muchas veces los gobiernos democraticos son gobiernos titeres de los intereses norteamericanos y ejercen gobiernos funcionales a las necesidades de la burguesia asociada a los intereses extranjeros y para ello no les importa cuanta sangre deba ser derramada
El operativo independencia
El operativo fue autorizado por la entonces presidente María Estela Martínez de Perón, disponiendo que el comando general del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán (decreto del Poder Ejecutivo Nacional 261/1975). El presidente provisional de la Cámara de Senadores, Ítalo Luder, hizo extensivo el operativo a todo el país durante su breve interludio al frente del PEN, (merced a una licencia por razones de salud de la presidente), mediante los decretos 2770/1975, 2771/1975 y 2772/1975.
Operativo Independencia: La violación como forma sistemática de tortura
Operativo Independencia: La violación como forma sistemática de tortura
Por: Marcos Taire (especial para ARGENPRESS.info)
Las violaciones en los campos de concentración del Operativo Independencia eran una práctica sistemática y formaban parte de la política de aniquilamiento de las mujeres en cautiverio. La denuncia del fiscal federal Federico Delgado para que se investiguen las violaciones y abusos sexuales en los centros clandestinos El Olimpo, El Banco y Club Atlético debiera servir de ejemplo a sus pares de la provincia de Tucumán, que hasta hoy han ignorado esas practicas aberrantes de los genocidas.
Los militares, gendarmes, policías y personal civil de inteligencia que participaron en el Operativo Independencia sometían sexualmente a las mujeres prisioneras. La violación formaba parte de la política de aniquilamiento físico y psíquico que sufrían los detenidos desaparecidos. En las declaraciones de los sobrevivientes que obran en poder de la Justicia Federal de Tucumán hay testimonios de violaciones en todos los campos de concentración que funcionaron en la provincia durante el Operativo, especialmente en la Escuelita de Famaillá, Jefatura de Policía, Cárcel de Villa Urquiza y Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Un veterano y respetado militante del peronismo combativo, Hugo Andina Lizárraga, estuvo entre los primeros secuestrados en la Escuelita de Famaillá. En su declaración, contó que en medio de las sesiones de torturas a que era sometido escuchó cómo “se repartían las mujeres como un botín”. A modo de ejemplo, dijo que una noche escuchó que un guardia comentó en voz alta “qué tetas tiene esa guerrillera”, a lo que otro le respondió “¿la querés para vos?”.
El obrero Domingo Paz, detenido por los militares apenas iniciado el Operativo, declaró que en el aula de la Escuelita donde estaba tirado en el piso, junto a personas atadas con alambres de púas, se le salió la venda que tenía sobre sus ojos y pudo ver que “entraron dos uniformados que no vieron que yo no tenía la venda y se dirigieron hacia una ventana donde había dos chicas, también atadas y casi desnudas y uno de ellos comenzó a violar a una de ellas, mientras la insultaba”.
R.C.C., una campesina detenida por una patota militar el 1 de marzo de 1975, fue salvajemente torturada en el rancho donde vivía con su abuela: “me introducían en la vagina una goma (cachiporra), mientras todos me manoseaban”. Trasladada a la Escuelita de Famaillá, un militar la violó mientras le decía “si gritás te mato, zurda”. Alojada en el penal de la ciudad de Concepción, fue trasladada en junio a declarar ante el juez Manlio Martínez, quien “no me prestó atención a lo que yo quería decirle sobre los maltratos y las violaciones”.
El caso de S.A.N. es uno de los ejemplos más patéticos de violaciones sistemáticas y reiteradas. Fue una esclava sexual durante un año, mientras se encontraba detenida en la Cárcel de Villa Urquiza, tras haber sido secuestrada por una patota policial. Contó que fue sometida por el jefe del penal, Marcos Fidencio Hidalgo y por casi todos los integrantes del grupo de tareas que operaba desde esa cárcel. Embarazada, dio a luz una criatura que le fue sustraída.
