ESTA ES LA VERGONZOSA EDITORIAL DEL DIARIO LA NACION DEL DIA DESPUES DEL ASESINATO DE LOS PIQETEROS...
EDITORIAL 27/06/2002
Era de suponer que las tensiones que desatan habitualmente actos ilícitos como los cortes de caminos por organizaciones de piqueteros iban a provocar algún día un trágico saldo como el producido ayer en Avellaneda.
Por lo menos dos muertos, casi un centenar de heridos y 160 detenidos fue la consecuencia de las refriegas entre manifestantes y efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires, al cabo de una jornada de protesta que tuvo su centro a la entrada del puente Pueyrredón, donde medio millar de piqueteros bloqueaban el paso vehicular.
Al ser desalojados del puente, los manifestantes se replegaron por la avenida Mitre y rompieron a pedradas y palazos las vidrieras de locales comerciales y los parabrisas de una veintena de automóviles, además de incendiar dos colectivos en la avenida Pavón.
Corresponde lamentar estos tristes episodios de violencia y, de manera especial, la irreparable pérdida de vidas humanas. Si bien la Justicia deberá investigar a fondo los sucesos, poniendo particular esmero en determinar si la policía bonaerense utilizó balas de plomo –algo que las autoridades de la fuerza de seguridad se han empeñado en negar– como las que habrían ocasionado la muerte de dos personas, caben también otras consideraciones sobre el origen de estos acontecimientos.
Nadie puede desconocer, ciertamente, las penurias socioeconómicas que afectan a la Argentina y especialmente a los sectores más desprotegidos de su población, que sufren las dramáticas consecuencias de una recesión galopante y de un índice de desempleo sin precedente en nuestra historia. Pueden o no compartirse muchas de las demandas de los grupos de manifestantes que recurren con llamativa asiduidad a cortar rutas o calles, pero nadie que defienda las instituciones de la República y la vigencia de las leyes podrá estar de acuerdo con su metodología.
El mecanismo de protesta de los piqueteros, lamentablemente extendido a lo largo y ancho del territorio nacional, viola preceptos constitucionales, tales como los que garantizan los derechos de trabajar y de transitar libremente por nuestro suelo, al margen de ocasionar severos perjuicios económicos al impedir el paso de distintos medios de transporte de pasajeros y de carga, que no pueden llegar a tiempo a sus destinos. Si a esto se añade que buena parte de quienes organizan los piquetes concurren armados, como mínimo con palos y otros objetos contundentes, no hace falta abundar en más precisiones para concebir a estas manifestaciones como auténticos hechos de violencia.
Frente a estas situaciones, y a partir de esta violencia originaria, no caben dudas. El deber de las autoridades es garantizar el respeto a la ley, evitando provocaciones y atropellos de imprevisibles consecuencias.
No parece sensato hablar de represión indiscriminada cuando las imágenes de la televisión mostraron a los manifestantes de Avellaneda en una actitud francamente hostil, como si desde el comienzo estuvieran dispuestos a enfrentarse con las fuerzas del orden.
Es de esperar que desde distintos sectores de la sociedad y desde la Justicia no se insista en equivocados criterios –como los expuestos con motivo de los trágicos incidentes en la Plaza de Mayo, en diciembre último– por los cuales quienes actúan conforme con la ley terminan siendo castigados por cumplir con su deber, mientras que los generadores de los desórdenes no reciben sanción alguna.
Lo sucedido ayer no es más que el producto de acciones delictivas que han superado todos los límites a los que debe acotarse la legítima protesta, violando libertades básicas de toda la población. Es en buena medida responsabilidad de las autoridades, que han dejado llegar demasiado lejos a las organizaciones piqueteras. Cuando un corte de ruta, que es una flagrante violación de la Constitución, es seguido por una negociación con sus promotores y por concesiones ante sus reclamaciones, sólo cabe esperar que su metodología violenta se convierta en sistemática. Si unos y otros no comprenden esto, será imposible crear condiciones para la paz social y la convivencia y la escalada de violencia será cada vez más difícil de detener.
LA NACION 26/06/2012
Hace 3653 días, Darío Santillán entraba a la estación de trenes de Avellaneda para auxiliar a Maximiliano Kosteki, un compañero del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) al que no conocía, pero con quien estaba participando del intento de corte del puente Pueyrredón junto a organizaciones sociales y movimientos piqueteros. Le reclamaban al gobierno del por entonces presidente Eduardo Duhalde mejoras laborales y programas alimenticios. La Argentina entraba en ebullición una vez más después de la caótica salida de Fernando De la Rúa, a fines de 2001.
