Desde el arribo de las consolas caseras, los gamers hemos establecido relaciones y dinámicas de distintos tipos con los cartuchos (discos, posteriormente) de videojuegos. El hecho de comprarlos físicamente ha sido la norma durante años: ir a una tienda, pagar por él, llevarlo a casa, disfrutarlo. O bien pedirlos prestados o cambiarlos con amigos que comparten nuestra afición, una dinámica enriquecedora pues nos ha permitido jugar más títulos sin tener que comprarlos necesariamente, o probarlos previamente si estamos en duda. Pero un nuevo esquema de leyes (además de factores como el paso a la cultura de descarga de contenido digital) podría hacer que este tipo de interacciones con nuestro pasatiempo favorito desaparezca y que potencialmente sean consideradas actos criminales.
Ley de Bienes de Segunda Mano
En la legislación de los Estados Unidos entró en vigor desde 2009 la Ley de Bienes de Segunda Mano, la cuál puede aprobarse a nivel de ciudad, condado o estado. En la actualidad Delaware, el distrito de Columbia, Florida, Hawaii, Louisiana, Massachusetts, Nebraska, Nevada, Ohio, Utah y Washington incluyen a los videojuegos como artículos que las tiendas de segunda mano deben reportar a la policía. Esto significa sencillamente que establecimientos como Play N Trade, GameStop, Best Buy o Target deben pedirles a sus empleados que realicen el engorroso trabajo de tomar información de sus consumidores, en ocasiones incluso huellas digitales y fotografías.
¿Por qué sería un crimen vender juegos usados?
En este artículo no analizaremos la posición de las compañías productoras: sabemos que hay medidas recientes para prevenir el préstamo o venta de juegos usados pues los productores no obtienen ganancia de ello (caso del PlayStation Vita a últimas fechas). Nos referiremos más bien, a ciertas leyes de venta de artículos usados o de segunda mano aprobadas en Estados Unidos, pues podría ser preocupante que otras legislaciones adoptaran medidas similares.
La ley para artículos de segunda mano está activa en distintas jurisdicciones de Estados Unidos y fue aprobada para prevenir que objetos robados o dañados sean vendidos por tiendas. A mercancía como ropa, objetos de colección y decoración se suman, como podrán imaginar, los videojuegos. Los discos de juegos son vistos aquí en su calidad más objetiva: simples objetos que pueden ser evidencia de un crimen, producto de un robo e incluso pista para atrapar a un sospechoso.
Supongamos que todo lo que la ley hace para ayudar a que tengamos una vida más civilizada está muy bien; pero, ¿qué pasa cuando esa misma ley atenta contra una práctica de intercambio en la industria del entretenimiento? Pongamos un sencillo ejemplo:
El gamer como sospechoso
Un videojuego puede ser evidencia de un crimen
Uno entra en una tienda para vender, digamos, un Dead or Alive 3. Fue un buen juego, pero aún no conseguimos todos los logros del 4 y el 5 ya viene en camino. Cuando estamos esperando a que el vendedor nos entregue el dinero, somos sometidos a un pequeño interrogatorio: dónde y cuándo compramos el juego, si tenemos ticket de compra, si hemos sido los únicos poseedores del disco. Luego de proporcionar estos datos, toman nota del color de nuestros ojos y cabello, nuestra complexión, nuestra altura y nuestro peso aproximado. En el caso más extremo, incluso toman nuestras huellas digitales, y si tenemos automóvil, lo más probable es que nos acompañe hasta el estacionamiento para anotar las placas. Hemos sido fichados por vender un videojuego usado.
Esta información entraría en una enorme base de datos donde se registran todos los objetos de segunda mano que se venden. Cabe aclarar que esta base de datos pretende ayudar al trabajo policial para dar con los responsables de crímenes como robo o asalto con robo o “shoplifting”, el robo dentro de tiendas, y que no depende directamente de los videojuegos. El problema es que, al parecer, a los ladrones les encanta robar discos de videojuegos.
