Por Trabajo decente, visita
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Justicia social - Justicia ecológica
2010-03-19
Entre los muchos problemas que azotan a la humanidad, dos son de especial gravedad: la injusticia social y la injusticia ecológica. Ambos deben ser abordados conjuntamente si queremos poner en ruta segura a la humanidad y al planeta Tierra.
La injusticia social es cosa antigua, derivada del modelo económico que, además de saquear la naturaleza, genera más pobreza de la que puede manejar y superar. Implica gran acumulación de bienes y servicios por un lado, a costa de clamorosa pobreza y miseria, por el otro. Los datos hablan por sí mismos: hay mil millones de personas que viven al límite de la supervivencia con sólo un dólar al día, y 2.600 millones de personas (40% de la humanidad) que vive con menos de dos dólares diarios. Las consecuencias son perversas. Basta citar un hecho: existen de 350 a 500 millones de casos de malaria, con un millón de víctimas anuales, evitables.
Esta anti-realidad se ha mantenido invisible durante mucho tiempo para ocultar el fracaso del modelo económico capitalista, hecho para crear riqueza para unos pocos y no bienestar para la humanidad.
La segunda injusticia, la ecológica, está ligada a la primera. La devastación de la naturaleza y el actual calentamiento planetario afectan a todos los países, no respetando los límites nacionales ni los niveles de riqueza o de pobreza. Lógicamente, los ricos tienen más medios para adaptarse y mitigar los efectos dañinos del cambio climático. Ante los eventos extremos, poseen refrigeradores o calentadores, y pueden crear defensas contra las inundaciones que destruyen regiones enteras. Pero los pobres no tienen cómo defenderse. Sufren los daños de un problema que no han creado.
Fred Pierce, autor de El terremoto poblacional, escribió en el New Scientist de noviembre de 2009: «los 500 millones de los más ricos (7% de la población mundial) son responsables del 50% de las emisiones de gases productores de calentamiento, mientras que el 50% de los más pobres (3.400 millones de la población) son responsables de sólo el 7% de las emisiones.
Esta injusticia ecológica difícilmente pueden hacerla invisible como la otra, porque las señales están en todas partes, ni puede ser resuelta sólo por los ricos, pues es mundial y les afecta también a ellos. La solución debe nacer de la colaboración de todos de forma diferenciada: los ricos, por ser más responsables en el pasado y en el presente, deben contribuir mucho más con inversiones y con la transferencia de tecnologías, y los pobres tienen derecho a un desarrollo ecológicamente sostenible, que los saque de la miseria.
Seguramente no podemos descuidar las soluciones, pero ellas solas son insuficientes, pues la solución global remite a una cuestión previa: al paradigma de sociedad que se refleja en la dificultad de cambiar estilos de vida y hábitos de consumo. Precisamos de solidaridad universal, de responsabilidad colectiva y de cuidado de todo lo que vive y existe (no somos los únicos que vivimos en este planeta y usamos la biosfera). Es fundamental la conciencia de la interdependencia entre todos y de la unidad entre Tierra y humanidad.
¿Se puede pedir a las generaciones actuales que se rijan por tales valores si nunca antes han sido vividos globalmente? ¿Cómo operar este cambio que debe ser urgente y rápido?
Tal vez solamente después de una gran catástrofe que afligiera a millones y millones de personas se podría contar con este cambio radical, hasta por instinto de supervivencia. La metáfora que se me ocurre es ésta: si nuestro país fuera invadido y amenazado de destrucción por alguna fuerza externa, todos nos uniríamos más allá de las diferencias. Como en una economía de guerra, todos se mostrarían cooperativos y solidarios, y aceptarían renuncias y sacrificios a fin de salvar la patria y la vida. Hoy la patria es la vida y la Tierra amenazadas. Tenemos que hacer todo para salvarlas.
Leonardo Boff
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=372
EL ENCUENTRO DE ASAMBLEAS CIUDADANAS REALIZADO EN ESQUEL
Contra el modelo extractivo
Minería, basurales a cielo abierto, agroquímicos, contaminación fueron algunos de los negocios criticados por sus costos humanos. Y también el silencio que logran tejer en provincias enteras con su poder económico.
Por Darío Aranda
Desde Esquel, Chubut
Rechazar el modelo extractivo fue el centro del nuevo Encuentro de Asambleas Ciudadanas, que reunió organizaciones sociales y activistas de todo el país. Minería a gran escala, basurales a cielo abierto, monocultivos industriales, agrocombustibles, contaminación de recursos hídricos, represas, plantas de celulosa, agroquímicos, contaminación industrial urbana, fueron algunos de los negocios criticados. Es que “privilegiar los negocios por sobre la vida no sólo tiene sus costos ambientales, también tiene consecuencias sociales, económicas y sanitarias”
La larga lista de ejemplos concretos que se manejó en este encuentro va del alud de Tartagal a la muerte de indígenas desnutridos en Chaco, pasando por el desmonte masivo en Santiago del Estero, la sequía atroz de Córdoba, los niños fumigados de Santa Fe, la expulsión violenta de campesinos e indígenas y la pérdida de soberanía alimentaria.
En el Valle de Punilla, una de las clásicas zonas de turismo en Córdoba, nació hace cuatro años la Asamblea Ongamira Despierta. Había circulado la noticia de que una compañía internacional estaba avanzando con cateos para extraer oro. Con el antecedente fresco de Esquel, los vecinos se organizaron y comenzaron las movilizaciones, denuncias y reclamos al municipio y la provincia. Una decena de pueblos cercanos, de entre cinco y quince mil habitantes, veían peligrar su forma de vida, con el agravante de que el yacimiento estaba cerca de nacientes hídricas. La movilización fue tan grande que la legislatura tuvo que prohibir la minería metalífera en toda la provincia. Fue el primer triunfo de la Asamblea, en septiembre de 2008. “Insistimos en que el modelo de extracción y contaminación es uno, con varios rostros, pero es un solo modelo”, machaca una y otra vez Titina Romero, de Villa Giardino, 67 años, jubilada, porteña de nacimiento, cordobesa por adopción.
Como para demostrarlo, está el problema también cordobés de la capital provincial. Desde hace dos años, los asambleístas de Córdoba resisten la instalación de un enorme basural que el gobierno local pretende abrir en La Falda, zona también turística y con nacientes de ríos. Hasta ahora, la basura de Córdoba Capital se lleva al gigantesco basurero en Bower, en las afueras. En los últimos veinte años se construyeron verdaderas montañas y por las denuncias y la movilización de los vecinos la Justicia determinó que este 31 de marzo el basural debe cerrarse. El gobierno de Córdoba está en cuenta regresiva. Romero propone que en lugar de inundar una comunidad con basura se debata cómo reducir los desechos y cómo reciclar. Pone como referencia a Villa Giardino, donde ya se recicla el 30 por ciento de los desechos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) cuenta con una comisión permanente de “legales” y con una Red de Asistencia Jurídica (Redaj). Romina Tello Cortez integra ambos espacios, detalla que se crearon por necesidad ante las persecuciones judiciales de los asambleístas y no duda: “Existe una criminalización constante de la lucha de las asambleas”. Afirma que en todas las provincias se repite la misma metodología. Cuando comienzan los cortes de ruta, fiscales y funcionarios hacen el trabajo sucio: presentan denuncias penales y amenazan con la cárcel. “Cuando observan que la resistencia sigue firme, viene la represión”, señala y ofrece como muestra lo sucedido en Andalgalá en febrero, con una decena de presos y una veintena de heridos.
