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Este es parte de un trabajo recopilatorio presentado en la facultad, hecho por mi y varios compañeros...
El Ultimátum
En Navidad de 1975, el General Videla dicta un discurso en Tucumán en el que reclamaba contradicciones al gobierno dándole un plazo de 3 meses, justo el tiempo que paso hasta el golpe. Durante los primeros meses de 1973 la Presidenta Maria Estela Martínez de Perón, y su entorno hicieron los últimos intentos para evitar su caída.
Propusieron un gabinete cívico-militar, el ingreso de los militares al gobierno, y se adelantaron las elecciones presidenciales para Octubre, de ese mismo año. En el Parlamento se pidió el juicio político a Martínez, pero este no prospero.
Para la mayoría se hacia difícil decir que el gobierno de Martínez era democrático: había censura, presos políticos, torturas, desaparecidos; aunque perduraba el Parlamento, alguna prensa independiente y la posibilidad de cambiar las cosas en las elecciones de Octubre. Aunque no fue suficiente.
24 De Marzo de 1976: El Comienzo de la "Reorganización"
El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las tres armas y dirigida por Jorge Rafael Videla destituyó al gobierno de María E. Martínez y asumió el gobierno iniciando lo que llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Esta nueva intervención militar fue diferente de las anteriores, el gobierno fue ejercido directamente por las Fuerzas Armadas. El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad Argentina. Lo que para la Junta Militar estaba en juego era la existencia misma de una Nación. Para resolver esta crisis había que "reorganizar" la sociedad, en un "proceso" que no tenía "plazos" sino "objetivos". Se lanzó a una campaña contra los militantes políticos y sociales, haciendo uso de un accionar mucho peor que aquel que decían estar combatiendo.
El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:
Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
El comunicado Nº 19 estableció:
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.
Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):
Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte... Art.5 ....el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de 2 a 4 precedentes.... Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables...que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.
El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21.275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).
La Junta Militar dictó leyes y órdenes discrecionales, entre ellas disponiendo detenciones o cesantías masivas, en las que no se consideraba la razón de los actos (Leyes 21.258, 21.260, 21.262, 21.274, etc). La ley 21.260 dictada el mismo 24 de marzo de 1976, por ejemplo, establecía:
Art. 1 "Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Congreso Nacional, organismos descentralizados de cualquier carácter, autónomos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. ...Estarán comprendidos en la presente disposición , aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades.
Esta "reorganización" tuvo características definidas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder.
El poder político fue reemplazado por el poder militar: la presidente fue detenida; se declararon nulos los gobiernos provinciales y municipales, cesó el Poder Legislativo, se removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se suspendieron las actividades políticas y gremiales en todo el país.
El proceso apoyó su accionar institucional en torno a tres instrumentos legales:
1) El Acta para el Proceso de Reorganización Nacional;
2) El Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y
3) El Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar.
A través de los dos primeros, se firmó el carácter revolucionario el movimiento militar en tanto que por el tercero se reservaba la Junta Militar plenos poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Constitución Nacional quedó subordinada a los ya nombrados instrumentos legales.
En la proclama que dio inicio al Proceso, la Junta Militar alegó que estaban "agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional" y superada " la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones". Denunció la existencia de un "vacío de poder" y la necesidad de derrotar a la subversión.
El gobierno tenía ante sí la actividad de la guerrilla a la que muy pronto se le opondría una actividad simétrica de grupos militares y paramilitares que no siempre respondían al control presidencial. La llamada "cultura de la violencia" se había establecido en el país gestándose una especie de guerra civil larvada que dejó hondas y dolorosas huellas.
Operación Cóndor
La Guerra Sucia en Argentina fue parte de una operación continental. La Operación Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental.
La Operación Cóndor ha podido ser descubierta básicamente a partir de los documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en época del presidente Bill Clinton.
Fue concebida y diseñada por el entonces Coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el Coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al Coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".
Entre decenas de secuestros y atentados contra opositores, la Operación Cóndor concretó acciones de gran resonancia pública como:
• el asesinato del Ex-Comandante en jefe del Ejército de Chile general Carlos Prats en Buenos Aires
• el asesinato del ex presidente de Bolivia Juan José Torres en Buenos Aires
• el asesinato del senador uruguayo Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, también uruguayo, en Buenos Aires en 1974
• el asesinato del ex ministro de relaciones exteriores del gobierno chileno de Salvador Allende, Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt en Washington DC en 1976
• el atentado contra el ex Ministro del Interior del gobierno del presidente chileno Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton en Roma en 1975
• la colaboración Argentina en el golpe de García Meza en Bolivia en 1980.
El gobierno de Estados Unidos participó activamente de la Operación Cóndor. El 22 de agosto de 1978 el servicio de inteligencia estadounidense envió a sus principales embajadas en Sudamérica la siguiente advertencia:
La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión. Los miembros originales incluían a los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, mientras que Perú y Ecuador se integraron recientemente.
Orgánicamente, la Operación Cóndor comenzó a ser desmontada cuando cayó la dictadura Argentina en 1983. Sin embargo, los contactos y los asesinatos coordinados continuaron. En abril de 1991, se puso en marcha la Operación Silencio para impedir el enjuiciamiento de los responsables.
El 31 de mayo de 2001, mientras Henry Kissinger se encontraba en París, fue notificado por el juez Roger Le Loire que debía presentarse a declarar sobre su participación en la Operación Cóndor, lo que provocó la inmediata salida del ex secretario norteamericano, de Francia. Pocos meses después, Kissinger debió cancelar una visita a Brasil, porque el gobierno no podía garantizarle inmunidad judicial .
El 22 de diciembre de 1992, se descubrió en una estación de policía de Lambaré, Asunción (Paraguay), los llamados archivos del terror, expedientes en los que existen constancias documentales sobre el terrorismo de estado en el Cono Sur. Según los archivos descubiertos en Lambaré (Asunción) en 1992, el plan Cóndor causó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. .
En febrero de 2004, el periodista estadounidense John Dinges, publicó Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur , donde entre otras cosas revela que los militares uruguayos intentaron asesinar al diputado estadounidense Edward Koch en 1976.
Operación Charly: la exportación del método argentino a Centroamérica
A partir de 1979 el régimen militar argentino se comprometió activamente en desarrollar la guerra sucia en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y exportando la experiencia Argentina.
Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado indefenso al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel .
El Operativo en Centroamérica fue ejecutado a partir del grupo de militares que ya actuaban en la Operación Cóndor. La periodista norteamericana Martha Honey sostiene en su libro sobre la política norteamericana en Centroamérica que:
Habiendo perfeccionado brutalmente las técnicas de control social en su país, las fuerzas armadas Argentinas estaban listas hacia 1980 para exportar estas habilidades para ayudar a vencer la insurgencia comunista en El Salvador y Guatemala y detener a los sandinistas en Nicaragua" .
En 1979, se produjo el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y ese mismo año el presidente de la Junta Militar Argentina, el general Viola, expuso ante la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Bogotá, un plan de latinoamericanización del modelo terrorista estatal.
Pero será fundamentalmente el general Galtieri quien, en consonancia con el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, llevaría a la Argentina a comprometerse plenamente en la Guerra Sucia Centroamericana, bajo los lineamientos estratégicos norteamericanos. Galtieri presentaba como un valor su capacidad para llevar la guerra sucia hasta las últimas consecuencias tanto militar, como política y culturalmente.
Pocos días antes de asumir como presidente de la Junta Militar, Galtieri expuso en un corto discurso pronunciado en Miami, la decisión del gobierno militar argentino de constituirse en un aliado incondicional de Estados Unidos en la lucha mundial contra el comunismo:
La Argentina y los EE.UU. marcharán juntas en la guerra ideológica que está comenzando en el mundo"
A principios de 1982 Estados Unidos y la dictadura Argentina planearon la creación de un gran ejército latinoamericano, que sería liderado por un militar argentino, con el objetivo de invadir Nicaragua y aniquilar a los sandinistas. Paradójicamente, la invasión de las Malvinas decidida por el propio Galtieri puso fin a la intervención Argentina en Centroamérica, pero la Guerra Sucia en la región continuó hasta bien entrados los años '90 con un saldo de cientos de miles de desaparecidos.