Werlino Díaz y su hermano Angel Díaz, obreros del ingenio Bella Vista, fueron secuestrados de su vivienda en “El Cuadro” (conjunto de miserables casuchas construidas por los dueños de la fábrica para alojar a los trabajadores) por una patota militar al mando del subteniente Barceló, muerto posteriormente en confusas circunstancias y exhibido como “héroe caído en combate”. Fueron llevados a la Escuelita de Famaillá. Su hermano nunca más apareció. Werlino declaró que presenció y escuchó cuando un guardia interrogó a una mujer, también prisionera en el lugar. La joven dijo tener 19 años. El guardia le preguntó si “sabía que su novio estaba metido en la fulería” (los represores llamaban fuleros a quienes acusaban de guerrilleros) y de inmediato le dijo “bueno, ahora vas a tener otro novio”. Seguidamente Werlino escuchó que la mujer pedía que “no lo hagan así” cuando la estaban violando. “Lo que es peor -dijo Werlino- es que fueron varios los que la violaron”.
En la zona de influencia del ingenio La Florida, en el este tucumano (Departamento Cruz Alta) operó un personaje apodado “Pecho i’ tabla”. Se llamaba Víctor Sánchez y pertenecía al personal civil de inteligencia del Ejército. Participó en decenas de detenciones y secuestros. Una de sus víctimas, G.I., una joven que entonces tenía apenas 17 años, fue secuestrada por una patota al mando de Sánchez y alojada en el campo de concentración del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Sánchez había sido su entrenador en el equipo de básquet y la había acosado reiteradas veces, sin éxito. En el Arsenal la violó cuantas veces quiso. También lo hicieron sus torturadores, oficiales del Ejército integrantes del equipo de IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra).
J.N.O. vivía en Monteros y era obrera del surco (peladora de caña) en Yacuchina. En el invierno de 1976 los militares fraguaron un combate en la finca donde ella, junto a varias familias de peladores, estaban trabajando. Los uniformados “prendieron fuego a los tractores, camionetas y carros (…) detuvieron a todos los presentes, los ataron y vendaron los ojos y comenzaron a torturarlos”. Allí mismo asesinaron a todos los integrantes de las familias Rivero y Rojas, “salvo el Mocho Rivero, que lo llevaron prisionero, y uno de los hijos de Rojas, que logró escapar”. Los detenidos fueron subidos a un camión y trasladados a la base militar que funcionaba en el ingenio La Providencia, en Río Seco. Allí fue “violada por uno de los militares a la vista de todos los demás”. Después de eso les sacaron la venda de los ojos a todos los detenidos para que vieran, a modo de escarmiento, como al Mocho Rivero “lo mataron incrustándole una bayoneta, pero antes le amputaron el pene”.
N.C. era estudiante de arquitectura. Fue secuestrada en setiembre de 1976 de un local de la Exposición que todos los años organiza la Sociedad Rural de Tucumán, donde estaba trabajando. Alojada en el centro clandestino del Arsenal, fue violada por un hombre, personal civil de inteligencia del Ejército, el mismo día de su llegada al campo, en la casilla que los IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra) utilizaban para martirizar a los secuestrados.
M.V fue secuestrada de su casa una noche a fines de 1975, mientras preparaba la tesis que debía presentar un par de días después en la Facultad de Filosofía y Letras. Una patota encabezada por un teniente primero del Ejército la llevó a la Jefatura de Policía. Allí el alienado Jefe de esa repartición, teniente coronel Antonio Arrechea, la interrogó mientras la insultaba y le gritaba que “se tapara las carnes”, ya que tenía puesto sólo el camisón que vestía al ser arrancada de su hogar. En la madrugada del 24 de diciembre uno de sus captores la violó en una celda, mientras a su lado los integrantes de los grupos de tareas celebraban la llegada de la Nochebuena.
Los testimonios aquí transcriptos son solo una porción de los muchos que fueron realizados ante la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, la Comisión Bicameral investigadora de las violaciones a los derechos humanos en la provincia de Tucumán y los Tribunales Federales de Tucumán. Un gran número de violadores fueron identificados por sus víctimas. Ninguno está detenido. No se conoce que la Justicia haya acusado por abusos sexuales y/o violaciones a alguno de ellos
Alianza Anticomunista Argentina
La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A, fue un grupo paramilitar de ultraderecha de la Argentina, que llevó a cabo cientos de asesinatos contra guerrilleros y políticos de izquierda durante la década de 1970, además de amenazar a artistas e intelectuales. Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006.
