Historia de la energía nuclear en Argentina

Poco después de producirse en la Argentina el golpe militar de 1976 que llevó al Gobierno Nacional a la Junta Militar presidida por el General Jorge R. Videla, se puede verificar una notable ampliación de las actividades y desarrollos en el área nuclear, muchas de las cuales tuvieron un desarrollo secreto y paralelo a las actividades oficiales y públicas. Se abre entonces un período caracterizado por un notable incremento en la militarización de la actividad nuclear. Es así que bajo el objetivo de alcanzar «el dominio del ciclo del combustible nuclear» primero se definen
los objetivos en esta materia y luego se establece el llamado Plan Nuclear Argentino (Decretos 3183/77 y 302/79 respectivamente). El Plan Nuclear preveía llegar a finales de los '90 con seis plantas atómicas y un número
extraordinario de proyectos e instalaciones en todo el país, que abarcarían desde la minería del uranio, la fabricación de combustibles, la obtención de plutonio y hasta un «basurero» nuclear. Es en ese marco en el que comienza
la historia de la empresa INVAP. El 3 de septiembre de 1976 se conformó el directorio de INVestigaciones APlicadas
Sociedad del Estado (INVAP S.E.) como empresa propiedad de la Provincia de Río Negro, mediante el Decreto provincial 661/76. Nació ligada a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mediante un convenio por el
que puede hacerse cargo de proyectos de Investigación y Desarrollo de la misma. Ese convenio fue firmado por el presidente de la CNEA, el capitán de Navío Carlos Castro Madero, el gobernador de la provincia de Río Negro, contralmirante Aldo Luis Bachmann, y el presidente de INVAP, capitán de Fragata José Gregorio. Todos ellos miembros de la Armada Argentina. El convenio fue firmado el 6 de septiembre de 1976. En el mismo se lee la amplia cesión de atribuciones hacia el nuevo ente. Allí dice que, entre otros, es objetivo de INVAP «participar directamente en el desarrollo de procesos y obtención de productos de alto nivel tecnológico de interés específico para el cumplimiento del Plan Nuclear al que la CNEA se halla abocada; optimizar el uso del personal e raestructura, requeridos para el objetivo anterior...». El Dr. Conrado Varotto, en ese entonces Jefe del programa e «Investigaciones Aplicadas» de la CNEA que funcionaba en el Centro Atómico Bariloche (CAB), fue uno de los entusiastas impulsores locales de la creación de este organismo2. La existencia del CAB se vincula a que fue en Bariloche donde tuvo su origen el desarrollo nuclear argentino con el fraude de los experimentos del científico
austríaco Ronald Richter, en busca del dominio de la fusión atómica. La presencia de militares conduciendo ambos
organismos nucleares, CNEA e INVAP, no debe sorprender. La participación de la Armada Argentina en la actividad nuclear es significativa.

Luego de sus dos primeros años de existencia (1950-1952) en que fue conducida por un Coronel de Ejército, cuatro altos jefes de la Marina se sucedieron en la presidencia de la CNEA hasta enero de 1984, independientemente de que durante ese periodo el gobierno fuera civil o dictatorial.4 Esta influencia se potenció durante el gobierno militar que gobernó la Argentina entre 1976-1983.5 INVAP nació como un brazo operativo de la CNEA para proyectos que se desarrollarían de manera no pública, en forma secreta o «clandestina». Luego de la caída de la dictadura en 1983 la CNEA pasó a ser administrada por civiles y la relación con INVAP comenzó
a presentar algunas grietas. Si bien esta nueva situación condujo a que INVAP se vea obligado a buscar nuevos proyectos para sobrevivir, su relación con la CNEA seguiría siendo su principal apoyo.

En 1976, mientras la dictadura militar en pleno apogeo desataba la más feroz represión que registraría la historia argentina, los directivos de la CNEA buscaban cómo profundizar la actividad nuclear en forma secreta. Con inmensos
presupuestos procuraban el dominio total en materia de lo más sensible de la tecnología nuclear, con la clara intención de adquirir capacidad industrial y militar en ese terreno. En dicho contexto se constituyó INVAP y
se le asignaron sus primeras «funciones». Alquiló viejos y pequeños hoteles de la ciudad turística de Bariloche, a 1500 Km al Sur de Buenos Aires. Poco tiempo después comenzó a producir sus primeros desarrollos tecnológicos y a diseñar nuevas instalaciones ¿Qué tipo de instalaciones? Nada menos que una planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa.
