En España la situación se pone de color hormiga cuando a mediado de próximo mes de marzo cuando entre e vigor la ley Sinde-Wert donde será cerradas todas las páginas web que no cumplan con dicha ley.
En unas horas entra en vigor el reglamento que desarrolla la ley Sinde-Wert. Hasta ahí, las certezas. Y desde aquí, las preguntas, que se pueden resumir en una: en plena era pos-cierre-de-Megaupload, en la que, como indican los expertos, ha vuelto con fuerza el viejo método del p2p (dos usuarios comparten un contenido sin, en principio, ánimo de lucro)... ¿nace desfasada la norma antidescargas que permitirá el cierre de páginas web que sin autorización sirvan o enlacen a contenidos sujetos a derechos de autor? Muchas de las más utilizadas, entre otras SeriesYonkis y CineTube, han visto cómo sus enlaces han dejado de apuntar a los contenidos alojados en la intervenida Megaupload antes del ciclón FBI.
De momento, la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (el quid de la cuestión de la ley Sinde-Wert) ya está constituida: la integran funcionarios de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Presidencia y Economía y está presidida por la nueva mujer fuerte de la Secretaría de Estado de Cultura, María Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Las denuncias llegarán desde el mismo jueves. Hasta unas 40, según un sondeo entre los principales actores de la Industria. Ellos —asociaciones como Egeda (productores), Promusicae (musical), FAP (audiovisual) o Cedro (editorial)— llevarán la iniciativa de la persecución, que solo emprenderá la Comisión de Propiedad Intelectual a instancia de parte, es decir, tras la demanda del titular de los derechos. "Vamos a intentar hacer la vida lo más incómoda posible a aquellas páginas que aparezcan o que se mantengan en su actividad", señala Antonio Guisasola, de Promusicae.
Los primeros cierres de webs se esperan tan pronto como a finales de marzo; el proceso, cuya dilatación en el tiempo se pretendía evitar, puede tomar entre 20 días y tres meses como máximo. En ese intervalo se aplicará, como ya diseñó el anterior Ejecutivo socialista antes de renunciar en los estertores de su mandato a desarrollar el reglamento, un procedimiento mixto administrativo-judicial en el que la intervención del juez puede ser solicitada en dos momentos: al principio, a la hora de identificar al posible infractor (tarea para la que se requerirá la ayuda de las operadoras), y al final, en el momento de ejecutar la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos sujetos a derechos de autor. Si llegara a producirse, el cierre de la web infractora o la suspensión del servicio solo afectará a sitios españoles (también se podrá bloquear el acceso desde España a portales extranjeros) y tendrá efecto durante un año, salvo si el titular de la página cumple antes con las exigencias de la ley.
Desde la industria y las entidades de gestión saludan la entrada en vigor de la norma y hacen énfasis en la necesidad de utilizar este mecanismo de manera permanente. Con todo, nadie niega el carácter simbólico de las primeras denuncias. "Esto va a ser algo continuo. Si funciona —y esperemos que lo haga— es una herramienta que vamos a utilizar", apunta José Manuel Tourné, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP).
Una página del Ministerio de Educación y Cultura, la llamada Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura (https://sede.mcu.gob.es) es la puerta de acceso para iniciar los trámites de denuncia. Para entrar en ella será necesario contar con un DNI electrónico u otro tipo de certificado de los reconocidos por la Administración.
Además, según una orden ministerial publicada hoy [ver en PDF], tanto las personas físicas como las jurídicas que sean responsables de una página web, estarán obligados a comunicarse con la Comisión de Propiedad Intelectual y admitir notificaciones de esta siempre por medios electrónicos. Esta obligatoriedad también se aplica a las operadoras y empresas que prestan servicios a webs. "Parece coherente que para resolver un problema de la sociedad de la información se haga de manera telemática. Es una de las ventajas de Internet. Todas las webs ya tienen que estar en un registro del Ministerio de Industria y cumplir requisitos que se indican en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información", señala Tourné.
La entrada en vigor de la ley Sinde-Wert se plantea como un peldaño preliminar en el proceso de la anhelada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; una reforma que debe abordar temas polémicos como las alternativas al llamado canon digital y a la gestión colectiva de los derechos de autor. El Grupo Parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) registró el miércoles en el Congreso una proposición no de ley en la que se pide a Cultura que presente en un plazo de seis meses su propuesta de reforma. La iniciativa se debatirá la semana que viene.