La Iglesia Católica
La Iglesia Católica Argentina brindó un importante apoyo al gobierno militar y a la preparación del golpe de estado, y en algunos casos religiosos participaron directamente en los crímenes de lesa humanidad.
En 2002 la Iglesia Católica pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983.
Sin embargo hasta 2006 la Iglesia Católica Argentina se ha negado a abrir sus archivos, entre los que se encuentran los informes de los capellanes militares que podrían brindar información sobre las personas desaparecidas.
La Represión Durante La Dictadura Militar
La represión ilegal que tuvo su punto culminante entre 1976 y 1978 fue uno de los caracteres básicos del gobierno militar. La población vivió en un clima de miedo y censura como consecuencia de la represión.
La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. El ordenamiento institucional y jurídico del gobierno del Proceso se caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar no cumplió con las leyes que el mismo había dictado.
La represión cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los altos niveles de decisión política y militar, fue clandestina. Sus destinatarios fueron los guerrilleros, sectores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
Las formas de represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos, la tortura y la ejecución. La Junta Militar impuso la pena de muerte pero la aplicó fuera de la ley. A causa de ella surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas que fue alrededor de 30000. Entre los centros de detención se hace "famoso" el conocido como "LA ESCUELITA", que funcionó bajo la jurisdicción del Comando del Vto. Cuerpo de Ejército.
El centro "La Escuelita", considerado de enorme importancia por el número de detenidos y la trascendencia personal de alguno de ellos (legisladores, funcionarios, etc.) habría funcionado en terrenos de la parte posterior del Comando, en un lugar donde anteriormente funcionó un tambo y próximo al ClCOFE (Centro Fijo de Comunicaciones e Informaciones del Ejército) y al cual se accedía desde el llamado "Camino de la Carrindanga" (ruta a la localidad de Cabildo). -
La crueldad de los represores a cargo del centro fue uno de los aspectos que lo caracterizó, ya que los detenidos que luego fueron puestos en libertad, dan testimonio de las más aberrantes e inhumanas torturas físicas y psicológicas.
El modus operandi de las fuerzas represivas se caracterizó por el secuestro nocturno, en automóviles, generalmente no oficiales, donde eran introducidos encapuchados y maniatados los individuos secuestrados. Se los trasladaba en el piso del rodado, constantemente golpeados para que se desorientaran del lugar donde eran llevados. Se movían en grupos fuertemente armados, en varios vehículos, aunque generalmente era solo uno el que se detenía frente al domicilio a requisar, contando con el apoyo a distancia de los restantes.
En algunos casos los allanamientos, en su mayoría violentos, consistían en secuestro de familias enteras, y en otros de las personas "buscadas" en la situación que se encontraban, también llevado cualquier otro "sospechoso" que en ese momento habitara la vivienda.
Otra de las características que rodeaban los operativos era el robo y el desmantelamiento de las viviendas de los detenidos. Esta actitud es la que se llego a catalogar, en el decir popular, como que constituía el "botín de guerra" de los que "arriesgaban su vida" en los operativos.
Al mismo tiempo que se venían realizando estas acciones, también se efectuaban los operativos considerados 'legales" en los que intervenía personal del Ejército, Marina o Policía, con abundante despliegue bélico y la participación de vehículos militares. En varios de estos procedimientos, realizados aún a pleno día y ante numerosos testigos presenciales, fueron detenidas personas que hoy figuran como desaparecidas.
Todos estos grupos mencionados actuaron con la más absoluta impunidad, careciendo la población de confianza en la justicia que veía dificultada su accionar.
Según el Presidente Carlos Menem, los registros de las atrocidades fueron destruidos por los militares tras la guerra de Malvinas en 1982. Los desaparecidos no han sido oídos hasta hoy.
Existe un debate distorsionado por fuertes argumentos ideológicos sobre la cantidad de desaparecidos entre 1976 y 1983.
En la cultura popular se ha establecido el número de 30.000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas.
La Secretaría de Derechos Humanos, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registrados 13.000 desaparecidos . La CONADEP registró 9.089 casos de desapariciones forzadas.
Existen abundantes evidencias de que el gobierno militar llevaba detallados registros de los detenidos-desaparecidos y la suerte que corrieron, pero no han podido ser hallados. El documento más importante encontrado hasta 2006 sobre los registros clandestinos y la cantidad de desaparecidos y asesinados durante el régimen militar es un informe del agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel, cuyo nombre clave era Luis Felipe Alemparte Díaz , que fue hallado por John Dinges en 2002 entre más de 1500 hojas que le habían sido confiscadas por los jueces federales argentinos en 1978 y que permanecieron guardadas entre los archivos del tribunal desde entonces. Al final de su informe, realizado en julio de 1978, se informa que el ejército argentino tenía computados hasta ese momento 22.000 muertos y desaparecidos. El documento dice textualmente:
Adjunto lista de todos los muertos durante el año 1975. La lista va clasificada solamente por mes. Es decir, en estas listas van tanto los muertos "oficialistas" como los "no oficialistas". Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, sito en Callao y Viamonte de esta Capital, que depende de la Jefatura II Inteligencia Ejército del Comando General del Ejército y del Estado Mayor del Ejército. Estas listas corresponden al Anexo 74888,75/A1.E.A. y el Anexo 74889,75/id Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar, casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados "por izquierda" por las fuerzas de seguridad. Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. En próximos envíos seguiré ampliando las listas.
La influencia del Decreto de Noche y Niebla de Hitler
El sistema de desaparición de personas fue racionalizado por primera vez por el nazismo, a partir del Decreto Noche y Niebla de Hitler, del 7 de diciembre de 1941, cuyo texto fue reconstruido por el Tribunal de Nuremberg. Los ideólogos del nazismo sostenían que el Decreto daba inicio a una "innovación básica" en la organización del Estado: el sistema de desapariciones forzadas.
La orden básica del Decreto de Noche y Niebla de Hitler era:
Los actos de resistencia de la población civil en los países ocupados sólo se castigaran por una corte marcial, cuando: a) había certeza de que se aplicara la pena de muerte y, b) cuando la sentencia se pronunciase dentro de los ocho días posteriores al arresto.
Según palabras textuales de Hitler, el resto de los opositores debían ser detenidos durante "la noche y la niebla" y llevados clandestinamente a Alemania sin dar otra información que el hecho de su detención .
Entre los fundamentos del Decreto se explica que:
El efecto de disuasión dé estas medidas... radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y, b) que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino.
El texto reconstruido precisa que:
Una intimidación efectiva y duradera solo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo” y "por la misma razón, la entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen, no es aconsejable, porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones... A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada.
Las técnicas nazis de terrorismo de Estado, procesadas a través de la doctrina de la contrainsurgencia fueron aprendidas por los militares argentinos en primer lugar a través de la escuela francesa que estaba instalada como cuerpo docente permanente del la Escuela Superior de Guerra de Argentina, desde fines de la década de 1950 y luego de la Escuela de las Américas.
Centros clandestinos de detención (CCD)
Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).
Las Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos:
• Lugar de Reunión de Detenidos (LRD): tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos.
• Lugar Transitorio (LT): tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos-desaparecidos.
Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento la Escuelita en Faimallá (Tucumán) y el Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato (UOM) en mayo de ese año .
En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado .
Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y el Vesubio en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y la Perla en Córdoba.
A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.
Los Grupos de Tarea (GT) estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos-desparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Allí eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:
• el asesinato del detenido-desaparecido o detenida-desaparecida . En todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse al asesinato del detenido-desaparecido: "el traslado". Los métodos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, etc.
• el blanqueo. Se legalizaba al detenido-desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo. A partir de 1980, de esta situación, podía derivar la deportación y el exilio, haciendo uso de la opción a salir del país que establece la Constitución (art. 23), o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión.
• la continuidad como detenido-desaparecido, por razones variadas (utilización como esclavos, colaboradores, rehenes, etc.).
Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.
También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.