Federico Zini tiene 23 años, estudia seguridad e higiene laboral, atiende un kiosco y milita en la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo. En tiempos donde mucho se debate la ley de medios audiovisuales, tiene una certeza poco conocida fuera de Cuyo. “En San Juan ningún medio masivo puede criticar la minería. Las radios, los diarios y los canales de televisión parecen manejados por las empresas mineras y, claro, el gobierno provincial, que pareciera empleado de empresas como Barrick Gold.” Dos anécdotas grafican la incomunicación. Todos los martes, desde hace cinco años, la Asamblea se reúne en la plaza principal de la provincia (25 de Mayo). Sin importar la concurrencia, jamás un medio masivo de San Juan dio cuenta de su existencia, ni para criticarlos. Segunda anécdota: el 7 de junio de 2009, el gobierno de San Juan prohibió la venta de una revista dominical que se entrega con los principales diarios de la región. La publicación (llamada Rumbos, de Editorial La Nación) contenía un artículo crítico a la minería. La increíble censura, reconocida incluso por el mismo gobernador José Luis Gioja, consistió en secuestrar (literalmente) todas las revistas antes de su distribución.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-142800-2010-03-28.html
Andalgalá, la ciudad que fue concesionada
El gobierno de Catamarca otorgó en concesión minera todo el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. De avanzar la actividad extractiva, se contempla desalojar el casco urbano del histórico pueblo. Rechazos desde la asamblea vecinal.
Darío Aranda, Página 12 on line, 29.03.2010
En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia. “Es increíble cómo el gobierno nos entrega a la voracidad minera”, denunció Graciela Chayle, integrante de la Asambleas Vecinos por la Vida, espacio que impulsó la movilización de la ciudad en reclamo del retiro de Alumbrera y la prohibición de la actividad minera. En 2009, el gobierno de Catamarca ya había aprobado un polémico proyecto (llamado Agua Rica) a sólo 17 kilómetros de la ciudad, y que los vecinos sindican como la puerta de entrada de otros proyectos, entre ellos el que implicará el desalojo compulsivo de los habitantes. El Concejo Deliberante local aprobó un plebiscito vinculante para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica.
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue una de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y, sobre todo, los casos de contaminación y afecciones en la salud.
La empresa, que en ese momento pertenecía al consorcio de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion –hoy Yamana Gold–, había prometido, junto a los políticos de turno, la construcción de un barrio para 5 mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas y 6 mil puestos de empleo. Nada se cumplió. Ya en 2004 Andalgalá estaba dividida en torno de la minería. Pero la noticia de un nuevo yacimiento –Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro–, publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, alarmó a la ciudad. El emprendimiento se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población .
Urbano Cardozo es un jubilado que divide su tiempo entre la familia y la militancia, según sus palabras, por mantener el ambiente sano para sus nietos. Había aplaudido la llegada de la gran minería a la zona, pero en poco tiempo cambió de opinión. En abril de 2004 le advirtió a este periodista: “Agua Rica es la primera de una larga fila de mineras que se quieren instalar, por eso hay que frenarla. Vienen por todo. Quieren matar al pueblo”. Seis años después, el miércoles pasado, Cardozo volvió a hablar con este diario. “Sabíamos y sabemos que Agua Rica es la carta de defunción del pueblo, pero no imaginamos que el gobierno y las empresas llegarían a tanto, a rematar el pueblo, a echarnos para que venga una minera. No pensé vivir algo así”, lamentó el jubilado militante.
El documento oficial, de la Secretaría de Minería de Catamarca, es claro: “El área de mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera como la superficial, siendo la minera en este caso con fines de prospección y exploración, que en caso de llegar a una explotación se deberá contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad del desarrollo”. Es el párrafo textual de un escrito oficial, fechado el 18 de noviembre de 2009, y que lleva la firma de la máxima autoridad minera de Catamarca, el secretario de Minería, Guillermo Sinner.
El informe oficial precisa que se trata del expediente “770B2005”, que el yacimiento fue denominado “Pilciao 16”, y detalla que se entregó el área a las empresas Billiton Argentina BV y confirmó la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesan 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucra 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.
La concesión minera de la ciudad de Andalgalá fue otorgada silenciosamente en diciembre de 2005, y fue mantenida en secreto hasta noviembre último, cuando el concejal Alejandro Páez realizó un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca. “A mediados de 2009 me llamó la atención que en una zona cercana, de valles y donde el pueblo de Andalgalá tiene reservas de aguas subterráneas, se comenzaron a ver movimientos, perforaciones y venta de campos. Por eso hice el pedido de informes a la autoridad competente. Nunca imaginé que nuestras autoridades habían entregado el pueblo de forma tan indigna”, detalló Páez.
Con el contexto de una comunidad que se debate desde hace una década por el accionar minero, la posibilidad de desalojos masivos y la pérdida del lugar donde vivieron toda su vida, se incrementó el rechazo a la actividad. La Asamblea Vecinos por la Vida de Andalgalá dio el alerta en diciembre: “Nos sentimos expulsados, violados, ultrajados, al enterarnos de que la Secretaría de Minería concedió a la empresa Billiton Argentina BV el área de mina que cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá. No puede entrar en la lógica de nadie que un gobierno valore más el interés de una empresa minera por encima de los derechos a la vida de toda la ciudad”, denunció.
Los vecinos impulsaron “Caminatas por la vida”, marchas en las que reunieron a más de 5 mil personas (en un pueblo de 17 mil). Graciela Chayle tiene 46 años, cinco hijos, y es nacida y criada en Andalgalá, como sus padres. Tiene una pregunta y dos certezas. “¿Cómo se animaron a hacer algo como Pilciao 16, con el desalojo de la ciudad incluido?” Se responde: “El gobierno y las empresas jamás pensaron que el pueblo se iba a levantar, nos veían como quedados, demasiado tranquilos. Como ya habíamos permitido a Alumbrera, pensaron que no íbamos a hacer nada. Por otro lado, queda claro que se equivocaron: Andalgalá resiste”.
Billiton Argentina BV pertenece al grupo internacional BHP Billiton, con sede en Australia y presencia en 25 países. Explota y comercializa petróleo, aluminio, metales, acero, diamantes y carbón energético. Una de sus subsidiarias (BHP Petroleum Corporation) explora, con permiso británico, petróleo en las Islas Malvinas. Billiton Argentina BV tiene presencia en Salta desde 2007, donde cuenta con 40 mil hectáreas en concesión. La empresa no cuenta con sitio de Internet en la Argentina, no hay datos suyos en los sitios especializados en minería y en la Secretaría de Minería de Catamarca dijeron no tener contactos actualizados.