Contenido
Orígenes
Aunque su liderazgo era encubierto en ese momento, hoy se sabe que estuvo bajo la dirección de José López Rega, secretario personal y ministro de Juan Domingo Perón, quien la empleó para combatir los sectores de izquierda del propio movimiento peronista. López Rega y el entonces comisario general de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, organizaron la Triple A durante el gobierno interino de Raúl Lastiri, en 1973. López Rega estaba al frente del Ministerio de Bienestar Social, cuyos fondos habría desviado para financiar la organización y el armamento del grupo paramilitar. Seguiría en ese cargo durante el gobierno de Perón y, a su muerte (1 de julio de 1974), en el de su mujer, Isabel Martínez, sobre la cual ejercía una extraordinaria influencia basada en una compartida devoción espiritista.
Primeras actividades
El primer atentado registrado de la Triple A tuvo lugar el 21 de noviembre de 1973, cuando la organización —como represalia por el asesinato del sindicalista conservador José Ignacio Rucci a manos de los Montoneros un mes antes— colocó una bomba en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. El artefacto explotó e hirió en las piernas al senador, pero no logró matarlo; dos años más tarde repetirían el intento sin lograr su objetivo.
Actividades terroristas y criminales comprobadas
Durante los dos años siguientes, la Triple A llevó a cabo múltiples atentados, incluyendo algunos contra figuras gubernamentales, judiciales y policiales consideradas permisivas o afines a las organizaciones armadas; la lista incluye a Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo; al ex subfeje de la Policía Bonaerense Julio Troxler; al defensor de presos políticos Alfredo Curutchet; al ex vicegobernador cordobés Atilio López y el sacerdote Carlos Mugica.
La CONADEP ha probado la intervención de la Triple A en 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975; se sospecha además de su participación en centenares de otros. Además, sus amenazas de muerte llevaron al exilio a muchos, incluyendo a científicos como Manuel Sadosky; artistas como Héctor Alterio y Nacha Guevara y políticos como José Ber Gelbard.
De acuerdo a las investigaciones más citadas al respecto, sólo entre los meses de julio y septiembre de 1974, la Triple A habría realizado 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de gravedad, además de 20 secuestros. La estimación global se coloca en el orden de los 1500 crímenes, algunos de los cuales se encuadran como crímenes de lesa humanidad.
Conexiones con la Masonería
López Rega era miembro de la logia masónica irregular Propaganda Due, dirigida por Licio Gelli, la cual trabajó en la Operación Gladio. El modus operandi de la masacre de Ezeiza fue similar al de los sucesos de Montejurra o a la masacre de la plaza Taksim en Estambul
El almirante Massera, que junto a otros derrocaría a Isabel Martínez de Perón poco después de la caída en desgracia y exilio de López Rega, era también miembro de la organización.
Fin de sus actividades
El 19 de julio de 1975, los Granaderos descubrieron, al desmontar la sede del renunciante López Rega en el Ministerio, un arsenal de armas de guerra, incluyendo ametralladoras, granadas y fusiles de francotirador. El escándalo consecuente lo implicó, así como a Isabel, en acusaciones de corrupción por malversar fondos del gobierno.
Según el periodista Hernán López Echagüe, la actividad de la extrema derecha pasó a ser regenteada por el sindicalista Lorenzo Miguel,
Sin embargo, esta apreciación fue desmentida por su ladero, el también metalúrgico Herminio Iglesias.
No obstante, el periodista Alberto Moya halló relaciones entre Miguel y la Triple A, desde el sur del conurbano, cuando el presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, Indalecio Castro, le pasó el mando de la patota de su guardaespaldas, el "Polaco" Dubchack, al líder metalúrgico que ya regenteaba otras patotas. Ese vínculo nació en la misma ciudad de Quilmes de donde salió la mayoría de los integrantes de la revista El Caudillo, vocera de los intereses del peronismo ortodoxo que simpatizaba con la Triple A.
