10.50 y venderlos de inmediato a 15 para hacer una diferencia por nada. La liberación y la suba de la paridad, gestionada por el actual gobierno, produjo el resultado inverso en favor de los compradores especuladores. Es mentira que le costó $50.000 millones al Estado. El Estado dejó de percibir esos pesos como excedente y recibió menos. Lo que le está costando mucho más al Estado, en el orden de $200.000 millones hasta ahora, que sí se pagan en contante y sonante, es el esfuerzo del BCRA por evitar más corridas y especulaciones, ya liberado el mercado a la rapiña. Es decir, ellos estimularon el juego especulativo para hacer ganar a sus socios y ahora deben hacer un esfuerzo enorme a costa de fondos públicos para detenerlo y enfriarlo, ya tomada la ganancia, para evitar que todo se vaya de madre. Porque el Central, con Sturzenegger a la cabeza, está pagando casi 40% de tasa plazo fijo para evitar que compren dólares. Tasa cuya principal ganancia se la llevan los bancos que intermedian sin poner nada. La indignada Lilita Carrió, cobrado el dividendo, retira toda denuncia y hace carnaval carioca. Lo más curioso es que el gobierno anterior que llevaba adelante la tendencia diferente, fomentando producción concreta, alentando el intercambio y el trabajo, es odiado por muchos que lo reemplazaron por esta lacra financiera. Su Presidente es acusada de hacer este negociado. Justamente quienes se esforzaban por evitarlo. Y el dinero impuso nuevamente su imperio omnipotente. El negocio del dinero. Ese es el camino por el cual se funden los países en todo el planeta y la casta bancaria mundial se hace cada día más rica empobreciendo a la humanidad. Dinero produciendo más dinero.

Por: Martín Alcala Hace una hora los periodistas de tribunales encararon a Hebe de Bonafini para obtener sus declaraciones respecto de las causas en curso. En líneas generales, ella denunció una campaña basada en lo que llamó "odio de clase", y recordó su adolescencia durante el gobierno de Juan Peron. Relató que su padre, como muchos trabajadores, acostumbraba a ver todos los años cómo sus patrones se iban de vacaciones mientras él continuaba su trabajo y hasta inclusive cómo se llegaba a suspender empleos sin goce de sueldo por esas vacaciones del amo. Y que además de mejorar su salario y condiciones de trabajo, su padre pudo ir por primera vez de vacaciones merecidas con el gobierno peronista. En tal sentido, aquella clase alta patronal jamás toleró culturalmente ese cambio. Culturalmente, dado que en términos objetivos de producción general se benefició. Mas los ofendía que el "negro", es decir su anteriormente vasallo feudal, adquiriera un estatus ciudadano. En ese sentido, ella entendía que este gobierno representa algo parecido a aquella clase patronal feudal, que no toleró compartir algo de su modo de vida con los trabajadores, aún cuando ello efectivamente los beneficiara. De inmediato fué increpada por la periodista Mercedes Minci, con su voz chillona y su militancia apasionada para el grupo Clarín, preguntándole algo como "¿entonces usted justifica que roben como hizo Cristina con Lázaro Baez?" En definitiva, la oposición ideológica es conducida por el poder actual, los medios y sus lacayos, hacia el asunto del "robo", eludiendo el núcleo central de la política: cómo se produce, cómo se comercia y cómo se distribuye la renta. Veamos, entonces esto del robo. Un gobernante puede robar, sin duda. Puede establecer una alianza política con el fin de rapiñar recursos y riquezas, confabulándose en contra del bien común. En tal caso, los efectos de su robo sin duda se notarán. No hay modo de que un ladrón le robe a usted y como resultado de ello su patrimonio se incremente. En todo caso podría suceder que el sujeto le haga ganar plata y que sin que usted se diera cuenta él se quede con un extra no declarado. Mas usted gana. También puede suceder que dentro de la empresa, del equipo, del grupo, alguno robe sin ser percibido. Y en una nación cuya cultura admite desde hace decenios que todos hagan trampas, violen leyes y normas, y efectivamente "roben", como nos explicara el sindicalista Barrionuevo hace ya veinte años, es muy probable que eso suceda. ¿Acaso usted posee diez mil amigos para colocar de funcionarios, de los cuales garantiza que no "robarán" cuando administren millones de guita pública? ¿Acaso conoce usted siquiera un sólo gobierno que hubiese neutralizado por completo el robo entre sus filas y la plantilla del Estado? ¿Estamos en condiciones de saber quiénes están "robando" en este mismo momento? ¿Qué debemos hacer si lo descubrimos? ¿Devolver todos los dividendos y beneficios obtenidos y retrotraer todo al inicio considerándolo todo moralmente impuro? Sin duda que nadie propondrá quitarle la jubilación otorgada sin aportes a dos millones de ancianos porque se entere que eventualmente Lázaro Baez hubiese evadido impuestos o cobrado guita de más. Ni siquiera la enfática periodista Mercedes Minci. Bueno, nadie no. El actual gobierno sí. Y sus funcionarios y economistas lo han dicho expresamente. Han declarado que no puede haber quienes cobren jubilación sin haber aportado, que sobran dos millones de empleados públicos y que los salarios generales están demasiado altos para la rentabilidad que ellos desean. Y están corrigiendo esos errores. Entre todos ellos su salario. O los salarios de quienes luego van con él a comprar a su negocio. Esa es la política de gobierno que no se discute, que subyace tras la sanata del "robo". Ese es el verdadero motivo por el cual los medios desean confundir el robar con el gobernar. Calentarle a usted la cabeza con el descubrimiento del "son todos chorros" para que se distraiga mientras su salario se reduce, su negocio comienza a decrecer, su madre no puede tomar los remedios, y su Estado vuelve a endeudarse hasta la asfixia como hace doce años. ¿Cuáles serán los hechos que vaciarán realmente sus bolsillos? ¿Cuál es el verdadero dinero a robar?