Tortura sistemática
"«Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría contestado: Sí, los tres meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy les puedo decir que pronto cumplo siete años de tortura» (Miguel D'Agostino - Legajo N° 3901)". (Informe Nunca Más 1984,26).
La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe "Nunca Más" en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) no pudieron evitar sobrecogerse ante el "inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones" que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror .
El Capítulo V (Derecho a la seguridad e integridad personal), punto D (Apremios ilegales y torturas), del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 14 de diciembre de 1979, está dedicado precisamente a registrar los casos de tortura que le fueron denunciados.
Por su parte, el título C, del primer capítulo del Informe Nunca Más de la CONADEP está dedicado las torturas que se practicaban en los CCD, en tanto que se incluye un título especial para referirse a las torturas en el domicilio de las víctimas.
No es posible separar las torturas de todo el resto de análisis del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura y sus imágenes se establecieron como el eje del terror, para las víctimas directas, y más allá para los familiares, conocidos y la población en general. Aún años después, décadas después, esas imágenes conmueven hasta lo insoportable a los adultos, y angustian a los niños de las nuevas generaciones.
La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban "quirófanos". La picana era denominada "máquina"; en La Perla le llaman "Margarita". En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: "Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos" , mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante» .
La tortura del Dr. Norberto Liwsky, sobreseído luego por el tribunal militar que lo enjuició, y que el informe Nunca Más transcribe en extenso es un ejemplo de los padecimientos de los detenidos-desaparecidos. En una parte de su testimonio el Dr. Liwsky dice:
Al principio el dolor era intenso. Después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de cesar con el castigo. Y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas, para llevarme a una nueva «sesión». Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura alucinaba con ella. A veces despierto y otras en sueños. Cuando me venían a buscar para una nueva «sesión» lo hacían gritando y entraban a la celda pateando la puerta y golpeando lo que encontraran. Violentamente. Por eso, antes de que se acercaran a mí, ya sabía que me tocaba. Por eso, también, vivía pendiente del momento en que se iban a acercar para buscarme. De todo ese tiempo, el recuerdo más vivido, más aterrorizante, era ese de estar conviviendo con la muerte. Sentía que no podía pensar. Buscaba, desesperadamente, un pensamiento para poder darme cuenta de que estaba vivo. De que no estaba loco. Y, al mismo tiempo, deseaba con todas mis fuerzas que me mataran cuanto antes. La lucha en mi cerebro era constante. Por un lado: «recobrar la lucidez y que no me desestructuraran las ideas», y por el otro: «Qué acabaran conmigo de una vez».
Era habitual combinar violación y tortura . Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, el submarino, estiletes, pinzas, drogas, el cubo (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...
El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos-desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres).
El conocido periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, que estuvo detenido-desparecido y fue liberado por la presión internacional, escribió en 1982 uno de los primeros libros de denuncia abierta, titulado Prisionero sin nombre, celda sin número. Timerman dice allí que:
De todas las situaciones dramáticas que he visto en las cárceles clandestinas, nada puede compararse a esos grupos familiares torturados muchas veces juntos, otras por separado, a la vista de todos, o en diferentes celdas sabiendo unos que torturaban a los otros.
El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un "descenso al infierno" .
Noche de los lápices
Se conoce como la noche de los lápices a una serie de secuestros de diez estudiantes secundarios, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, Argentina. Este suceso es uno de los más representativos dentro de lo que se conoce como "la represión" impuesta por la dictadura Argentina englobada en el plan del Proceso de Reorganización Nacional, ya que las desapariciones se realizaron sobre estudiantes, en su mayoría, menores de edad. El caso toma notoriedad pública en 1985 luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes en el Juicio a las Juntas. Él mismo participó de la creación del guión que llevo la historia en 1987 al cine. Tan sólo tres de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Aunque algunos grupos de militares retirados niegan los hechos como válidos, el estado argentino en su totalidad reconoce su accionar en lo ocurrido.
Causas
Las víctimas eran en su mayoría militantes o ex-militantes de la Unión Estudiantil Secundaria (UES) de La Plata, esta agrupación, junto a otras habían reclamado en 1975 ante el ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto estudiantil secundario, en ese momento inexistente. Aunque oficialmente ningún documento oficial asegura que las desapariciones se realizaron a causa del reclamo por el pedido del boleto estudiantil, y hasta dos de los sobrevivientes niegan la relación directa entre los secuestros y el reclamo estudiantil específico, los diferentes testimonios aportados por los sobrevivientes tanto en la CONADEP como en el Juicio a las Juntas intuyen a esta teoría como válida.
Los secuestros
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del servicio de Inteligencia del ejercito y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps.
Los secuestrados fueron:
• Claudio de Acha (17 años) Fue secuestrado el 16 de septiembre en la casa de Horacio Ungaro.
• Gustavo Calotti (18 años, sobreviviente) Aunque fue secuestrado el 8 de septiembre, se considera un sobreviviente puesto que varios de los secuestrados eran sus ex-compañeros de secundaria y pasó con ellos meses de prisión y tortura clandestina.
• María Clara Ciocchini (18 años) Fue secuestrada el 16 de septiembre junto con María Claudia Falcone.
• Pablo Díaz (18 años, sobreviviente) Fue secuestrado el 21 de septiembre.
• María Claudia Falcone (16 años) Fue secuestrada el 16 de septiembre en la casa de su abuela paterna, junto a María Clara Ciochinni que estaba viviendo junto a ella.
• Francisco López Muntaner (16 años) Fue secuestrado el 16 de septiembre.
• Patricia Miranda (17 años, sobreviviente) Fue secuestrada el 17 de septiembre. Era una estudiante de De Bellas Artes, no había tenido militancia política ni participado de los reclamos por el boleto estudiantil. Estuvo en los centros clandestinos de detención de Arana, Pozo de Quilmes, Valentin Alsina y en la cárcel de Devoto, donde quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1978.
• Emilce Moler (17 años, sobreviviente) Fue secuestrada el 17 de septiembre.
• Daniel A. Racero (18 años) Fue secuestrado el 16 de septiembre.
• Horacio Ungaro (17 años) Fue secuestrado el 16 de septiembre.
Según la CONADEP la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como «subversión en las escuelas», y que "los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban: Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5a., 8a., y 9a. de La Plata y 3a. de Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires".
Vuelos de la muerte
Los "vuelos de la muerte" fueron un sello atroz en el proceso de reorganización nacional en Argentina. Mediante los "vuelos de la muerte" miles de detenidos-desaparecidos fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.
Las evidencias sobre el asesinato de opositores arrojándolos desde aviones son incuestionables y no hay controversia sobre ello. Ya en 1977, durante el régimen militar, aparecieron varios cuerpos en las costas de los balnearios atlánticos de Santa Teresita y Mar del Tuyú, unos 200 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los cadáveres fueron enterrados raudamente como NN en el cementerio de General Lavalle, pero previamente los médicos policiales que intervinieron informaron que la causa de muerte se debió al “choque contra objetos duros desde gran altura”
En 1995, un marino de la ESMA, Adolfo Scilingo, se quebró emocionalmente y le relató extensamente al periodista Horacio Verbitsky, el modo en se aplicaba una metodología de exterminio denominada por sus propios autores como vuelos. Su relato fue publicado como libro, con el título de “El vuelo” . Debido a estas confesiones Scilingo resultó condenado a 640 años de prisión, en España, donde se encuentra cumpliendo su pena.
Scilingo, en sus testimonios, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católica, la utilización de inyecciones, el tipo de aviones (Electra, Skyvan ), la amplia participación de los oficiales, la utilización del aeropuerto militar que se encuentra en Aeroparque (ciudad de Buenos Aires), entre otros detalles.
¿Cuál ha sido su primer conocimiento sobre los vuelos de la muerte de la ESMA?.
