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Para una Nación es fundamental conocer su historia, saber su pasado para pensar su futuro.
No estamos en un paraíso terrenal, existen muchas deudas sociales que esperan una respuesta urgente, pero si estamos mejor que hace 100 años. Es fundamental ver que en 200 años ha habido progreso en la Argentina, para saber que se puede seguir avanzando hacia una sociedad más justa. Hay que apurar el paso, y no dar marcha atrás. La clase trabajadora es la base que mantiene la sociedad, que produce y transforma las riquezas, por lo que merece se reconozca su derecho a participar de esas riquezas.
En el Bicentenario de la patria, ni un paso atrás en las conquistas sociales; a seguir pensando y construyendo, con trabajo y solidaridad, un futuro con inclusión y dignidad para todos los habitantes de la Nación Argentina.




EL CENTENARIO DE 1910: OLIGARQUIA Y REPRESION A LOS TRABAJADORES
Los festejos del Centenario y el movimiento obrero


La Argentina capitalista se consolidó con un régimen oligárquico de gobierno, sobre la base de la dependencia del capital extranjero y mediante la superexplotación de la clase obrera, como lo testimoniaron no sólo los periódicos y folletos anarquistas y socialistas sino también el llamado “Informe Bialet Masse” de 1904 (denominado originalmente “Estado de las clases obreras en el interior de la República”), realizado a instancias del ministro del interior del segundo gobierno de Roca, Joaquín V. González. Una clase obrera que estaría compuesta por la combinación de los inmigrantes que vinieron huyendo del hambre y la persecución política con los hijos de los esclavos, indígenas y miembros de las “castas” sobre cuya explotación se basaba el orden colonial.

LOS ANTECEDENTES: LA SEMANA ROJA

Los trabajadores de la Argentina habían comenzado el siglo XX desplegando una enorme combatividad. Se realizaron huelgas generales en 1902, 1904, 1905, 1907, 1908 y 1909, además de innumerables huelgas y batallas parciales en fábricas, talleres, puertos y ferrocarriles. La FORA (de tendencia anarquista) agrupaba a la mayoría de los gremios, junto a la UGT de socialistas y sindicalistas (luego transformada en CORA).
Las condiciones de vida de los trabajadores eran de superexplotación, con largas jornadas laborales y bajos salarios. Las familias obreras se hacinaban en conventillos.
En 1909 los gremios de conductores de carros y choferes de Buenos Aires habían votado una huelga por tiempo indeterminado desde el 1º de mayo. Ese día, como sucedía en los últimos años, estaban planificados dos actos: el de los anarquistas en Plaza Lorea (actual Plaza Congreso) y el de los socialistas en plaza Constitución.
La policía, bajo las órdenes del presidente Figueroa Alcorta y del jefe de la fuerza, Falcón, irrumpe ese día en el acto de los anarquistas, iniciando una descarga sobre los manifestantes, que se dispersan ante la ferocidad del ataque. El saldo de la represión son ocho obreros muertos y más de cien heridos.
El domingo 2 de mayo, como respuesta se inició una huelga general convocada por la FORA y la UGT. Ésta tuvo un acatamiento total. Más de trescientos mil obreros apoyaron el paro en la Capital. Las fábricas cerradas y los medios de transporte paralizados fueron el resultado.
Cuando se procede al entierro de las víctimas se produce una nueva arremetida policial, cayendo varios obreros heridos en la intersección de las calles Thames y Triunvirato. La huelga se prolonga por una semana, con un alto nivel de violencia en las calles, donde se producen varios enfrentamientos y tiroteos con la policía.
Finalmente, la intensidad del movimiento obliga al gobierno a ceder en varios reclamos que pedían los gremios de conductores y choferes, la apertura de los locales obreros y la liberación de los presos. Era un triunfo importante contra la represión estatal y el gobierno.
A fines de ese año el joven obrero anarquista Simón Radowitsky toma en sus manos la venganza contra el jefe de policía Falcón, a quien le arroja una bomba produciendo su muerte. La valentía de su acción, junto al odio por las muertes obreras recientes, lo cubre de un manto de heroísmo para miles de trabajadores. Sin embargo, su acción de venganza individual es la excusa que utiliza el Estado para una ofensiva reaccionaria contra el conjunto de los trabajadores. El gobierno impone el estado de sitio en todo el país y desata una brutal reacción contra el movimiento obrero, deteniendo y deportando a numerosos militantes obreros de distintas tendencias, clausurando locales obreros y cerrando periódicos. El estado de sitio es decretado por dos meses.
Más de quinientos activistas son detenidos, y muchos de ellos deportados, mayoritariamente los anarquistas. Comienzan a organizarse “grupos patrióticos” nacionalistas y racistas formados por civiles, que atacan a los obreros como adelanto de lo que será la Liga Patriótica constituida durante la Semana Trágica de 1919. El estado de sitio se mantiene hasta el 13 de enero de 1910.

