FARC - 600 Presos rehusan canje, no más Farc

Un grupo de unos 600 disidentes de la guerrilla colombiana FARC, en su mayoría mandos medios, agrupados hace apenas seis meses en el movimiento Manos por la Paz, aseguran no poder permitir «que se sigan presentando atrocidades y encadenando personas» y se niegan a ser canjeados y volver a la selva.


En el penal La Picota de Bogotá, Raúl Agudelo, quien pasó 17 años en las FARC, explica que «con el "intercambio humanitario" el secretariado de las FARC ha degradado la concepción revolucionaria, no podemos permitir que a la luz de una causa social se presenten vejámenes y atrocidades. Las FARC se convirtieron en unos verdaderos verdugos del pueblo».


Agudelo es un convencido de la necesidad de cambios estructurales en el país y no olvida las ideas comunistas que aprendió de adolescente. Sin embargo, ni él ni sus compañeros creen ya en la lucha armada. «No estamos en contra del intercambio humanitario, pero no estamos de acuerdo con que esa gente siga sufriendo para que nosotros salgamos de acá», aclara Luis Carlos Chaparro, quien perteneció 13 años a las FARC.




Ambos están condenados a 40 años por secuestro, terrorismo y rebelión, Raúl incluso por homicidio, pero dicen no ansiar una libertad próxima si para ello tienen que volver a la guerrilla. A pesar de que la condición principal del presidente Uribe para excarcelar rebeldes es que no vuelvan a delinquir, saben que el grupo se las ingeniará para obligarlos a retornar.

«Le pedí perdón a la familia»

Todos dicen sentir vergüenza al ver imágenes de los rehenes, en especial Wilson Erlides, quien participó en el 2001 en el secuestro del ex gobernador Alan Jara, aún cautivo: «Le pedí perdón a la familia y al mundo porque de corazón uno se siente mal al ver las condiciones en que están».





Los disidentes pretenden acogerse a la Ley de Justicia y Paz creada para juzgar a los paramilitares desmovilizados y que contempla penas de entre cinco y ocho años para crímenes atroces. El problema de estos ex guerrilleros es que no se desmovilizaron antes de ser capturados. «Una sentencia reciente del Tribunal Supremo asegura que es posible la desmovilización individual de privados de la libertad», explicó a La Voz Carlos Holguín, ministro del Interior.


En este momento, hay 2.370 personas en las cárceles condenadas o acusadas de pertenencia a grupos insurgentes. De ellas, según los disidentes, un 30% serían mandos medios que al desvincularse de un acuerdo humanitario tirarían por tierra las ambiciones de las FARC. Para Luis Carlos Chaparro, la solución es sencilla: «No queremos volver al monte, queremos que se nos dé una oportunidad de salir de las cárceles y reinsertarnos en la sociedad».



FUENTE