Desolados de Perón

A 35 años del pasaje a la clandestinidad de Montoneros Antes de la captura de los hermanos Born, Montoneros había anunciado de modo indirecto su pasaje a la clandestinidad: en La Causa Peronista, clausurada inmediatamente por decreto del Poder Ejecutivo, la organización publicó detalles de la muerte de Aramburu. El jueves 5 de septiembre, Isabel Martínez, invitada por Emilio Massera, asistió al comando general de la Armada, donde almorzó con el almirantazgo en pleno. En verdad, fue un informe político en regla que la jefa del Ejecutivo se vio obligada a dar a los marinos, a quienes explicó sus próximas medidas y las debatió con ellos. “Pese al hermetismo de las fuentes naturales trascendió que no fueron ajenos al análisis los temas de la actividad subversiva, la situación universitaria y una reciente publicación sobre la muerte del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, a la que en sectores oficiales se la había calificado como una apología del crimen.” Después del encuentro con la Presidenta, los almirantes se reunieron a puertas cerradas para discutir entre ellos, reservadamente, los resultados de la reunión. El viernes 6, Montoneros anunció oficialmente su retorno a la lucha armada en una conferencia de prensa dada por su comandante, Mario Fimenich, acompañado por Juan Carlos Dante Gullo (JP Regionales), Pablo Ventura (JUP), Enrique Juárez (JTP) y Adriana Lesgart (Agrupación Evita). El comunicado oficial, que informaba, entre otras cosas, del cierre de todos los locales de organizaciones afines a Montoneros, fue leído por Gonzalo Chaves, cuyo padre y su hermano habían sido asesinados un mes antes por la Triple A. Esa misma noche fue reprimida sin causa una asamblea estudiantil en la Facultad de Derecho de la UBA. Terminada la reunión, cuando los estudiantes salían del edificio –ni siquiera era una marcha– fueron atacados por una parafernalia policial impresionante, con carros de asalto, hidrantes y camiones de transporte de detenidos. Hubo balas de goma, ni el menor ahorro de gases y decenas de presos. Como pudieron, los estudiantes respondieron a pedradas y se produjo una batalla campal que duró casi dos horas. Días antes, Silvio Frondizi y un grupo de abogados que colaboraban con él denunciaron torturas a presos políticos en Catamarca y vejaciones y malos tratos a los representantes legales de los detenidos. Casi de inmediato, lejos de investigar esas denuncias, el ministro de Defensa, Adolfo Savino, y el de Justicia, Antonio Benítez, ordenaron promover acciones penales “contra quienes resultaran responsables de los hechos que, a través de la prensa, han pretendido afectar el honor de las Fuerzas Armadas y de sus integrantes”. La orden ministerial mencionaba explícitamente a Silvio Frondizi y a los abogados Manuel Gaggero, Julio Marcolli, Jorge Marca, Alfredo Curutchet, Felipe Martín y Rafael Pérez. Eso era un señalamiento de blancos, una lista de personas que debían ser eliminadas. El 11 de setiembre, tras secuestrarlo en pleno centro, la Triple A asesinó a Curutchet en un baldío de la calle General Mosconi entre Alto Perú y La Rábida, en Beccar, donde lo acribillaron a tiros tres ocupantes de un Falcon verde claro que lo habían llevado hasta allí, maniatado. A todo esto, la crisis de los precios no hacía más que empeorar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reunía a los 24 países más avanzados, informaba que por sexto mes consecutivo los precios de consumo habían trepado en las principales naciones industrializadas. Uno de los motivos se encontraba en la crisis petrolera del año anterior, pero no era el único. The New York Times aseguraba que se temía una depresión mundial. Japón, cuya economía era considerada impecable hasta el momento, no podía sostener su balanza de pagos y soportaba una inflación del 23 por ciento anual. Todo era mucho peor en los países rezagados. El récord mundial de inflación lo tenía Chile, con un 709 por ciento en el año transcurrido desde el derrocamiento de Salvador Allende. En la Argentina, casi a diario la Secretaría de Comercio autorizaba aumentos en los precios de casi todos los productos básicos. Ya resultaba evidente que las leyes de la economía capitalista internacional no podían torcerse con unos cuantos vigilantes y un equipo de inspectores, coimeros además. Balbín, después del paso dado por Montoneros, se negaba a incluirlos en cualquier acuerdo político. En esos días dijo que se necesitaba un gobierno de “unidad nacional” y estabilidad institucional sobre la base de los dos grandes partidos, el PJ y la UCR, más una “tercera fuerza” en la cual incluía a la “izquierda legal”. En cambio, añadía que “los jóvenes subversivos son una minoría absurda”. El martes 10, en una vía muerta del ferrocarril Mitre, a la altura de la calle Pasteur y la estación Anchorena, en San Isidro, apareció el cadáver de un mito: José Luis Nell. Se había pegado un tiro con una pistola Browning que él mismo había incautado a un policía de la provincia de Buenos Aires en 1973, en Wilde. Fue una sorpresa, puesto que ni siquiera se conocía la presencia de Nell en