El gobierno militar instaurado en 1976, necesitó como toda administración autoritaria ( y/o novel), de funcionarios y adherentes que construyeran su sustento ideológico y argumental para justificarse ante la sociedad y el mundo, dando contenido a su necesidad histórica, política y social, mediante aportes intelectuales basados en un andamiaje conceptual justificador del gobierno militar.
La obligación a la que se vieron atados los hombres del Proceso a la hora de idear el cuerpo legal, ideológico y ontológico de la legitimidad política de régimen, de lograr ese imprescindible esquema que sostuviese discursivamente la aceptación, validación y en última instancia, sus fines e instrumentos, acciones y planes, necesitaba si o si del alimento, el maná de una defensa argumentativa tanto superficial como sustancial.
Para eso, y a modo de consulta y tributo racional, los operarios de la asonada de 1976 buscaron como ilustración y guía tanto a tratadistas del derecho político español tales como Juan Vázquez de Mella y Donoso Cortés, a las ideas de Santo Tomás de Aquino, la Doctrina Social de la Iglesia y hasta hubo una clara influencia (dentro de una de las alas politico-ideológicas del Proceso) del corporativismo europeo, constituyéndose con ellos los ropajes discursivos con los cuales se vistió al régimen militar. Todas estas concepciones, una vez aunadas en torno al plan que los civiles y militares que idearon el movimiento de marzo del '76 , fueron usadas para dar una justificación filosófica y procedimental útil a los fines del gobierno autoritario.
El movimiento que determinó la caída de Isabel Perón y la elevación de un régimen autoritario, estuvo marcado, al menos desde 1975, por la influencia de 3 civiles claves y un militar. Entre los 1eros. estaban el inefable Martinez de Hoz acompañado por el abogado e intelectual conservador Jaime Perriaux y el economista liberal Ricardo Zinn . El militar, procedía del arma de Inteligencia de Ejército y se llamaba Hugo Miatello, quien era, además de un consumado “sovietólogo” uno de los pocos amigos íntimos del Tte. Gral. Jorge Rafael Videla.
Las FF.AA. imbricadas en el papel de “partido militar” como cualquier movimiento que pretende la toma del poder, necesitaba de una justificación tanto tácita como tangible. Una serie, un marco de ideas que justifiquen su accionar. Las diversas pautas usadas por los personeros civiles y militares del Proceso, se afirmaron en distintas bases argumentales.
La primera y fundamental fue la necesidad de acabar con una situación de anarquía y guerra civil, la cual a los ojos castrenses, no tenía ninguna posibilidad de terminar mientras el peronismo continuara en el poder. De esta arista (principalísima) se desprende la noción siempre esgrimida por la derecha tradicional: la amenaza de la destrucción misma de las bases de la nacionalidad en manos de ideas "extranjerizantes" y poco afectas a la "tradición histórico y cultural" nacional, o sea, el peligro comunista.
Del mismo modo que aquella fue impulsada durante todo el tránsito militar por el poder, también los personeros del gobierno militar, usaron un concepto tributario de la mas acendrada tradición conservadora y católica española: la idea de la preexistencia de las FF.AA. al estado como garantes de la nación . Pues entre los elementos que la constituyen a esta última, no existe una prioridad hacia alguno, entronizando uno sobre otro, sino que son todos defendibles por si. Así, como tanto la tradición, la religión y el territorio, el estado y la población son parte de la nación, son las también las FF.AA. las que garantizan que todas sigan a salvo, en tanto que todas juntas, sin una jerarquía sino una simbiosis, son parte constitutiva e insustituible del cuerpo nacional, "La Nación" en definitiva.
Este entramado ideológico ponía de manifiesto la tarea que la intelectualidad procesista entendía como el mas apto sustento para el régimen al que pertenecerían: la Nación debía ser salvada de su “exterminio cultural” y de la represión del "espíritu" religioso" (la catolicidad consagrada por la Constitución y tan cara al catecismo marcial y tradicional), porque para seguir siendo tal, necesitaba de todas sus partes intactas y las únicas garantes legítimas para su defensa eran justamente las armas de La Nación.