Para el inicio del Proceso de Reorganización Nacional, la más sangrienta dictadura argentina, la Triple A ya había sido desmantelada, y las acciones represivas fueron llevadas a cabo en lo sucesivo por la dictadura. Aunque algunos investigadores, como el periodista Juan José Salinas sostienen que varios de sus miembros, por caso Aníbal Gordon, pasaron a trabajar para los militares porque ya venían haciéndolo en la SIDE.
La represion del cuartel de monte chingolo y las villas que lo rodeaban
Lo que ocurrió dentro del cuartel, ubicado en un borde del municipio de Lanús que linda a modo de "tres fronteras" con Quilmes y Avellaneda, fue contado por varios testigos además de existir una causa judicial —la 820.902/75— sobre los hechos. Oficialmente hubo seis militares muertos. En cuanto a los muertos civiles, se estimó cerca de un centenar. Poco se supo del destino de los guerrilleros desaparecidos dentro del cuartel. En una placa colocada en la fosa común del cementerio de Avellaneda, figuran algo menos de 20 nombres.
Los memoriosos recuerdan que los cuerpos de los guerrilleros fueron puestos en hilera sobre el asfalto de una calle interna del cementerio, que ya no existe, pero que desembocaba en la Morgue. Antiguos obreros del cementerio, recuerdan los cadáveres, todos desnudos, con un número pintado sobre la piel del pecho y algunos con las manos cortadas. Más allá de los recuerdos, los documentos más interesantes los han dejado un oficial de policía y algunos médicos. El Oficial Inspector Jorge Arnaldo Lino firmó un plano confeccionado en ese momento, que indica quiénes, dónde y cómo fueron enterrados 49 civiles del ERP.
El lugar —dentro del Cementerio de Avellaneda— Lino lo informa a partir de dejar escrito "paredón trasero del cementerio" en un borde del plano. Luego coloca un número de orden de sepultura, del 1 al 49. Luego, en pequeños rectángulos, un número que tiene que ser el pintado en cada pecho y la definición del sexo, y finalmente, por fuera del rectángulo, la mayoría de los apellidos. Quedan así dos hileras o "tablones", la más larga junto al paredón, con 30 cuerpos, y una segunda hilera, delante de la primera, con 19 cuerpos. La fosa común que contiene esos cuerpos, hoy delimitada con un muro bajo de adoquines, mantiene esa curva que indica dos "tablones".
En estos archivos, también se pudieron ubicar algunas "licencias de inhumación" extendidas por la segunda jefa de la Delegación Quilmes Oeste Seccional 4ø del Registro de las Personas bonaerense, Francisca de Satti. En estas licencias hay varios asuntos interesantes. Por un lado, fueron extendidas casi un mes después de los hechos —entre el 21 y el 23 de enero de 1975— y "al solo efecto de dar sepultura" a esos restos humanos. Esto explica algún recuerdo aislado que dice que los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición.
Además, aparecen los nombres de médicos que extendieron los certificados de fallecimiento: Orestes Marchione, Jorge Pedemonte, Roberto Pasquale y José Albisu, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Sanidad de la Policía. Pasquale habría sido revisor de cuentas de la Sociedad de Cancerología de La Plata. Al parecer, estos profesionales se cuidaron de no asentar que las causas de las muertes fueron por acribillamiento. Sólo dejaron asentado que las muertes fueron a causa de "hemorragia interna aguda" o "hemorragia cerebral" o "fractura de base de cráneo".
Lo cierto es que la represión posterior fue tan feroz que no quedaron heridos ni detenidos. Acercarse a estos papeles hace que cobre sentido el testimonio que hiciera un soldado conscripto, asistente de un alto oficial, que participó de aquellos hechos. Contó que en la noche siguiente al ataque "llevaron a un galpón a varios detenidos, los pusieron en hilera y los fusilaron. Yo vomité hasta lo que no había comido".