( Videla)
El desarrollo de la tecnología del enriquecimiento de uranio se inició en 1978, en Pilcaniyeu, un pequeñísimo paraje desértico de la provincia de Río Negro, a unos 60 kilómetros de Bariloche, donde se comenzaron a levantar instalaciones a mediados de 1979 en un predio de 8.900 hectáreas. Un verdadero ejército de más de 1.000 personas, cientos de ellos trasladados diariamente por tren, trabajaron en el proyecto Pilcaniyeu, en lo que buscaría convertirse en la versión argentina de «Los Alamos». Albañiles, soldadores, calderistas, electricistas,
mecánicos, técnicos electrónicos, especialistas en los más diversos oficios y decenas de profesionales en física, matemáticas, química e ingeniería, en el más absoluto secreto, comenzaron a dar forma a uno de los más
ambiciosos proyectos de militares y científicos argentinos. Otro de esos proyectos sería la planta de procesamiento de combustibles quemados para obtener plutonio en la Provincia de Buenos Aires.8 En Pilcaniyeu se fueron desarrollando paso a paso los galpones de almacén de materias primas y componentes, la planta de producción
electrolítica de flúor, las de tetra y hexafluoruro de uranio, la de cerámica para producir membranas filtrantes y la de producción de los tubos largos de esas membranas, la planta de ensamblado de tubos en las unidades de intercambio isotópico, los comedores, vestuarios y alojamiento, la usina, la planta de aceite (sustancia especial que
lubrica y sella los compresores del proceso) y obviamente la planta de enriquecimiento, incluyendo la primera etapa piloto de escala 1:1, llamada «Mock up», la segunda de producción, la A1, la planta de cascadas de difusión gaseosa. También se deben contabilizar las plantas piloto de esponja de Circonio y de Berilio y los talleres que en otras ciudades producían en secreto compresores, filtros, válvulas, etc. Así, en pleno desierto inhóspito y despoblado se desarrolló un verdadero pueblo, con una usina de generación de energía que podría alimentar eléctricamente a toda la ciudad de Bariloche. La construcción de la tercera etapa, la A2, estaba prevista para la década de los '90,pero ya con INVAP fuera del complejo y con CNEA a cargo del proyecto. Obviamente, este desarrollo que pasaba desapercibido para la sociedad argentina, fruto de la desinformación reinante, era
una de las actividades sospechadas y observadas desde el ámbito nuclear internacional. Más aún, estos desarrollos alimentaron la fuerte competencia que existía con los militares y el sector nuclear brasileño, quienes desarrollaban, casi en paralelo, programas similares. Esta «carrera» consumió enormes recursos económicos y científicos y, hasta hoy, el sector nuclear no ha hecho una debida autocrítica al respecto.9 Sorpresivamente, en noviembre de 1983, la palabra Pilcaniyeu saltó a las primeras planasde los diarios del país. A escasas semanas del fin de la dictadura y del comienzo del gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín, el que sería el último presidente militar de la CNEA, el vicealmirante Castro Madero anunció de manera triunfalista que la Argentina había logrado enriquecer Uranio
en la planta (secreta) de Pilcaniyeu.10 Los medios nacionales le dieron amplia cobertura al logro anunciado por la CNEA, pero sin que exista un análisis crítico de esa situación11. Es notable cómo los principales partidos políticos y los medios de comunicación le dieron apoyo a estos desarrollos, aún los más conflictivos, oscuros y militaristas
del programa nuclear. Sin embargo, ante la opinión pública, la situación era bien diferente. El fin de la Dictadura
Militar se produjo precipitadamente a partir de la derrota militar en la Guerra de Malvinas en junio de 1982. Se exacerbó entonces en la sociedad un profundo rechazo por ese gobierno y por las actividades militares
en general. El anuncio de Castro Madero, pocos días antes de que finalizara el gobierno militar, se asimila a una maniobra propagandística y de intento de blanqueo de una actividad que le había costado mucho dinero a la sociedad y que sufría ya serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y de «desapariciones» en el sector
que había comandado el almirante. También el sorprendente anuncio de Castro Madero servía para ocultar el accidente ocurrido dos meses antes en el reactor de investigación RA-2 del Centro Atómico Constituyentes (Buenos Aires) que había costado la vida de un técnico.12 El propósito declarado entonces de la planta
de Pilcaniyeu era producir uranio enriquecido al 20% para ser utilizado en reactores de investigación y combustible levemente enriquecido para reactores de potencia. De todos modos, la obtención de uranio enriquecido
para ser usado en armas nucleares (al 90%) era factible en una planta de ese tipo, estimándose una posible producción de suficiente material para construir un explosivo nuclear por año. Años más tarde Castro Madero reconoció que la Argentina habría podido construir una bomba atómica si lo hubiera querido.
(Raul Alfonsín)
Durante la última semana de noviembre, a pocos días del anuncio de Castro Madero, Argentina recibió la urgente visita del titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Hans Blix. El objetivo era interiorizarse
sobre la situación del programa nuclear argentino, el cual había sido seguido con recelo por el resto del mundo durante los años de la dictadura. Coincidentemente con la visita de Hans Blix y de la multiplicación de expresiones de orgullo y algarabía por parte de diversos sectores ultra-nacionalistas, el vicealmirante Castro Madero debió salir al cruce de diversas acusaciones que provenían de organismos de derechos humanos sobre desapariciones
de personas y persecuciones en el sector nuclear argentino.14 El titular del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Emilio Fermín Mignone, lo responsabilizó de acciones represivas y de desapariciones de por lo menos 12 científicos de ese organismo. Luego de haber mantenido reuniones con autoridades del sector nuclear, con las autoridades nacionales recientemente electas y poco antes de partir de la Argentina, el titular de la AIEA remarcó que «en estos momentos, las plantas de reprocesamiento y enriquecimiento de uranio no están sometidas
a regímenes de salvaguardia».15 Blix procuró convencer a los futuros funcionarios del Gobierno de Alfonsín, de blanquear el programa nuclear y colocar las instalaciones bajo los regímenes de inspecciones internacionales.