Desde la Secretaría de Minería de Catamarca rechazaron hablar con Página/12. Sí hablaron con el diario local El Ancasti. Admitieron la entrega en concesión de Andalgalá a la empresa, que ésta presentó una declaración de impacto ambiental en 2006 y explicaron que “la empresa concesionaria ha demostrado desinterés en la misma en los últimos años, por lo que se infiere falta de interés en la zona”.
El concejal Páez toma distancia de las autoridades provinciales. “Pilciao 16 fue un avasallamiento realizado sin consultar a la población directamente afectada. Si han tenido decisión de hacer eso, ya no puedo creer nada de lo que digan las empresas, la Secretaría de Minería de Catamarca, ni la Secretaría de Minería de Nación.”
Los vecinos que se oponen desde hace una década a la actividad extractiva también afirman que la marcha atrás es sólo momentánea y advierten que no dejarán las calles hasta que se cumpla su exigencia: “Fuera Agua Rica y jamás Pilciao 16. No a la minería
Agua en peligro
Por D. A.
La megaminería a gran escala requiere para su funcionamiento enormes cantidades del líquido. Y Andalgalá es testigo de ese monumental uso: Minera Alumbrera cuenta desde hace trece años con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El nuevo yacimiento, Agua Rica, ya comenzó con las obras de infraestructura y se ubica en la cima de las montañas donde nacen los ríos que alimentan de agua a las ciudad. La compañía descarta que exista riesgo hídrico.
El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.
En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.
Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.
Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.
Un estudio con dudas
La Municipalidad de Andalgalá pidió en 2007 a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que hiciera un análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Agua Rica. La intención era apurar la aprobación de Agua Rica, que estaba demorada. Pero los consultores de la UNT cuestionaron el informe de la empresa. El estudio se llamó “Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica” y fue presentado en julio de 2008. Abundan los cuestionamientos técnicos, pide numerosos modificaciones, insta a la realización de nuevos estudios y recomienda que, de mantenerse como está, el proyecto sea desestimado. A pesar de todo, la provincia dio luz verde al emprendimiento. La Unidad de Gestión Ambiental (UGAP) es un organismo dependiente de la Secretaría de Minería. En octubre de 2008, el jefe de la UGAP, Jorge Eremchuk, reconoció que el proyecto tenía “tres puntos críticos” (no precisó cuáles) y se negó a aprobar el Informe Ambiental de Agua Rica. Al día siguiente, el secretario de Minería, José Sinner, lo echó de su puesto.
Por los cuestionamientos al Informe Ambiental, Agua Rica funcionó a paso lento. Era imprescindible esa aprobación para comenzar la construcción. El 17 de marzo de 2009, la compañía anunció que echaría personal, se declaró en “stand by” y dejó trascender la noticia de que, de no obtener vía libre en breve, se retiraría del emprendimiento. Dos días después, la Secretaría de Minería de Catamarca aprobó el cuestionado Informe de Impacto Ambiental y autorizó el avance minero.
Un plebiscito para decidir el futuro
Agua Rica es la mina de la muerte porque matará los ríos y sabemos que sin agua no hay vida. De funcionar Agua Rica, morirá el pueblo, podrán hacer Pilciao 16 y todo lo que quieran”, explicó Graciela Chayle, de la Asamblea Vecinos por la Vida. El yacimiento se encuentra momentáneamente detenido (luego de la dura represión de febrero pasado), pero cuenta con la aprobación de la provincia. El Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó un plebiscito vinculante para que el pueblo decida, el próximo 25 de mayo, si acepta o rechaza el emprendimiento. Los gobiernos provincial y municipal ya adelantaron su rechazo a la medida y la declararon inconstitucional. Desde Yamana Gold (a cargo de Agua Rica), coincidieron con la postura de la provincia, advirtieron que la compañía se sujetará a la ley y rechazó las acusaciones sobre el uso masivo de agua.
En diciembre pasado, los Vecinos por la Vida resolvieron cortar el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo (tomaron el nombre del árbol que les daba cobijo en las noches), que fue duramente reprimida el 15 de febrero pasado por la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica.
A la represión le siguieron la movilización, el reclamo y el escrache. Al día siguiente, y motivado por “la alteración de la paz social y porque se han visto comprometida la seguridad de las personas y bienes”, el juez de Minas Guillermo Cerda suspendió la actividad de Agua Rica “hasta que esta situación se encarrile dentro de la normalidad”.
El titular de Yamana Gold, Hernán Vera, señaló a Página/12 que no puede “ni afirmar ni negar que hubo represión” y sí resaltó que “destruyeron las oficinas de la empresa, la Municipalidad y los empleados de la compañía tuvieron que huir de la ciudad con sus familias por temor a la violencia desatada”.
El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante el 25 de mayo para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica. El intendente José Perea –que rechazó hablar con este diario– debe promulgar o vetar la medida. En caso de vetarla, los concejales pueden tratarla nuevamente. “Si no hace nada, vencido los diez días, se autopromulga”, explicó el concejal Alejandro Páez.
El secretario de Minería, José Sinner, salió al cruce. Denunció que el referéndum “es ilegal” porque “el municipio no tiene competencia para poner en el debate el tema” y recordó que los recursos mineros son de la provincia. Vera consideró “inconstitucional” a medida y resaltó que Agua Rica ya fue aprobada.
Tampoco se mantuvo al margen la Secretaría de Minería de Nación. El lunes 15 de marzo fueron convocados los siete concejales por el secretario Jorge Mayoral. Tres de ellos –Alejandro Páez, Edgardo Bernal y Jorge Ramos–- propusieron concurrir con un vecino como asesor, pero se les denegó la propuesta. “Desde Nación nos advirtieron que la explotación de Agua Rica es un hecho. Nosotros creemos que el pueblo debe decidir”, explicó Páez. Este diario llamó a la Secretaría de Minería de Nación, no quisieron hablar sobre el tema pero confirmaron que cuatro concejales de Andalgalá estuvieron reunidos en esa dependencia.
La Asamblea Vecinos por la Vida no rechaza el plebiscito, pero tampoco lo considera su mejor carta. “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”, afirman. En el sitio de Internet de la Secretaría de Minería de Catamarca aún hoy puede leerse: “Agua Rica: La gran esperanza”.
Carta desde Andalagá
Advertencia.Por elementales razones hemos puesto solamente sus iniciales.
Una abogada catamarqueña, alumna del PosGrado que estamos brindando en la UNCA, nos contesta:
Estimado Dr.