LOS ENFRENTAMIENTOS DEL CENTENARIO

A pesar del estado de sitio y la represión la situación no se estabiliza. Las huelgas comienzan a sucederse en varios sectores. El dirigente anarquista Abad de Santillán plantea que la huelga del Centenario fue decretada por la FORA, pero en realidad impuesta por las masas obreras, que acumulaban un gran descontento. El 1º de mayo de 1910 más de setenta mil trabajadores se concentran en la Plaza Colón, algo nunca visto. El 18 de mayo iba a iniciarse la huelga general por tiempo indeterminado pero el gobierno conservador decide adelantarse con la represión para evitarla, viendo que peligra su prestigio ante el mundo.
Desde el día 13 de mayo comienzan las detenciones en masa, y son apresados los miembros del Concejo Federal de la FORA, el comité central de la CORA y los redactores de los diarios anarquistas La Protesta y La Batalla. Se decreta el estado de guerra, mientras grupos de civiles nacionalistas organizan marchas antiobreras. Incendian el local de La Protesta y destruyen el de La Vanguardia, y se queman bibliotecas de locales obreros. Los grupos nacionalistas están integrados por hijos de los ricos, diputados conservadores, funcionarios del gobierno, policías y militares. Gritan: “¡muera el anarquismo!”, “¡abajo la huelga!”, “¡mueran los obreros!”, “¡viva la burguesía!”, “¡mueran los enemigos de la patria!” y “¡viva la patria!”. Estos son los clamores de la burguesía argentina para festejar el Centenario.
Al parecer, los grupos reaccionarios quieren repetir sus proezas sangrientas en los barrios obreros del Sur, pero uno de sus dirigentes los convence de abandonar esta intención. Tenía datos precisos –les dijo- de que en La Boca y Barracas los obreros estaban esperándolos y que “hasta las mujeres les echarían desde las azoteas agua hirviendo”.
Con más de dos mil obreros presos, la censura de las publicaciones obreras y el estado policial, la huelga general no se puede llevar adelante, pero los festejos del Centenario tampoco se pueden realizar “en paz”, cruzados por enfrentamientos callejeros.
Los actos del primer centenario de la Revolución de Mayo, que la oligarquía pretendía mostrar al mundo como una expresión del “orden y progreso” conseguido en el país, se transformaron así en una lucha violenta entre las clases, con saldos sangrientos y miles de detenidos.
El 27 de junio de 1910 el Congreso Nacional vota una nueva ley reaccionaria: la Ley de Defensa Social, que se agrega a la represiva Ley de Residencia votada en 1902. Incluye penas de varios años de prisión al que hiciera propaganda a favor de una huelga, a los que difundieran ideas anarquistas, a los que insultaran a la Constitución Nacional o los símbolos patrios. Prohibía la utilización de banderas rojas y la realización de reuniones, entre otras cosas, todas punibles con varios años de prisión o la deportación.
La represión del Centenario será un golpe durísimo para el movimiento obrero, especialmente para la FORA anarquista, con sus principales dirigentes y activistas encarcelados o deportados. Luego de este retroceso la corriente anarquista, aunque se recuperará parcialmente, nunca volverá a tener la importancia que consiguió en la primera década del siglo.
Los enfrentamientos del Centenario y la represión sobre el movimiento obrero marcan así un hito en la lucha de la clase obrera contra los capitalistas. Como señaló el dirigente sindicalista Marotta: “El gobierno triunfó, pero la historia recordará que para celebrar la fecha de la Independencia fue necesario convertir a Buenos Aires en un campamento militar, con estado de sitio y con cárceles repletas”.

