Cuba: e/una crítica de izquierda y el arreglo con la Iglesi

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CUBA

La huelga de hambre de Orlando Zapata

Hace dos años, el conocido trovador y funcionario Silvio Rodríguez declaró que la situación de las cárceles cubanas era una de las cosas más “dolorosas e incómodas” de la isla.
Los maltratos sufridos por el disidente Orlando Zapata Tamayo durante más de siete años lo condujeron a una situación desesperante y a la huelga de hambre que mantuvo por más de 80 días. Por desacato a la autoridad –un delito que es incompatible con la democracia y el socialismo–, la pena inicial de tres años y medio se transformó en otra de más de 30 años de prisión. El calvario luego lo sufrió su madre: la burocracia montó un virtual estado de sitio en su provincia natal (con detenciones y atropellos de todo tipo) para impedir el entierro.

Para el ahora filokirchner-stalinista Atilio Borón, aquel sería un representante del “lumpenproletariado” alzado contra la “generosidad” de la “justicia cubana” (sic, en rebelión.com). Veinte años atrás, cuando lo sostenían ONGs europeas, Borón reclamaba “democracia” para Cuba ; ahora, con el salvoconducto del Credicoop, Borón cierra filas con un asesinato político. El régimen penal cubano, que castiga la disidencia y la crítica, es incompatible con el más elemental de los principios socialistas. Por esta vía, Cuba no ha estado marchando hacia un mayor desarrollo social, sino a una manifesta descomposición política y una corrupción en serie de las figuras más prominentes de la burocracia estatal (Laje y otros).

El destino de Zapata es el mismo que Margaret Thatcher decidió para el combatiente del IRA Bobby Sands, en 1981, fallecido después de 66 días de huelga de hambre. Es lo menos que podemos decir para repudiar la muerte de Orlando Zapata.



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¿El castigo a un delincuente o contrarrevolucionario no tiene límites?

Cuatro disidentes cubanos tomaron la posta de una nueva huelga de hambre tras la muerte de Orlando Zapata.Uno de ellos, Guillermo Fariñas, se encuentra en un estado desastroso y ya ha sido hospitalizado dos veces. Lo que sigue es la respuesta al título, actual y pertinente, de esta nota.

El reclamo de los disidentes es el cese de los tratos vejatorios e inhumanos en las cárceles. Igual que en el caso anterior, el gobierno de Cuba niega los reclamos y acusa a los huelguistas de ser agentes del imperialismo.

Guillermo Fariñas es el más importante de los huelguistas. Es un periodista de 48 años, ex miembro del Partido Comunista. Fariñas, hijo de revolucionarios castristas, a los 12 años entró en la escuela militar Camilo Cienfuegos, donde se forman los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba . Raúl Castro le propuso personalmente integrar la misión militar cubana en Angola en 1979, para combatir la guerrilla pro-yanqui. Al volver fue escolta personal del general Arnaldo Ochoa, a cuyo fusilamiento se opuso en 1991. En 1993 entró a trabajar en el Hospital Pedro Castro de La Habana y denunció públicamente ante Fidel, en una visita al establecimiento, los planes de cierre del hospital. Fue electo entonces secretario general del sindicato del hospital por sus compañeros y denunció a las autoridades que negociaban los fármacos en el mercado negro.

Según diferentes despachos de prensa, el gobierno estaría negociando con López Zapatero el envío de Fariñas al exilio. Pero Fariñas se opone: pide que se “liberen a 26 presos políticos en graves condiciones de salud, para poner fin a su huelga de hambre” (Efe, 11/3).

Las principales ONG y las organizaciones anticastristas en Cuba han reclamado a Fariñas y a los otros huelguistas que levanten su medida (sin previas condiciones), como antes se lo pidieron a Zapata. Lula acusó a Fariñas de “delincuente”, como si esta condición privara a Fariñas y a otros huelguistas de los derechos que caben a los delincuentes. La sorprendente posición de Lula ha sido unánimemente interpretada como un manto de protección de los activos intereses comerciales que Brasil ha desarrollado en Cuba . Si se tiene en cuenta la situación de los presos por delitos comunes en Brasil, podríamos calificar cómodamente a Lula de violador serial de derechos de las personas. La violación de derechos de un delincuente o condenado convierte en delincuente a quien lo realiza o apaña.

“Contrarrevolucionarios” o “delincuentes”, la pregunta es cuánto castigo debe admitirse en tales casos y en qué condiciones cargar con las penas. El socialismo también se manifiesta en la calidad de la conducta hacia quienes quebrantan la ley, no puede ser más severa e inhumana que la que caracteriza a los peores regímenes capitalistas. Cuba no se encuentra, ni de lejos, en situación de guerra civil, que legitimaría la pena de muerte. Esta, sin embargo, se aplica en Cuba y en China, tanto a los delitos comunes como a los adversarios políticos. El socialismo ha estado siempre en contra de la pena de muerte. Como los gobiernos de Cuba y China no desconocen la posición histórica del socialismo a favor de los derechos de delincuentes y adversarios políticos, hay que convenir que el trato que les dan a éstos tiene un rol de intimidación y represión contra el conjunto del pueblo que discrepe con esos gobiernos. Ningún gobierno socialista puede ser más represivo que los gobiernos capitalistas.

No son admisibles los ‘guantánamos’ o ‘abu grahibs’; o sea, el juicio secreto o alguna forma de tortura.