En respuesta a su pregunta de si esta noticia es cierta, le tengo que decir que lamentablemente sí, le adjunto un archivo de un acta escaneada por gente de la asamblea donde dice claramente que el proyecto pilceao 16 abarca casi la totalidad de la ciudad de Andalgalá. Le cuento que me encuentro radicada en la ciudad de Andalgalá, y recientemente he tomado contacto con la gente de la Asamblea, de hecho en este momento estoy patrocinando a 4 de ellos que fueron imputados por los delitos de "VIOLACION DE DOMICILIO, DAÑO AGRAVADO, Y RESITENCIA A LA AUTORIDAD EN GRADO DE TENTATIVA", que paradojicamente fueron detenidos el 24 de marzo pasado, por encontrarse estos señores, en un camino público que fue cerrado hace años por minera alumbrera, que además se encuentra a la vera del río Villa Vil, por lo cual yo entiendo que no hay delito posible, sin embargo, se ha llegado al absurdo de imputarlos en menos de 24 horas, y de delitos que según entiendo, no existen (tentativa de resitencia a la autoridad). Así estamos, para cualquier información que necesite estoy a su disposición. Desde aqui se agradece la difusion de esta lucha, y todo apoyo en este sentido.
S.H.
http://***/index.php?pub_id=99&sid=4204&aid=53726&eid=59&NombreSeccion=Minería&Accion=VerArticulo
El monocultivo de soja transgénica (RR) amenaza gravemente la sustentabilidad del ecosistema agropecuario argentino, por Alberto J. Lapolla
El cultivo indiscriminado de soja transgénica (soja RR resistente a glifosato) que hoy ocupa mas de 18 millones de hectáreas en nuestro país, ya ha producido una fuerte afectación al ecosistema agropecuario de las subregiones pampeana, semiárida y chaqueña
Acerca de un editorial de La Nación del día 14 de febrero de 2004
De continuar su expansión, como todo parece indicar -pese a las advertencias que muchas voces venimos realizando- provocará, una grave alteración al ecosistema del otrora granero del mundo, así como gravísimos efectos económicos y sociales que ya estamos padeciendo, ejemplificado en el brutal contrasentido que implica que la Argentina produciendo la mayor tasa de alimentos por persona del mundo (3500 kg/hab/año, aceptando el error de considerar a la soja RR un 'alimento') posea hoy 20 millones de personas bajo el nivel de pobreza y 10 millones de hambrientos.
En principio el monocultivo de la soja RR ya ha arrasado innumerables pequeñas y medianas producciones tamberas, ganaderas, hortícolas, frutícolas, forestales, de cultivos industriales (como el algodón) y apícolas, entre otras, produciendo la desaparición o la reducción de la producción nacional de leche, lentejas, batata, arveja, algodón, trigos, arroz, etc. Esta situación ya ha afectado seriamente la antigua y estratégica soberanía alimentaria nacional.
La expansión del monocultivo de la soja -emergente del largo ciclo de contrarreforma agraria iniciado en 1967 por la Ley Raggio del dictador Onganía y profundiazada hasta el hartazgo por las políticas de reprivatización de la renta agraria, desindustrialización forzada, financieraización del capital y revanchismo social de José A. Martínez de Hoz, Domingo F. Cavallo y Felipe Solá- ha producido la desaparición entre 1969 y el 2002 de 260.000 producciones pequeñas y medianas, de las cuales la enorme suma de 160.000 lo hicieron entre 1990 y 2002 -es decir en pleno apogeo del mediterráneo Cavallo.
El sistema de cultivo de Siembra Directa, con alto uso de agroquímicos (oficialmente se reconoce el uso hoy de más de 1 millón de litros/año de glifosato, aunque se estima que la real es el doble de esa cifra) ha producido ya en la zona afectada por el monocultivo, una desertificación biológica marcada, con la denunciada desaparición de aves, liebres, crustáceos, lombrices, moluscos, insectos, etc., afectando particularmente la microflora y microfauna del suelo, alterando la microbiología del suelo responsable de los procesos que desarrollan y recuperan la fertilidad natural de los suelos, al exterminar las bacterias y otros microorganismos, permitiendo su reemplazo por hongos, así como por los efectos de disminución de la temperatura del suelo que la acumulación de materia orgánica no descompuesta por la siembra de soja, sobre soja sin roturación, produce. Los efectos de la Siembra Directa sobre la capacidad de absorción de agua por el suelo pudieron ser claramente comprobados en las catastróficas inundaciones de Santa Fe donde a la escorrentía exponencial que permiten los campos no roturados de la soja RR, se sumó el efecto del desmonte -y puesta en cultivo en las mismas condiciones- del norte santafesino, amplias extensiones de Santiago del Estero y del norte cordobés. (Algunos hidrólogos señalan que la próxima inundación será mucho peor, pues consideran que aun no apareció la escorrentía de la Cuenca superior del Río Salado).
Los festejos por las divisas que hoy aporta el complejo sojero a la destruida economía nacional nos hacen recordar a los bailes y festejos sobre la cubierta del Titanik pocas horas antes de precipitarse a las profundidades del Atlántico Norte.
También durante la fiesta de la Plata Dulce y de la Covertibilidad muchos celebraban y acusaban de melancólicos y atrasados a quienes advertíamos sobre las graves consecuencias de desindustrialización, pauperización generalizada y concentración de la economía que la misma implicaba y que produciría su estallido arrastrando al país a la más grave crisis de su historia moderna.
Por supuesto el proceso será mucho más grave aun, si prosperan los intentos de la empresa Monsanto (avalados por la SAGyP) para legalizar sus maíces y sorgos trangénicos RR, también resistentes al Glifosato, ya que así este herbicida cubriría casi toda la nación y con varias aplicaciones anuales, destruyendo tal vez de manera irreversible la vida orgánica de nuestros suelos.
Como hemos señalado reiteradamente la Argentina ha dejado de ser el 'granero del mundo' y de producir 'la mejor carne del mundo' para pasar a producir los forrajes para que otros países con políticas más racionales produzcan y exporten la carne que ya no producimos por el avance del monocultivo de soja.
En ese sentido creemos de manera contraria a lo que pide vuestro editorial, que la Argentina debe cesar de acompañar a los EE.UU., en su defensa de los OGM y asumir de una buena vez una posición nacional y racional de defensa de sus intereses estratégicos -de los cuales la protección de su ecosistema es parte vital- abandonados hace ya mucho tiempo. Todo el proceso de sojización (sin abordar por la brevedad el grave problema de la transgenia en sí) lleva a advertir sobre los efectos devastadores que el monocultivo de soja puede producir sobre nuestros ricos suelos. Todos los ingenieros agrónomos y expertos en la materia saben que el proceso más arriba descripto lleva a un solo destino final: la desertificación. (Como ya comienzan a advertir voces muy autorizadas) (1) (2) Si a los efectos de desertificación posibles por la irracionalidad del monocultivo argentino, sumamos la suprema irresponsabilidad de nuestros hermanos brasileños de someter a sojización sus débiles suelos tropicales, avanzando criminalmente en la devastación del Pantanal y la Amazonia, los ecólogos y los biólogos saben que tal vez en el siglo XXII para viajar de Córdoba a Buenos Aires sea necesario realizarlo en camello.
(1) Pautas básicas para el desarrollo de una agricultura sustentable, Kiroku Kobayashi, de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
(2) Documento del INTA sobre la sustentanbilidad de los suelos. Clarín 6-12-03
El autor es Ingeniero agrónomo, genetista. Miembro del Grupo de Reflexión Rural.