CAMINO AL BICENTENARIO DE 2010: LA CLASE TRABAJADORA Y SUS MOMENTOS MÁS DOLOROSOS

LA SANGRIENTA DICTADURA DEL 76: EL CONTENIDO DE CLASE DEL GENOCIDIO

En su célebre “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, escrita en marzo de 1977, Rodolfo Walsh señalaba: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales…
Congelando salarios a culatazos mientras que los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron”. En numerosas fábricas, las patronales instalaron directamente en acuerdo con los golpistas centros clandestinos de detención, donde se torturaban y desaparecían a los trabajadores que los empresarios identificaban como “subversivos”.
Diversos estudios posteriores muestran como efectivamente en la dictadura de Videla y Martínez de Hoz el genocidio estuvo al servicio de aumentar los niveles de explotación de la clase obrera y las ganancias de los capitalistas. Bajo la dictadura se provocó una fuerte caída del salario real y de la participación obrera en el reparto de la renta nacional, mientras con la nueva ley de regulación de entidades financieras de 1977 se favorecieron todo tipo de negocios especulativos del capital, al tiempo que se tomaban medidas para beneficiar a diferentes grupos empresarios que aumentaron en esos años sus negocios y ganancias, de la “patria financiera” y la “patria contratista” a los “capitanes de la industria”. Para 1977 la participación asalariada en el ingreso total había caído un 30% respecto de los niveles de 1974. Es un porcentaje siete puntos menor que el anterior piso histórico (ocurrido en 1959) señalado en una serie que analiza la distribución funcional del ingreso en Argentina desde 1945 hasta la fecha (Kennedy y Graña, “Salarios y productividad en la industria argentina”). También el salario real experimentó en ese período una fuerte caída. En otro trabajo se muestra que si consideramos para el año 1976, cuando se produce el golpe, una base 100 (que ya implica una fuerte caída de los niveles de 1974), al final de la dictadura el índice del salario real había caído a 79 (Basualdo, “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales”). En la misma investigación se muestra cómo esta caída se profundizó en los años posteriores, bajo gobiernos radicales y peronistas. Así podemos notar que desde la dictadura cada gobierno, aunque hubo en ellos mejoras momentáneas, terminó con una nueva caída histórica del poder de compra de los trabajadores. Esto sigue constituyendo una de las “herencias malditas” de la dictadura que han preservado los posteriores gobiernos civiles