Cuba tiene un serio problema con su propia burocracia, pues dos ministros fueron desplazados hace dos años por corrupción y complicidad con potencias extranjeras. Ahora fue depurado el presidente de la aeronáutica civil, el general de división Rogelio Acevedo, otro ex combatiente de Sierra Maestra y miembro fundador del PCC. La severidad con delincuentes reales o no, no parece detener la corrupción en la cima.

Así como reclamamos la expulsión de los yankis de Guantánamo, la extradición a Cuba del gusano Posada Carriles y la libertad de los cinco presos cubanos en los Estados Unidos, también reclamamos la satisfacción de los reclamos de la huelga de hambre de Fariñas; para que en Cuba y en todo el mundo nadie sea condenado sin un debido proceso público; que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito; que las cárceles cumplan condiciones mínimas de higiene y buen trato; por el derecho a la inspección humanitaria internacional de cualquier centro de detención (y de todo tipo de presos).







Anumerosos castristas y chavistas no les gustó nada que las páginas de Prensa Obrera rechazaran el desproporcionado ensañamiento del gobierno de Cuba con los presos políticos de la isla –sean contrarrevolucionarios o no, o sean o no considerados como tales presos políticos por las autoridades. Una cosa es el derecho de defensa de un régimen revolucionario en el marco de una guerra civil (cuando se justifican las medidas excepcionales, aunque tampoco en ese caso el ensañamiento); otra cosa es el respeto por los derechos individuales al que está obligado un régimen establecido. No fuimos los únicos en sostener esta posición en el campo de la izquierda , con independencia que las intenciones de cada uno no fueran las mismas: la mayor parte de las protestas apuntan al objetivo de que Cuba se convierta en una democracia burguesa; el nuestro a que se expulse a la burocracia, a que la propiedad sea realmente social y para que se instale una democracia obrera, una democracia de productores.

Lo que no hemos conseguido quienes reclamamos desde la izquierda , el gobierno de Cuba se lo va a conceder a la Iglesia . Según coincide la prensa mundial –y en forma parcial el diario Gramma– esos presos serían trasladados a cárceles de sus provincias, otros recibirían tratamiento en hospitales y algunos serían liberados. Raúl Castro lo habría negociado con la jerarquía clerical durante una reunión que duró nada menos que cuatro horas. Una interpretación literal sería que el régimen cubano tiene mayor campo de coincidencias con los curas que con la izquierda internacional. Otra explicación, adicional, es que se negoció un toma y daca: los términos de las concesiones del gobierno son insignificantes, a cambio de lo cual el clero se compromete con la ‘gobernabilidad’ de Cuba en un período aún más difícil que el que sobrevino a la disolución de la URSS. El clero pasa a ser parte de la “transición” o de la llamada “etapa de cambios”. No llega a ser una alianza política, pero es un compromiso.

Los castro-chavistas continentales han quedado desairados. Les ocurre lo que la ya les había pasado a los ‘amigos de la URSS’: sólo ellos, no los funcionarios, creían en la propaganda oficial. La historia se repite en forma aún más bochornosa. No hace falta explicar a la izquierda que un compromiso con la Iglesia es un compromiso con el imperialismo. Si no pregúntenle a la burocracia stalinista de Polonia.

La Iglesia goza en Cuba de derechos o privilegios que no le son reconocidos a ninguna oposición de izquierda ; por ejemplo, tiene prensa propia y desarrolla su propaganda desde el púlpito y muchas veces la televisión. El Papa Juan Pablo II pudo arengar ‘urbi et orbi’ en suelo cubano. O sea que la Iglesia no sería contrarrevolucionaria. Existe la pluralidad en lo relativo a lo confesional, pero en política sólo vale el partido único, incluso si la oposición es de izquierda . Privilegiar la interlocución con la Iglesia y negar a la izquierda que disiente con el gobierno a formar su propio partido constituye una medida que prepara políticamente la restauración del capitalismo. Esta restauración se encuentra en marcha, no en la formalidad de los acuerdos de inversiones con capitales extranjeros que, en línea de conveniencia, pudieran servir para desarrollar las estancadas fuerzas productivas de la isla, sino en el aprovechamiento que hace la burocracia de esas relaciones con el capital para asentar su derecho a la propiedad. La corrupción rampante de altísimas autoridades de gobierno tienen todas el sello de la tendencia de la burocracia a convertirse en capitalista. El ex vicepresidente Lage o el ex ministro Roqué son un ejemplo; hace poco se suicidó un acusado de corrupción que estaba vinculado a inversiones extranjeras piloteadas por un ex guerrillero chileno, ampliamente afín al régimen.

Las condenas por tribunales que no son públicas y las penas desorbitadas juegan un rol intimidatorio contra la disidencia popular, para que no se convierta en una alternativa de izquierda , socialista al ostensible impasse del régimen. Al protestar contra la arbitrariedad del Estado estamos defendiendo las posibilidades de organización independiente de los sindicatos y de una oposición socialista e internacionalista. No es una posición que adoptamos hoy; lo hacemos desde 1964, cuando defendimos al poeta Heberto Padilla y publicamos sus poemas contestatarios en el periódico Política Obrera.

En definitiva, ningún acuerdo con el clero contrarrevolucionario. Juicios públicos y por jurados. Libertad de organización política y sindical. Expulsión de la burocracia del poder y de las empresas; control obrero.