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/8533
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2010-03-19
Entre los muchos problemas que azotan a la humanidad, dos son de especial gravedad: la injusticia social y la injusticia ecológica. Ambos deben ser abordados conjuntamente si queremos poner en ruta segura a la humanidad y al planeta Tierra.
La injusticia social es cosa antigua, derivada del modelo económico que, además de saquear la naturaleza, genera más pobreza de la que puede manejar y superar. Implica gran acumulación de bienes y servicios por un lado, a costa de clamorosa pobreza y miseria, por el otro. Los datos hablan por sí mismos: hay mil millones de personas que viven al límite de la supervivencia con sólo un dólar al día, y 2.600 millones de personas (40% de la humanidad) que vive con menos de dos dólares diarios. Las consecuencias son perversas. Basta citar un hecho: existen de 350 a 500 millones de casos de malaria, con un millón de víctimas anuales, evitables.
Esta anti-realidad se ha mantenido invisible durante mucho tiempo para ocultar el fracaso del modelo económico capitalista, hecho para crear riqueza para unos pocos y no bienestar para la humanidad.
La segunda injusticia, la ecológica, está ligada a la primera. La devastación de la naturaleza y el actual calentamiento planetario afectan a todos los países, no respetando los límites nacionales ni los niveles de riqueza o de pobreza. Lógicamente, los ricos tienen más medios para adaptarse y mitigar los efectos dañinos del cambio climático. Ante los eventos extremos, poseen refrigeradores o calentadores, y pueden crear defensas contra las inundaciones que destruyen regiones enteras. Pero los pobres no tienen cómo defenderse. Sufren los daños de un problema que no han creado.
Fred Pierce, autor de El terremoto poblacional, escribió en el New Scientist de noviembre de 2009: «los 500 millones de los más ricos (7% de la población mundial) son responsables del 50% de las emisiones de gases productores de calentamiento, mientras que el 50% de los más pobres (3.400 millones de la población) son responsables de sólo el 7% de las emisiones.
Esta injusticia ecológica difícilmente pueden hacerla invisible como la otra, porque las señales están en todas partes, ni puede ser resuelta sólo por los ricos, pues es mundial y les afecta también a ellos. La solución debe nacer de la colaboración de todos de forma diferenciada: los ricos, por ser más responsables en el pasado y en el presente, deben contribuir mucho más con inversiones y con la transferencia de tecnologías, y los pobres tienen derecho a un desarrollo ecológicamente sostenible, que los saque de la miseria.
Seguramente no podemos descuidar las soluciones, pero ellas solas son insuficientes, pues la solución global remite a una cuestión previa: al paradigma de sociedad que se refleja en la dificultad de cambiar estilos de vida y hábitos de consumo. Precisamos de solidaridad universal, de responsabilidad colectiva y de cuidado de todo lo que vive y existe (no somos los únicos que vivimos en este planeta y usamos la biosfera). Es fundamental la conciencia de la interdependencia entre todos y de la unidad entre Tierra y humanidad.
¿Se puede pedir a las generaciones actuales que se rijan por tales valores si nunca antes han sido vividos globalmente? ¿Cómo operar este cambio que debe ser urgente y rápido?
Tal vez solamente después de una gran catástrofe que afligiera a millones y millones de personas se podría contar con este cambio radical, hasta por instinto de supervivencia. La metáfora que se me ocurre es ésta: si nuestro país fuera invadido y amenazado de destrucción por alguna fuerza externa, todos nos uniríamos más allá de las diferencias. Como en una economía de guerra, todos se mostrarían cooperativos y solidarios, y aceptarían renuncias y sacrificios a fin de salvar la patria y la vida. Hoy la patria es la vida y la Tierra amenazadas. Tenemos que hacer todo para salvarlas.
Leonardo Boff
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=372
EL ENCUENTRO DE ASAMBLEAS CIUDADANAS REALIZADO EN ESQUEL
Contra el modelo extractivo
Minería, basurales a cielo abierto, agroquímicos, contaminación fueron algunos de los negocios criticados por sus costos humanos. Y también el silencio que logran tejer en provincias enteras con su poder económico.
Por Darío Aranda
Desde Esquel, Chubut
Rechazar el modelo extractivo fue el centro del nuevo Encuentro de Asambleas Ciudadanas, que reunió organizaciones sociales y activistas de todo el país. Minería a gran escala, basurales a cielo abierto, monocultivos industriales, agrocombustibles, contaminación de recursos hídricos, represas, plantas de celulosa, agroquímicos, contaminación industrial urbana, fueron algunos de los negocios criticados. Es que “privilegiar los negocios por sobre la vida no sólo tiene sus costos ambientales, también tiene consecuencias sociales, económicas y sanitarias”
La larga lista de ejemplos concretos que se manejó en este encuentro va del alud de Tartagal a la muerte de indígenas desnutridos en Chaco, pasando por el desmonte masivo en Santiago del Estero, la sequía atroz de Córdoba, los niños fumigados de Santa Fe, la expulsión violenta de campesinos e indígenas y la pérdida de soberanía alimentaria.
En el Valle de Punilla, una de las clásicas zonas de turismo en Córdoba, nació hace cuatro años la Asamblea Ongamira Despierta. Había circulado la noticia de que una compañía internacional estaba avanzando con cateos para extraer oro. Con el antecedente fresco de Esquel, los vecinos se organizaron y comenzaron las movilizaciones, denuncias y reclamos al municipio y la provincia. Una decena de pueblos cercanos, de entre cinco y quince mil habitantes, veían peligrar su forma de vida, con el agravante de que el yacimiento estaba cerca de nacientes hídricas. La movilización fue tan grande que la legislatura tuvo que prohibir la minería metalífera en toda la provincia. Fue el primer triunfo de la Asamblea, en septiembre de 2008. “Insistimos en que el modelo de extracción y contaminación es uno, con varios rostros, pero es un solo modelo”, machaca una y otra vez Titina Romero, de Villa Giardino, 67 años, jubilada, porteña de nacimiento, cordobesa por adopción.
Como para demostrarlo, está el problema también cordobés de la capital provincial. Desde hace dos años, los asambleístas de Córdoba resisten la instalación de un enorme basural que el gobierno local pretende abrir en La Falda, zona también turística y con nacientes de ríos. Hasta ahora, la basura de Córdoba Capital se lleva al gigantesco basurero en Bower, en las afueras. En los últimos veinte años se construyeron verdaderas montañas y por las denuncias y la movilización de los vecinos la Justicia determinó que este 31 de marzo el basural debe cerrarse. El gobierno de Córdoba está en cuenta regresiva. Romero propone que en lugar de inundar una comunidad con basura se debata cómo reducir los desechos y cómo reciclar. Pone como referencia a Villa Giardino, donde ya se recicla el 30 por ciento de los desechos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) cuenta con una comisión permanente de “legales” y con una Red de Asistencia Jurídica (Redaj). Romina Tello Cortez integra ambos espacios, detalla que se crearon por necesidad ante las persecuciones judiciales de los asambleístas y no duda: “Existe una criminalización constante de la lucha de las asambleas”. Afirma que en todas las provincias se repite la misma metodología. Cuando comienzan los cortes de ruta, fiscales y funcionarios hacen el trabajo sucio: presentan denuncias penales y amenazan con la cárcel. “Cuando observan que la resistencia sigue firme, viene la represión”, señala y ofrece como muestra lo sucedido en Andalgalá en febrero, con una decena de presos y una veintena de heridos.