Las cifras dejan en evidencia la magnitud de la masacre. "Más de cuarenta combatientes del ERP, cinco militares -tres de ellos, conscriptos- y una cantidad nunca determinada de vecinos murieron en el cuartel y sus inmediaciones, durante y después del mayor enfrentamiento librado en la Argentina entre una fuerza guerrillera y efectivos militares", detalla Gustavo Plis-Sterenberg en su libro "Monte Chingolo".
Años después se supo que efectivamente hubo combatientes que cayeron prisioneros dentro del predio de Viejobueno y cuyos cuerpos nunca aparecieron. El diario Página/12 aseguró en 1999 que tuvo acceso a una información militar en la que se hablaba claramente de sobrevivientes. "A las 3.30 de la madrugada del 24 de diciembre, siete horas después de comenzado el ataque al Batallón de Arsenales y cuando el enfrentamiento había finalizado, el escribiente militar detalla que 'el Capitán Lazzarano con cinco vehículos marcha a transportar detenidos, custodiados por la fracción al mando del Teniente Silvani'. Media hora más tarde se detalla que 'regresa la columna con los detenidos'. A partir de este momento, el registro sólo refleja los preparativos efectuados para recibir la visita del Comandante de la fuerza, general Jorge Videla", repasa el periodista Eduardo Tagliaferro.
Emisión del programa radial Atrapados en libertad por AM 530, La Voz de las Madres, el 27/10/08.
"Nuestros compañeros no cayeron combatiendo sino que después de haber sido hecho prisioneros fueron asesinados por las fuerzas del Ejército. De estos 50 compañeros, yo creo que más o menos unos 20 deben haber caído en combate y los otros 30 deben haber sido asesinados", comentó a esta cronista Daniel De Santis, ex dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
El propio general Oscar Gallino, comandante de la represión en el Batallón 601, había reconocido en febrero de 1991 a la revista Todo es Historia que hubo detenidos dentro del regimiento.
–¿Usted estuvo en contacto con detenidos?
–se le preguntó.
– No, no tuve oportunidad de hablar porque las unidades de Inteligencia del Ejército, o del primer cuerpo que actuaba en esa ocasión, hicieron su trabajo
–respondió Gallino.
–¿De modo que quedaron a disposición de ellos?
–Los detenidos, sí
–concluyó el general. A los pocos días los familiares de los guerrilleros muertos recibieron sólo una parte de los cuerpos: las manos. Algunos de ellos suponen que sus cadáveres están en las fosas comunes encontradas en el Cementerio de Avellaneda.
LOS DESAPARECIDOS DE MERCEDES BENZ
- de Gaby Weber -
Cuando se habla de la violación de los derechos humanos durante las dictaduras militares, se habla normalmente sobre los militares que torturaron y asesinaron. No se habla de los intereses económicos y las industrias involucradas a pesar del hecho que eran ellos que aprovecharon el cambio del rumbo económico en América Latina. Gaby Weber investigó el caso de los desaparecidos de la Mercedes Benz en Argentina.
A principios de los años 70 los sindicalistas y los estudiantes habían conquistado en Argentina un amplio espacio político. Los trabajadores acrecentaron las luchas, también en la fábrica de Mercedes, en González Catán, un suburbio de Buenos Aires. Mientras el sindicato oficial de los trabajadores de la industria automotriz, SMATA, apostaba a la cooperación con la dirección de la empresa, en la fábrica Mercedes Benz fue votado una Comisión Interna independiente. En marzo de 1976, se produjo el golpe de estado y los generales asesinaron cerca de 30.000 adversarios del régimen. Las direcciones de las empresas aprovecharon la situación favorable y entregaron sindicalistas de izquierda a los militares.
Incluso nueve meses después del golpe de estado, en la fábrica Mercedes seguía dando la pauta la Comisión Interna izquierdista. María Luján Reimer recuerda que muchos compañeros, temiendo por sus vidas, dejaron de trabajar en la empresa. Su marido Esteban seguía siendo el vocero de los 3000 trabajadores.