Los vuelos fueron comunicados oficialmente por Mendía (vicealmirante de la Armada) pocos días después del golpe militar de marzo de 1976. Se informó que el procedimiento para el manejo de los subversivos en la Armada sería sin uniforme y usando zapatillas, jeans y remeras. Explicó que en la Armada no se fusilarían subversivos ya que no se quería tener los problemas sufridos por Franco en España y Pinochet en Chile. Tampoco se "podía ir contra el Papa" pero se consultó a la jerarquía eclesiástica y se adoptó un método que la Iglesia consideraba cristiano, o sea gente que despega en un vuelo y no llega a destino. Ante las dudas de algunos marinos, se aclaró que "se tiraría a los subversivos en pleno vuelo". Después de los vuelos, los capellanes nos trataban de consolar recordando un precepto bíblico que habla de "separar la hierba mala del trigal".
Entrevista realizada por Martín Castellano a Adolfo Scilingo el 4 de octubre de 1997
Sin bien existen pocos datos, la desaparición de los cadáveres de los detenidos-desaparecidos arrojándolos al mar desde aviones, parece haber sido un método generalizado, además de las tumbas clandestinas. La Fuerza Aérea uruguaya reconoció en 2005 que se realizaban vuelos de la muerte en combinación con las Fuerzas Armadas argentinas (Operación Cóndor) .
En 2005 se probó por primera vez el itinerario seguido por un grupo de víctimas asesinadas mediante vuelos de la muerte. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de las madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, Azucena Villaflor , la militante Angela Auad
, y la monja francesa Léonie Duquet determinando que las mismas habían sido secuestradas en Buenos Aires, detenidas y torturadas en la ESMA y arrojadas vivas al mar desde un avión frente a las playas de Mar del Tuyú.
Mundial de Fútbol
Una de las situaciones que se apropiaba de la opinión publica era el Mundial de Futbol , el cual tambien provoco conflictos internos entre sectores del gobierno y las Fuerzas Armadas.
Se veian opiniones contrapuestas ya que el secretario de Hacienda Juan Alemann consideraba que era injustificada su realización , aunque por otro lado , la Junta Militar vio en la realización del campeonato una “buena oportunidad para contrarrestar la campaña antiargentina realizada en el exterior
En verdad solo un hecho “mancho” este acontecimiento deportivo: el 21 de Junio mientras jugaba Argentina y Peru, en el momento que Argentina metia el cuarto gol, una bomba estallo en el domicilio del secretario de Hacienda Juan Alemann.
Finalmente Argentina logro el titulo; el general Videla expreso a la prensa extranjera su agradecimiento personal con la finalidad de que todos conocieran la “realidad” argentina. Por su parte el general Iberico Saint Jean afirmo: “Esta alegria debe ser jusgada no como explosion de un momento, sino para que todos nos consideremos trinfadores en este proceso de reorganización en que estamos empeñados. Atraz quedo la Argentina de antes, sectorial y dividida. Ahora ya se vislumbra la Argentina pujante, optimista, que renovo su fe” .
El 25 de Junio, Argentina se consagro campeon luego de vencer a Holanda. Los integrantes de ese equipo se negaron a recibir el premio en las manos de Videla, solidarizandose con las Madres de Plaza de Mayo.
Para el manejo de los asuntos económicos fue convocado un prominente representante del sector empresario y del pensamiento liberal-conservador, por ese entonces presidente del Consejo Empresario: José Alfredo Martínez de Hoz. Aparentemente, su nombramiento estuvo ligado a un problema de credibilidad. Dado que el país se encontraba al borde de la cesación de pagos, las vinculaciones de Martínez de Hoz con los centros financieros internacionales y con el establishment local permitían esperar cierto apoyo de esos sectores y lo convertían en la figura más adecuada para el cargo.
Esta conjunción de tecnócratas y militares -para nada novedosa en la historia política argentina- permitió que se articularan intereses, ideologías y factores de poder en pos de un proyecto de transformación radical de la estructura socio-económica. Más allá de la retórica oficial enunciada anteriormente, era evidente que el propósito de combatir la guerrilla y terminar con la violencia y el desorden social iba acompañado de un objetivo de largo alcance: revertir de una vez por todas la matriz de relaciones sociales y económicas que el modelo populista/redistribucionista había impulsado a través de un Estado altamente intervencionista y sobre-expandido.
Siguiendo los postulados del liberalismo económico, se promovió la idea de que sólo el libre funcionamiento del mercado, desligado de "interferencias" políticas, garantizaría una eficiente asignación de recursos. De acuerdo con este supuesto, las políticas aplicadas en la posguerra (e.g., políticas de empleo, de distribución de ingresos, de seguridad y bienestar social, de promoción sectorial, etc.) aparecían como nocivas, demagógicas y contraproducentes.
En consecuencia, el diagnóstico atribuía las causas de la crisis económica a la distorsión de los precios relativos que habían introducido tanto la política de industrialización aplicada como el sobre-dimensionamiento del aparato y del funcionamiento del Estado. La protección arancelaria había impulsado el desarrollo de una industria ineficiente, mientras que el sector agropecuario era relegado y utilizado en función de la política de redistribución de ingresos. Un sindicalismo fuerte, unificado y verticalista, presionando constantemente por aumentos salariales que no guardaban relación con los niveles de productividad de la mano de obra, había sido otro importante factor de distorsión. Por su parte, el Estado había dilapidado recursos en la expansión de su aparato burocrático y en el mantenimiento de numerosas empresas públicas deficitarias y de gravosos servicios de bienestar social.
En base a esta interpretación, se hacía indispensable revertir las políticas anteriores. El nuevo liberalismo económico se propuso como objetivo explícito, entonces, la liberalización de la economía. Esto implicaba, a grandes rasgos, la apertura de la economía, la libre operación de los mercados de capitales y la eliminación de los privilegios fiscales, subsidios y de controles. No obstante, las reformas no acababan en el plano económico.
Como bien señala Canitrot, el plan económico era parte indisoluble de un proyecto político mucho más amplio de la élite gobernante. Sin atarse a ningún tipo de límite temporario, las Fuerzas Armadas se propusieron "disciplinar" las fuerzas sociales y modificar sus relaciones, de modo de erradicar las causas de la crisis y el desorden (2). Uno de los puntos claves de dicho disciplinamiento era la reubicación de la clase obrera en su rol subordinado, tanto en términos políticos como económicos e institucionales. Esto significaba debilitar las organizaciones político-partidarias y corporativas de esa clase -un viejo anhelo de todos los gobiernos post-peronistas. Esto se llevó a cabo efectivamente mediante la combinación de represión armada, reformas económicas que debilitaron el poder económico de esas organizaciones y de los trabajadores individualmente considerados y normas que limitaran el accionar y la influencia de los sindicatos.
Aunque con una modalidad y grado diferentes, también debía llevarse a cabo un disciplinamiento del sector empresario. En este caso, la eliminación de la protección y el sometimiento a la competencia externa planteada por el libre mercado -vía apertura de la economía- fueron los instrumentos escogidos para alcanzar tal fin.
Ahora un de una canción que ya es un himno
link: http://www.youtube.com/watch?v=bC9mqsGeJQ
Cualquier comentario fuera de lugar sera denunciado...
Este es parte de un trabajo recopilatorio presentado en la facultad, hecho por mi y varios compañeros...
El Proceso de Reorganización Nacional
El Ultimátum
En Navidad de 1975, el General Videla dicta un discurso en Tucumán en el que reclamaba contradicciones al gobierno dándole un plazo de 3 meses, justo el tiempo que paso hasta el golpe. Durante los primeros meses de 1973 la Presidenta Maria Estela Martínez de Perón, y su entorno hicieron los últimos intentos para evitar su caída.
Propusieron un gabinete cívico-militar, el ingreso de los militares al gobierno, y se adelantaron las elecciones presidenciales para Octubre, de ese mismo año. En el Parlamento se pidió el juicio político a Martínez, pero este no prospero.
Para la mayoría se hacia difícil decir que el gobierno de Martínez era democrático: había censura, presos políticos, torturas, desaparecidos; aunque perduraba el Parlamento, alguna prensa independiente y la posibilidad de cambiar las cosas en las elecciones de Octubre. Aunque no fue suficiente.