Al mismo tiempo Castro Madero confrontaba tales apreciaciones diciendo que la Argentina «no debe firmar el tratado de no proliferación».16 Luego de varios años de finalizado el gobierno militar y luego de una renovación de
autoridades tanto en INVAP y la CNEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) descubriría que el anuncio había sido una mentira: nunca la Argentina logró enriquecer uranio, a pesar de lo dicho y de lo
gastado. El anuncio de 1983 era parte de un juego militar- civil de desinformación y presiones. El engaño siguió durante varios años más, hasta 1991; se intervinieron aproximadamente 200 millones de dólares además de los 100 millones oficialmente reconocidos. Se supone que durante el gobierno militar ya se habían gastado no menos de 300 millones de dólares. En 1987 se buscó realizar las inversiones necesarias para concluir la planta con el objetivo
de fabricar unos 40 elementos combustibles enriquecidos al 20% para Argelia y otros 70 elementos para Irán. Más adelante se describirán esas operaciones. La historia del enriquecimiento de uranio es una muestra clara del procedimiento utilizado por la CNEA e INVAP durante la dictadura. Este programa secreto paralelo le representó
enormes costos económicos a la Argentina y una sombra de sospechas que cubrió al país por mucho tiempo en el plano internacional, debido a la firme presunción de la existencia de programas nucleares militares paralelos. Vale como muestra del secretismo utilizado por el INVAP las declaraciones que años más tarde realizó el Ing. Jorge Cosentino, prestigioso
científico de la CNEA: «Pensé que conocía la totalidad de los planes nucleares argentinos por mis 31 años en la CNEA. Sin embargo, en noviembre de 1983, supe, a través de la radio de un taxi, en Bariloche, que la Argentina había llegado al enriquecimiento de uranio, en un programa desarrollado en cinco años. Yo había sustituido interinamente algunas veces al vicealmirante Castro Madero (en la presidencia de la CNEA), más nunca supe nada. Un taxista, con su radio, es quien me contó el secreto».
(CNEA)


Paralelamente, mientras en el país se producía un proceso de destrucción y debilitamiento de todo el sistema universitario, con un éxodo masivo de científicos y técnicos, en 1978 se creó la Carrera de Ingeniería Nuclear en el Instituto de Física «Balseiro» en Bariloche, dotándolo de herramientas tales como un reactor de investigación y docencia de 500 kW, el RA-6, diseñado por INVAP. Este reactor fue inaugurado en 1982. De este modo se consolidaba, en el área de formación de cuadros profesionales, un proyecto de largo alcance que era único y desvinculado del resto del país. Al mismo tiempo, INVAP también se vería involucrado en el desarrollo de otro reactor con algunas características muy particulares, aunque repitiendo la metodología del secreto y el ocultamiento. El RA-7, RXI o RPI (Reactor de Potencia Intermedia), fue otro proyecto simultáneo (1980-1982) con el de enriquecimiento de uranio, que se efectuaba en un edificio del Centro Atómico Constituyentes. Se trató del diseño de un reactor de 100 MW de potencia
(Reactor de potencia intermedia)
térmica con el objeto público de desarrollar tecnología, pero cuyo objetivo real era la
producción de plutonio. Para este proyecto se llegó a comprar el agua pesada a China
clandestinamente.18 El teniente-coronel Hugo Durán ejercía entonces la jefatura del departamento de Reactores de la CNEA. Bajo su conducción se encaró el diseño y construcción de este reactor «plutonígeno», es decir, productor de plutonio. Los elementos combustibles irradiados en este reactor, ricos en plutonio, serían reprocesados luego en la planta secreta de reprocesamiento de Ezeiza,que CNEA estaba diseñando y construyendo bajo la supervisión del coronel Luis Arguello. Hay que recordar que los combustibles quemados de Atucha I estaban bajo un régimen de control establecido
con la empresa KWU (la rama nuclear de Siemens) de Alemania y no podrían ser legalmente
utilizados para producir plutonio en secreto. La planta de reprocesamiento jamás llegó a
funcionar, a pesar de los 300 millones de dólares gastados en ella. Las instalaciones
fueron finalmente reconvertidas19. El Plutonio que se produciría podía tener uso civil o
militar. Como pantalla en el Centro Atómico Constituyentes existía un grupo dentro del
Departamento de Combustibles dirigido por el capitán de Fragata Domingo Giorgetti, el
grupo OXIM, encargado de la búsqueda de uso civil para los óxidos mixtos de uranio y
plutonio que se iban a producir. La jefatura del Departamento de Reactores de la CNEA tenía una conducción formal de los trabajos de desarrollo de reactores; en la
práctica, los trabajos eran realizados por un numeroso grupo de profesionales de INVAP,
coordinados por el Lic. Juan José Gil Gerbino. El período de construcción proyectado para
el RA-7 era de 1982 a 1988. Luego de la derrota militar argentina en las Islas Malvinas (junio 1982), el Coronel Durán fue desplazado de su puesto y el propio Vicealmirante Castro Madero, presidente de la CNEA se hizo cargo de reorientar los proyectos de reactores, modificando el objetivo del RA-7. Ya no sería el RA-7 un actor «plutonígeno», sino un reactor compacto para un submarino propulsado por energía nuclear. Se reactualizaba así la intención, ya lanzada en 1970, por parte de la Armada Argentina para que la CNEA diseñara un reactor de propulsión naval20. El submarino sería construido en los Astilleros Domeq García. Mientras tanto en el edificio de Arribeños de la CNEA, sede del área de centrales nucleares dirigida por el capitán de Navío H. Leibovich, tenía su oficina el capitán de Fragata A. Terranova, encargado de la coordinación entre la CNEA y el astillero. El reactor del submarino fue otro proyecto muy costoso que emprendió INVAP a solicitud de la CNEA. El proyecto incluia el armado de cuatro submarinos adquiridos desarmados a Alemania. Estos cuatro submarinos formaban parte de un acuerdo multimillonario firmado en 1979 con la empresa alemana Thyseen Nordeseewerke. Los submarinos habían sido adquiridos por el almirante Massera y formaban parte del sueño de convertir a la Argentina en una potencia militar Los intentos para concluir este proyecto
continuaron aún durante el gobierno de Alfonsín. El fracaso de este plan fue absoluto. Según algunas fuentes, se gastaron más de 1.200 millones de dólares en ellos. Los submarinos, desarmados, fueron vendidos en 1996 como simple chatarra