María, que hoy tiene 55 años, fue llamada la "Juana de Arco de la Mercedes". En el 1975, su marido y 118 compañeros fueron despedidos con el permiso del sindicato SMATA. Los trabajadores se mantuvieron 24 días en huelga y las esposas, encabezadas por María Luján, organizaron ollas populares en la puerta de la empresa y bloquearon la caretera, para recabar fondos para la caja sindical. La firma tuvo que anular los despidos, porque el grupo guerrillero "Montoneros" habia secuestrado al jefe de la empresa Heinrich Metz, enviado desde Alemania. Daimler-Benz tuvo que pagar por su liberación un rescate millonario, y fue obligado a pedir disculpas por su "Política contraria a los trabajadores" mediante avisos en la prensa internacional. Pocas semanas después los militares tomaron el poder.
Los dos voceros de la Comisión Interna, también llamada "grupo de los nueve", Esteban Reimer y Hugo Ventura, fueron citados para comparecer el 4 de enero de 1977 en la central de la empresa en Buenos Aires, en la avenida Libertador, informa la señora Reimer. Llevaron consigo una larga lista de reivindicaciones: "De noche me contó mi marido, que las conversaciones con los ejecutivos habrían tenido un carácter armónico. Todas las reivindicaciones fueron aceptadas. Eso es sospechoso, dijo. ¿Por qué, luego de luchas tan enconadas, de repente conceden sin resistencia las demandas de los trabajadores?"
Esteban Reimer llevó su hija de un año a la cama, mientras su esposa, embarazada de cinco meses, lavaba la vajilla. A la una de la madrugada golpearon contra las ventanas: "Policía". A penas abrieron la puerta, nueve hombres armados se precipitaron a la vivienda. Venimos en nombre del primer Comando del Ejército, dijeron. Apareció una lista y preguntaron, si él se llamaba Reimer. Cuando dijo que sí, le mandaron vestirse y que los acompañara. Hicieron una revisación de la casa, tiraron libros y discos al suelo y rompieron una foto de Eva Perón. Antes de retirarse borraron el nombre "Reimer" de la lista.
La señora Reimer buscó a su marido en las comisarías de las inmediaciones. Pero nadie admitió haberlo visto. A la mañana siguiente fue a la parada del ómnibus, donde esperaban sus compañeros de trabajo. En este día se había convocado una asamblea para informar acerca de las conversaciones sobre los sueldos, que tuvieron lugar en la víspera. "No quisieron ir a la fábrica", dijo la señora Reimer, "porque ya habían sido detenidos varios trabajadores, de los cuales no hubo más señales de vida. La dirección de la empresa se comprometió a preocuparse acerca del destino de mi marido y del otro integrante de la Comisión Interna, Ventura, que también había sido secuestrado durante la noche."
La hermana de Ventura confirmó este relato de los hechos. Ella iba, luego del secuestro de su hermano, a la dirección de la empresa, en la avenida Libertador. Allí, informa, encontró a las mismas personas que el día anterior habían negociado con su hermano acerca de sueldos y turnos. Pidió a estas personas, que se presentaran ante las autoridades para hacer una solicitud de averiguación del paradero de su hermano, una demanda de Habeas Corpus. En lugar de ocuparse de la suerte de los trabajadores secuestrados, le preguntaron acerca de contactos de su hermano. Hugo Ventura y Esteban Reimer seguían "desaparecidos". No obstante, Mercedes Benz pagó durante casi diez años el sueldo a los familiares.
María Ester Ventura nunca obtuvo una explicación oficial del porqué de estos pagos. En su opinión la firma asumió con esto una parte de la responsabilidad respecto del asesinato de los trabajadores. "No afirmo que era dinero para que se guardara silencio. ¡Pero la Mercedes tenía culpa! ¿Quién entregó los nombres y las direcciones? Relata María Ester Ventura que los militares quisieron detener a su hermano primero en la casa vecina, porque era esta la dirección que éste había comunicado a la dirección de personal. Además, los militares preguntaron por "Victor Hugo" , pero sus amigos lo llamaban "Hugo". Solo en la empresa lo llamaban "Victor Hugo".
