Una Comisión del Congreso acaba de derogar el artículo octavo de la ley 1420, el que regula la presencia de la religión en las escuelas públicas. Con un acto legislativo entre bambalinas, el actual gobierno habilita la posibilidad de que vuelva la religión a las escuelas: un retroceso de 130 años
La ley 1420 de 1884 de inspiración sarmientina es la marca de la escuela pública moderna: gratuita, universal, obligatoria y organizada de acuerdo a la más avanzada pedagogía de la época.
Su artículo octavo consagra su visión laica: la enseñanza de las religiones puede ser brindada fuera del horario de clase y por el ministro del culto respectivo. Este laicismo no es una prohibición (como si ocurre en Estados Unidos, Uruguay o México, entre muchos otros países) sino una neutralidad que admite a todos los cultos (el uso del plural es muy avanzado para la época) y habilita a la escuela pública para que los sacerdotes, no los maestros, enseñen religión antes o después del horario escolar.
Ni siquiera las dictaduras de 1966 y 1976 osaron posar sus garras en la ley 1420. Sí lo hizo el gobierno del golpe de estado de 1943 que estableció el decreto 18411 por el cual se introdujo la religión (católica) en las escuelas públicas, lo que se consolidó por ley de 12978 de 1947 aunque por poco tiempo: 8 años después el propio peronismo vuelve al laicismo original con la ley 14401 de 1955. Desde ese momento, el art. 8 de la ley 1420 vuelve a estar vigente.
La actual derogación proviene de una supuesta cosmética legal, lejos de los llamados a la participación y la ampliación de derechos a los que nos tienen acostumbrados. La consecuencia es que ya no hay ninguna normativa de nivel nacional que disponga esta neutralidad en materia religiosa, por lo que cada provincia está en condiciones legales para introducir la religión como contenido dentro del horario escolar. De inspirarse en Sarmiento, la Argentina parece estar buscando inspiración en Ned Flanders, el personaje de Los Simpsons que concibe a la religión como eje único de la vida pública privada.
Esto es posible porque las dos últimas leyes educacionales, la ley Federal de Educación del menemismo (ya derogada) y la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo (aún vigente) coinciden (entre muchas otras cosas) en no regular la religión en la escuela pública: una ambigüedad que en los hechos mantenía -hasta ahora- la vigencia del artículo 8 de la ley 1420. Pero en el nuevo escenario legal, esta ambigüedad se vuelca a favor de la introducción de la religión.
El final de la laicidad escolar no es una mera cuestión abstracta o académica. Tres provincias permiten en sus constituciones la enseñanza religiosa (Salta, Catamarca y Tucumán) y en Salta desde 2008 se la implementa en escuelas públicas. En Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero la legislación permite la enseñanza religiosa no obligatoria. Sólo la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Neuquén se declaran laicas en diferentes aspectos. En resto de las provincias se mantiene la misma ambigüedad que en la ley nacional de educación por lo que ahora se abre la posibilidad de regresar en el tiempo e imponer religión como materia.
Durante más de un siglo, todo el espectro ideológico democrático hizo de esta laicidad la bandera política de la escuela pública ¿Estamos de acuerdo con volver a la religión?
Después de leyes y más leyes educativas, después de publicitar por años como una gran medida educativa el repartir libros en canchas de fútbol, después de corroborar que países que, como Brasil, se inspiraban en la tradición educacional argentina (incluida la ley 1420) y hoy nos superan en las pruebas internacionales, la política educativa de la década ganada se despide habilitando la posibilidad de incluir a la religión en el currículum de las escuelas públicas.
Un paso más en la espiral de declive.
La ley 1420 de 1884 de inspiración sarmientina es la marca de la escuela pública moderna: gratuita, universal, obligatoria y organizada de acuerdo a la más avanzada pedagogía de la época.
Su artículo octavo consagra su visión laica: la enseñanza de las religiones puede ser brindada fuera del horario de clase y por el ministro del culto respectivo. Este laicismo no es una prohibición (como si ocurre en Estados Unidos, Uruguay o México, entre muchos otros países) sino una neutralidad que admite a todos los cultos (el uso del plural es muy avanzado para la época) y habilita a la escuela pública para que los sacerdotes, no los maestros, enseñen religión antes o después del horario escolar.
Ni siquiera las dictaduras de 1966 y 1976 osaron posar sus garras en la ley 1420. Sí lo hizo el gobierno del golpe de estado de 1943 que estableció el decreto 18411 por el cual se introdujo la religión (católica) en las escuelas públicas, lo que se consolidó por ley de 12978 de 1947 aunque por poco tiempo: 8 años después el propio peronismo vuelve al laicismo original con la ley 14401 de 1955. Desde ese momento, el art. 8 de la ley 1420 vuelve a estar vigente.
La actual derogación proviene de una supuesta cosmética legal, lejos de los llamados a la participación y la ampliación de derechos a los que nos tienen acostumbrados. La consecuencia es que ya no hay ninguna normativa de nivel nacional que disponga esta neutralidad en materia religiosa, por lo que cada provincia está en condiciones legales para introducir la religión como contenido dentro del horario escolar. De inspirarse en Sarmiento, la Argentina parece estar buscando inspiración en Ned Flanders, el personaje de Los Simpsons que concibe a la religión como eje único de la vida pública privada.
Esto es posible porque las dos últimas leyes educacionales, la ley Federal de Educación del menemismo (ya derogada) y la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo (aún vigente) coinciden (entre muchas otras cosas) en no regular la religión en la escuela pública: una ambigüedad que en los hechos mantenía -hasta ahora- la vigencia del artículo 8 de la ley 1420. Pero en el nuevo escenario legal, esta ambigüedad se vuelca a favor de la introducción de la religión.
El final de la laicidad escolar no es una mera cuestión abstracta o académica. Tres provincias permiten en sus constituciones la enseñanza religiosa (Salta, Catamarca y Tucumán) y en Salta desde 2008 se la implementa en escuelas públicas. En Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero la legislación permite la enseñanza religiosa no obligatoria. Sólo la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Neuquén se declaran laicas en diferentes aspectos. En resto de las provincias se mantiene la misma ambigüedad que en la ley nacional de educación por lo que ahora se abre la posibilidad de regresar en el tiempo e imponer religión como materia.
Durante más de un siglo, todo el espectro ideológico democrático hizo de esta laicidad la bandera política de la escuela pública ¿Estamos de acuerdo con volver a la religión?
Después de leyes y más leyes educativas, después de publicitar por años como una gran medida educativa el repartir libros en canchas de fútbol, después de corroborar que países que, como Brasil, se inspiraban en la tradición educacional argentina (incluida la ley 1420) y hoy nos superan en las pruebas internacionales, la política educativa de la década ganada se despide habilitando la posibilidad de incluir a la religión en el currículum de las escuelas públicas.
Un paso más en la espiral de declive.