Los oradores
Gabriela Seijas, titular del Juzgado Nº 15 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): la jueza que dictó la primera sentencia que permitió el “casamiento” de dos gays fue a apoyar el proyecto para que todas las parejas tengan los mismos derechos “para que haya una sociedad inclusiva”. Habló de las distintas formas de familia y de la “discriminación” y exhortó a pensar en “el daño y el dolor” que esto último provoca.
Martha Gómez Alsina, titular del Juzgado Nac. en lo Civil con competencia exclusiva en materia de familia: “cuando los tratados internacionales hablan de otros derechos mencionan personas, en el caso del matrimonio dicen hombre y mujer”. Describió algunas consecuencias del proyecto: dijo que no se puede desconocer un tratado internacional que exige la protección de la familia, que la filiación se funda en el nexo biológico y que esto traería problemas en el caso de la fecundación asistida, y que para la adopción tiene que primar el interés del niño. Aseguró que es un proyecto que reemplaza términos y que tiene “poca profundidad jurídica”.
Elena Liberatori, titular del Juzgado Nº 4 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): defendió sus sentencias, las que permitieron el “casamiento” de dos parejas de gays y una de lesbianas y se dedicó a criticar a la justicia civil que mediante cautelar había anulado sus fallos “anular la sentencia de un juez de otro fuero es un escándalo”, “nosotros tenemos que afianzar el poder judicial”. Advirtió que no había declarado la inconstitucionalidad del Código Civil sino que había actuado en el marco de la teoría del “caso no previsto”. Recordó otra sentencia suya en la que obligó a una obra social a cubrir la inseminación artificial de dos lesbianas y enfatizó que hoy “dos mujeres pueden tener un hijo”. Cuando la presidente de la Comisión, Liliana Negre, le pidió que hable del proyecto sólo acotó que tiene convicciones propias y que encontró razones que plasmó en sus sentencias. La senadora Escudero le preguntó si antes de dictar sentencia se había informado sobre las consecuencias que acarrea la crianza por parte de homosexuales y respondió que no, pero que tiene “amigos homosexuales que comparten hijos”.
Guillermo Scheibler, titular del Juzgado Nº 13 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): dijo que dictó un fallo a favor del “matrimonio” homosexual y su postura al respecto es pública, por lo que iba a hablar del proyecto de la senadora Bortolozzi que promueve la “unión civil”. Manifestó que esta figura jurídica afecta la igualdad y es discriminatoria. Recalcó que “el estado es laico” y que “una ley de matrimonio civil no puede coincidir con principios religiosos”. Enfatizó que la unión civil es peor que “iguales pero separados”. Disintió con Gómez Alsina, sostuvo que los tratados internacionales mencionan el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio pero, añadió, “no dicen entre sí”. “No se pueden imponer convicciones religiosas -que no gozan de amplio consenso social- a los no creyentes, sobre todo si vulneran derechos de otros”. “Las convicciones morales o religiosas son para el ámbito privado”.
Félix de Igarzábal, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85: en alusión a Liberatori comenzó aclarando que era un debate de ideas, que no habían sido convocados para hablar de lo que hacían en el ámbito laboral. Comentó que es padre de 8 hijos y que con el proyecto en debate “lo quieren convencer de que sea de River cuando es de Boca”. “Tratan de equiparar lo que es distinto”. Hizo foco en el espíritu docente de la ley y añadió que la ley tiene que lograr un orden social justo. “Una ley que confunde no pone orden”. “Trabajemos en leyes que pongan orden”, remató.
Graciela Medina, Juez de la Cámara Federal Civil y Comercial: comenzó aclarando que la afirmación de Liberatori sobre la falta de antecedentes de jueces que dejan sin efecto la sentencia de un magistrado de otro fuero es “absolutamente falsa” y dio ejemplos concretos. Añadió que pedir “el juicio político cuando un tribunal de otra jurisdicción deja de lado un fallo nuestro” es improcedente. Dijo que era heterosexual pero que pertenece a la Comunidad Homosexual porque es su asesora y que no todos los que critican el proyecto lo hacen porque discriminan o niegan “los derechos de las parejas homosexuales”. Puntualizó después, detalladamente, las falencias jurídicas y las lagunas legales que aparejaría el proyecto aprobado por Diputados. Explicó que los 7 países que legalizaron el “matrimonio” homosexual antes modificaron otras leyes (fecundación artificial, adopción…) y que sin esas modificaciones se genera un “caos”. Enfatizó que el proyecto dejaría a los heterosexuales con menos derechos que los homosexuales y añadió “no quiero menos derechos”.
Hugo Zuleta, titular del Juzgado Nº 10 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): “un análisis jurídico no es un análisis metafísico”. Con cierta timidez, tras la crítica lapidaria de Medina, se manifestó a favor del proyecto. Habló de las obligaciones y derechos de los esposos y agregó que no cambian si estos son del mismo o distinto sexo. “Las distinciones en base a la orientación sexual forman categorías sospechosas que originan discriminaciones perversas”. Sólo intentó rebatir una de las muchas objeciones de Medina alegando que no se “invisibiliza” a la mujer cuando se pone “padres” porque es un genérico propio del idioma castellano y acotó que en su trabajo usan el las/los que es “políticamente correcto” pero que “no permite leer el escrito en voz alta”.