Es de esperar que para entonces, la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual esté funcionando a pleno gas. Nada menos que dos años y medio después de iniciada la accidentada tramitación de la ley Sinde-Wert.
Cronología de la 'ley Sinde'
La aprobación del reglamento de actuación de la llamada ley Sinde por parte del Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy pone punto final a un enredo de dos años. Desde que, el 27 de noviembre de 2009, el entonces Gobierno del PSOE la introdujera por sorpresa en la Ley de Economía Sostenible, el debate sobre esta polémica medida ha ocupado Consejos de Ministros, periódicos, páginas web, redes sociales y hasta la ceremonia de entrega de los premios Goya del año pasado. He aquí una cronología de las etapas principales de este viaje que acaba de terminar.
27 de noviembre de 2009: el Gobierno introduce por sorpresa en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) una disposición adicional, que luego se hará famosa como ley Sinde, que otorga a una comisión, y sin previa autorización judicial, el poder de cerrar páginas web que permitan la descarga no autorizada de archivos protegidos por derechos de autor (como música, películas, libros o videojuegos).
2 de diciembre de 2009: empiezan las protestas en Internet en contra de la medida. Aparece y empieza a difundirse el llamado Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet.
3 de diciembre de 2009: la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se reúne con un grupo de periodistas y blogueros para explicarles los detalles de la ley y los planes del Gobierno.
8 de enero de 2010: el Gobierno accede a modificar el texto de la norma y establece que sean los jueces de la Audiencia Nacional quienes decidan si se puede cerrar o no una página web.
24 de enero de 2010: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura en un informe que la medida puede suponer "una sobrecarga extra de trabajo" para la Justicia.
19 de marzo de 2010: el Ejecutivo aprueba el proyecto de Ley de Economía Sostenible que contiene la ley Sinde.
21 de diciembre de 2010: el Congreso rechaza la ley Sinde. El PSOE es el único grupo que apoya la norma.
22 de diciembre de 2010: el PP pide la dimisión de Ángeles González-Sinde que rechaza abandonar el cargo.
30 de diciembre de 2010: la Academia de Cine celebra una reunión con González-Sinde y representantes de las asociaciones más críticas con la ley, en la que participa también el presidente de la institución, Álex de la Iglesia.
24 de enero de 2011: El Gobierno llega a un acuerdo con el PP y con CiU para recuperar la ley Sinde. Una enmienda al texto original refuerza el papel de los jueces en el cierre de las páginas de descargas.
25 de enero de 2011: Álex de la Iglesia anuncia, a través de un artículo en EL PAÍS, su dimisión de la presidencia de la Academia en polémica con el acuerdo entre Gobierno y PP.
9 de febrero: el Senado aprueba la ley Sinde con los votos a favor de PSOE, PP y CiU. Falta el Congreso.
13 de febrero: en su discurso en la gala de los Goya, Álex de la Iglesia afirma que "Internet es la salvación". Antes de la ceremonia, centenares de miembros del colectivo Anonymous, con la máscara del personaje de la novela gráfica V de Vendetta Guy Fawkes, protestan ante el teatro Real y pitan a la ministra a su llegada.
15 de febrero: el Congreso aprueba la ley Sinde con los votos a favor de PSOE, PP y CiU.
5 de marzo de 2011: la ley entra en vigor tras su publicación en el BOE. Para ponerla en práctica falta la aprobación de un reglamento.
7 de octubre: un informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirma que el reglamento de ley Sinde que solo puede aplicarse a los prestadores de servicios con ánimo de lucro.
24 de noviembre: el Consejo de Estado aprueba su dictamen sobre la ley, un trámite preceptivo para que el Ministerio de Cultura pudiera llevar el reglamento al Consejo de Ministros.
2 de diciembre: el ministro de Presidencia en funciones Ramón Jáuregui asegura que la aprobación del reglamento está en el orden del día del Consejo de los Ministros. Sin embargo, tras terminar la reunión, el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, asegura que el reglamento "formó parte de una deliberación" pero "no fue objeto de acuerdo". Por tanto, el asunto sigue "encima de la mesa", en palabras de Blanco.