24 De Marzo de 1976: El Comienzo de la "Reorganización"
El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las tres armas y dirigida por Jorge Rafael Videla destituyó al gobierno de María E. Martínez y asumió el gobierno iniciando lo que llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Esta nueva intervención militar fue diferente de las anteriores, el gobierno fue ejercido directamente por las Fuerzas Armadas. El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad Argentina. Lo que para la Junta Militar estaba en juego era la existencia misma de una Nación. Para resolver esta crisis había que "reorganizar" la sociedad, en un "proceso" que no tenía "plazos" sino "objetivos". Se lanzó a una campaña contra los militantes políticos y sociales, haciendo uso de un accionar mucho peor que aquel que decían estar combatiendo.
El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:
Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
El comunicado Nº 19 estableció:
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.
Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):
Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte... Art.5 ....el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de 2 a 4 precedentes.... Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables...que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.
El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21.275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).
La Junta Militar dictó leyes y órdenes discrecionales, entre ellas disponiendo detenciones o cesantías masivas, en las que no se consideraba la razón de los actos (Leyes 21.258, 21.260, 21.262, 21.274, etc). La ley 21.260 dictada el mismo 24 de marzo de 1976, por ejemplo, establecía:
Art. 1 "Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Congreso Nacional, organismos descentralizados de cualquier carácter, autónomos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. ...Estarán comprendidos en la presente disposición , aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades.
Esta "reorganización" tuvo características definidas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder.
El poder político fue reemplazado por el poder militar: la presidente fue detenida; se declararon nulos los gobiernos provinciales y municipales, cesó el Poder Legislativo, se removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se suspendieron las actividades políticas y gremiales en todo el país.
El proceso apoyó su accionar institucional en torno a tres instrumentos legales:
1) El Acta para el Proceso de Reorganización Nacional;
2) El Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y
3) El Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar.
A través de los dos primeros, se firmó el carácter revolucionario el movimiento militar en tanto que por el tercero se reservaba la Junta Militar plenos poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Constitución Nacional quedó subordinada a los ya nombrados instrumentos legales.
En la proclama que dio inicio al Proceso, la Junta Militar alegó que estaban "agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional" y superada " la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones". Denunció la existencia de un "vacío de poder" y la necesidad de derrotar a la subversión.
El gobierno tenía ante sí la actividad de la guerrilla a la que muy pronto se le opondría una actividad simétrica de grupos militares y paramilitares que no siempre respondían al control presidencial. La llamada "cultura de la violencia" se había establecido en el país gestándose una especie de guerra civil larvada que dejó hondas y dolorosas huellas.
Operación Cóndor
La Guerra Sucia en Argentina fue parte de una operación continental. La Operación Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo operativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental.
La Operación Cóndor ha podido ser descubierta básicamente a partir de los documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en época del presidente Bill Clinton.
Fue concebida y diseñada por el entonces Coronel chileno Manuel Contreras quien en 1975, redactó un extenso documento con las proposiciones para su funcionamiento. El primer paso hacia la organización se produjo a mediados de 1975 cuando el Coronel chileno Mario Jahn, viajó a Paraguay y entregó al Coronel paraguayo Benito Guanes, el documento de organización del mecanismo y lo invitó a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, realizada en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. En esa reunión se decidió organizar la Operación Cóndor entre los seis países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Luego se sumarían, con distintos grados de compromiso, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tuvo su centro de operaciones en Santiago de Chile y su principal coordinador fue Manuel Contreras, quien era conocido como "Cóndor Uno".
Entre decenas de secuestros y atentados contra opositores, la Operación Cóndor concretó acciones de gran resonancia pública como:
• el asesinato del Ex-Comandante en jefe del Ejército de Chile general Carlos Prats en Buenos Aires
• el asesinato del ex presidente de Bolivia Juan José Torres en Buenos Aires
• el asesinato del senador uruguayo Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, también uruguayo, en Buenos Aires en 1974
• el asesinato del ex ministro de relaciones exteriores del gobierno chileno de Salvador Allende, Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt en Washington DC en 1976
• el atentado contra el ex Ministro del Interior del gobierno del presidente chileno Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton en Roma en 1975
• la colaboración Argentina en el golpe de García Meza en Bolivia en 1980.
El gobierno de Estados Unidos participó activamente de la Operación Cóndor. El 22 de agosto de 1978 el servicio de inteligencia estadounidense envió a sus principales embajadas en Sudamérica la siguiente advertencia:
La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión. Los miembros originales incluían a los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, mientras que Perú y Ecuador se integraron recientemente.
Orgánicamente, la Operación Cóndor comenzó a ser desmontada cuando cayó la dictadura Argentina en 1983. Sin embargo, los contactos y los asesinatos coordinados continuaron. En abril de 1991, se puso en marcha la Operación Silencio para impedir el enjuiciamiento de los responsables.
El 31 de mayo de 2001, mientras Henry Kissinger se encontraba en París, fue notificado por el juez Roger Le Loire que debía presentarse a declarar sobre su participación en la Operación Cóndor, lo que provocó la inmediata salida del ex secretario norteamericano, de Francia. Pocos meses después, Kissinger debió cancelar una visita a Brasil, porque el gobierno no podía garantizarle inmunidad judicial .
El 22 de diciembre de 1992, se descubrió en una estación de policía de Lambaré, Asunción (Paraguay), los llamados archivos del terror, expedientes en los que existen constancias documentales sobre el terrorismo de estado en el Cono Sur. Según los archivos descubiertos en Lambaré (Asunción) en 1992, el plan Cóndor causó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. .
En febrero de 2004, el periodista estadounidense John Dinges, publicó Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur , donde entre otras cosas revela que los militares uruguayos intentaron asesinar al diputado estadounidense Edward Koch en 1976.
Operación Charly: la exportación del método argentino a Centroamérica
A partir de 1979 el régimen militar argentino se comprometió activamente en desarrollar la guerra sucia en Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y exportando la experiencia Argentina.
Los militares argentinos comenzaron a realizar operaciones encubiertas que la CIA ya no podía realizar bajo la administración demócrata del presidente James E. Carter y en sintonía con los grupos más conservadores norteamericanos, comenzaron a proclamar que Estados Unidos había dejado indefenso al hemisferio frente al comunismo y que ellos debían cumplir ese papel .
El Operativo en Centroamérica fue ejecutado a partir del grupo de militares que ya actuaban en la Operación Cóndor. La periodista norteamericana Martha Honey sostiene en su libro sobre la política norteamericana en Centroamérica que:
Habiendo perfeccionado brutalmente las técnicas de control social en su país, las fuerzas armadas Argentinas estaban listas hacia 1980 para exportar estas habilidades para ayudar a vencer la insurgencia comunista en El Salvador y Guatemala y detener a los sandinistas en Nicaragua" .
En 1979, se produjo el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua y ese mismo año el presidente de la Junta Militar Argentina, el general Viola, expuso ante la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Bogotá, un plan de latinoamericanización del modelo terrorista estatal.
Pero será fundamentalmente el general Galtieri quien, en consonancia con el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, llevaría a la Argentina a comprometerse plenamente en la Guerra Sucia Centroamericana, bajo los lineamientos estratégicos norteamericanos. Galtieri presentaba como un valor su capacidad para llevar la guerra sucia hasta las últimas consecuencias tanto militar, como política y culturalmente.
Pocos días antes de asumir como presidente de la Junta Militar, Galtieri expuso en un corto discurso pronunciado en Miami, la decisión del gobierno militar argentino de constituirse en un aliado incondicional de Estados Unidos en la lucha mundial contra el comunismo:
La Argentina y los EE.UU. marcharán juntas en la guerra ideológica que está comenzando en el mundo"
A principios de 1982 Estados Unidos y la dictadura Argentina planearon la creación de un gran ejército latinoamericano, que sería liderado por un militar argentino, con el objetivo de invadir Nicaragua y aniquilar a los sandinistas. Paradójicamente, la invasión de las Malvinas decidida por el propio Galtieri puso fin a la intervención Argentina en Centroamérica, pero la Guerra Sucia en la región continuó hasta bien entrados los años '90 con un saldo de cientos de miles de desaparecidos.
La Iglesia Católica
La Iglesia Católica Argentina brindó un importante apoyo al gobierno militar y a la preparación del golpe de estado, y en algunos casos religiosos participaron directamente en los crímenes de lesa humanidad.