Federico Zini tiene 23 años, estudia seguridad e higiene laboral, atiende un kiosco y milita en la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo. En tiempos donde mucho se debate la ley de medios audiovisuales, tiene una certeza poco conocida fuera de Cuyo. “En San Juan ningún medio masivo puede criticar la minería. Las radios, los diarios y los canales de televisión parecen manejados por las empresas mineras y, claro, el gobierno provincial, que pareciera empleado de empresas como Barrick Gold.” Dos anécdotas grafican la incomunicación. Todos los martes, desde hace cinco años, la Asamblea se reúne en la plaza principal de la provincia (25 de Mayo). Sin importar la concurrencia, jamás un medio masivo de San Juan dio cuenta de su existencia, ni para criticarlos. Segunda anécdota: el 7 de junio de 2009, el gobierno de San Juan prohibió la venta de una revista dominical que se entrega con los principales diarios de la región. La publicación (llamada Rumbos, de Editorial La Nación) contenía un artículo crítico a la minería. La increíble censura, reconocida incluso por el mismo gobernador José Luis Gioja, consistió en secuestrar (literalmente) todas las revistas antes de su distribución.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-142800-2010-03-28.html
Andalgalá, la ciudad que fue concesionada
El gobierno de Catamarca otorgó en concesión minera todo el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. De avanzar la actividad extractiva, se contempla desalojar el casco urbano del histórico pueblo. Rechazos desde la asamblea vecinal.
Darío Aranda, Página 12 on line, 29.03.2010
En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia. “Es increíble cómo el gobierno nos entrega a la voracidad minera”, denunció Graciela Chayle, integrante de la Asambleas Vecinos por la Vida, espacio que impulsó la movilización de la ciudad en reclamo del retiro de Alumbrera y la prohibición de la actividad minera. En 2009, el gobierno de Catamarca ya había aprobado un polémico proyecto (llamado Agua Rica) a sólo 17 kilómetros de la ciudad, y que los vecinos sindican como la puerta de entrada de otros proyectos, entre ellos el que implicará el desalojo compulsivo de los habitantes. El Concejo Deliberante local aprobó un plebiscito vinculante para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica.
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue una de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y, sobre todo, los casos de contaminación y afecciones en la salud.
La empresa, que en ese momento pertenecía al consorcio de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion –hoy Yamana Gold–, había prometido, junto a los políticos de turno, la construcción de un barrio para 5 mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas y 6 mil puestos de empleo. Nada se cumplió. Ya en 2004 Andalgalá estaba dividida en torno de la minería. Pero la noticia de un nuevo yacimiento –Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro–, publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, alarmó a la ciudad. El emprendimiento se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población .
Urbano Cardozo es un jubilado que divide su tiempo entre la familia y la militancia, según sus palabras, por mantener el ambiente sano para sus nietos. Había aplaudido la llegada de la gran minería a la zona, pero en poco tiempo cambió de opinión. En abril de 2004 le advirtió a este periodista: “Agua Rica es la primera de una larga fila de mineras que se quieren instalar, por eso hay que frenarla. Vienen por todo. Quieren matar al pueblo”. Seis años después, el miércoles pasado, Cardozo volvió a hablar con este diario. “Sabíamos y sabemos que Agua Rica es la carta de defunción del pueblo, pero no imaginamos que el gobierno y las empresas llegarían a tanto, a rematar el pueblo, a echarnos para que venga una minera. No pensé vivir algo así”, lamentó el jubilado militante.
El documento oficial, de la Secretaría de Minería de Catamarca, es claro: “El área de mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera como la superficial, siendo la minera en este caso con fines de prospección y exploración, que en caso de llegar a una explotación se deberá contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad del desarrollo”. Es el párrafo textual de un escrito oficial, fechado el 18 de noviembre de 2009, y que lleva la firma de la máxima autoridad minera de Catamarca, el secretario de Minería, Guillermo Sinner.
El informe oficial precisa que se trata del expediente “770B2005”, que el yacimiento fue denominado “Pilciao 16”, y detalla que se entregó el área a las empresas Billiton Argentina BV y confirmó la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesan 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucra 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.
La concesión minera de la ciudad de Andalgalá fue otorgada silenciosamente en diciembre de 2005, y fue mantenida en secreto hasta noviembre último, cuando el concejal Alejandro Páez realizó un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca. “A mediados de 2009 me llamó la atención que en una zona cercana, de valles y donde el pueblo de Andalgalá tiene reservas de aguas subterráneas, se comenzaron a ver movimientos, perforaciones y venta de campos. Por eso hice el pedido de informes a la autoridad competente. Nunca imaginé que nuestras autoridades habían entregado el pueblo de forma tan indigna”, detalló Páez.
Con el contexto de una comunidad que se debate desde hace una década por el accionar minero, la posibilidad de desalojos masivos y la pérdida del lugar donde vivieron toda su vida, se incrementó el rechazo a la actividad. La Asamblea Vecinos por la Vida de Andalgalá dio el alerta en diciembre: “Nos sentimos expulsados, violados, ultrajados, al enterarnos de que la Secretaría de Minería concedió a la empresa Billiton Argentina BV el área de mina que cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá. No puede entrar en la lógica de nadie que un gobierno valore más el interés de una empresa minera por encima de los derechos a la vida de toda la ciudad”, denunció.
Los vecinos impulsaron “Caminatas por la vida”, marchas en las que reunieron a más de 5 mil personas (en un pueblo de 17 mil). Graciela Chayle tiene 46 años, cinco hijos, y es nacida y criada en Andalgalá, como sus padres. Tiene una pregunta y dos certezas. “¿Cómo se animaron a hacer algo como Pilciao 16, con el desalojo de la ciudad incluido?” Se responde: “El gobierno y las empresas jamás pensaron que el pueblo se iba a levantar, nos veían como quedados, demasiado tranquilos. Como ya habíamos permitido a Alumbrera, pensaron que no íbamos a hacer nada. Por otro lado, queda claro que se equivocaron: Andalgalá resiste”.
Billiton Argentina BV pertenece al grupo internacional BHP Billiton, con sede en Australia y presencia en 25 países. Explota y comercializa petróleo, aluminio, metales, acero, diamantes y carbón energético. Una de sus subsidiarias (BHP Petroleum Corporation) explora, con permiso británico, petróleo en las Islas Malvinas. Billiton Argentina BV tiene presencia en Salta desde 2007, donde cuenta con 40 mil hectáreas en concesión. La empresa no cuenta con sitio de Internet en la Argentina, no hay datos suyos en los sitios especializados en minería y en la Secretaría de Minería de Catamarca dijeron no tener contactos actualizados.