Gabriela Seijas, titular del Juzgado Nº 15 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): la jueza que dictó la primera sentencia que permitió el “casamiento” de dos gays fue a apoyar el proyecto para que todas las parejas tengan los mismos derechos “para que haya una sociedad inclusiva”. Habló de las distintas formas de familia y de la “discriminación” y exhortó a pensar en “el daño y el dolor” que esto último provoca.
Martha Gómez Alsina, titular del Juzgado Nac. en lo Civil con competencia exclusiva en materia de familia: “cuando los tratados internacionales hablan de otros derechos mencionan personas, en el caso del matrimonio dicen hombre y mujer”. Describió algunas consecuencias del proyecto: dijo que no se puede desconocer un tratado internacional que exige la protección de la familia, que la filiación se funda en el nexo biológico y que esto traería problemas en el caso de la fecundación asistida, y que para la adopción tiene que primar el interés del niño. Aseguró que es un proyecto que reemplaza términos y que tiene “poca profundidad jurídica”.
Elena Liberatori, titular del Juzgado Nº 4 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): defendió sus sentencias, las que permitieron el “casamiento” de dos parejas de gays y una de lesbianas y se dedicó a criticar a la justicia civil que mediante cautelar había anulado sus fallos “anular la sentencia de un juez de otro fuero es un escándalo”, “nosotros tenemos que afianzar el poder judicial”. Advirtió que no había declarado la inconstitucionalidad del Código Civil sino que había actuado en el marco de la teoría del “caso no previsto”. Recordó otra sentencia suya en la que obligó a una obra social a cubrir la inseminación artificial de dos lesbianas y enfatizó que hoy “dos mujeres pueden tener un hijo”. Cuando la presidente de la Comisión, Liliana Negre, le pidió que hable del proyecto sólo acotó que tiene convicciones propias y que encontró razones que plasmó en sus sentencias. La senadora Escudero le preguntó si antes de dictar sentencia se había informado sobre las consecuencias que acarrea la crianza por parte de homosexuales y respondió que no, pero que tiene “amigos homosexuales que comparten hijos”.
Guillermo Scheibler, titular del Juzgado Nº 13 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): dijo que dictó un fallo a favor del “matrimonio” homosexual y su postura al respecto es pública, por lo que iba a hablar del proyecto de la senadora Bortolozzi que promueve la “unión civil”. Manifestó que esta figura jurídica afecta la igualdad y es discriminatoria. Recalcó que “el estado es laico” y que “una ley de matrimonio civil no puede coincidir con principios religiosos”. Enfatizó que la unión civil es peor que “iguales pero separados”. Disintió con Gómez Alsina, sostuvo que los tratados internacionales mencionan el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio pero, añadió, “no dicen entre sí”. “No se pueden imponer convicciones religiosas -que no gozan de amplio consenso social- a los no creyentes, sobre todo si vulneran derechos de otros”. “Las convicciones morales o religiosas son para el ámbito privado”.
Félix de Igarzábal, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85: en alusión a Liberatori comenzó aclarando que era un debate de ideas, que no habían sido convocados para hablar de lo que hacían en el ámbito laboral. Comentó que es padre de 8 hijos y que con el proyecto en debate “lo quieren convencer de que sea de River cuando es de Boca”. “Tratan de equiparar lo que es distinto”. Hizo foco en el espíritu docente de la ley y añadió que la ley tiene que lograr un orden social justo. “Una ley que confunde no pone orden”. “Trabajemos en leyes que pongan orden”, remató.
Graciela Medina, Juez de la Cámara Federal Civil y Comercial: comenzó aclarando que la afirmación de Liberatori sobre la falta de antecedentes de jueces que dejan sin efecto la sentencia de un magistrado de otro fuero es “absolutamente falsa” y dio ejemplos concretos. Añadió que pedir “el juicio político cuando un tribunal de otra jurisdicción deja de lado un fallo nuestro” es improcedente. Dijo que era heterosexual pero que pertenece a la Comunidad Homosexual porque es su asesora y que no todos los que critican el proyecto lo hacen porque discriminan o niegan “los derechos de las parejas homosexuales”. Puntualizó después, detalladamente, las falencias jurídicas y las lagunas legales que aparejaría el proyecto aprobado por Diputados. Explicó que los 7 países que legalizaron el “matrimonio” homosexual antes modificaron otras leyes (fecundación artificial, adopción…) y que sin esas modificaciones se genera un “caos”. Enfatizó que el proyecto dejaría a los heterosexuales con menos derechos que los homosexuales y añadió “no quiero menos derechos”.
Hugo Zuleta, titular del Juzgado Nº 10 (Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA): “un análisis jurídico no es un análisis metafísico”. Con cierta timidez, tras la crítica lapidaria de Medina, se manifestó a favor del proyecto. Habló de las obligaciones y derechos de los esposos y agregó que no cambian si estos son del mismo o distinto sexo. “Las distinciones en base a la orientación sexual forman categorías sospechosas que originan discriminaciones perversas”. Sólo intentó rebatir una de las muchas objeciones de Medina alegando que no se “invisibiliza” a la mujer cuando se pone “padres” porque es un genérico propio del idioma castellano y acotó que en su trabajo usan el las/los que es “políticamente correcto” pero que “no permite leer el escrito en voz alta”.