El Congreso Español ha aprobado casi por unanimidad una resolución para anular el Canon Digital, pero esto en mi opinión no significa el fin de este impuesto, aunque se abre la puerta a su reformulación, en la que creo los más afectados seremos los usuarios finales, ya que apostaría a que se nos seguirá gravando.
Algunos se han hecho ilusiones al calor de la resolución aprobada casi por unanimidad en el Congreso Español (sólo dos abstenciones, por lo que yo sé) para suprimir el Canon Digital que grava los dispositivos y medios de almacenamiento, reproducción y copia en concepto de derecho por copia privada. Aplicado indiscriminadamente hagas uso o no de él, este gravamen ha sido uno de los más criticados si no el que más por parte de la sociedad española a lo largo de los últimos años.
Ni el rechazo popular ni las sentencias condenatorias que le han llegado a este impuesto tanto desde Europa como desde la misma España han hecho moverse al gobierno (personificado en este caso en el Ministerio de Cultura que es quien tiene potestad para redactar y presentar los proyectos de ley en esta materia y velar por su aplicación) un ápice, dando por bueno el dicho que “vale más sostenerla que no enmendarla”, y a día de hoy los ciudadanos nos encontramos pagando exactamente el mismo impuesto sobre los mismos bienes y por el mismo concepto. Y diversas circunstancias apuntan a que así seguirá siendo durante los próximos meses.
En primer lugar porque lo aprobado es más una petición, una 'súplica' para que se derogue el actual canon, pero sin presentar una alternativa. Claro, podrán pensar muchos de ustedes, pero se puede suprimir totalmente, sin más y sin buscarle substituto; craso error.
El dictamen del Tribunal Europeo afirmaba que la reglamentación española no se ajustaba a la directiva europea, y que no era lícito aplicar el canon indiscriminadamente gravando con él a empresas e instituciones, pero también confirmaba que la existencia de un canon para los usuarios finales era lícita, un “pecado original” que abre la puerta a una normativa substitutoria que se ajuste a tal directiva, con lo que el ciudadano de a pie deberá seguir pagando pero las empresas e instituciones tendrán la posibilidad de desgravarlo de alguna forma o bien esquivar su pago.
Probablemente, el Congreso en pleno ha apoyado una resolución demandada por la mayoría de la población porque estamos entrando en pleno periodo pre-electoral, y hay que empezar a hacer movimientos para ser simpático y cosechar votos. Pero la resolución en sí es algo vacío por la falta de imperativo en la abolición de este impuesto y la no presentación de una alternativa que pueda aprobarse antes del fin de una legislatura que ya está cerca, con lo que cualquier movimiento deberá esperar a la formación del próximo gobierno.
Esto, al ritmo al que van las cosas oficiales, nos lleva a un año vista más o menos para la presentación de una alternativa, que muy probablemente seguirá cobrando a los consumidores finales, y que me temo nos va a seguir cobrando a todos pero con la posibilidad de desgravarlo en el caso de trabajadores autónomos, empresas, organizaciones y entidades oficiales. Claro que, en este último caso, debiendo hacer algún tipo de papeleo, ya sea en la declaración del IVA, renta o de forma directa, con lo que en algunos casos y por un pequeño importe, no se realizará la reclamación por comportar mayor trabajo que el ahorro que va a tener, llenando con ello un poco más de forma inmoral las arcas de las entidades de gestión.
Una ley que, en definitiva -y me gustaría equivocarme pero confío poco en ello-, no va a tener en cuenta las propuestas alternativas de asociaciones de consumidores y usuarios y de internautas, en el sentido que debería ser el contenido original el que estuviera sujeto a Canon. Es decir, que quien compre un disco original pague un poco más y adquiera con ello el derecho a realizar una copia de lo comprado.
Entonces, y sólo entonces, el gobierno y las instituciones de gestión de derechos de autor estarán moralmente facultadas a perseguir la piratería. Hasta entonces, seguiré considerando que si se me está cobrando por algo que no he hecho, se me está juzgando y condenando por adelantado ignorando completamente mi derecho de presunción de inocencia, base de cualquier democracia en el sentido moderno del término.