(Almirante Massera)
LOS PRIMEROS AÑOS DE DEMOCRACIA Sin grandes cambios
El cambio de Gobierno a finales de 1983 trajo expectativas de cambio, pero lo cierto es que son muchas las iniciativas que la CNEA e INVAP venían desarrollando durante la dictadura que continuaron su curso durante los primeros años de la democracia. Se colocó en la Pre sidencia de la CNEA al Ing. Alberto Constantini, que, si bien fue el primer presidente civil de esa institución, contaba con antecedentes y métodos de conducción que lo emparentaban fuertemente con el antiguo régimen militar.22 Como ya fue mencionado, los esfuerzos destinados a desarrollar un reactor para impulsar un submarino nuclear continuaron su curso. En 1986 el titular de la Armada, vicealmirante Ramón Arosa, anunció que en unos dos años más la Argentina ya tendría su primer submarino nuclear.23 Durante 1988 los directivos de la CNEA se quejaron por la mala prensa que el programa nuclear argentino tenía a nivel internacional; lo cierto es que la continuidad del proyecto del reactor para un submarino de manera secreta, o no declarada, era una de los motivos de sospechas. Según Nucleonics Week en agosto de 1988 la presidencia de la CNEA rechazó los informes de prensa, tanto nacionales como extranjeros, que señalaban que la CNEA proyectaba un reactor para un submarino, diciendo que «ni un centavo» se estaba gastando en ese proyecto. Pero otro funcionario del gobierno, señaló que la CNEA había hablado «prematuramente » y que el gobierno todavía no había abandonado el proyecto. «Nucleonics Week supo que, luego de la guerra de Malvinas, la CNEA había hecho un estudio de factibilidad de un reactor de agua ligera para un submarino, los resultados son desconocidos ».24 Pero el progresivo debilitamiento del poder militar y su consiguiente declive presupuestario, así como también la disminución de los gigantescos presupuestos anuales con que contaba la CNEA, fueron erosionando los proyectos más conflictivos para ser desarrollados en un contexto democrático como era el caso del submarino nuclear.25 Así, el vicealmirante Castro Madero, que había logrado sobrevivir como asesor de la CNEA, comenzó a darle un nuevo giro al reactor compacto del submarino que desarrollaba con INVAP. Así nació el CAREM. En
1988 Castro Madero reconoció que había realizado, durante el gobierno militar, el
estudio de factibilidad para un reactor de un submarino que utilizaría uranio enriquecido
al 20% y que la decisión estaba entonces en manos del presidente Alfonsín. También
señaló que no existía mucha diferencia entre el reactor del submarino y el reactor
modular pequeño (25 MW) para producir electricidad que estaba entonces bajo su dirección: el CAREM.26 El «estudio de factibilidad» del motor para submarinos nucleares al que hace referencia Castro Madero costó unos 90 millones de dólares.27 La continuidad durante el gobierno de Alfonsín de proyectos tales como el reactor para un submarino a cargo de la CNEA e INVAP muestra claramente la falta de transparencia que tuvo la actividad nuclear, aún durante los primeros años de la democracia fruto de una práctica de secreto militar que siempre tiñó a ese sector y en particular, a áreas como INVAP. La situación siguió siendo tan poco clara que los laboratorios de Pilcaniyeu permanecieron cerrados a la mirada pública por mucho tiempo más. Se sospechaba que allí continuaban los trabajos vinculados a la puesta en marcha de la planta de enriquecimiento de uranio. Pero no se sabía acerca de los resultados concretos obtenidos. En octubre de 1984 se tienen nuevamente noticias desde Pilcaniyeu. Un accidente ocurrió en la Planta Industrial de la empresa INVAP. Había estallado un recipiente que contenía hexafluoruro de uranio. El accidente le costó la vida a Daniel Bonazzi, un técnico de INVAP. Otros tres operarios fueron internados sin graves consecuencias.28 La actividad de INVAP en Pilcaniyeu continuó
siendo un secreto para el propio sector nuclear. El Ing. Jorge Cosentino sinceró su
desconocimiento en 1986 sobre las actividades en Pilcaniyeu: «no sé exactamente.
Nunca estuve en Pilcaniyeu. No sé cual es la situación actual. Decidí no insistir más
con mis colegas. Se continúa guardando silencio».29 Uno de los principales pasos dados durante el gobierno de Alfonsín en la dirección de transparentar la política nuclear y desmilitarizarla fue iniciar el diálogo con Brasil. Las conversaciones entre Alfonsín y José Sarney derivaron en la negociación de un acuerdo bilateral que ayudaría a distender la relación y a evitar la continuidad en el drenaje de recursos económicos y científicos que ambos países invertían en la pequeña, pero costosa, carrera nuclear que sostenían, principalmente desde los ’70. Fruto de ese diálogo, ambos mandatarios fueron invitados a visitar sus respectivas instalaciones nucleares «secretas». Así, que en julio de 1987 Sarney visitó la Argentina y, junto a Alfonsín, recorrió «la planta secreta de energía atómica en Pilcaniyeu»30.Luego firmaron en Viedma (Río Negro) una serie de acuerdos, uno de ellos de cooperación y un sistema de vigilancia mutuaLa visita a la planta del INVAP se desarrolló bajo las características de una visita a un sitio secreto, donde no podían ingresar cámaras fotográficas y las medidas de seguridad eran extremas. Allí, el gerente de INVAP, Conrado Varotto les explicó a ambos presidentes sobre el método de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, ya corría el rumor entre algunos medios de prensa que todo era una gran mentira. Algunos medios ya se preguntaban si el secreto que se guardaba en Pilcaniyeu era «¿Un embarazoso bluff tal vez?».32 Pocos meses después, en Septiembre de 1987 Brasil anunció que había alcanzado la capacidad de enriquecer uranio por el método de ultracentrifugación gaseosa, un método más moderno y efectivo que el utilizado en Pilcaniyeu. El anuncio tuvo gran repercusión. La entonces presidenta de la
CNEA, Dra. Emma Perez Ferreyra, descartó «que el país haya decidido importar uranio
enriquecido de Brasil». Seguidamente admitió que podría existir un interés por parte
del país dependiendo de los precios que pidiese Brasil. Como se puede deducir de esas
declaraciones, la posibilidad de obtener uranio enriquecido en la Argentina era nula.