la Argentina. Nada había vuelto a saberse de él desde que huyó del penal de Punta Carretas, en el Uruguay. Mientras en Córdoba el interventor Brunello era relevado por un “duro”, el brigadier Raúl Lacabanne, el debate interno en Montoneros salía a la luz pública. Por ejemplo, en Neuquén, la JP anunció que, en acatamiento a lo resuelto por la Conducción Nacional, cerraba todos sus locales pero se negaba a pasar a la clandestinidad. La Nación le dedicó un editorial al asunto en su edición del jueves 12. En él, el diario de los Mitre decía: “La declaración de guerra anunciada la semana anterior por las cabezas visibles de la organización Montoneros parece haber sido resultado de una decisión apresurada de una elite operativa antes que un acuerdo general entre sus dirigentes y los representantes de los nucleamientos colaterales de esa organización”. Ese diario agregaba: “Después del anuncio de Firmenich sobrevino, casi a renglón seguido del primer parte de guerra, la rectificación de estos agrupamientos (JP Regionales, JTP, Agrupación Evita y UES) en cuanto a que ellos también hubieran resuelto sumergirse en la clandestinidad (...) las evidencias obrantes constituyen el señalamiento de que por lo menos no hubo consultas suficientes para que todas las organizaciones colaterales de Montoneros se sintieran comprometidas a acompañar un salto de esa magnitud (...) (la JTP) se aferra a su legalidad al tiempo que dice acatar a la conducción militar, pero no se retira de las fábricas ni cierra sus locales”. El análisis de La Nación era rigurosamente correcto. Las disidencias internas más o menos soterradas en Montoneros desde tiempo atrás empezaron a hacer eclosión. No solo no se habían producido “consultas suficientes”, como señalaba ese diario: no se había hecho consulta alguna. Se trató de una orden vertical, militar, y quienes se negaron a cumplirla o simplemente dudaron sufrieron sanciones punitivas, persecuciones internas y hasta condenas a muerte. Así, un ex dirigente del Movimiento Villero Peronista dijo al autor de este trabajo: “Me corría la cana y estaba condenado a muerte por Firmenich, porque yo no quería ni podía pasar a la clandestinidad y dejar a los compañeros a la intemperie. En un momento, no sabía de dónde me iban a llegar los balazos”. En efecto, la orden de tornar a las acciones armadas y regresar a la clandestinidad resultaba imposible desde el punto de vista práctico, puesto que no se podía militarizar a toda una organización, todavía de masas, sin dejar expuesta a una multitud de militantes que no podían ser absorbidos por la organización militar aunque hubiesen querido. Esa gente, como dijera aquel viejo dirigente del MVP, quedaba literalmente a la intemperie. En la Universidad de Buenos Aires, el decano de Derecho, Mario Kestelboim, respaldado desde siempre por la JUP, renunció a su cargo ante la decisión montonera: pese a todas las críticas que debían hacérsele, el de Isabel Perón, dijo, “es nuestro gobierno”. De inmediato, renunciaron a sus bancas los diputados Miguel Zavala Rodríguez, del Peronismo Auténtico, y Leonardo Bettanín, de la JP. Aclararon que, sin embargo, no estaban dispuestos a pasar a la clandestinidad y que renunciaban por disciplina. Ellos fueron los encargados de contestar a la ruptura de Balbín: “El doctor Balbín –dijeron en conferencia de prensa– no está contra la violencia indiscriminadamente, está en contra de la violencia cuando la ejerce el pueblo (...) se rasga las vestiduras ante el relato de la muerte de Aramburu, pero calla ante el asesinato de Ortega Peña y avala el atentado que le costara la vida al hijito del compañero Laguzzi”. Días antes, la Triple A había colocado una bomba en el edificio donde vivía el rector normalizador de la UBA, Oscar Laguzzi. Con ese explosivo fueron asesinados la esposa del académico y su hijo de once meses. Aquel bombazo formó parte de la embestida final de la extrema derecha antes de intervenir la universidad. El gobierno manifestó claramente su posición ante el crimen por medio del silencio: ni siquiera envió un telegrama de condolencias a la familia del niño asesinado, lo cual daba un aval explícito al atentado. Por esos días, el ministro de Educación, Oscar Ivanissevich, intervino la Universidad de Buenos Aires y designó interventor a Alberto Ottalagano, cuya primera medida fue cerrar las casas de altos estudios a partir del jueves 19, el mismo día de la captura de los hermanos Born. En ese punto, la política gubernamental no mostraba fisuras y se mostraba tal cual era. El rey quedaba desnudo. “La universidad está sublevada”, había dicho el ministro al asumir. La Nación le pedía que actuara en consecuencia y fuera a fondo con la represión. “Un médico veterano como el Dr. Ivanissevich sabe que ante un diagnóstico de esa naturaleza sólo quedan dos caminos: cruzarse de brazos (resignación ante lo inevitable) o realizar con urgencia la acción terapéutica.” La “acción terapéutica” no tardaría y tendría una magnitud sin precedentes en el país, ni siquiera en tiempos dictatoriales. El gobierno peronista superaría con creces la recordada “noche de los