Sigamos con la investigación hipotética (algo nos dejó L.A. Noire). Supongamos que en el robo a una casa, a la policía se le entregó una lista de objetos robados, entre ellos, un Madden 12. Poco tiempo después, una tienda actualiza la base de datos con un Madden 12 comprado a una persona. Las autoridades, en este caso, podrían cotejar la descripción de la persona que vendió ese juego con una descripción previa del sospechoso, o si no se tiene, al menos una dirección para preguntar por la procedencia del disco, que sería una evidencia. ¿Pero qué pasaría si se tratara sólo de una desafortunada coincidencia y la policía viniera a nuestra casa a hacernos preguntas sobre un crimen?
Ley de Bienes de Segunda Mano
En la legislación de los Estados Unidos entró en vigor desde 2009 la Ley de Bienes de Segunda Mano, la cuál puede aprobarse a nivel de ciudad, condado o estado. En la actualidad Delaware, el distrito de Columbia, Florida, Hawaii, Louisiana, Massachusetts, Nebraska, Nevada, Ohio, Utah y Washington incluyen a los videojuegos como artículos que las tiendas de segunda mano deben reportar a la policía. Esto significa sencillamente que establecimientos como Play N Trade, GameStop, Best Buy o Target deben pedirles a sus empleados que realicen el engorroso trabajo de tomar información de sus consumidores, en ocasiones incluso huellas digitales y fotografías.
¿Por qué sería un crimen vender juegos usados?
En este artículo no analizaremos la posición de las compañías productoras: sabemos que hay medidas recientes para prevenir el préstamo o venta de juegos usados pues los productores no obtienen ganancia de ello (caso del PlayStation Vita a últimas fechas). Nos referiremos más bien, a ciertas leyes de venta de artículos usados o de segunda mano aprobadas en Estados Unidos, pues podría ser preocupante que otras legislaciones adoptaran medidas similares.
La ley para artículos de segunda mano está activa en distintas jurisdicciones de Estados Unidos y fue aprobada para prevenir que objetos robados o dañados sean vendidos por tiendas. A mercancía como ropa, objetos de colección y decoración se suman, como podrán imaginar, los videojuegos. Los discos de juegos son vistos aquí en su calidad más objetiva: simples objetos que pueden ser evidencia de un crimen, producto de un robo e incluso pista para atrapar a un sospechoso.
Supongamos que todo lo que la ley hace para ayudar a que tengamos una vida más civilizada está muy bien; pero, ¿qué pasa cuando esa misma ley atenta contra una práctica de intercambio en la industria del entretenimiento? Pongamos un sencillo ejemplo:
El gamer como sospechoso
Un videojuego puede ser evidencia de un crimen
Uno entra en una tienda para vender, digamos, un Dead or Alive 3. Fue un buen juego, pero aún no conseguimos todos los logros del 4 y el 5 ya viene en camino. Cuando estamos esperando a que el vendedor nos entregue el dinero, somos sometidos a un pequeño interrogatorio: dónde y cuándo compramos el juego, si tenemos ticket de compra, si hemos sido los únicos poseedores del disco. Luego de proporcionar estos datos, toman nota del color de nuestros ojos y cabello, nuestra complexión, nuestra altura y nuestro peso aproximado. En el caso más extremo, incluso toman nuestras huellas digitales, y si tenemos automóvil, lo más probable es que nos acompañe hasta el estacionamiento para anotar las placas. Hemos sido fichados por vender un videojuego usado.
Esta información entraría en una enorme base de datos donde se registran todos los objetos de segunda mano que se venden. Cabe aclarar que esta base de datos pretende ayudar al trabajo policial para dar con los responsables de crímenes como robo o asalto con robo o “shoplifting”, el robo dentro de tiendas, y que no depende directamente de los videojuegos. El problema es que, al parecer, a los ladrones les encanta robar discos de videojuegos.
Sigamos con la investigación hipotética (algo nos dejó L.A. Noire). Supongamos que en el robo a una casa, a la policía se le entregó una lista de objetos robados, entre ellos, un Madden 12. Poco tiempo después, una tienda actualiza la base de datos con un Madden 12 comprado a una persona. Las autoridades, en este caso, podrían cotejar la descripción de la persona que vendió ese juego con una descripción previa del sospechoso, o si no se tiene, al menos una dirección para preguntar por la procedencia del disco, que sería una evidencia. ¿Pero qué pasaría si se tratara sólo de una desafortunada coincidencia y la policía viniera a nuestra casa a hacernos preguntas sobre un crimen?