Llegó el «bondibala»
Otro de los anuncios «rutilantes» provenientes de INVAP y que sorprendieron a muchos
durante el año 1987 fue el desarrollo de un Sistema de Transporte Liviano (STL).
«Llegó el ‹Bondibala›» tituló Clarín el anuncio de INVAP, por «la inevitable comparación
con el tren bala japonés».34 El sistema comprendería un vehículo que correría por un pista elevada a unos dos metros del suelo que uniría la ciudad de Bariloche con los laboratorios de Pilcaniyeu. El vehículono tendría chofer, sería manejado por una computadora y su velocidad sería algo más de 150 km/h: «Liviano como una bailarina,
inteligente como un zorro, veloz como un galgo, silencioso como una sombra, seguro
como un tanque... y barato».35 La iniciativa nació de la necesidad de disminuir las horas que perdían los técnicos del INVAP viajando desde Bariloche a Pilcaniyeu, debido a lo dificultoso de los caminos y lo poco accesible del paraje. Lo que había sido buscado como una virtud en Pilcaniyeu, su inaccesibilidad, en los orígenes del INVAP, ahora se había tornado un problema. Así nació su nuevo proyecto, más propaganda que hechos reales: el «bondibala » nunca existió, hubo una inversión millonaria y aún hay restos del «prototipo» abandonados en Pilcaniyeu. La prensa adulaba la idea diciendo «que el sistema haya nacido en una cerebroteca de alta tecnología, ligado a lo nuclear, no es casualidad».

EL CAREM:
UN PROYECTO PARA SOBREVIVIR
La conducción del INVAP, a partir de la necesidad de reconvertir el proyecto del reactor compacto que había promovido Castro Madero, decidió desarrollar una alternativa
al mismo. Se generó así el Proyecto CAREM, que era (y es) el diseño de un reactor modular
de pequeña potencia eléctrica, «...útil para electrificar pequeñas poblaciones y ciudades aisladas», según fue presentado entonces. Los reactores nucleares comerciales suelen ser
de alrededor de 600 MW a 1000 MW de potencia efectiva, en cambio el CAREM sería de una potencia de 25 MW. El concepto del reactor CAREM fue presentado por primera vez en marzo de 1984 en Lima, Perú, durante una conferencia sobre reactores medianos y pequeños auspiciada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).37 La presentación del diseño CAREM apela a calificativos como «reactor innovativo» o «intrínsecamente seguro», denominaciones que refieren a un diseño de reactor que incluye iferencias en relación con los demás reactores en su funcionamiento y que, según sus propios diseñadores, tales diferencias implican una probabilidad de accidente diez veces menor a los diseños convencionales.38 El proyecto pertenecía a la CNEA, en tanto la ingeniería y las instalaciones experimentales fueron contratadas a INVAP. La CNEA tuvo a su cargo el diseño de los elementos combustibles. El CAREM se convirtió entonces en el principal proyecto de INVAP, sobreviviente de los desarrollos nacidos en la dictadura. El CAREM también fue una de las principales apuestas que hizo INVAP para subsistir en el nuevo contexto. Ya en el año 1987, el proyecto CAREM, a cargo de INVAP, era considerado un proyecto prioritario en términos de presupuesto por la CNEA.39 Este proyecto sería apoyado por la gobernación de la provincia de San Luis, a cargo del Dr. Adolfo Rodríguez Saa, quien manifestó su interés por instalar uno o dos de esos reactores en su provincia. Así, en 1988 esa provincia contrató al vicealmirante retirado Carlos Castro Madero para analizar la posibilidad de instalar dichos reactores. La racionalidad económica y eléctrica de ese proyecto es más que discutible, de hecho tampoco prosperó. Sin embargo Castro Madero aprovechó su idilio con San Luis para fustigar al gobierno Nacional por «destruir» el Plan Nuclear que había sido ideado por él y anunció que «San Luis contaría en 4 años con un reactor de baja potencia totalmente diseñado y construido
por técnicos argentinos nucleados en INVAP».40 La queja de Castro Madero tenía que ver con que el programa nuclear ya no contaba con los abultados presupuestos que solía tener durante el gobierno militar. Obviamente el reactor sería básicamente el mismo del submarino, compacto, de uranio enriquecido e «intrínsecamente seguro» (expresión que es el «caballito de batalla» con que INVAP procura justificar este nuevo reactor). Este reactor costaría unos 100 millones de dólares, pero además debían desarrollarse todavía
instalaciones complementarias previas a la construcción de su primer prototipo. Estas instalaciones eran imprescindibles para optimizar el diseño final. Las mismas fueron construidas años después en Pilcaniyeu (serán el RA-8 y el circuito experimental hidráulico). Durante esos años INVAP demandó de la CNEA permanentes recursos económicos para desarrollar el prototipo del CAREM, ya que el reactor debía ser instalado por primera
vez en algún sitio, puesto que sólo existía en el papel, y sólo así podría haber
alguna chance de ser comercializado. a posibilidad de instalarlo en San Luis seducía
a Castro Madero, porque permitiría financiar el prototipo y además actuaría «como
una vidriera para un mercado internacionalde los países en vías de desarrollo que puede ser muy importante».41 El CAREM era el reactor que se buscaba vender a países que no poseían energía nuclear. Al ser pequeño, suponían, generaría poca resistencia social y además INVAP especulaba con otro atractivo: venderlo con el servicio de tratamiento de los residuos nucleares en la Argentina. Así, INVAP comenzó una persistente búsqueda
de recursos económicos nacionales para concretar su prototipo y también una insistente actividad para ofertarlo a nivel internacional.