En 2002 la Iglesia Católica pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983.
Sin embargo hasta 2006 la Iglesia Católica Argentina se ha negado a abrir sus archivos, entre los que se encuentran los informes de los capellanes militares que podrían brindar información sobre las personas desaparecidas.
La Represión Durante La Dictadura Militar
La represión ilegal que tuvo su punto culminante entre 1976 y 1978 fue uno de los caracteres básicos del gobierno militar. La población vivió en un clima de miedo y censura como consecuencia de la represión.
La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. El ordenamiento institucional y jurídico del gobierno del Proceso se caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar no cumplió con las leyes que el mismo había dictado.
La represión cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los altos niveles de decisión política y militar, fue clandestina. Sus destinatarios fueron los guerrilleros, sectores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
Las formas de represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos, la tortura y la ejecución. La Junta Militar impuso la pena de muerte pero la aplicó fuera de la ley. A causa de ella surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas que fue alrededor de 30000. Entre los centros de detención se hace "famoso" el conocido como "LA ESCUELITA", que funcionó bajo la jurisdicción del Comando del Vto. Cuerpo de Ejército.
El centro "La Escuelita", considerado de enorme importancia por el número de detenidos y la trascendencia personal de alguno de ellos (legisladores, funcionarios, etc.) habría funcionado en terrenos de la parte posterior del Comando, en un lugar donde anteriormente funcionó un tambo y próximo al ClCOFE (Centro Fijo de Comunicaciones e Informaciones del Ejército) y al cual se accedía desde el llamado "Camino de la Carrindanga" (ruta a la localidad de Cabildo). -
La crueldad de los represores a cargo del centro fue uno de los aspectos que lo caracterizó, ya que los detenidos que luego fueron puestos en libertad, dan testimonio de las más aberrantes e inhumanas torturas físicas y psicológicas.
El modus operandi de las fuerzas represivas se caracterizó por el secuestro nocturno, en automóviles, generalmente no oficiales, donde eran introducidos encapuchados y maniatados los individuos secuestrados. Se los trasladaba en el piso del rodado, constantemente golpeados para que se desorientaran del lugar donde eran llevados. Se movían en grupos fuertemente armados, en varios vehículos, aunque generalmente era solo uno el que se detenía frente al domicilio a requisar, contando con el apoyo a distancia de los restantes.
En algunos casos los allanamientos, en su mayoría violentos, consistían en secuestro de familias enteras, y en otros de las personas "buscadas" en la situación que se encontraban, también llevado cualquier otro "sospechoso" que en ese momento habitara la vivienda.
Otra de las características que rodeaban los operativos era el robo y el desmantelamiento de las viviendas de los detenidos. Esta actitud es la que se llego a catalogar, en el decir popular, como que constituía el "botín de guerra" de los que "arriesgaban su vida" en los operativos.
Al mismo tiempo que se venían realizando estas acciones, también se efectuaban los operativos considerados 'legales" en los que intervenía personal del Ejército, Marina o Policía, con abundante despliegue bélico y la participación de vehículos militares. En varios de estos procedimientos, realizados aún a pleno día y ante numerosos testigos presenciales, fueron detenidas personas que hoy figuran como desaparecidas.
Todos estos grupos mencionados actuaron con la más absoluta impunidad, careciendo la población de confianza en la justicia que veía dificultada su accionar.
Según el Presidente Carlos Menem, los registros de las atrocidades fueron destruidos por los militares tras la guerra de Malvinas en 1982. Los desaparecidos no han sido oídos hasta hoy.
Existe un debate distorsionado por fuertes argumentos ideológicos sobre la cantidad de desaparecidos entre 1976 y 1983.
En la cultura popular se ha establecido el número de 30.000 desaparecidos, suma que es sostenida por las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas de izquierda y centro-izquierda, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, a las que pertenecían la mayor parte de las víctimas.
La Secretaría de Derechos Humanos, sobre la base de las personas que percibieron indemnizaciones del Estado hasta 2003, tiene registrados 13.000 desaparecidos . La CONADEP registró 9.089 casos de desapariciones forzadas.
Existen abundantes evidencias de que el gobierno militar llevaba detallados registros de los detenidos-desaparecidos y la suerte que corrieron, pero no han podido ser hallados. El documento más importante encontrado hasta 2006 sobre los registros clandestinos y la cantidad de desaparecidos y asesinados durante el régimen militar es un informe del agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel, cuyo nombre clave era Luis Felipe Alemparte Díaz , que fue hallado por John Dinges en 2002 entre más de 1500 hojas que le habían sido confiscadas por los jueces federales argentinos en 1978 y que permanecieron guardadas entre los archivos del tribunal desde entonces. Al final de su informe, realizado en julio de 1978, se informa que el ejército argentino tenía computados hasta ese momento 22.000 muertos y desaparecidos. El documento dice textualmente:
Adjunto lista de todos los muertos durante el año 1975. La lista va clasificada solamente por mes. Es decir, en estas listas van tanto los muertos "oficialistas" como los "no oficialistas". Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, sito en Callao y Viamonte de esta Capital, que depende de la Jefatura II Inteligencia Ejército del Comando General del Ejército y del Estado Mayor del Ejército. Estas listas corresponden al Anexo 74888,75/A1.E.A. y el Anexo 74889,75/id Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar, casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados "por izquierda" por las fuerzas de seguridad. Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. En próximos envíos seguiré ampliando las listas.
La influencia del Decreto de Noche y Niebla de Hitler
El sistema de desaparición de personas fue racionalizado por primera vez por el nazismo, a partir del Decreto Noche y Niebla de Hitler, del 7 de diciembre de 1941, cuyo texto fue reconstruido por el Tribunal de Nuremberg. Los ideólogos del nazismo sostenían que el Decreto daba inicio a una "innovación básica" en la organización del Estado: el sistema de desapariciones forzadas.
La orden básica del Decreto de Noche y Niebla de Hitler era:
Los actos de resistencia de la población civil en los países ocupados sólo se castigaran por una corte marcial, cuando: a) había certeza de que se aplicara la pena de muerte y, b) cuando la sentencia se pronunciase dentro de los ocho días posteriores al arresto.
Según palabras textuales de Hitler, el resto de los opositores debían ser detenidos durante "la noche y la niebla" y llevados clandestinamente a Alemania sin dar otra información que el hecho de su detención .
Entre los fundamentos del Decreto se explica que:
El efecto de disuasión dé estas medidas... radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y, b) que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino.
El texto reconstruido precisa que:
Una intimidación efectiva y duradera solo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo” y "por la misma razón, la entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen, no es aconsejable, porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones... A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada.
Las técnicas nazis de terrorismo de Estado, procesadas a través de la doctrina de la contrainsurgencia fueron aprendidas por los militares argentinos en primer lugar a través de la escuela francesa que estaba instalada como cuerpo docente permanente del la Escuela Superior de Guerra de Argentina, desde fines de la década de 1950 y luego de la Escuela de las Américas.
Centros clandestinos de detención (CCD)
Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).
Las Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos:
• Lugar de Reunión de Detenidos (LRD): tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos.
• Lugar Transitorio (LT): tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos-desaparecidos.
Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento la Escuelita en Faimallá (Tucumán) y el Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato (UOM) en mayo de ese año .
En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado .
Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y el Vesubio en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y la Perla en Córdoba.
A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.
Los Grupos de Tarea (GT) estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos-desparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Allí eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:
• el asesinato del detenido-desaparecido o detenida-desaparecida . En todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse al asesinato del detenido-desaparecido: "el traslado". Los métodos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, etc.
• el blanqueo. Se legalizaba al detenido-desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo. A partir de 1980, de esta situación, podía derivar la deportación y el exilio, haciendo uso de la opción a salir del país que establece la Constitución (art. 23), o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión.
• la continuidad como detenido-desaparecido, por razones variadas (utilización como esclavos, colaboradores, rehenes, etc.).
Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.
También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.
Tortura sistemática
"«Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría contestado: Sí, los tres meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy les puedo decir que pronto cumplo siete años de tortura» (Miguel D'Agostino - Legajo N° 3901)". (Informe Nunca Más 1984,26).