bastones largos” del onganiato. Para ese propósito, Ivanissevich era el hombre ideal. Fascista declarado, admirador confeso de Adolfo Hitler, gustaba hablar de “nacionaljusticialismo” al referirse a su movimiento, de modo de dar a los vocablos una fonética similar a la del “nacionalsocialismo” hitleriano. Había sido, además, médico personal de Eva Perón. Odiaba expresamente a Sarmiento, en quien llegó a ver la “encarnación de un demonio menor”, pero el 11 de setiembre, Día del Maestro, aprovechó la ocasión y habló por la cadena de radio y televisión. Ese día dijo: “No estamos ante un conflicto universitario sino ante una conjura internacional que moviliza a algunos estudiantes, más proclives al tumulto que al trabajo y al estudio”. Mientras hablaba, estaban junto a él, con otros jefes de la extrema derecha peronista, Lorenzo Miguel y el rector de la Universidad Católica Argentina, el cardenal Octavio Derisi. Ivanissevich añadió: “(...) vivimos hoy en estado convulsivo revolucionario, que es menester ordenar y darle una salida nacional que sirva al pueblo, que está desorientado”. En cuanto al presupuesto universitario, sostuvo: “Los dineros destinados a educar no deben dedicarse a estimular la indisciplina, el desorden y la subversión”. El ministro defendió las posturas, en materia de instrucción pública, del ya caído Richard Nixon, quien pensaba que la investigación científica no debía quedar en manos de las universidades sino de las grandes empresas industriales, de los monopolios. De ese modo, las corporaciones podrían acomodar la labor de la ciencia, directa y formalmente, a sus necesidades inmediatas de producción. Así, Nixon se proponía llevar al extremo aquella descripción que Jorge Luis Borges daba de las universidades norteamericanas formadoras de “bestias especializadas”. Tal el modelo que Ivanissevich se proponía trasladar a la Argentina. El ministro se ocupó ese día de dejar bien claro cuál sería a partir de ese momento la política universitaria del gobierno: “Se han usado las escuelas de la República para hacer propaganda, instar al desorden y a la rebeldía (...). No se pueden seguir admitiendo actos vandálicos de jóvenes desadaptados (...) quienes los toleran son aún peores que ellos”. A todo esto, se conocía en Nueva York un informe reservado del Fondo Monetario Internacional cargado de elogios al gobierno. Según ese organismo, se había “detenido abruptamente la espiral de precios y salarios”. Tras alabar el Pacto Social, el FMI añadía: “La balanza de pagos ha mejorado impresionantemente en los dos últimos años”. Luego, el paper recordaba que en el primer trimestre de 1972 las reservas del Banco Central habían caído técnicamente a cero, situación revertida ahora a ritmo de vértigo. El informe del FMI terminaba así: “Esa espiral de precios y salarios fue detenida abruptamente por medio de una política de ingresos inspirada en el concepto de Pacto Social entre empresarios y obreros bajo el liderazgo del general Perón, quien tradicionalmente tenía fuerte apoyo de los sindicatos”. Como se ve, si Perón había desarrollado una “consecuente política antioligárquica y antiimperialista”, como decía Montoneros, el Fondo no estaba enterado. El lunes 16 de setiembre fueron asesinados por la Triple A el ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López, y Juan José Varas, ex subsecretario de Hacienda del gobierno de Obregón Cano. Aunque no lo habían hecho público, ambos estaban en Buenos Aires desde hacía cinco días y se alojaban en el hotel Aldeano, en la calle La Rioja, a dos cuadras de Plaza Miserere. Se trataba de un establecimiento modesto, de ocho pisos y cincuenta habitaciones. A las 11 de la mañana de aquel día, un grupo de hombres que mostró credenciales de la Policía Federal –con toda seguridad auténticas– llegó con Varas esposado y golpeado, maltrató al encargado y echó abajo la puerta del cuarto que compartían los ex funcionarios cordobeses. De allí se llevaron a López, también esposado, y todo el grupo partió en dos autos Ford Falcon. Dos horas después aparecieron los cadáveres, desfigurados por el impacto de entre 30 y 50 disparos cada uno, en un paraje próximo a las rutas 6 y 8, a 700 metros del casco de la estancia La Mimosa, entre las localidades de Pavón y Capilla del Señor, al norte de la provincia de Buenos Aires. En el lugar se encontraron 132 vainas servidas. Al día siguiente de la captura de los Born por Montoneros, fue asesinado a tiros Julio Tomás Troxler, sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez, dirigente del Peronismo de Base y subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cámpora. Casi simultáneamente, el Congreso aprobaba la ley de contratos de trabajo, se cerraban las universidades y se sucedía una seguidilla atroz de asesinatos de dirigentes y activistas obreros, todos ellos militantes de izquierda o del peronismo combativo, en el cordón industrial del Gran Buenos Aires. En definitiva, Montoneros anunciaba su retorno a la lucha armada, pero era el gobierno el que declaraba la guerra al pueblo trabajador argentino. Fuente:http://www.elortiba.org/notatapa17.html