El proyecto de financiamiento había logrado una rápida aprobación por parte de la
Cámara de Diputados, sin oposición de ningún bloque y sin saberse exactamente de
qué se trataba ese proyecto. Otra vez la capacidad de convencimiento de INVAP sobre
legisladores lograba una decisión fuera de toda racionalidad presupuestaria.118
Vale señalar que el CAREM, en sus inicios, de la mano de Castro Madero y Varotto, era un
proyecto presentado básicamente como reactor para pequeñas localidades, para proyectos
de desalinización de agua y para generación en sitios aislados. Durante los '90, bajo la gerencia de Otheguy, el CAREM pasa a ser presentado como un reactor que inicie el proceso
de nuclearización de países en desarrollo. «El día que haya un prototipo en operación
se podrán exportar varios a diferentes países, ya que el proyecto despierta gran interés en todos los países que están considerando la opción nuclear para la generación de la potencia eléctrica que necesitan», escribió Tomás Buch, de INVAP, en un artículo cuyo objetivo era alentar la aprobación de los fondos para el CAREM. «Para un país novel puede ser una central nuclear ‹escuela›, un verdadero puente hacia la nucleoelectricidad›». El pedido era explícito en el párrafo final del artículo: «La financiación de este proyecto no lo hará nadie salvo el Estado nacional; ese financiamiento está en este momento en el
Congreso Nacional, en la forma de un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción
de la Cámara de Diputados, donde fue apoyado por todos los bloques».119 El reclamo presupuestario para el CAREM motivó diferencias de opinión dentro del sector nuclear y científico. La tensión entre las prioridades de INVAP y de la CNEA es señalado
en un documento de la Asociación Física Argentina (AFA) en 1998 en el que señalan
que en muchos casos, se han canalizado fondos para proyectos multimillonarios a
empresas externas a la CNEA, como es el caso del reactor CAREM, cuyo financiamiento por
parte de la CNEA había sido ya suspendido.120 En 1999 el Senado de la Nación actualizó las
fechas del proyecto de financiamiento del CAREM para que el endeudamiento opere a
partir del presupuesto de 1999, y fue aprobado. En Diputados se aceptó esta modificación
y fue aprobada la Ley Nacional 25.160

que establece el siguiente cronograma de financiamiento para el CAREM:121 A pesar de este logro, INVAP no tenía resuelto sus problemas presupuestarios, los tiempos involucrados en la búsqueda de financiamiento para ese proyecto no le era demasiado útil dada la crisis que vivía. Es así que se realizó un movimiento desesper ado para incluir, al menos los 7 millones iniciales, en el presupuesto del año 2000 que comenzaba
a discutirse entonces en el Parlamento. La Argentina ya vivía una de sus peores crisis
económicas con un componente de endeudamiento externo enorme. La discusión
del presupuesto 2000 obligó al Congreso Nacional a plantear recortes presupuestarios
a diversas áreas: salud, previsión social, educación, ciencia, etc. Sin embargo, no sólo
se había aprobado dos meses atrás el posible endeudamiento para el CAREM, sino
que también un grupo de legisladores, básicamente del justicialismo, habían colocado
el CAREM en el presupuesto 2000.122 En el Proyecto de Presupuesto para el año
2000 figura que entre «las principales políticas presupuestarias previstas para el ejercicio financiero del año 2000» de la CNEA incluía el «encarar el proyecto Reactor Argentino Modular Innovativo de Baja Potencia (CAREM) a efectos de poder responder a las
necesidades y requerimientos de los países en vías de desarrollo».
Específicamente se intentó aprobar un artículo que decía: «Autorízase la contratación por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, según planilla anexa al presente artículo, del PROYECTO CAREM patentado por CNEA e INVAP S.E., que implica el desarrollo y la construcción de un prototipo de reactor innovador de baja potencia para la producción de energía eléctrica aprobado por Ley 24.805.123 La propuesta era claramente una irracionalidad desde el punto de vista ambiental, nergético y económico. Las organizaciones ambientalistas de todo el país redoblaron su esfuerzo y reclamaron se elimine ese artículo del Presupuesto y se impida seguir «gastando dinero público en reactores atómicos».124 La apelación ambientalista no estaría sola. Una carta abierta firmada por miembros de la Comunidad científica y tecnológica reclamaba una discusión abierta sobre la asignación de fondos en Ciencia y Tecnología y que se posponga toda decisión respecto del CAREM.125 El debate presupuestario se realizó en la Cámara
de Diputados el 16 de diciembre y finalmente el polémico Artículo fue eliminado.
Un duro debate entre los legisladores, en donde las consideraciones ambientalistas
y de los científicos fueron tenidas en cuenta, esfumó las apetencias presupuestarias de
INVAP. De todos modos, quedó una cláusula que permitiría a la jefatura de Gabinete a
estudiar el tema y, eventualmente, liberar algunos fondos. Para algunos se trató de un
«empate».126 Una inédita coalición de ambientalistas y miembros del sector científico lograron exitosamente cuestionar la asignación presupuestaria al CAREM. Fue ésta una de las primeras ocasiones en que, de manera conjunta, organizaciones sociales y miembros del sector científico desafiaban la visión dominante que existe en la clase política argentina
según la cual toda inversión en la actividad nuclear es sinónimo de progreso científico y
tecnológico. Una visión hegemónica totalmente equivocada que ha conducido a muchos
de los fracasos y errores en la historia nuclear argentina. Pocos días después, ya habiendo sido removido de su cargo, el ex-secretario de Ciencia y Tecnología durante la gestión de Menem desde 1996, el Lic. Juan Carlos del Bello dijo: Invertir 135 millones en un reactor CAREM es un disparate».