Santillán no pudo hacer mucho. Kosteki agonizaba por el impacto de balas de plomo y al instante tres efectivos de la Policía Bonaerense, armas en mano, se aproximaron. Santillán recibió balazos en la espalda y cayó malherido a los pocos metros.
Hace 3653 días, los dos piqueteros eran arrastrados, sangrando, hasta afuera de la estación por los mismos policías que los habían atacado. El asesinato de Kosteki, de 25 años y militante hacía dos meses en el MTD-Guernica, y de Santillán, de 21 años y referente del MTD-Lanús, y el saldo de 33 heridos, pasaría a conocerse en la historia política argentina como la Masacre de Avellaneda.
Por el hecho, en 2006 fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario Luis Fanchiotti y ex el cabo Alejandro Acosta, pero hace una semana se conoció que fueron trasladados a penales de regímenes abiertos. Siete efectivos más recibieron penas mínimas y ya fueron liberados. Sobre las responsabilidades políticas nunca se avanzó.
Desde hace 3653 días, los familiares de Kosteki y Santillán exigen "Cárcel y castigo a todos los responsables." Hoy, junto a organizaciones sociales, piqueteras y de izquierda renovarán su pedido, a diez años de la masacre del 26 de junio de 2002.
El 26 de junio de 2002, diversas organizaciones sociales y políticas coincidieron en el reclamo al gobierno de Duhalde de alimentos y trabajo. Foto: LA NACION / Martín LucesoleFoto 1 de 16
"Es una vergüenza llegar a esta fecha con este panorama", asegura Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, en diálogo con LA NACION. Su pedido se repite en las palabras de Alberto Santillán, papá de Darío. "A 10 años, estamos esperando que la Justicia siga investigando a los políticos", exige.
El hecho de que el ex comisario Fanchiotti fuera trasladado la semana pasada a la Unidad Penal N° 11 de Baradero, y el ex cabo Acosta a la Unidad Penal N° 12 de Gorina, ambas cárceles de régimen abierto, despertó la indignación de los familiares.
La medida fue ordenada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, integrada por los doctores Tomás Bravo, Jorge Tristán Rodríguez y Héctor De Castelli. Y los familiares de Kosteki y Santillán aseveran que ahora los ex policías obtendrán salidas transitorias. "Esto muestra claramente cómo la impunidad sigue estando vigente", señala Vanina Kosteki. Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguraron a LA NACION que ambos ex efectivos no tendrán ningún tipo de beneficio.
LA CAUSA POLÍTICA, A FOJA CERO
El 1° de julio de 2002, la madre de Kosteki, Mabel Ruiz, demandó a quienes consideró responsables intelectuales del crimen de su hijo y de Santillán.
Además de Eduardo Duhalde, en la lista figuraban Felipe Solá (entonces gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional), Juan José Álvarez (ex secretario de Seguridad Interior de la Nación), Carlos Soria (ex jefe de la SIDE y fallecido gobernador de Río Negro), Alfredo Atanasoff (ex jefe de Gabinete y actual diputado nacional), Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia nacional), Aníbal Fernández (ex secretario general de la Presidencia y actual senador nacional), Jorge Matzkin (ex ministro del Interior de la Nación), Luis Genoud (ex ministro de Seguridad bonaerense) así como Oscar Rodríguez (ex vicejefe de la SIDE).
La causa recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y el fiscal designado fue Miguel Ángel Osorio. Pero nunca se avanzó más allá de las cuestiones formales. "Los jueces son cómplices de los políticos, jamás los van a enjuiciar", expresa Alberto Santillán, al señalar que Genoud, uno de los investigados, es actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Arrinconado por la presión social y política que generó la Masacre de Avellaneda, Duhalde llamó a elecciones anticipadas, donde resultó ganador Néstor Kirchner. En octubre de 2003, el flamante presidente, tras recibir a los familiares, prometió crear una comisión especial que investigue lo que había ocurrido aquel fatídico 26 de junio. Pero tampoco hubo avances. "El doble discurso de derechos humanos de este Gobierno es generar más impunidad", critica Vanina Kosteki. "Las promesas de Kirchner sólo fueron para la foto", se queja Alberto Santillán, que participó de ese encuentro en Casa Rosada
ES INCREIBLE, COMO LA MISMA GENTE QUE TRATO DE PRACTICAMENTE DELINCUENTES EN 2002 A LOS 2 PIQUETEROS, EN 2012 SE PREOCUPAN, Y DEFIENDEN A SUS FAMILIAS... YO NO ESTOY NI A FAVOR NI EN CONTRA DEL GOBIERNO, PERO ESTE DIARIO ES MANEJADO POR MENTES SINIESTRAS...
PD: SECUENCIA DE COMO LOS MATARON