Los diputados que llevan adelante la acusación presentaron formalmente los cargos. El mandatario será juzgado por cinco hechos, como su responsabilidad por la inseguridad y la masacre en Curuguaty
Poco más de media hora demoraron los cinco legisladores que actúan como fiscales acusadores para presentar la serie de presuntas irregularidades por las que se pedirá la destitución de Fernando Lugo, que se definirá el viernes.
Entre las acusaciones que se escucharon durante la intervención, se dijo que el gobernante tuvo una tarea "impropia, negligente e irresponsable", que "perjudicó los intereses supremos de la nación". El diputado Oscar Tuma afirmó que está "sobradamente justificada la acusación por el mal desempeño de sus funciones", de acuerdo con lo que sostiene el artículo 225 de la Constitución.
Los fiscales presentaron cinco argumentos por los que -sostuvieron- el mandatario debería ser removido de su cargo, decisión que este viernes deberá tomar el Senado tras escuchar la defensa del presidente -que puede elegir presentarse en persona o a través de sus abogados- y los alegatos finales.
La autorización y financiación, en 2009, de un acto político de jóvenes socialistas sudamericanos en el predio del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación, cuya utilización estaría prohibida.
El conflicto ocurrido en febrero en Ñacunday, departamento de Alto Paraná, al este de Asunción, cuando campesinos sin tierra ocuparon predios privados y generaron un "estado de pánico" en la zona. Según los fiscales, el mandatario dispuso el uso de las fuerzas militares entre los colonos de la zona para provocar miedo. Los uniformados ingresaron a propiedades privadas sin autorización judicial y acompañados por dirigentes de los "carperos" (usurpadores sin tierra), a quienes Lugo luego recibió.
Se lo responsabiliza por la "ola de inseguridad" que hay en el país. La acusación indicó que fue incapaz de instrumentar un plan eficiente, aun cuando el Congreso lo dotó de recursos. También señaló los presuntos vínculos del gobernante con grupos irregulares, responsables de secuestros, como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Su aval al llamado Protocolo de Ushuaia II sobre compromiso democrático, aprobado por el Mercosur. La principal característica de ese pacto "es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la 'defensa de la democracia', defenderse unos a otros", refiere el documento.
Su responsabilidad en la violencia desatada el último viernes en un predio rural de Curuguaty, al noreste de Asunción, que provocó la muerte de 11 campesinos y 6 policías, además de 80 heridos.
Los fiscales solicitaron al Senado que, en paralelo al juicio político, estas acusaciones sean enviadas a la Justicia ordinaria.
Poco más de media hora demoraron los cinco legisladores que actúan como fiscales acusadores para presentar la serie de presuntas irregularidades por las que se pedirá la destitución de Fernando Lugo, que se definirá el viernes.
Entre las acusaciones que se escucharon durante la intervención, se dijo que el gobernante tuvo una tarea "impropia, negligente e irresponsable", que "perjudicó los intereses supremos de la nación". El diputado Oscar Tuma afirmó que está "sobradamente justificada la acusación por el mal desempeño de sus funciones", de acuerdo con lo que sostiene el artículo 225 de la Constitución.
Los fiscales presentaron cinco argumentos por los que -sostuvieron- el mandatario debería ser removido de su cargo, decisión que este viernes deberá tomar el Senado tras escuchar la defensa del presidente -que puede elegir presentarse en persona o a través de sus abogados- y los alegatos finales.
La autorización y financiación, en 2009, de un acto político de jóvenes socialistas sudamericanos en el predio del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación, cuya utilización estaría prohibida.
El conflicto ocurrido en febrero en Ñacunday, departamento de Alto Paraná, al este de Asunción, cuando campesinos sin tierra ocuparon predios privados y generaron un "estado de pánico" en la zona. Según los fiscales, el mandatario dispuso el uso de las fuerzas militares entre los colonos de la zona para provocar miedo. Los uniformados ingresaron a propiedades privadas sin autorización judicial y acompañados por dirigentes de los "carperos" (usurpadores sin tierra), a quienes Lugo luego recibió.
Se lo responsabiliza por la "ola de inseguridad" que hay en el país. La acusación indicó que fue incapaz de instrumentar un plan eficiente, aun cuando el Congreso lo dotó de recursos. También señaló los presuntos vínculos del gobernante con grupos irregulares, responsables de secuestros, como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Su aval al llamado Protocolo de Ushuaia II sobre compromiso democrático, aprobado por el Mercosur. La principal característica de ese pacto "es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la 'defensa de la democracia', defenderse unos a otros", refiere el documento.
Su responsabilidad en la violencia desatada el último viernes en un predio rural de Curuguaty, al noreste de Asunción, que provocó la muerte de 11 campesinos y 6 policías, además de 80 heridos.
Los fiscales solicitaron al Senado que, en paralelo al juicio político, estas acusaciones sean enviadas a la Justicia ordinaria.