12 de diciembre: el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce que "la presión en la Red" contribuyó a tumbar la aprobación del reglamento de actuación de la medida.
En unas horas entra en vigor el reglamento que desarrolla la ley Sinde-Wert. Hasta ahí, las certezas. Y desde aquí, las preguntas, que se pueden resumir en una: en plena era pos-cierre-de-Megaupload, en la que, como indican los expertos, ha vuelto con fuerza el viejo método del p2p (dos usuarios comparten un contenido sin, en principio, ánimo de lucro)... ¿nace desfasada la norma antidescargas que permitirá el cierre de páginas web que sin autorización sirvan o enlacen a contenidos sujetos a derechos de autor? Muchas de las más utilizadas, entre otras SeriesYonkis y CineTube, han visto cómo sus enlaces han dejado de apuntar a los contenidos alojados en la intervenida Megaupload antes del ciclón FBI.
De momento, la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (el quid de la cuestión de la ley Sinde-Wert) ya está constituida: la integran funcionarios de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Presidencia y Economía y está presidida por la nueva mujer fuerte de la Secretaría de Estado de Cultura, María Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Las denuncias llegarán desde el mismo jueves. Hasta unas 40, según un sondeo entre los principales actores de la Industria. Ellos —asociaciones como Egeda (productores), Promusicae (musical), FAP (audiovisual) o Cedro (editorial)— llevarán la iniciativa de la persecución, que solo emprenderá la Comisión de Propiedad Intelectual a instancia de parte, es decir, tras la demanda del titular de los derechos. "Vamos a intentar hacer la vida lo más incómoda posible a aquellas páginas que aparezcan o que se mantengan en su actividad", señala Antonio Guisasola, de Promusicae.
Los primeros cierres de webs se esperan tan pronto como a finales de marzo; el proceso, cuya dilatación en el tiempo se pretendía evitar, puede tomar entre 20 días y tres meses como máximo. En ese intervalo se aplicará, como ya diseñó el anterior Ejecutivo socialista antes de renunciar en los estertores de su mandato a desarrollar el reglamento, un procedimiento mixto administrativo-judicial en el que la intervención del juez puede ser solicitada en dos momentos: al principio, a la hora de identificar al posible infractor (tarea para la que se requerirá la ayuda de las operadoras), y al final, en el momento de ejecutar la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos sujetos a derechos de autor. Si llegara a producirse, el cierre de la web infractora o la suspensión del servicio solo afectará a sitios españoles (también se podrá bloquear el acceso desde España a portales extranjeros) y tendrá efecto durante un año, salvo si el titular de la página cumple antes con las exigencias de la ley.
Desde la industria y las entidades de gestión saludan la entrada en vigor de la norma y hacen énfasis en la necesidad de utilizar este mecanismo de manera permanente. Con todo, nadie niega el carácter simbólico de las primeras denuncias. "Esto va a ser algo continuo. Si funciona —y esperemos que lo haga— es una herramienta que vamos a utilizar", apunta José Manuel Tourné, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP).
Una página del Ministerio de Educación y Cultura, la llamada Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura (https://sede.mcu.gob.es) es la puerta de acceso para iniciar los trámites de denuncia. Para entrar en ella será necesario contar con un DNI electrónico u otro tipo de certificado de los reconocidos por la Administración.
Además, según una orden ministerial publicada hoy [ver en PDF], tanto las personas físicas como las jurídicas que sean responsables de una página web, estarán obligados a comunicarse con la Comisión de Propiedad Intelectual y admitir notificaciones de esta siempre por medios electrónicos. Esta obligatoriedad también se aplica a las operadoras y empresas que prestan servicios a webs. "Parece coherente que para resolver un problema de la sociedad de la información se haga de manera telemática. Es una de las ventajas de Internet. Todas las webs ya tienen que estar en un registro del Ministerio de Industria y cumplir requisitos que se indican en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información", señala Tourné.
La entrada en vigor de la ley Sinde-Wert se plantea como un peldaño preliminar en el proceso de la anhelada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; una reforma que debe abordar temas polémicos como las alternativas al llamado canon digital y a la gestión colectiva de los derechos de autor. El Grupo Parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) registró el miércoles en el Congreso una proposición no de ley en la que se pide a Cultura que presente en un plazo de seis meses su propuesta de reforma. La iniciativa se debatirá la semana que viene.