Desde la Secretaría de Minería de Catamarca rechazaron hablar con Página/12. Sí hablaron con el diario local El Ancasti. Admitieron la entrega en concesión de Andalgalá a la empresa, que ésta presentó una declaración de impacto ambiental en 2006 y explicaron que “la empresa concesionaria ha demostrado desinterés en la misma en los últimos años, por lo que se infiere falta de interés en la zona”.
El concejal Páez toma distancia de las autoridades provinciales. “Pilciao 16 fue un avasallamiento realizado sin consultar a la población directamente afectada. Si han tenido decisión de hacer eso, ya no puedo creer nada de lo que digan las empresas, la Secretaría de Minería de Catamarca, ni la Secretaría de Minería de Nación.”
Los vecinos que se oponen desde hace una década a la actividad extractiva también afirman que la marcha atrás es sólo momentánea y advierten que no dejarán las calles hasta que se cumpla su exigencia: “Fuera Agua Rica y jamás Pilciao 16. No a la minería
Agua en peligro
Por D. A.
La megaminería a gran escala requiere para su funcionamiento enormes cantidades del líquido. Y Andalgalá es testigo de ese monumental uso: Minera Alumbrera cuenta desde hace trece años con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El nuevo yacimiento, Agua Rica, ya comenzó con las obras de infraestructura y se ubica en la cima de las montañas donde nacen los ríos que alimentan de agua a las ciudad. La compañía descarta que exista riesgo hídrico.
El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.
En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.
Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.
Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.
Un estudio con dudas
La Municipalidad de Andalgalá pidió en 2007 a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que hiciera un análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Agua Rica. La intención era apurar la aprobación de Agua Rica, que estaba demorada. Pero los consultores de la UNT cuestionaron el informe de la empresa. El estudio se llamó “Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica” y fue presentado en julio de 2008. Abundan los cuestionamientos técnicos, pide numerosos modificaciones, insta a la realización de nuevos estudios y recomienda que, de mantenerse como está, el proyecto sea desestimado. A pesar de todo, la provincia dio luz verde al emprendimiento. La Unidad de Gestión Ambiental (UGAP) es un organismo dependiente de la Secretaría de Minería. En octubre de 2008, el jefe de la UGAP, Jorge Eremchuk, reconoció que el proyecto tenía “tres puntos críticos” (no precisó cuáles) y se negó a aprobar el Informe Ambiental de Agua Rica. Al día siguiente, el secretario de Minería, José Sinner, lo echó de su puesto.
Por los cuestionamientos al Informe Ambiental, Agua Rica funcionó a paso lento. Era imprescindible esa aprobación para comenzar la construcción. El 17 de marzo de 2009, la compañía anunció que echaría personal, se declaró en “stand by” y dejó trascender la noticia de que, de no obtener vía libre en breve, se retiraría del emprendimiento. Dos días después, la Secretaría de Minería de Catamarca aprobó el cuestionado Informe de Impacto Ambiental y autorizó el avance minero.
Un plebiscito para decidir el futuro
Agua Rica es la mina de la muerte porque matará los ríos y sabemos que sin agua no hay vida. De funcionar Agua Rica, morirá el pueblo, podrán hacer Pilciao 16 y todo lo que quieran”, explicó Graciela Chayle, de la Asamblea Vecinos por la Vida. El yacimiento se encuentra momentáneamente detenido (luego de la dura represión de febrero pasado), pero cuenta con la aprobación de la provincia. El Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó un plebiscito vinculante para que el pueblo decida, el próximo 25 de mayo, si acepta o rechaza el emprendimiento. Los gobiernos provincial y municipal ya adelantaron su rechazo a la medida y la declararon inconstitucional. Desde Yamana Gold (a cargo de Agua Rica), coincidieron con la postura de la provincia, advirtieron que la compañía se sujetará a la ley y rechazó las acusaciones sobre el uso masivo de agua.
En diciembre pasado, los Vecinos por la Vida resolvieron cortar el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo (tomaron el nombre del árbol que les daba cobijo en las noches), que fue duramente reprimida el 15 de febrero pasado por la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica.
A la represión le siguieron la movilización, el reclamo y el escrache. Al día siguiente, y motivado por “la alteración de la paz social y porque se han visto comprometida la seguridad de las personas y bienes”, el juez de Minas Guillermo Cerda suspendió la actividad de Agua Rica “hasta que esta situación se encarrile dentro de la normalidad”.
El titular de Yamana Gold, Hernán Vera, señaló a Página/12 que no puede “ni afirmar ni negar que hubo represión” y sí resaltó que “destruyeron las oficinas de la empresa, la Municipalidad y los empleados de la compañía tuvieron que huir de la ciudad con sus familias por temor a la violencia desatada”.
El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante el 25 de mayo para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica. El intendente José Perea –que rechazó hablar con este diario– debe promulgar o vetar la medida. En caso de vetarla, los concejales pueden tratarla nuevamente. “Si no hace nada, vencido los diez días, se autopromulga”, explicó el concejal Alejandro Páez.
El secretario de Minería, José Sinner, salió al cruce. Denunció que el referéndum “es ilegal” porque “el municipio no tiene competencia para poner en el debate el tema” y recordó que los recursos mineros son de la provincia. Vera consideró “inconstitucional” a medida y resaltó que Agua Rica ya fue aprobada.
Tampoco se mantuvo al margen la Secretaría de Minería de Nación. El lunes 15 de marzo fueron convocados los siete concejales por el secretario Jorge Mayoral. Tres de ellos –Alejandro Páez, Edgardo Bernal y Jorge Ramos–- propusieron concurrir con un vecino como asesor, pero se les denegó la propuesta. “Desde Nación nos advirtieron que la explotación de Agua Rica es un hecho. Nosotros creemos que el pueblo debe decidir”, explicó Páez. Este diario llamó a la Secretaría de Minería de Nación, no quisieron hablar sobre el tema pero confirmaron que cuatro concejales de Andalgalá estuvieron reunidos en esa dependencia.
La Asamblea Vecinos por la Vida no rechaza el plebiscito, pero tampoco lo considera su mejor carta. “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”, afirman. En el sitio de Internet de la Secretaría de Minería de Catamarca aún hoy puede leerse: “Agua Rica: La gran esperanza”.
Carta desde Andalagá
Advertencia.Por elementales razones hemos puesto solamente sus iniciales.
Una abogada catamarqueña, alumna del PosGrado que estamos brindando en la UNCA, nos contesta:
Estimado Dr.