No todos los parientes de los "desaparecidos" de Mercedes Benz, quieren hablar hoy de los acontecimientos. Dicen que ha pasado mucho tiempo y los culpables andan sueltos. La generosidad financiera de la "Welt AG" (el "mundo", Sociedad Anónima), como se hace llamar hoy Daimler-Chrysler, es posiblemente otra razón para su silencio. Ahí está. por ejemplo, Juana Vizzini que vive actualmente en las afueras de Buenos Aires. Luego de insistentes toques del timbre aparece en la puerta enrejada de su modesta vivienda. No quiere dar una entrevista, y no me franquea la entrada. Pero cuenta que estuvo embarazada, cuando detuvieron a su marido. Su hijo Fabio nació huérfano. Mercedes no solo siguió pagando durante años el sueldo, sino que financió también el estudio de Fabio. Su hijo trabaja en la empresa. Yo debería comprenderlo.
Durante la dictadura militar "desaparecieron" en Argentina 30.000 personas. Los militares no buscaban solamente la aniquilación de la guerrilla sino también la liquidación del movimiento obrero. "Las secciones para asuntos del personal, trabajaron estrechamente unidas con los militares", dice Héctor Recalde, un abogado en derecho laboral de Buenos Aires. "Sindicalistas molestos, que actuaron insistentemente a favor de sus compañeros fueron declarados "subversivos", lo que equivalía a ser liquidados".
La Comisión por los Derechos Humanos CONADEP describe el "caso ejemplar" de Ford: en el area de la empresa fueron torturados integrantes de la Comisión Interna de la fabrica y transportados en vehículos de la firma a los centros de tortura. Más tarde fueron despedidos por "ausentismo no autorizado del lugar de trabajo" Después de la dictadura la Ford fue demandada y tuvo que pagar los sueldos atrasados. La sentencia entró en vigor.
Los Generales consideraban al movimiento obrero como "quinta columna" del comunismo internacional, cuya liquidación, asì como el asesinato de sindicalistas, servía en su opinión a la defensa de la civilización occidental contra los "agentes del reino del mal". Luego del golpe de estado, las huelgas fueron declaradas "ilegales" y quien paralizaba el trabajo, era un "terrorista". No se sabe cuantos obreros de la empresa Mercedes-Benz fueron secuestrados entre abril de 1976 y agosto de 1977, y llevados a los centros de torturas y asesinados allí. Por los menos trece, probablemente más de veinte. Se impone la sospecha de que en aquel momento la empresa pudo diferenciar con precisión quiénes de sus trabajadores que no concurrieron a sus puestos de trabajo, fueron detenidos y asesinados y quién pasó a la clandestinidad o fugó. ¿De dónde obtuvieron esta información?
Ahí está, por ejemplo, la persona que fungía de contacto del "Partido Revolucionario de los Trabajadores" (PRT), Ricardo Hoffmann. Hoy edita el periódico del PRT "El Combatiente", una pequeña publicación mimeografiada: "ni uno solo de los desaparecidos de Mercedes era guerrillero", dice, "eran los miembros de la comisión interna". El último día de trabajo de Hoffmann fue el 18 de mayo de 1977. Luego se fue, siguiendo "la indicación del Partido" al exilio italiano. Por consideraciones de seguridad, vivió las últimas semanas en la fábrica. Su vivienda fue allanada, y lo querían detener en la puerta de la empresa. Luego de su huida ha sido despedido y le fueron suspendidos los pagos de los sueldos por "ausencia no autorizada del lugar de trabajo".
Poco antes de irse al exilio, recuerda Hoffmann, fue detenido en su lugar de trabajo su compañero Martín. Tres mil trabajadores manifestaron durante dos días y dos noches ante el cuartel de La Tablada, exigiendo su liberación. Esto le salvó la vida a Martín.
Pocos días después, el 12. de agosto de 1977, debería ser detenido Héctor Ratto. Para evitar revuelo, como en el caso de Martín, la detención se haría al entrar a la fábrica y no en su lugar de trabajo. Pero los policías no detuvieron a Héctor Ratto sino a Juan José Ratto a quien encapucharon y esposaron, hasta que reconocieron su error. Héctor Ratto ya había entrado a la fábrica. "El director de la empresa Tasselkraut pidió que concurriera a su despacho, donde había dos policías en civil. En mi presencia el director les entregó la dirección de Diego Núñez. Era claro que Tasselkraut quería evitar disturbios en la fábrica y demoró mi detención. De noche vinieron dos camiones del Ejército y me llevaron."