Las argumentaciones para burlar la Constitución

Las argumentaciones dadas por INVAP y quienes han defendido esta operación para
eludir la prohibición constitucional han sido básicamente dos: a) Lo que ingresará es combustible gastado y no residuos radiactivos: Esta argumentación es incompatible con la propia literatura de divulgación de la CNEA en la que se considera al combustible nuclear gastado como residuo de alta actividad. Es además incompatible con las definiciones que se aplican en la Argentina, básicamente a través de la Ley 25.018 (de
residuos radiactivos) según la cual los combustibles gastados en la Argentina son residuos
radiactivos. Además, se suele aludir a la Convención sobre Residuos Nucleares y combustibles Gastados155, sin embargo esa convención distingue ambos elementos en tanto
exista la posibilidad del reprocesamiento (obtención de plutonio), caso que no es el planteado por INVAP. Aún así, esa convención define como desechos radiactivos a los materiales que no tengan usos ulteriores y sean controlados como tal según el marco legislativo y regulatorio del país, es decir, la Ley 25.018.156 b) La Constitución prohíbe el ingreso permanente, no el transitorio: esta argumentación no tiene fundamento. La constitución no hace ningún distingo entre ambos casos. Se trata de una caprichosa interpretación que ha sido instalada por los tres constitucionalistas que colaboraron en el armado de esta operación de respaldo al contrato de INVAP
(Residuos Nucleares)
El Acuerdo en el Congreso Nacional

Para que el Acuerdo adquiera validez debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Esta operación se fue gestando lentamente y en silencio de manera de poder dar un golpe rápido,
silencioso y sin despertar a la opinión pública. Es así que en el Senado de la Nación, en un trámite que sorprendió por su rapidez, el Acuerdo fue aprobado sobre tablas. Sin pasar por ninguna comisión, sin mayor debate en el recinto, el Senado le dio media sanción
al polémico Acuerdo Nuclear con Australia. El Senador Menem en su defensa de la aprobación
del Acuerdo, advirtió que «seguramente algunas entidades defensoras del ecosistema o las entidades defensoras de la ecología harán objeciones en este sentido. Pero nos anticipamos, diciendo que de ningún modo se viola la Constitución por cuanto no se
trata del caso específico que menciona el artículo 41 de nuestra Carta Magna».158
El Gobierno Nacional había enviado al Senado el Acuerdo el día 29 de octubre, en la sesión
inmediata posterior, el día 7 de noviembre, es aprobado. Pocas leyes tuvieron semejante
tratamiento preferencial y urgente. Según algunos medios de prensa, los legisladores
clave en esta operación fueron el Senador Eduardo Menem (PJ), que presidía la
Comisión de Relaciones Exteriores, y el Senador Luis León (UCR).159 Pocos días después, se hizo pública la aprobación del Acuerdo a raíz de la denuncia de las ONGs y el tema ganó nuevamente estado

público. Otra vez se había avanzado a espaldas de la gente y en secreto.160 Se generó así, un nuevo escándalo de proporciones, sólo opacado por la profunda crisis económica, social y política que vivía en ese momento el país.161 A pesar de eso, se intentó completar la maniobra en Diputados. Allí, se puede verificar el activo «lobby»
de diputados como Marcelo Stubrin (UCR), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, el diputado Fernández Valoni, de Acción por la República, y del diputado Miguel Pichetto (PJ) de Río Negro. Luego de sucesivos intentos, el acuerdo llegó
al recinto el día 29 de noviembre. Un fuerte debate en el que se destacó la oposición del
bloque del ARI y de diversos legisladores de las otras bancadas, se adopta la decisión de
enviar el Acuerdo a las Comisiones.162 La fuerte oposición de una amplia coalición
de ONGs a nivel nacional, acompañado por una opinión pública contraria al acuerdo,
tuvo su eco en un grupo significativo de legisladores que bloquearon un Acuerdo que
expone al país a un enorme riesgo y que habilitaría que la Argentina se convierta en
un país de procesamiento de basura nuclear internacional
Más mentiras en torno a la basura nuclear

Otro de los aspectos conflictivos en relación a procesamiento de la basura nuclear del reactor de Lucas Heights es que INVAP ha sostenido en Australia que dicho procesamiento
se realizará en el Centro Atómico de Ezeiza.164 El Centro Atómico Ezeiza, a sólo 20 km. del centro de la ciudad de Buenos Aires, no posee en la actualidad instalaciones destinadas al «acondicionamiento» de combustibles nucleares gastados. Las instalaciones de Ezeiza pertenecen a la CNEA; y en el caso que en el futuro la CNEA quisiera iniciar ese tipo de procesamiento de combustible, tal iniciativa deberá estar incluida en el «Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos» que la CNEA debe presentar al Congreso Nacional, según lo dispone la Ley 25.018.165 Además, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley 24.804) establece que toda nueva instalación nuclear relevante debe contar con el licenciamiento de la ARN y además la aprobación del Estado Provincial, en este caso la Provincia de Buenos Aires. Son calificadas como instalaciones relevantes aquellas que poseen un cierto nivel de riesgo radiológico asociado.166 En relación a la Provincia de Buenos Aires existe otro problema grave. La Constitución provincial dice que el Gobierno debe «prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radioactivos».