LOS 20 AÑOS ANTERIORES AL BICENTENARIO: LA OFENSIVA NEOLIBERAL BAJO EL MENEMISMO Y SU CONTINUIDAD CON DE LA RÚA

Menem ganó la elección apelando al descontento popular y a la promesa de producir un “salariazo” y una “revolución productiva”, pero ni bien llegó al gobierno entabló primero una alianza con el grupo Bunge y Born y, luego, aliándose a los “gorilas” de la Unión del Centro Democrático de Álvaro Alsogaray, se transformó en el continuador y profundizador de la política económica de la dictadura, con la privatización de las empresas estatales y la aplicación de numerosas leyes antiobreras. Fue uno de los más fervientes impulsores de las políticas “neoliberales” del llamado “consenso de Washington”. Junto a Domingo Cavallo como ministro de Economía, avanzó en poner la economía nacional bajo un control mayor del capital imperialista: durante su mandato las empresas extranjeras pasaron de tener el control de un 33% de las 500 principales empresas del país a un 67%. Pese a los dólares entrados con el negociado de las privatizaciones, la deuda externa se incrementó a 146 mil millones de dólares. Crecieron la desocupación y la pobreza, mientras las fuerzas de la clase obrera se vieron fragmentadas, aumentando el trabajo en negro y diversas formas de trabajo precario. El grueso de la burocracia sindical fue cómplice de esta política, transformándose parte de ella directamente en lo que se llamó “sindicalismo empresario”, al quedarse con la explotación de empresas privatizadas y sumarse a los bancos en la formación de las AFJP que surgieron con la privatización de las jubilaciones y pensiones. Nuevamente, la burocracia sindical actuaba como garantía de derrota de la clase obrera.
En la clase dominante se consolidó un bloque de poder a partir de las nuevas condiciones que presentaba la paridad “1 a 1” entre el peso y el dólar y el ataque generalizado a la clase obrera. Las empresas privatizadas, los bancos y la cúpula industrial exportadora constituyeron los sectores burgueses más beneficiados, mientras gran parte de la “burguesía nacional” se transformaba en rentista y fugaba capitales a diestra y siniestra.
Después de derrotadas las luchas contra las privatizaciones, la resistencia obrera y popular se concentró primero en los levantamientos provinciales, que tuvieron como expresión más importante al Santiagazo de diciembre de 1993. Ya a comienzos del segundo mandato de Menem hicieron su entrada en escena los desocupados, que protagonizaron los levantamientos de Cutral Có y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal en Salta y Libertador General San Martín en Jujuy. En los sindicatos surgieron también sectores de oposición al menemismo, como la CTA y el MTA, pero que lejos de sostener una política independiente de los trabajadores apoyaron a las distintas variantes de recambio al menemismo preparadas por la burguesía: en las de 1999, la CTA llamó a votar por la Alianza encabezada por De la Rúa y el MTA por el candidato del Partido Justicialista, Eduardo Duhalde.
El gobierno de Fernando De la Rúa pretendió continuar con lo central de la política económica del menemismo. No sólo asumió produciendo dos muertos en la represión a los manifestaban que cortaban el puente entre Chaco y Corrientes sino que impuso, a pocos meses de iniciado su gobierno, una ley de “flexibilización laboral” sostenida por la UIA y otros sectores patronales, que fue aprobada mediante la “coima” a diversos senadores (con la famosa “Banelco”), en un episodio que concluyó con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Fue un gobierno que vivió de crisis en crisis y enfrentó una fuerte resistencia obrera y popular, con siete huelgas generales y numerosas manifestaciones y levantamientos de desocupados, culminando con su expulsión producto de las “jornadas revolucionarias” del 19 y 20 de diciembre de 2001. La crisis económica y la crisis social que se habían acrecentado a niveles insoportables en estos meses (con la desocupación llegando a niveles cercanos al 25% y la pobreza batiendo récords históricos) se combinaron con una crisis política de magnitud: una verdadera “crisis orgánica”, para tomar la definición del marxista italiano Antonio Gramsci. Es en este marco que se desarrollan las asambleas populares y cobran fuerza los movimientos piqueteros y las fábricas ocupadas. Estas últimas tuvieron como expresión emblemática a las obreras de Brukman y a los obreros de Zanon, agrupados estos en el Sindicato de Obreros y Empleados de Neuquén (SOECN), transformado en una clara avanzada del conjunto de la clase obrera. En el caso de los movimientos piqueteros, jugaron el muy importante papel de “organizar a los desorganizados” y evitar que surjan grupos de rompehuelgas contra los trabajadores ocupados.

EL BICENTENARIO DE 2010: ALGUNOS AVANCES Y MEJORAS PARA LOS TRABAJADORES, MUCHAS CUENTAS PENDIENTES

Los trabajadores pueden recibir el Bicentenario en las calles, sin ser reprimidos. Pueden protestar por los derechos que aun no les han sido reconocidos. No hay muertes de trabajadores causadas por la represión del Estado. Esto es un logro que debe ser reconocido.
La clase obrera en estos años de kirchnerismo ha recompuesto socialmente parte de sus fuerzas y ha protagonizado distintos procesos de lucha y organización sindical. Hasta fines de 2007, los Kirchner tuvieron su momento más favorable, permitiendo a las distintas fracciones capitalistas ganancias de gran envergadura, mientras permitían una recuperación del salario real hasta los niveles previos a la devaluación. Ya en el 2007 el salario real se estanca y comienza un leve declive.
Sin embargo, la gran mayoría de la representación sindical está en manos de las distintas fracciones de la burocracia sindical, esos dirigentes millonarios que viven de negociar con las patronales y el gobierno a costa y a espaldas de los trabajadores. Este dominio de la burocracia de las organizaciones sindicales ha permitido que se perpetúe la división de la clase obrera y que millones de trabajadores no tengan derecho sindical alguno. No sólo los trabajadores que están “en negro” sino muchos que están “en blanco” y “bajo convenio” no cuentan con representación sindical en las fábricas y empresas: esta sólo existe en un 12% de los establecimientos privados, aunque la proporción es mayor en las plantas con mayor cantidad de trabajadores. El papel traidor de la burocracia ha generado una bronca extendida en amplios sectores de clase trabajadora, dando lugar al surgimiento del llamado “sindicalismo de base”, un fenómeno de desarrollo de delegados y comisiones internas opuestos a la burocracia sindical, que es a su vez una de las principales aliadas con las que cuenta el gobierno. A su vez, dentro del “sindicalismo de base”, viene ganando fuerza un sector que plantea con claridad posiciones clasista, encabezado por las comisiones internas de Kraft y Pepsico en el gremio de la Alimentación, por el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN), donde están presentes los obreros de Zanon, y los sectores combativos del nuevo sindicato de los trabajadores del subte.
La reciente inflación ha hecho que los salarios de los trabajadores pierdan gran parte de su poder adquisitivo. Aun continúan vigentes esas empresas que son las ART, que buscan un lucro a través del negocio de la salud de los trabajadores, lo que demuestra que resulta imposible conciliar intereses tan contrapuestos: ganancias y salud. Para gran cantidad de trabajadores la jornada de ocho horas es una quimera. El trabajo precario sigue teniendo índices muy elevados. La violencia laboral tiene nuevas manifestaciones: discriminación, mobbing, acosos, etc.

