En lo que va de año 10 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición en las comunidades indígenas del noroeste de Argentina, uno de los países mayores exportadores de alimentos del mundo. Pero también, por primera vez en la historia, una generación de la comunidad wichí, la principal en esta región, pisa la Universidad.
El hambre azota a las comunidades indígenas del noroeste de Argentina que se enfrentan a un grave problema de desnutrición desde hace ya mucho tiempo, sin que haya existido una respuesta eficaz por parte de las autoridades locales y nacionales del país que logre atajar el problema de raíz. En lo que va de año han muerto al menos 10 niños por causas directas o indirectas relacionadas con la desnutrición, el doble que el año pasado. Los más afectados son los indígenas pertenecientes a la etnia wichí, que en total suman unas 30.000 personas distribuidas en alrededor de 200 comunidades por toda la provincia de Salta.
Para Jonathan Felix, representante de 20 familias Wichís de la comunidad de Ballivián, el problema de la muerte de los niños por desnutrición estaba tapado porque no había gente interesada en sacarlo, pero existe desde hace 20 años. “Acá hay mucha desocupación, ese es el tema, no hay trabajo. Antes la gente se mantenía de otra manera, sacaba alimentos del bosque. Ahora eso no se puede hacer”. Lo impide el simple hecho de que ya no quedan bosques de donde sacar esos alimentos debido a la tala indiscriminada de árboles y los desmontes puestos en marcha a finales de los 90 a favor de la plantación de soja y que acabará provocando una terrible deforestación en la zona, a la par que asestará un duro golpe a las comunidades indígenas arrojándolas a la extrema pobreza.
La Ley de Bosques de finales de 2007 que consiguió paralizar la deforestación, llegó demasiado tarde. Según datos de Greenpeace Argentina, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia de Salta fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó hasta llegar a las 414.934 hectáreas, tan solo unas 90.000 hectáreas menos que la totalidad de la superficie de España.
Un informe técnico elaborado por la Fundación ASOCIANA, Tepeyac y FUNDAPAZ en septiembre de 2008 señala a las autoridades como los culpables de permitir a los agentes privados llevar a cabo los desmontes de manera tan irracional, que posibilitó la reducción de la selva pedemontana de las Yungas y del Chaco salteño, “hasta el límite mismo de la extinción”. Paradójicamente, los campos de cultivo de soja, a favor de los que se deforestó la zona, han convertido a Argentina en uno de los países mayores exportadores de alimentos del mundo en la última década y han aumentado su PIB en un 9,5% en 2010. Mientras tanto, las comunidades indígenas sobreviven como pueden. “Acá hay muy poquita gente que tiene trabajo y los que trabajan en la municipalidad ganan 24 pesos (4 euros) por 6 horas de trabajo diarias. Con ese dinero, si tienen 5 ó 6 chicos ¿qué puede alcanzar? Estamos en una situación muy crítica”. Existen comedores sociales en cada comunidad que reciben por parte del gobierno 11 pesos (1,8 euros) por niño al mes. Esto les alcanza para un máximo de 10 días. Pero Felix tiene claro que la aportación de comida que les da el gobierno –aunque ni tan siquiera eso sea suficiente–, no es la solución. “No hemos tenido el acompañamiento del gobierno local porque ha mantenido gente con bolsones y no se ha preocupado de hacer capacitar a los chicos. Hay chicos que han terminado la primaria y no han podido continuar con sus estudios”.
El hambre azota a las comunidades indígenas del noroeste de Argentina que se enfrentan a un grave problema de desnutrición desde hace ya mucho tiempo, sin que haya existido una respuesta eficaz por parte de las autoridades locales y nacionales del país que logre atajar el problema de raíz. En lo que va de año han muerto al menos 10 niños por causas directas o indirectas relacionadas con la desnutrición, el doble que el año pasado. Los más afectados son los indígenas pertenecientes a la etnia wichí, que en total suman unas 30.000 personas distribuidas en alrededor de 200 comunidades por toda la provincia de Salta.
Para Jonathan Felix, representante de 20 familias Wichís de la comunidad de Ballivián, el problema de la muerte de los niños por desnutrición estaba tapado porque no había gente interesada en sacarlo, pero existe desde hace 20 años. “Acá hay mucha desocupación, ese es el tema, no hay trabajo. Antes la gente se mantenía de otra manera, sacaba alimentos del bosque. Ahora eso no se puede hacer”. Lo impide el simple hecho de que ya no quedan bosques de donde sacar esos alimentos debido a la tala indiscriminada de árboles y los desmontes puestos en marcha a finales de los 90 a favor de la plantación de soja y que acabará provocando una terrible deforestación en la zona, a la par que asestará un duro golpe a las comunidades indígenas arrojándolas a la extrema pobreza.
La Ley de Bosques de finales de 2007 que consiguió paralizar la deforestación, llegó demasiado tarde. Según datos de Greenpeace Argentina, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia de Salta fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó hasta llegar a las 414.934 hectáreas, tan solo unas 90.000 hectáreas menos que la totalidad de la superficie de España.
Un informe técnico elaborado por la Fundación ASOCIANA, Tepeyac y FUNDAPAZ en septiembre de 2008 señala a las autoridades como los culpables de permitir a los agentes privados llevar a cabo los desmontes de manera tan irracional, que posibilitó la reducción de la selva pedemontana de las Yungas y del Chaco salteño, “hasta el límite mismo de la extinción”. Paradójicamente, los campos de cultivo de soja, a favor de los que se deforestó la zona, han convertido a Argentina en uno de los países mayores exportadores de alimentos del mundo en la última década y han aumentado su PIB en un 9,5% en 2010. Mientras tanto, las comunidades indígenas sobreviven como pueden. “Acá hay muy poquita gente que tiene trabajo y los que trabajan en la municipalidad ganan 24 pesos (4 euros) por 6 horas de trabajo diarias. Con ese dinero, si tienen 5 ó 6 chicos ¿qué puede alcanzar? Estamos en una situación muy crítica”. Existen comedores sociales en cada comunidad que reciben por parte del gobierno 11 pesos (1,8 euros) por niño al mes. Esto les alcanza para un máximo de 10 días. Pero Felix tiene claro que la aportación de comida que les da el gobierno –aunque ni tan siquiera eso sea suficiente–, no es la solución. “No hemos tenido el acompañamiento del gobierno local porque ha mantenido gente con bolsones y no se ha preocupado de hacer capacitar a los chicos. Hay chicos que han terminado la primaria y no han podido continuar con sus estudios”.