Esto hace que la aprobación de la instalación pretendida por INVAP sea otra fuente
de polémicas y controversias. También se debe sumar que el uso del puerto de Buenos
Aires también está vedado dada la prohibición constitucional existente en la ciudad
de Buenos Aires.168 Estos elementos muestran que cuando el Lic. Héctor Otheguy explicó en Australia, en la investigación del Senado de ese país, que el combustible se trataría en Ezeiza, comprometió a la Argentina en una decisión que le corresponde a la CNEA, al Congreso Nacional y a la Provincia de Buenos Aires, pero de ningún modo a INVAP. Un ejemplo más en el que INVAP aparece operando con la política del hecho consumado y, seguramente, especulando con una futura maniobra de presiones en las sombras.
CONCLUSIONES
La historia de INVAP está plagada de capítulos oscuros. Sus vínculos iniciales con la dictadura militar ha teñido su accionar y se ha destacado por su falta de escrúpulos. INVAP es una empresa tecnócrata que poco le ha importado a quién ha beneficiado o a quien le ha servido su trabajo. Nadie puede decir a ciencia cierta cuánto ha contribuido
el INVAP a la proliferación de tecnologías nucleares militares. Pero sin duda su accionar ha sido fuente de conflictos, temores y sospechas. Con la llegada de la democracia INVAP no ha mostrado un cambio de conducta significativa. Su política de hechos consumados ha
sido práctica corriente y ha confiado en sus fuertes vínculos políticos para subsanar las
controversias que ha generado. INVAP considera que impulsar la tecnología nuclear justifica cualquier negocio. Sus vínculos comerciales con países claramente
conflictivos lo demuestran. Su compromiso asumido en Australia, también. En relación a la actual polémica en torno al Acuerdo Nuclear con Australia, el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación deben tomar debida cuenta de las enormes irregularidades que se cometieron en este proceso vinculado al contrato entre INVAP y ANSTO. El Gobierno Nacional debe considerar que cualquier acto que tenga por resultado la violación
de las prohibiciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional no sólo
será un grave error institucional, sino que además, será altamente resistido por la sociedad y muy difícilmente logre su propósito. La introducción de los combustibles gastados de Australia al territorio nacional pondrá en contradicción no sólo la validez del artículo 41 de la Constitución Nacional. También debilitará la Constitución de Buenos Aires y las leyes nacionales que regulan la actividad nuclear. En definitiva significará contrariar la lógica sobre la cual fueron diseñadas estas normas durante los últimos años.
Los combustibles quemados o gastados son residuos radiactivos para la legislación Argentina. La Convención sobre Combustibles Gastados y Residuos Nucleares reconoce las
definiciones aplicadas por las partes. El único motivo por el que INVAP asumió el compromiso de procesar ese residuo en la Argentina, es político-comercial, tratando de sentar un precedente, para luego repetir la oferta de reactores nucleares experimentales o el CAREM con otros países, ya con el «valor agregado de procesamiento de residuos radiactivos, o sea la venta de «kilovatios limpios». El procesamiento de elementos combustibles gastados, ya sea con o sin recuperación de elementos como el plutonio, es una delicada actividad química, de compleja tecnología y generadora de residuos radiactivos de muy alta actividad. La Argentina, en este caso la CNEA, no tiene
las instalaciones para procesar combustibles quemados. Instalar esa capacidad requeriría
de fondos que el contrato con ANSTO no pagará: por lo tanto se estará pagando con
el bolsillo de los argentinos la planta de procesamiento de basura australiana. Según lo han señalado las propias autoridades de INVAP, el sitio donde se instalaría la planta «procesadora» de combustible nuclear sería el Centro Atómico Ezeiza (CAE)177. Esto implica que Ezeiza tendrá una planta de procesamiento de combustible nuclear internacional, donde no sólo llegarán los residuos de Australia, sino de muchos otros países. Este es el proyecto que INVAP ha venido impulsando desde hace años. Ahora, mediante el Acuerdo con Australia, el Estado Argentino desactivará» la prohibición constitucional que impide ese negocio y quedará así abierta la puerta para que INVAP venda sus «kilovatios limpios» y ofrezca el servicio de procesado de basura nuclear a nivel internacional. A los riesgos ambientales y para la salud que implica este proyecto, hay que agregar el riesgo que significa una instalación de esta naturaleza en materia de terrorismo y posibles actos de sabotaje. Las plantas de reproceamiento de combustible nuclear de Cogema (Francia) o Sellafiled (Gran Bretaña) son las instalaciones que la industria nuclear ha estado observando con mayor preocupación después de los atentados en
New York del 11 de septiembre de 2001. Estas plantas no sólo son susceptibles a este
tipo de ataques por su peligrosidad radiológica: también son una atracción para intentar
obtener sustancias de uso militar. En ellas se almacenan residuos que poseen elementos,
como el plutonio, que son factibles de ser utilizados en armamento nuclear. Esto hace
que estas plantas sean un blanco potencial para atentados o intentos de sustracción de
material sensible. Es importante recordar que Australia ha sido ya blanco de amenazas terroristas a sus instalaciones nucleares. El reactor australiano HIFAR (Lucas Heights), el que sería reemplazado por el reactor de INVAP, estuvo bajo menaza de acciones terroristas en el año 2000, poco antes de la realización de las Olimpíadas de Sidney.178
El Acuerdo nuclear con Australia tiene implicancias negativas de enorme magnitud
para el orden jurídico, el medio ambiente y la seguridad en la Argentina. La Cámara de
Diputados de la Nación tiene en sus manos el poder de evitar estos riesgos y hacer
cumplir las leyes vigentes en Argentina.


Gracias Greenpeace Argentina por la Info