Si bien los trabajadores hoy están mejor que hace 100 años, tienen más derechos, aunque muchos de ellos solo estén solo reconocidos en normas nacionales y/o internacionales, queda mucho por hacer y mejorar.
Aun hoy, el respeto de los derechos de los trabajadores y la creación de trabajo digno son caminos indicados para permitir a quienes trabajan el acceso al desarrollo de su dignidad, logrando en un futuro alcanzar un nivel más elevado de bienestar general, siendo el resultado una sociedad en la que reine la justicia social.
Hasta tanto no se dé un cambio de sistema, hasta que no llegue una crisis que logre desterrar al sistema capitalista de acumulación, el trabajo debe obtener la protección de las distintas leyes como una forma de lograr el desarrollo y el acceso a la dignidad de las personas. El mercado, que carece de moral, y la propiedad privada, que es un medio para el desarrollo de la persona, no pueden ser quienes dicten las reglas de la sociedad.
La empresa y el capital solo deben ser protegidos en la medida en que sean socialmente útiles, y no cuando llevan a la alienación de la persona humana, se vuelven herramientas de destrucción del medio ambiente, y tienen como consecuencia la expoliación de las riquezas de la sociedad.
El establecimiento de un orden más justo gira en torno a una cuestión fundamental: hacer de la Latinoamérica un mercado más o menos atractivo para los inversores que especulan con poder evadir las responsabilidades que generan las relaciones laborales, o un lugar más seguro para los trabajadores, en el que se respete sus derechos fundamentales y se tienda a promover el bienestar general con justicia social. Según se ponga el eje en la protección de los capitales y las empresas, o se dé preeminencia a la persona humana, y por ende a los derechos de los trabajadores y su protección, se conseguirá mayor desigualdad y malestar social, o un desarrollo más igualitario, con justicia social, en vistas al logro del bien común.
En la actual coyuntura de la era de la globalización, se hace imperante un cambio en cuanto al eje que gobierne las relaciones de la sociedad, el objetivo se debe desplazar desde la actual situación de predominio del capital y las reglas del mercado a un indiscutido predominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Progresivamente se debe lograr un mayor acceso a los bienes materiales y espirituales por parte de todas las personas, en especial, de quienes las producen.


violencia


FUENTES:
http://www.pts.org.ar/spip.php?article15051
http://www.pts.org.ar/spip.php?article15210
http://www.pts.org.ar/spip.php?article15214
http://www.pts.org.ar/spip.php?article15216
http://www.pts.org.ar/spip.php?article15219
http://www.pts.org.ar/spip.php?article15217
SERRANO ALOU, La solidaridad y su eje en la persona humana, en: RAMIREZ, Luis Enrique (Coordinador), “El Derecho Laboral en la crisis global”, Editorial IBdeF, Montevideo – Buenos Aires, año 2009 (Libro de Ponencias de las XXXVas Jornadas de Derecho Laboral de la AAL), págs. 249 y ss. (ponencia publicada también en Revista Científica del Equipo Federal de Trabajo: http://www.eft.org.ar )



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