Por: Martín Alcala El Presidente Macri ha sido sorprendido. A algunos podría parecerle absurda dicha sorpresa, dado que la larga práctica de truchadas, evasiones, uso de empresas falsas en el exterior, arreglos espurios para estafar al Estado, en la cual su padre llegó a ir preso con esposas en sus muñecas frente a las cámaras y él mismo ha sido procesado por contrabando y defraudación al fisco, no habilitaría un desconociento tal que pudiese justificar una sorpresa ante las acusaciones recientes respecto al caso Panamá. No obstante el Presidente sí está sorprendido. Y para entender su sorpresa es necesario entender su lógica personal. Macri representa a la perfección a cierta clase de empresarios argentinos del más alto nivel, aquellos que están ya por encima de las organizaciones empresarias como la UIA, por encima inclusive de la mayoría de los banqueros. Se trata de los megamillonarios que han sometido al Estado durante muchos años y han hecho fortunas descomunales operando en su contra con apoyo de diferentes gobiernos. Siempre en complicidad con poderes extranjeros y por cifras gigantescas. Tipos que no mueven un pie por menos de una decena de millones de dólares. Cuando se presenta Macri ante las cámaras a dar una aparente explicación sobre este caso, la frase central de su escueto discurso es "estoy muy tranquilo". Piensen bien en ello. Al pueblo, destinatario de ese discurso, expectante ante su declaración luego que en todo el mundo lo presentaran como un corrupto mayor, no le interesa en absoluto su estado de ánimo. El sentido de esa presentación era muy sencillo: decirnos si es cierto o falso lo que se le adjudica. Cierto, o falso. No hay opciones intermedias, como parece creer el Presidente y toda la caterva de grandes empresarios y dirigentes de empresa que constituye su gobierno. Porque quien funda una empresa en Panamá sin vivir en Panamá ni realizar actividad comercial alguna en Panamá, lo hace sólo con el fin de evadir impuestos y ocultar dinero. Y eso es lo que han hecho él, su padre, y el resto de sus amigos que componen el actual gobierno durante todas sus vidas. Fugar dinero al exterior. No hay otra función que cumpla una empresa fantasma en uno de estos denominados "paraísos fiscales". Lo son precisamente porque cumplen el requisito deseado por todos ellos, llevar la guita sin rendir cuentas ni pagar una moneda de impuestos. Esa es la fuga de capitales y no otra cosa. Ahora... ¿es un chiste? ¿es un asunto menor? ¿es una "cosa nostra", como aducía ese mafioso italiano intentando que no se metan en sus asuntos? No. Es exactamente la causa principal del fracaso de nuestra Patria, del sinsentido de un país rebosante de recursos naturales y riquezas potenciales, llevado a la pobreza y el fracaso por empresarios multimillonarios. Es la sangría sistemática perpetrada sobre la vaca atada, que se ha llevado cerca de cuatrocientos mil millones de dólares de nuestra renta al exterior sin que se reinvierta productivamente, sin aportar nada a la sociedad, originados en actividades perjudiciales al pueblo y en el endeudamiento sistemático del Estado. Obligándonos a todos a vivir como en un puerto de piratas, y a nuestro Estado a administrar una permanente crisis financiera. Eso es lo que ha hecho el actual Presidente de la República junto a su padre durante toda su vida adulta. Sin embargo, durante toda esa vida, Mauricio Macri aprendió que él pertenece a la casta de los intocables. Aquellos que aún sorprendidos en flagrancia en su crimen, terminan libres de culpa y cargo porque las instituciones los perdonan. No hubo el menor error en la ponderación de su delito en el caso Sevel Argentina/Uruguay/Opalsen, en el cual falseaban exportaciones de autopartes a Uruguay para luego reingresarlas a la Argentina y cobrar reintegros por exportaciones, quitándole millones de dólares al Estado y alterando la balanza comercial. Sin embargo los investigadores del grupo de inteligencia fiscal de la DGI liderados por el lic. Peña fueron desarticulados, el Juez que lo liberó renunció, y la mismísima Corte Suprema dobló la ley para permitir su libertad con sólo reclamar la devolución de una parte pequeña de lo robado con la condonación de intereses y multas. Esto sucedió hace veinte años y el estafador logra ser elegido Presidente. ¿Comprende ahora porqué Macri manifiesta estar "muy tranquilo"? Lo está porque aprendió que ellos están por sobre la ley, por sobre el Estado, por sobre el pueblo. Aprendieron que el pueblo argentino es un hato de inútiles descerebrados que aguanta cualquier abuso. Y lo dice porque considera que lo que importa es sólo su tranquilidad, no la verdad. Y lo hace mientras sus secuaces aplican la mayor rapiña sobre el pueblo argentino desde que ellos mismos iniciaran el gran negocio de la actual deuda externa a partir del 1976. Mientras lograron reinstalar el hambre y la angustia en sólo cuatro meses de negocios. Esa es la lógica de nuestra oligarquía. Ellos los dueños del país. Nosotros, sus peones...