En respuesta a su pregunta de si esta noticia es cierta, le tengo que decir que lamentablemente sí, le adjunto un archivo de un acta escaneada por gente de la asamblea donde dice claramente que el proyecto pilceao 16 abarca casi la totalidad de la ciudad de Andalgalá. Le cuento que me encuentro radicada en la ciudad de Andalgalá, y recientemente he tomado contacto con la gente de la Asamblea, de hecho en este momento estoy patrocinando a 4 de ellos que fueron imputados por los delitos de "VIOLACION DE DOMICILIO, DAÑO AGRAVADO, Y RESITENCIA A LA AUTORIDAD EN GRADO DE TENTATIVA", que paradojicamente fueron detenidos el 24 de marzo pasado, por encontrarse estos señores, en un camino público que fue cerrado hace años por minera alumbrera, que además se encuentra a la vera del río Villa Vil, por lo cual yo entiendo que no hay delito posible, sin embargo, se ha llegado al absurdo de imputarlos en menos de 24 horas, y de delitos que según entiendo, no existen (tentativa de resitencia a la autoridad). Así estamos, para cualquier información que necesite estoy a su disposición. Desde aqui se agradece la difusion de esta lucha, y todo apoyo en este sentido.
S.H.
http://***/index.php?pub_id=99&sid=4204&aid=53726&eid=59&NombreSeccion=Minería&Accion=VerArticulo
El monocultivo de soja transgénica (RR) amenaza gravemente la sustentabilidad del ecosistema agropecuario argentino, por Alberto J. Lapolla
El cultivo indiscriminado de soja transgénica (soja RR resistente a glifosato) que hoy ocupa mas de 18 millones de hectáreas en nuestro país, ya ha producido una fuerte afectación al ecosistema agropecuario de las subregiones pampeana, semiárida y chaqueña
Acerca de un editorial de La Nación del día 14 de febrero de 2004
De continuar su expansión, como todo parece indicar -pese a las advertencias que muchas voces venimos realizando- provocará, una grave alteración al ecosistema del otrora granero del mundo, así como gravísimos efectos económicos y sociales que ya estamos padeciendo, ejemplificado en el brutal contrasentido que implica que la Argentina produciendo la mayor tasa de alimentos por persona del mundo (3500 kg/hab/año, aceptando el error de considerar a la soja RR un 'alimento') posea hoy 20 millones de personas bajo el nivel de pobreza y 10 millones de hambrientos.
En principio el monocultivo de la soja RR ya ha arrasado innumerables pequeñas y medianas producciones tamberas, ganaderas, hortícolas, frutícolas, forestales, de cultivos industriales (como el algodón) y apícolas, entre otras, produciendo la desaparición o la reducción de la producción nacional de leche, lentejas, batata, arveja, algodón, trigos, arroz, etc. Esta situación ya ha afectado seriamente la antigua y estratégica soberanía alimentaria nacional.
La expansión del monocultivo de la soja -emergente del largo ciclo de contrarreforma agraria iniciado en 1967 por la Ley Raggio del dictador Onganía y profundiazada hasta el hartazgo por las políticas de reprivatización de la renta agraria, desindustrialización forzada, financieraización del capital y revanchismo social de José A. Martínez de Hoz, Domingo F. Cavallo y Felipe Solá- ha producido la desaparición entre 1969 y el 2002 de 260.000 producciones pequeñas y medianas, de las cuales la enorme suma de 160.000 lo hicieron entre 1990 y 2002 -es decir en pleno apogeo del mediterráneo Cavallo.
El sistema de cultivo de Siembra Directa, con alto uso de agroquímicos (oficialmente se reconoce el uso hoy de más de 1 millón de litros/año de glifosato, aunque se estima que la real es el doble de esa cifra) ha producido ya en la zona afectada por el monocultivo, una desertificación biológica marcada, con la denunciada desaparición de aves, liebres, crustáceos, lombrices, moluscos, insectos, etc., afectando particularmente la microflora y microfauna del suelo, alterando la microbiología del suelo responsable de los procesos que desarrollan y recuperan la fertilidad natural de los suelos, al exterminar las bacterias y otros microorganismos, permitiendo su reemplazo por hongos, así como por los efectos de disminución de la temperatura del suelo que la acumulación de materia orgánica no descompuesta por la siembra de soja, sobre soja sin roturación, produce. Los efectos de la Siembra Directa sobre la capacidad de absorción de agua por el suelo pudieron ser claramente comprobados en las catastróficas inundaciones de Santa Fe donde a la escorrentía exponencial que permiten los campos no roturados de la soja RR, se sumó el efecto del desmonte -y puesta en cultivo en las mismas condiciones- del norte santafesino, amplias extensiones de Santiago del Estero y del norte cordobés. (Algunos hidrólogos señalan que la próxima inundación será mucho peor, pues consideran que aun no apareció la escorrentía de la Cuenca superior del Río Salado).
Los festejos por las divisas que hoy aporta el complejo sojero a la destruida economía nacional nos hacen recordar a los bailes y festejos sobre la cubierta del Titanik pocas horas antes de precipitarse a las profundidades del Atlántico Norte.
También durante la fiesta de la Plata Dulce y de la Covertibilidad muchos celebraban y acusaban de melancólicos y atrasados a quienes advertíamos sobre las graves consecuencias de desindustrialización, pauperización generalizada y concentración de la economía que la misma implicaba y que produciría su estallido arrastrando al país a la más grave crisis de su historia moderna.
Por supuesto el proceso será mucho más grave aun, si prosperan los intentos de la empresa Monsanto (avalados por la SAGyP) para legalizar sus maíces y sorgos trangénicos RR, también resistentes al Glifosato, ya que así este herbicida cubriría casi toda la nación y con varias aplicaciones anuales, destruyendo tal vez de manera irreversible la vida orgánica de nuestros suelos.
Como hemos señalado reiteradamente la Argentina ha dejado de ser el 'granero del mundo' y de producir 'la mejor carne del mundo' para pasar a producir los forrajes para que otros países con políticas más racionales produzcan y exporten la carne que ya no producimos por el avance del monocultivo de soja.
En ese sentido creemos de manera contraria a lo que pide vuestro editorial, que la Argentina debe cesar de acompañar a los EE.UU., en su defensa de los OGM y asumir de una buena vez una posición nacional y racional de defensa de sus intereses estratégicos -de los cuales la protección de su ecosistema es parte vital- abandonados hace ya mucho tiempo. Todo el proceso de sojización (sin abordar por la brevedad el grave problema de la transgenia en sí) lleva a advertir sobre los efectos devastadores que el monocultivo de soja puede producir sobre nuestros ricos suelos. Todos los ingenieros agrónomos y expertos en la materia saben que el proceso más arriba descripto lleva a un solo destino final: la desertificación. (Como ya comienzan a advertir voces muy autorizadas) (1) (2) Si a los efectos de desertificación posibles por la irracionalidad del monocultivo argentino, sumamos la suprema irresponsabilidad de nuestros hermanos brasileños de someter a sojización sus débiles suelos tropicales, avanzando criminalmente en la devastación del Pantanal y la Amazonia, los ecólogos y los biólogos saben que tal vez en el siglo XXII para viajar de Córdoba a Buenos Aires sea necesario realizarlo en camello.
(1) Pautas básicas para el desarrollo de una agricultura sustentable, Kiroku Kobayashi, de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
(2) Documento del INTA sobre la sustentanbilidad de los suelos. Clarín 6-12-03
El autor es Ingeniero agrónomo, genetista. Miembro del Grupo de Reflexión Rural.
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/8533
Por Trabajo decente, visita
http://trabajoderechohumano.blogspot.com/