En 1992, el año político –escribe Márquez– empezó con el intendente Aníbal Fernández defendiéndose de las imputaciones que se le formulaban por su decisión de alquilar el ex Sanatorio Alvear para que funcionaran allí los Tribunales Civiles y Comerciales. Se criticaba el alquiler del lugar en la suma de 22.000 dólares mensuales, más los gastos para refaccionar el edificio, que superaban el costo del mismo y generaron un serio perjuicio a la Municipalidad de Quilmes, que debe afrontar ese gasto con sus propios fondos.
El año que comenzó con un escándalo terminó con otro: una controversia con Aguas Argentinas en la que la empresa le reclamaba al municipio deudas impagas por 400.000 pesos. Aquel conflicto fue el origen de la fuga del intendente: en octubre de 1994, la concejala del Frente Grande María del Carmen Alburúa denunció a la Dirección General de Servicios Sanitarios por haber contratado a un grupo de abogados ajenos al organismo para llevar adelante las negociaciones con el Ente Regulador de Aguas: la designación del estudio había sido autorizada por medio de un decreto firmado por el intendente.