Es de esperar que para entonces, la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual esté funcionando a pleno gas. Nada menos que dos años y medio después de iniciada la accidentada tramitación de la ley Sinde-Wert.
Cronología de la 'ley Sinde'
La aprobación del reglamento de actuación de la llamada ley Sinde por parte del Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy pone punto final a un enredo de dos años. Desde que, el 27 de noviembre de 2009, el entonces Gobierno del PSOE la introdujera por sorpresa en la Ley de Economía Sostenible, el debate sobre esta polémica medida ha ocupado Consejos de Ministros, periódicos, páginas web, redes sociales y hasta la ceremonia de entrega de los premios Goya del año pasado. He aquí una cronología de las etapas principales de este viaje que acaba de terminar.
27 de noviembre de 2009: el Gobierno introduce por sorpresa en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) una disposición adicional, que luego se hará famosa como ley Sinde, que otorga a una comisión, y sin previa autorización judicial, el poder de cerrar páginas web que permitan la descarga no autorizada de archivos protegidos por derechos de autor (como música, películas, libros o videojuegos).
2 de diciembre de 2009: empiezan las protestas en Internet en contra de la medida. Aparece y empieza a difundirse el llamado Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet.
3 de diciembre de 2009: la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se reúne con un grupo de periodistas y blogueros para explicarles los detalles de la ley y los planes del Gobierno.
8 de enero de 2010: el Gobierno accede a modificar el texto de la norma y establece que sean los jueces de la Audiencia Nacional quienes decidan si se puede cerrar o no una página web.
24 de enero de 2010: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura en un informe que la medida puede suponer "una sobrecarga extra de trabajo" para la Justicia.
19 de marzo de 2010: el Ejecutivo aprueba el proyecto de Ley de Economía Sostenible que contiene la ley Sinde.
21 de diciembre de 2010: el Congreso rechaza la ley Sinde. El PSOE es el único grupo que apoya la norma.
22 de diciembre de 2010: el PP pide la dimisión de Ángeles González-Sinde que rechaza abandonar el cargo.
30 de diciembre de 2010: la Academia de Cine celebra una reunión con González-Sinde y representantes de las asociaciones más críticas con la ley, en la que participa también el presidente de la institución, Álex de la Iglesia.
24 de enero de 2011: El Gobierno llega a un acuerdo con el PP y con CiU para recuperar la ley Sinde. Una enmienda al texto original refuerza el papel de los jueces en el cierre de las páginas de descargas.
25 de enero de 2011: Álex de la Iglesia anuncia, a través de un artículo en EL PAÍS, su dimisión de la presidencia de la Academia en polémica con el acuerdo entre Gobierno y PP.
9 de febrero: el Senado aprueba la ley Sinde con los votos a favor de PSOE, PP y CiU. Falta el Congreso.
13 de febrero: en su discurso en la gala de los Goya, Álex de la Iglesia afirma que "Internet es la salvación". Antes de la ceremonia, centenares de miembros del colectivo Anonymous, con la máscara del personaje de la novela gráfica V de Vendetta Guy Fawkes, protestan ante el teatro Real y pitan a la ministra a su llegada.
15 de febrero: el Congreso aprueba la ley Sinde con los votos a favor de PSOE, PP y CiU.
5 de marzo de 2011: la ley entra en vigor tras su publicación en el BOE. Para ponerla en práctica falta la aprobación de un reglamento.
7 de octubre: un informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirma que el reglamento de ley Sinde que solo puede aplicarse a los prestadores de servicios con ánimo de lucro.
24 de noviembre: el Consejo de Estado aprueba su dictamen sobre la ley, un trámite preceptivo para que el Ministerio de Cultura pudiera llevar el reglamento al Consejo de Ministros.
2 de diciembre: el ministro de Presidencia en funciones Ramón Jáuregui asegura que la aprobación del reglamento está en el orden del día del Consejo de los Ministros. Sin embargo, tras terminar la reunión, el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, asegura que el reglamento "formó parte de una deliberación" pero "no fue objeto de acuerdo". Por tanto, el asunto sigue "encima de la mesa", en palabras de Blanco.
12 de diciembre: el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce que "la presión en la Red" contribuyó a tumbar la aprobación del reglamento de actuación de la medida.
¡Solo esperamos que esto no afecte a latinoamerica!