La tortura fue un componente central del plan represivo del gobierno militar. Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron creados y diseñados para poder practicarla ilimitadamente. Al redactar el famoso informe "Nunca Más" en 1984, los miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) no pudieron evitar sobrecogerse ante el "inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones" que tenían ante sus ojos, y debatieron el modo de evitar que ese capítulo del informe se convirtiera en una enciclopedia del horror .
El Capítulo V (Derecho a la seguridad e integridad personal), punto D (Apremios ilegales y torturas), del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 14 de diciembre de 1979, está dedicado precisamente a registrar los casos de tortura que le fueron denunciados.
Por su parte, el título C, del primer capítulo del Informe Nunca Más de la CONADEP está dedicado las torturas que se practicaban en los CCD, en tanto que se incluye un título especial para referirse a las torturas en el domicilio de las víctimas.
No es posible separar las torturas de todo el resto de análisis del terrorismo de Estado en Argentina. La tortura y sus imágenes se establecieron como el eje del terror, para las víctimas directas, y más allá para los familiares, conocidos y la población en general. Aún años después, décadas después, esas imágenes conmueven hasta lo insoportable a los adultos, y angustian a los niños de las nuevas generaciones.
La picana eléctrica es el instrumento de tortura alrededor del cual se diseñaron y construyeron las salas de tormentos, a las que en todos los CCD llamaban "quirófanos". La picana era denominada "máquina"; en La Perla le llaman "Margarita". En La Perla, la sala de torturas tenía un cartel que decía: "Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos" , mientras que en la de El Vesubio estaba colocado un cartel que decía «si lo sabe cante, si no aguante» .
La tortura del Dr. Norberto Liwsky, sobreseído luego por el tribunal militar que lo enjuició, y que el informe Nunca Más transcribe en extenso es un ejemplo de los padecimientos de los detenidos-desaparecidos. En una parte de su testimonio el Dr. Liwsky dice:
Al principio el dolor era intenso. Después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de cesar con el castigo. Y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas, para llevarme a una nueva «sesión». Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura alucinaba con ella. A veces despierto y otras en sueños. Cuando me venían a buscar para una nueva «sesión» lo hacían gritando y entraban a la celda pateando la puerta y golpeando lo que encontraran. Violentamente. Por eso, antes de que se acercaran a mí, ya sabía que me tocaba. Por eso, también, vivía pendiente del momento en que se iban a acercar para buscarme. De todo ese tiempo, el recuerdo más vivido, más aterrorizante, era ese de estar conviviendo con la muerte. Sentía que no podía pensar. Buscaba, desesperadamente, un pensamiento para poder darme cuenta de que estaba vivo. De que no estaba loco. Y, al mismo tiempo, deseaba con todas mis fuerzas que me mataran cuanto antes. La lucha en mi cerebro era constante. Por un lado: «recobrar la lucidez y que no me desestructuraran las ideas», y por el otro: «Qué acabaran conmigo de una vez».
Era habitual combinar violación y tortura . Más allá de la tortura eléctrica y la violación, los instrumentos, métodos y grado de crueldad de los tormentos, excede la comprensión de una persona promedio: simulacros de fusilamiento, el submarino, estiletes, pinzas, drogas, el cubo (inmersión prolongada de los pies en agua fría/caliente), quemaduras, suspensión de barras o del techo, fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, sal sobre las heridas, supresión de comida y agua, ataque con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, sufrir tortura ante o presenciar la tortura de familiares y a veces niños, mantener las heridas abiertas, permitir las infecciones masivas, cosido de la boca...
El sadismo de los torturadores es un dato común. Todos los detenidos-desaparecidos eran torturados: hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, discapacitados, mujeres embarazadas y niños (hay varios casos de niños menores de 12 años torturados frente a sus padres).
El conocido periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, que estuvo detenido-desparecido y fue liberado por la presión internacional, escribió en 1982 uno de los primeros libros de denuncia abierta, titulado Prisionero sin nombre, celda sin número. Timerman dice allí que:
De todas las situaciones dramáticas que he visto en las cárceles clandestinas, nada puede compararse a esos grupos familiares torturados muchas veces juntos, otras por separado, a la vista de todos, o en diferentes celdas sabiendo unos que torturaban a los otros.
El informe de la CONADEP define lo que debieron padecer los desaparecidos como un "descenso al infierno" .
Noche de los lápices
Se conoce como la noche de los lápices a una serie de secuestros de diez estudiantes secundarios, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, Argentina. Este suceso es uno de los más representativos dentro de lo que se conoce como "la represión" impuesta por la dictadura Argentina englobada en el plan del Proceso de Reorganización Nacional, ya que las desapariciones se realizaron sobre estudiantes, en su mayoría, menores de edad. El caso toma notoriedad pública en 1985 luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes en el Juicio a las Juntas. Él mismo participó de la creación del guión que llevo la historia en 1987 al cine. Tan sólo tres de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Aunque algunos grupos de militares retirados niegan los hechos como válidos, el estado argentino en su totalidad reconoce su accionar en lo ocurrido.
Causas
Las víctimas eran en su mayoría militantes o ex-militantes de la Unión Estudiantil Secundaria (UES) de La Plata, esta agrupación, junto a otras habían reclamado en 1975 ante el ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto estudiantil secundario, en ese momento inexistente. Aunque oficialmente ningún documento oficial asegura que las desapariciones se realizaron a causa del reclamo por el pedido del boleto estudiantil, y hasta dos de los sobrevivientes niegan la relación directa entre los secuestros y el reclamo estudiantil específico, los diferentes testimonios aportados por los sobrevivientes tanto en la CONADEP como en el Juicio a las Juntas intuyen a esta teoría como válida.
Los secuestros
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del servicio de Inteligencia del ejercito y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps.
Los secuestrados fueron:
• Claudio de Acha (17 años) Fue secuestrado el 16 de septiembre en la casa de Horacio Ungaro.
• Gustavo Calotti (18 años, sobreviviente) Aunque fue secuestrado el 8 de septiembre, se considera un sobreviviente puesto que varios de los secuestrados eran sus ex-compañeros de secundaria y pasó con ellos meses de prisión y tortura clandestina.
• María Clara Ciocchini (18 años) Fue secuestrada el 16 de septiembre junto con María Claudia Falcone.
• Pablo Díaz (18 años, sobreviviente) Fue secuestrado el 21 de septiembre.
• María Claudia Falcone (16 años) Fue secuestrada el 16 de septiembre en la casa de su abuela paterna, junto a María Clara Ciochinni que estaba viviendo junto a ella.
• Francisco López Muntaner (16 años) Fue secuestrado el 16 de septiembre.
• Patricia Miranda (17 años, sobreviviente) Fue secuestrada el 17 de septiembre. Era una estudiante de De Bellas Artes, no había tenido militancia política ni participado de los reclamos por el boleto estudiantil. Estuvo en los centros clandestinos de detención de Arana, Pozo de Quilmes, Valentin Alsina y en la cárcel de Devoto, donde quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1978.
• Emilce Moler (17 años, sobreviviente) Fue secuestrada el 17 de septiembre.
• Daniel A. Racero (18 años) Fue secuestrado el 16 de septiembre.
• Horacio Ungaro (17 años) Fue secuestrado el 16 de septiembre.
Según la CONADEP la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como «subversión en las escuelas», y que "los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban: Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5a., 8a., y 9a. de La Plata y 3a. de Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires".
Vuelos de la muerte
Los "vuelos de la muerte" fueron un sello atroz en el proceso de reorganización nacional en Argentina. Mediante los "vuelos de la muerte" miles de detenidos-desaparecidos fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.
Las evidencias sobre el asesinato de opositores arrojándolos desde aviones son incuestionables y no hay controversia sobre ello. Ya en 1977, durante el régimen militar, aparecieron varios cuerpos en las costas de los balnearios atlánticos de Santa Teresita y Mar del Tuyú, unos 200 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los cadáveres fueron enterrados raudamente como NN en el cementerio de General Lavalle, pero previamente los médicos policiales que intervinieron informaron que la causa de muerte se debió al “choque contra objetos duros desde gran altura”
En 1995, un marino de la ESMA, Adolfo Scilingo, se quebró emocionalmente y le relató extensamente al periodista Horacio Verbitsky, el modo en se aplicaba una metodología de exterminio denominada por sus propios autores como vuelos. Su relato fue publicado como libro, con el título de “El vuelo” . Debido a estas confesiones Scilingo resultó condenado a 640 años de prisión, en España, donde se encuentra cumpliendo su pena.