El siguiente aspecto estuvo apoyado en la idea de la "destrucción de la República" cuando la misma Constitución y su cuerpo de leyes inferiores atadas a ella fueron sobrepasadas por la acción destructora de la viuda de Perón y todo el espectro peronista. Es decir, violada en sus preceptos más importantes, dejada atrás la institucionalidad tanto por la actitud como por el proceder oficial, el gobierno militar se hizo necesario. Por lo tanto, extinguidas, no había República que defender ni Constitución que preservar, pues ambas habían sido “asesinadas” por el ejercicio corrupto e ineficaz, ilegal para peor, del peronismo en el gobierno desde 1.973.
La incapacidad de la presidente en el manejo del estado, la desintegración del gobierno ante la búsqueda de una salida institucional a la crisis económica, la batalla interna del peronismo, la imagen de descontrol y desmanejo de las fuerzas de seguridad, la inutilidad de la respuesta antisubversiva planteada por el justicialismo, etc, habían llevado a la destrucción total de la norma constitucional y todo su cuerpo legal inferior. Era, para la intelectualidad civil y militar procesista, una República desaparecida y una Constitución "muerta", dos hechos anómalos que los llevaban al planteo de "una dictadura comisaria pero también refundacional" que pudiese restituir, una vez acabado los males que llevaron al país a tan difícil situación y que hacían necesaria una intervención de las FF.AA., una república verdadera y una democracia curada de los vicios del pasado para dar remedio a todos los males que aquejaban la Nación.
En tanto, atendiendo a que la política partidaria, esa que era percibida como fuente de corrupción y desinterés constante tanto por la grandeza de la patria como por el futuro nacional, el Proceso recurrió también a la deslegitimación de la burocracia estatal y partidaria, así como también entrevió al sindicalismo y a las organizaciones guerrilleras como enemigos dilectos de la Nación y la República. Entes que debían ser suprimidos en aras a su poder destructivo en cada una de las circunstancias históricas que el país vivió entre 1943 y 1976.
Además, atendiendo a una noción tecnocrática de la gestión, propia de la eficiencia en el manejo de los negocios del estado, la conducción óptima de los intereses estratégicos nacionales y el desarrollo inteligente y futuro del aparato productivo argentino, ya sea por traspaso a los privados o por función privativa del poder de turno, se buscó el achicamiento del funcionariado estatal y la reeducación doctrinal tanto como cuantitativa de la burocracia restante. Por lo que el proyecto autoritario manifestaba su gusto por la Doctrina Social de la Iglesia inserta en el marco de la doctrina católica de la subsidiariedad estatal. Es decir, la idea de la no intervención de las organizaciones superiores en las inferiores de la sociedad, respetando la finalidad primera y verdadera de cada una. Evitando de esa forma la intromisión de los partidos políticos de corte “burócrata estatista” en cada uno de los resortes del estado, propiciando la feudalización instrumentación y funcionalización del estado en favor de los partidos políticos de corte peronista y guevaristas en sus múltiples dimensiones.
Finalmente, la intelectualidad procesista usaba la separación entre "poder político y poder social". El primer concepto, atado siempre a la actividad competitiva en cuanto gestión de los negocios del estado, era visto como la herramienta civil negativa, si, pero también intensamente peligrosa, pues sin lugar a dudas obedecía (a los ojos autoritarios) a la capacidad demagógica y corrupta de los partidos políticos. Mientras, el Proceso había pregonado el fin de la "partidocracia" irresponsable y egoista, en pos de acabar con la colonización y fagocitosis del estado en manos de la burocracia política, cambiandola por una idea tecnocrática y sobria en la administración de los asuntos del estado.
En tanto, al limitar el poder político popular, se contrapuso el concepto de "poder social". Es decir, la capacidad que los cuerpos intermedios de la sociedad tienen cuando en aras de cumplir las finalidades para la que las instituciones sociales fueron creadas, llevan a cabo sus tareas específicas sin la intromisión de unos partidos políticos que destruyen las instituciones, llevándolas hacia sitios convenientes a sus fines egoístas, quitándoles las finalidades explícitas para las que fueron fundadas. En tanto, prohibida la política, se hacía necesaria la capacidad movilizadora del poder social, como una contrapartida efectiva al "poder partidocrático". Es decir, el régimen solo toleraría y apoyaría aquellas actividades que tendieran al bien común sin necesidad de que fuesen llevadas a cabo por "políticos", sino por personas comunes que usarían sus capacidades para impulsar instituciones que generaran un mejoramiento sustancial de la sociedad en pleno, pero sin la intromisión de la corrupta conducta histórica de las instituciones políticas tradicionales, es decir, los partidos de antaño.