El obrero Núñez fue detenido la misma noche en su casa; lo llevaron al Campo de Mayo donde lo asesinaron. Su caso fue planteado en 1985 durante la instrucción judicial, "el proceso del siglo", contra los comandantes de la Junta. Por primera vez militares sudamericanos tuvieron que responder ante un Juzgado civil por sus atropellos. La opinión pública mundial estuvo presente en el juicio y los diarios informaban ampliamente. También Héctor Ratto y varios compañeros de trabajo fueron citados como testigos de la acusación e hicieron constar en actas la detención de Ratto. La empresa Mercedes Benz no contradijo el relato de los hechos. El caso de Ratto está documentado en folios 470 de la fundamentación de la acusación, el caso de Diego Núñez en folios 471. Los jueces estimaron que la declaración de Ratto era creible y fundamentaron en ella y otras la condena de los comandantes.
Que Héctor pudiera sobrevivir, se debe a la circunstancia, de que los militares lo detuvieron publicamente en su lugar de trabajo. Los otros consejeros sindicales desaparecieron de noche, y fueron secuestrados en sus casas por hombres de civil. Mercedes Benz desconocía la dirección de Ratto, dado que se casó poco antes y no había informado a la empresa su dirección. "Seguramente eso me ha salvado", dice Ratto.
Ratto fue puesto en libertad en marzo de 1979. Hoy tiene 52 años. Sus amigos de la fábrica fueron asesinados y él sufre a causa del sentimiento de culpa del que sobrevive. No hizo valer su derecho a una reparación financiera por la detención ilegal. Sus brazos, que luego de los electroshocks que se le aplicaron en Campo de Mayo, estaban paraliticos, ahora ya los puede mover, pero no como antes. Durante seis días en la semana trabaja en una pequeña empresa metalúrgica, que está amenazada de bancarrota. No pudo obtener su lugar de trabajo en la empresa alemana de automóviles. Ahí predomina nuevamente el sindicato complaciente con los empresarios.
El jefe de la empresa, Juan Tasselkraut, está nuevamente al frente de la producción de camiones. Aquellos años, dijo Tasselkraut durante una entrevista en las oficinas de la dirección de Mercedes Benz en Buenos Aires, fueron tiempos movidos. Pasó angustias de muerte y acudió al servicio de guardaespaldas. "Es fácil de imaginar lo que Ratto declaró (en el proceso contra los comandantes)". Desde entonces no ha visto más a Ratto. En Argentina predominó el caos, por eso el golpe de estado era necesario. Dos ejecutivos, enviados desde la casa matriz fueron secuestrados y en la fábrica andaban obreros armados. Pero, dice Tasselkraut, los detenidos deberían haber sido juzgados por un tribunal, quizás por un tribunal militar, no deberían haber sido asesinados.
Tasselkraut niega vehementemente la declaración de Ratto de que él hubiera proporcionado a los policías la dirección del obrero Diego Núñez. Eso es una "demencia", dijo, "este joven está absolutamente equivocado. Conscientemente mantuvo estas conversaciones en presencia del jefe del personal". Mercedes no ha cooperado con los militares: "pero si el señor Ratto quiere afirmar que la dirección de la empresa estuvo en contra de que hubiera operarios armados en la fábrica, entonces debo respondo con un "si" categórico.
Pregunta a Tasselkraut: ¿entonces sabía que los militares sometían a torturas y mataban a los obreros detenidos por ser "subversivos?" "Sí, quién conocía más o menos a Argentina, tenía claro, que contrariamente a todo derecho humano, allí se eliminaba gente". El hecho de haberse continuado el pago de los sueldos de los obreros desaparecidos, no es un reconocimiento de culpa: "Nosotros, como empresa, queremos realmente presentarnos como un ejemplo, en asuntos humanos".
- tradución Guillermo Israel -
publicado en Brecha el 10.09.1999
link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=aXU2kd6kNMs