Cambio radical en la política oficial sobre oferta y tenencia de drogas
Después de 30 años de adherir incondicionalmente a la política prohibicionista norteamericana sobre oferta y consumo de drogas, la Argentina dará un giro decisivo en su discurso ante las Naciones Unidas. La 51 sesión extraordinaria del Consejo Económico y Social de ONU se reúne hoy en Viena para evaluar si la persecución al consumidor de estupefacientes y a los campesinos cocaleros permitió avanzar en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Allí el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, anunciará un cambio de orientación que preanuncia la despenalización del consumo de drogas en el país. “Decidimos liderar un bloque regional que por primera vez plantea el fracaso absoluto de la criminalización del consumidor de drogas en el mundo. A cambio proponemos armar una inmensa red social y laboral para que el Estado deje de gastar millones en perseguir adictos beneficiando al narcotráfico”, adelantó a Crítica de la Argentina una altísima fuente del ministerio.
“Esta posición es un paso serio para discutir la problemática de las drogas y permite avizorar en un futuro la despenalización de la tenencia para consumo personal”, dijo Pablo Slonimsqui, abogado especialista en temas de drogas. “La persecución de consumidores de droga no sólo es inconstitucional sino que, en la práctica, es la mejor garantía de que el sistema penal se demore en asuntos intrascendentes”.
Nunca antes el gobierno argentino había criticado tan radicalmente la política norteamericana en el tema drogas. Hace diez años, la última vez que la ONU se reunió para evaluar el impacto de las políticas internacionales sobre consumo y narcotráfico, la polémica fue tal que el mundo se dividió en dos posiciones. Estados Unidos, con apoyo muy mayoritario, abogó por la persecución de todos los niveles de la cadena del tráfico y consumo; fue una receta global que justificó desde intervenciones territoriales hasta desapariciones de personas y jueces sin rostro. La contraria, encabezada por Holanda, sostuvo la idea de no perseguir a los consumidores sino a los fabricantes y comerciantes.
Desde entonces, la Argentina se mantuvo en la órbita estadounidense. Hasta que, hace unos meses, todavía desde el ministerio del Interior, Aníbal Fernández creo un Comité Científico asesor en materia de Trafico Ilícito. Sus integrantes, coordinados por la ex titular de la UFIDRO, Mónica Cuñarro, tienen, en general, posturas favorables a la despenalización del consumo: la psicóloga Eva Giberti;, el sociólogo Alberto Calabrese; el juez federal de Mar del Plata, Roberto Falcone –que supervisará la redacción de una nueva ley de drogas-; la camarista Patricia Llerena, experta en lavado de activos; el camarista Martín Vázquez Acuña –especialista en políticas preventivas de VIH-Sida-; el camarista bonaerense Marcelo Madina; y el juez de la Cámara Federal Horacio Catani, autor del fallo Thomas, un hombre que fue detenido con una pequeña cantidad de marihuana y sobreseído por considerar que su utilización privada no afectaría la salud pública.
El Comité Científico, independiente del Poder Ejecutivo, discutió durante meses la propuesta que Argentina llevará hoy en Viena. Hasta el jueves pasado, el encargado de presentarla iba a ser el sociólogo Calabrese; fue entonces cuando el ministro Fernández decidió hacer él mismo el viaje de 15 horas para una intervención de 15 minutos.
En esta sesión extraordinaria, los países miembros pueden presentar “recomendaciones” a partir de un análisis crítico del impacto de las leyes contra el tráfico en el mundo. Aunque respeta el estricto código casi neutro de los organismos internacionales, el discurso de Fernández hace eje en dos conceptos innovadores para esos ámbitos diplomáticos: “equilibrio” y “responsabilidad compartida”. “Recomendar la profundización del principio de la responsabilidad compartida entre los Estados a fin de reducir la dimensión del mercado ilegal y redimensionar el papel de la sanidad en cumplimiento de la obligación contraída por los tratados de Derechos Humanos y las convenciones que prohíben el mercado ilícito”, dice una de las diez recomendaciones del gobierno argentino.
En criollo, el párrafo plantea que Estados Unidos debe respetar la multilateralidad y el principio de soberanía de los pueblos, en el mismo tono que la presidenta Cristina Fenandez de Kirchner usó la última semana para terciar en el conflicto latinoamericano. “Estados Unidos planta y cosecha más marihuana que trigo y no se le ocurre erradicar sus cultivos con pesticidas nocivos para el ser humano como en Perú y Colombia”, le dijo a Crítica de la Argentina uno de los miembros del Comité Científico. “De esa manera abastecen y controlan el precio de su mercado interno”, explicó.
Otro de los tramos clave del discurso habla del “equilibrio entre el derecho la salud y al mejoramiento de la calidad de vida por un lado y el resguardo del principio de proporcionalidad entre las infracciones, los delitos y las sanciones por el otro”. La proporcionalidad se refiere a que el gobierno considera injusto que la ley condene al mismo tiempo de prisión al joven que se fuma un porro que al narcotraficante que lucra con el negocio ilegal. La Corte Suprema analiza hoy 14 causas judiciales en las que está en juego si es legal fumar marihuana. Lo que debe decidir es si se regresa al fallo Bazterrica, donde los magistrados dijeron que el consumo personal no es un tema de la esfera penal sino sanitaria, o si continúa los lineamientos del fallo Montalvo, con el que la corte menemista de los noventa impidió a miles de adictos acceder al sistema de salud, transformando a los consumidores de drogas en “subversivos” al considerarlos como “el primer eslabón en la cadena del narcotráfico”.
El discurso de Fernández ante la ONU posiciona al país en la misma línea que Brasil y Uruguay en Latinoamérica, y Holanda, Gran Bretaña, Suiza, España e Italia, en Europa, donde el consumo no es reprimido. Las repercusiones de este cambio serán contundentes: sin haber modificado aún la ley de drogas, el discurso avanza hacia la despenalización del consumo al considerar que el derecho humano a la salud prima sobre la doctrina de persecución penal del adicto.
Mientras tanto, varios miembros del Comité confirmaron a este diario que ya existe un borrador de un proyecto que modifica la ley de drogas 23.747, sancionada durante el menemismo. El párrafo más discutido es el que despenaliza el consumo. “Es complicado decir ‘despenalización’, pero la idea es que ya no usaremos al Estado para perseguir a los adictos sino al narcotráfico. El ochenta por ciento de los recursos se gastan hoy en causas judiciales que investigan a consumidores de marihuana, y eso no tiene el menor sentido”, dijo una alta fuente del ministerio de Justicia.
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