Abogadas de Gran Canaria han criticado que tengan que quitarse el sujetador para pasar por el detector de metales en la prisión Las Palmas II, trato que han calificado de «vejatorio», ya que aseguran que esto «no sucede con otras trabajadoras judiciales». Este hecho, señalan, ha sido puesto en conocimiento del Colegio de Abogados de Las Palmas en «múltiples denuncias verbales realizadas por las letradas», entre las que se encuentra la de la abogada Rosa de León, sin embargo, afirman que la institución colegial no ha tomado medidas.
Por ello, tanto Rosa de León como Isabel Saavedra, que sufrieron esta situación con distintos resultados, han decidido presentarse a las elecciones del Colegio de Abogados de Las Palmas, el 18 de diciembre, si bien «celebran que la actual dirección haya decidido tratar al fin este vergonzoso asunto» aunque, matizó, que «solo tras la presentación de candidaturas alternativas, pues cuanto antes defienda a las abogadas, que son el 75 % del colectivo, mejor». En cuanto al incidente, apuntan, que las letradas «no solo han tenido que quitarse el sujetador desde hace un año», cuando una empresa de seguridad sustituyó a la Guardia Civil en sus funciones de control de acceso, si no que aseguran que además de tener que quitarse los zapatos y otros complementos para pasar el arco de metales, «sufren un humillante trato discriminatorio frente a otras trabajadores judiciales».
En este sentido, apuntan al protocolo de seguridad de la prisión, disponible en la web de Instituciones Penitenciarias que, matizan, establece en su punto 3.1.1 que «todas las personas que tengan autorizado el acceso al interior del establecimiento serán invitadas, con la mayor corrección, a pasar el control del arco detector de metales, excepto los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal que visiten el centro en el ejercicio de sus funciones, así como los funcionarios y personal laboral adscritos al centro y aquellas autoridades que vayan acompañadas por algún mando del establecimiento».
Añade que si en este punto «no quedara clara la discriminación», el protocolo recoge en el apartado referente al acceso de abogados que «no hay apartado para jueces, magistrados y fiscales, que está obligado a someterse a las medidas de seguridad establecidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado y los funcionarios».
Además, subrayan que el reglamento establece que la entrevista con el interno se realizará bajo la supervisión de un funcionario en locutorios acristalados, por lo que «no entran en contacto, así que la medida además de humillante es absurda», resalta Rosa de León.
La abogada califica estos hechos de «totalmente inaudito e inadmisible», al considerar que tratan al colectivo de letrados «como delincuentes, como personas sospechosas de introducir teléfonos móviles y armas blancas o de fuego en el interior de la prisión, mientras el resto de profesionales judiciales está excluido de esa sospecha, igual que los propios empleados de la cárcel y otros trabajadores» cuando, resalta, los abogados «ni siquiera entran en contacto con los internos y el resto de personal, judicial o no, sí tienen contacto directo».
Por ello, tanto Rosa de León como Isabel Saavedra, que sufrieron esta situación con distintos resultados, han decidido presentarse a las elecciones del Colegio de Abogados de Las Palmas, el 18 de diciembre, si bien «celebran que la actual dirección haya decidido tratar al fin este vergonzoso asunto» aunque, matizó, que «solo tras la presentación de candidaturas alternativas, pues cuanto antes defienda a las abogadas, que son el 75 % del colectivo, mejor». En cuanto al incidente, apuntan, que las letradas «no solo han tenido que quitarse el sujetador desde hace un año», cuando una empresa de seguridad sustituyó a la Guardia Civil en sus funciones de control de acceso, si no que aseguran que además de tener que quitarse los zapatos y otros complementos para pasar el arco de metales, «sufren un humillante trato discriminatorio frente a otras trabajadores judiciales».
En este sentido, apuntan al protocolo de seguridad de la prisión, disponible en la web de Instituciones Penitenciarias que, matizan, establece en su punto 3.1.1 que «todas las personas que tengan autorizado el acceso al interior del establecimiento serán invitadas, con la mayor corrección, a pasar el control del arco detector de metales, excepto los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal que visiten el centro en el ejercicio de sus funciones, así como los funcionarios y personal laboral adscritos al centro y aquellas autoridades que vayan acompañadas por algún mando del establecimiento».
Añade que si en este punto «no quedara clara la discriminación», el protocolo recoge en el apartado referente al acceso de abogados que «no hay apartado para jueces, magistrados y fiscales, que está obligado a someterse a las medidas de seguridad establecidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado y los funcionarios».
Además, subrayan que el reglamento establece que la entrevista con el interno se realizará bajo la supervisión de un funcionario en locutorios acristalados, por lo que «no entran en contacto, así que la medida además de humillante es absurda», resalta Rosa de León.
La abogada califica estos hechos de «totalmente inaudito e inadmisible», al considerar que tratan al colectivo de letrados «como delincuentes, como personas sospechosas de introducir teléfonos móviles y armas blancas o de fuego en el interior de la prisión, mientras el resto de profesionales judiciales está excluido de esa sospecha, igual que los propios empleados de la cárcel y otros trabajadores» cuando, resalta, los abogados «ni siquiera entran en contacto con los internos y el resto de personal, judicial o no, sí tienen contacto directo».