Scilingo, en sus testimonios, detalla el procedimiento, la autorización de la Iglesia Católica, la utilización de inyecciones, el tipo de aviones (Electra, Skyvan ), la amplia participación de los oficiales, la utilización del aeropuerto militar que se encuentra en Aeroparque (ciudad de Buenos Aires), entre otros detalles.
¿Cuál ha sido su primer conocimiento sobre los vuelos de la muerte de la ESMA?.
Los vuelos fueron comunicados oficialmente por Mendía (vicealmirante de la Armada) pocos días después del golpe militar de marzo de 1976. Se informó que el procedimiento para el manejo de los subversivos en la Armada sería sin uniforme y usando zapatillas, jeans y remeras. Explicó que en la Armada no se fusilarían subversivos ya que no se quería tener los problemas sufridos por Franco en España y Pinochet en Chile. Tampoco se "podía ir contra el Papa" pero se consultó a la jerarquía eclesiástica y se adoptó un método que la Iglesia consideraba cristiano, o sea gente que despega en un vuelo y no llega a destino. Ante las dudas de algunos marinos, se aclaró que "se tiraría a los subversivos en pleno vuelo". Después de los vuelos, los capellanes nos trataban de consolar recordando un precepto bíblico que habla de "separar la hierba mala del trigal".
Entrevista realizada por Martín Castellano a Adolfo Scilingo el 4 de octubre de 1997
Sin bien existen pocos datos, la desaparición de los cadáveres de los detenidos-desaparecidos arrojándolos al mar desde aviones, parece haber sido un método generalizado, además de las tumbas clandestinas. La Fuerza Aérea uruguaya reconoció en 2005 que se realizaban vuelos de la muerte en combinación con las Fuerzas Armadas argentinas (Operación Cóndor) .
En 2005 se probó por primera vez el itinerario seguido por un grupo de víctimas asesinadas mediante vuelos de la muerte. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de las madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, Azucena Villaflor , la militante Angela Auad
, y la monja francesa Léonie Duquet determinando que las mismas habían sido secuestradas en Buenos Aires, detenidas y torturadas en la ESMA y arrojadas vivas al mar desde un avión frente a las playas de Mar del Tuyú.
Mundial de Fútbol
Una de las situaciones que se apropiaba de la opinión publica era el Mundial de Futbol , el cual tambien provoco conflictos internos entre sectores del gobierno y las Fuerzas Armadas.
Se veian opiniones contrapuestas ya que el secretario de Hacienda Juan Alemann consideraba que era injustificada su realización , aunque por otro lado , la Junta Militar vio en la realización del campeonato una “buena oportunidad para contrarrestar la campaña antiargentina realizada en el exterior
En verdad solo un hecho “mancho” este acontecimiento deportivo: el 21 de Junio mientras jugaba Argentina y Peru, en el momento que Argentina metia el cuarto gol, una bomba estallo en el domicilio del secretario de Hacienda Juan Alemann.
Finalmente Argentina logro el titulo; el general Videla expreso a la prensa extranjera su agradecimiento personal con la finalidad de que todos conocieran la “realidad” argentina. Por su parte el general Iberico Saint Jean afirmo: “Esta alegria debe ser jusgada no como explosion de un momento, sino para que todos nos consideremos trinfadores en este proceso de reorganización en que estamos empeñados. Atraz quedo la Argentina de antes, sectorial y dividida. Ahora ya se vislumbra la Argentina pujante, optimista, que renovo su fe” .
El 25 de Junio, Argentina se consagro campeon luego de vencer a Holanda. Los integrantes de ese equipo se negaron a recibir el premio en las manos de Videla, solidarizandose con las Madres de Plaza de Mayo.
La Política Económica del Proceso de Reorganización Nacional
Para el manejo de los asuntos económicos fue convocado un prominente representante del sector empresario y del pensamiento liberal-conservador, por ese entonces presidente del Consejo Empresario: José Alfredo Martínez de Hoz. Aparentemente, su nombramiento estuvo ligado a un problema de credibilidad. Dado que el país se encontraba al borde de la cesación de pagos, las vinculaciones de Martínez de Hoz con los centros financieros internacionales y con el establishment local permitían esperar cierto apoyo de esos sectores y lo convertían en la figura más adecuada para el cargo.
Esta conjunción de tecnócratas y militares -para nada novedosa en la historia política argentina- permitió que se articularan intereses, ideologías y factores de poder en pos de un proyecto de transformación radical de la estructura socio-económica. Más allá de la retórica oficial enunciada anteriormente, era evidente que el propósito de combatir la guerrilla y terminar con la violencia y el desorden social iba acompañado de un objetivo de largo alcance: revertir de una vez por todas la matriz de relaciones sociales y económicas que el modelo populista/redistribucionista había impulsado a través de un Estado altamente intervencionista y sobre-expandido.
Siguiendo los postulados del liberalismo económico, se promovió la idea de que sólo el libre funcionamiento del mercado, desligado de "interferencias" políticas, garantizaría una eficiente asignación de recursos. De acuerdo con este supuesto, las políticas aplicadas en la posguerra (e.g., políticas de empleo, de distribución de ingresos, de seguridad y bienestar social, de promoción sectorial, etc.) aparecían como nocivas, demagógicas y contraproducentes.
En consecuencia, el diagnóstico atribuía las causas de la crisis económica a la distorsión de los precios relativos que habían introducido tanto la política de industrialización aplicada como el sobre-dimensionamiento del aparato y del funcionamiento del Estado. La protección arancelaria había impulsado el desarrollo de una industria ineficiente, mientras que el sector agropecuario era relegado y utilizado en función de la política de redistribución de ingresos. Un sindicalismo fuerte, unificado y verticalista, presionando constantemente por aumentos salariales que no guardaban relación con los niveles de productividad de la mano de obra, había sido otro importante factor de distorsión. Por su parte, el Estado había dilapidado recursos en la expansión de su aparato burocrático y en el mantenimiento de numerosas empresas públicas deficitarias y de gravosos servicios de bienestar social.
En base a esta interpretación, se hacía indispensable revertir las políticas anteriores. El nuevo liberalismo económico se propuso como objetivo explícito, entonces, la liberalización de la economía. Esto implicaba, a grandes rasgos, la apertura de la economía, la libre operación de los mercados de capitales y la eliminación de los privilegios fiscales, subsidios y de controles. No obstante, las reformas no acababan en el plano económico.
Como bien señala Canitrot, el plan económico era parte indisoluble de un proyecto político mucho más amplio de la élite gobernante. Sin atarse a ningún tipo de límite temporario, las Fuerzas Armadas se propusieron "disciplinar" las fuerzas sociales y modificar sus relaciones, de modo de erradicar las causas de la crisis y el desorden (2). Uno de los puntos claves de dicho disciplinamiento era la reubicación de la clase obrera en su rol subordinado, tanto en términos políticos como económicos e institucionales. Esto significaba debilitar las organizaciones político-partidarias y corporativas de esa clase -un viejo anhelo de todos los gobiernos post-peronistas. Esto se llevó a cabo efectivamente mediante la combinación de represión armada, reformas económicas que debilitaron el poder económico de esas organizaciones y de los trabajadores individualmente considerados y normas que limitaran el accionar y la influencia de los sindicatos.
Aunque con una modalidad y grado diferentes, también debía llevarse a cabo un disciplinamiento del sector empresario. En este caso, la eliminación de la protección y el sometimiento a la competencia externa planteada por el libre mercado -vía apertura de la economía- fueron los instrumentos escogidos para alcanzar tal fin.
Ahora un de una canción que ya es un himno
link: http://www.youtube.com/watch?v=bC9mqsGeJQ
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