Como he dicho antes, espero equivocarme, aunque mucho me temo que no será así. Soy pesimista, si, pero una vez oí que un pesimista es un optimista bien informado. Y yo me considero una persona bastante bien informada.
Copyleft 2011 www.imatica.org
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Algunos se han hecho ilusiones al calor de la resolución aprobada casi por unanimidad en el Congreso Español (sólo dos abstenciones, por lo que yo sé) para suprimir el Canon Digital que grava los dispositivos y medios de almacenamiento, reproducción y copia en concepto de derecho por copia privada. Aplicado indiscriminadamente hagas uso o no de él, este gravamen ha sido uno de los más criticados si no el que más por parte de la sociedad española a lo largo de los últimos años.
Ni el rechazo popular ni las sentencias condenatorias que le han llegado a este impuesto tanto desde Europa como desde la misma España han hecho moverse al gobierno (personificado en este caso en el Ministerio de Cultura que es quien tiene potestad para redactar y presentar los proyectos de ley en esta materia y velar por su aplicación) un ápice, dando por bueno el dicho que “vale más sostenerla que no enmendarla”, y a día de hoy los ciudadanos nos encontramos pagando exactamente el mismo impuesto sobre los mismos bienes y por el mismo concepto. Y diversas circunstancias apuntan a que así seguirá siendo durante los próximos meses.
En primer lugar porque lo aprobado es más una petición, una 'súplica' para que se derogue el actual canon, pero sin presentar una alternativa. Claro, podrán pensar muchos de ustedes, pero se puede suprimir totalmente, sin más y sin buscarle substituto; craso error.
El dictamen del Tribunal Europeo afirmaba que la reglamentación española no se ajustaba a la directiva europea, y que no era lícito aplicar el canon indiscriminadamente gravando con él a empresas e instituciones, pero también confirmaba que la existencia de un canon para los usuarios finales era lícita, un “pecado original” que abre la puerta a una normativa substitutoria que se ajuste a tal directiva, con lo que el ciudadano de a pie deberá seguir pagando pero las empresas e instituciones tendrán la posibilidad de desgravarlo de alguna forma o bien esquivar su pago.
Probablemente, el Congreso en pleno ha apoyado una resolución demandada por la mayoría de la población porque estamos entrando en pleno periodo pre-electoral, y hay que empezar a hacer movimientos para ser simpático y cosechar votos. Pero la resolución en sí es algo vacío por la falta de imperativo en la abolición de este impuesto y la no presentación de una alternativa que pueda aprobarse antes del fin de una legislatura que ya está cerca, con lo que cualquier movimiento deberá esperar a la formación del próximo gobierno.
Esto, al ritmo al que van las cosas oficiales, nos lleva a un año vista más o menos para la presentación de una alternativa, que muy probablemente seguirá cobrando a los consumidores finales, y que me temo nos va a seguir cobrando a todos pero con la posibilidad de desgravarlo en el caso de trabajadores autónomos, empresas, organizaciones y entidades oficiales. Claro que, en este último caso, debiendo hacer algún tipo de papeleo, ya sea en la declaración del IVA, renta o de forma directa, con lo que en algunos casos y por un pequeño importe, no se realizará la reclamación por comportar mayor trabajo que el ahorro que va a tener, llenando con ello un poco más de forma inmoral las arcas de las entidades de gestión.
Una ley que, en definitiva -y me gustaría equivocarme pero confío poco en ello-, no va a tener en cuenta las propuestas alternativas de asociaciones de consumidores y usuarios y de internautas, en el sentido que debería ser el contenido original el que estuviera sujeto a Canon. Es decir, que quien compre un disco original pague un poco más y adquiera con ello el derecho a realizar una copia de lo comprado.
Entonces, y sólo entonces, el gobierno y las instituciones de gestión de derechos de autor estarán moralmente facultadas a perseguir la piratería. Hasta entonces, seguiré considerando que si se me está cobrando por algo que no he hecho, se me está juzgando y condenando por adelantado ignorando completamente mi derecho de presunción de inocencia, base de cualquier democracia en el sentido moderno del término.
Como he dicho antes, espero equivocarme, aunque mucho me temo que no será así. Soy pesimista, si, pero una vez oí que un pesimista es un optimista bien informado. Y yo me considero una persona bastante bien informada.
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