Escrito presentado ante el juez Bonadio por la causa "Dólar Futuro" Señor Juez: Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152/15 caratulada “Banco Central de la República Argentina s/defraudación…”, en trámite por ante ese Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752, 2º A, a V.S. digo: I.- Objeto. Que a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar esta manifestación, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco de la declaración indagatoria ordenada en autos. II. Introducción. 1) Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos. Sin embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado, barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro, imponer programas de “ajuste” y endeudamiento -matrimonio indisoluble- utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el correr de los años cada uno de esos supuestos “procesos moralizadores” devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las grandes mayorías a las elites gobernantes y sus grupos económicos vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción para hacer operativas esas políticas. No son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer ex Presidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista, por una razón muy sencilla: el movimiento nacional y popular en ese momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar: Hipólito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir ser investigado por una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo encarcelado en la Isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un indulto que Yrigoyen rechazó. El día que lo liberaron asumía el General Justo como Presidente de la República Argentina, dando inicio a lo que históricamente se conoce como “Década Infame”, llamada de esa forma por lo que constituyó un período de escandalosa corrupción y entrega del país. Sin embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y pasó el último año de su vida en Martín García. Eso sí, esta vez no fue por corrupción, lo acusaron de conspiración. Más tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en la figura de sus fundadores: Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos Gobiernos los Derechos y conquistas populares construyen historia y época. Una vez más y tras el derrocamiento del General Perón, el gobierno de facto dictó el Decreto Ley 5143/1955 que creó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, una comisión especial en franca violación del texto constitucional asignándole funciones jurisdiccionales bajo el “loable propósito” de obtener la incautación de todos los bienes de los que se habrían apoderado los funcionarios corruptos del anterior gobierno. Pese al grado grosero de afectación de los principios más elementales del Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso de las máximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos que se correspondían con “su ser nacional”. A título de ejemplo me permito citar el fallo de –una vez más- la Corte Suprema Justicia de la Nación del 21 de junio de 1957, en la causa “Juan Domingo Perón s/ bienes mal habidos”. Aquí en el dictamen del Procurador General ante ese Alto Tribunal se efectúan los siguientes señalamientos: “1° Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno despótico, y en un estado de caos y corrupción administrativa, debido a la acción directa de las personas comprendidas en el decreto ley 5.148/55 y, en especial, a la del recurrente en esa causa. 2° Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus allegados…” Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo siguiente: “…Esta opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la patria, el avallasamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el porvenir de la República contra la entrega de sus fuentes de riqueza (diario “La Nación”, septiembre 23 de 1955m página 1)”. Cualquier coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad. La historia de dieciocho años de proscripción, lo acontecido en dicho período histórico y finalmente el retorno de Perón al país para ejercer su tercera presidencia me eximen de mayores comentarios. 2) En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra historia siguió idéntico camino respecto de las autoridades constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni siquiera formaban parte de ese Gobierno, es más, algunos eran fuertes opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democrático impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un país industrial donde la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno. Así, el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó la tristemente célebre “Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial” (CONAREPA) que incautó no sólo propiedades y bienes correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino también a empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos exclusivamente por motivos políticos. Eso si, bajo la pátina, siempre conveniente y mediática, de lucha contra la corrupción También, de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que avalaron las ominosas conductas descriptas. Es imperioso señalar que la participación del Poder Judicial siempre se convierte en condición “sine quanon” para este tipo de prácticas. En este sentido, un ejemplo paradigmático es el caso de “Papel Prensa”. En el mismo, todos los bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años y la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver se encuentran sin recibir el correspondiente castigo. Hace pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el Proceso “Moralizador” del 24 de marzo de 1976. Su saldo trágico en materia de violación de DD.HH., endeudamiento, desindustrialización, financierización de la economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término. Los antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la actualidad debe ser inscripto en un contexto político e institucional que se ha repetido a lo largo de nuestra historia: los avances y retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos. Precisamente por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y toda otra documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la Nación dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como ejemplo de un pasado que no queremos repetir. 3) Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluación, despidos, persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de expresión, son sólo algunas de las calamidades que el nuevo Gobierno ha provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados contra la corrupción, son los mismos que durante los ’80 y los ’90 formaron parte de la “Patria Contratista” y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado, ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades off shore absueltos por la “mayoría automática”, causal de Juicio Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda de sus empresas; entre otros hechos de corrupción. No debería entonces llamarnos la atención que hoy ilustren la primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y sociedades en paraísos fiscales que les fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presenta el caso “Panamá Papers” en su página web bajo el título de: “Gigante fuga de registros financieros off shore expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupción” (el subrayado me pertenece). Un escándalo global sin precedentes que trata de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de denuncias y despliegue de mediáticas acciones judiciales. Es que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más, de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes. La causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por los medios de comunicación concentrados, son un ejemplo lamentable de lo que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros, que denunciaron a escala global el escándalo de “Panamá Papers”, les llama la atención el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera recibido quien suscribe, de haber sido la involucrada. Sostiene el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” –periódico que dió a conocer a nivel global el “Panamá Papers”- que de haber sido la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la renuncia en forma inmediata (www.sueddeutsche.de/politik/panama-...). III. Manifiesta. 1) Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante. En primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida. Es más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos previstos por el art. 269 del Código Penal. Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente. En segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado. Concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas ni requerido por el Fiscal. Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad. Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo. Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico. En tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (art. 3). Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este expediente el Sr. Ex Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres. ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A. Alejandro Vanoli y Miguel Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta hermenéutica legislativa deben ser entendidos y comprendidos en el marco de las definiciones estructurales de la norma. Resulta insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica en general. Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista. Desde diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial, tiene indudablemente puntos de convergencia con los efectos de una “maxidevaluación” llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo. En quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta causa. Adviértase que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por el mismo magistrado a cargo de esta investigación? Por otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos “terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos? Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la moral” que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la “operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”. Huelgan los comentarios. Por si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio público muestran como los principios morales que tanto se predican resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y justificativo del ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un Gobierno cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y cuentas off shore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de personas que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto delito de asociación ilícita. Además, y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del BCRA en sus declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el Juez de la causa. En definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos facticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos de contenido estrictamente político -terreno en el que el juez se movió con muy poco éxito en sus cargos anteriores-, demostrando también el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias técnicas. La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron. Después de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre sostuvieron, presionaron con esta causa, y de otras maneras, para obtener la renuncia del Presidente del B.C.R.A., borrando con el codo la independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que escribieran y dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión. Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluación de la moneda que, como se vió, produjo efectos devastadores sobre la economía. Por último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos, los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades. En síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una devaluación, forzaron la salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron. Finalmente el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia. IV.- Petitorio. Por todo lo expuesto, a V.S. digo: 1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda. SERÁ JUSTICIA.