Dictadura Nunca Mas!

El golpe militar del 6 de setiembre de 1930 fue liderado por el General José Félix Uriburu y derrocó al Presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928. Paradójicamente el General Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical.

El 10 de septiembre, Uriburu fue reconocido como presidente de facto de la Nación por la Corte Suprema mediante la acordada que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto y que sería utilizada para legitimar a todos los demás golpes militares.

Siguiendo una tendencia que habría de ser general en los futuros golpes de estado, Uriburu designó a un civil en el cargo de ministro de economía, José S. Pérez, vinculado a los grandes terratenientes y a los sectores más conservadores.

El gobierno militar estableció un gobierno de inspiración fascista y le encargó la redacción de su proclama inicial al escritor Leopoldo Lugones, quién había adherido a las ideas fascistas en 1924, al pronunciar ante los jefes militares un difundido discurso en el que sostuvo que había «sonado la hora de la espada». Una de sus primeras medidas fue establecer una estructura estatal represiva ilegal, creando una "sección especial" de la policía para utilizar sistemáticamente la tortura contra los opositores, siendo la primera en utilizar la electricidad con tal fin, mediante las picanas diseñadas para el ganado.

Luego de proscribir a la Unión Cívica Radical, el régimen organizó una salida electoral aparente, restringida y controlada por las Fuerzas Armadas que dio origen a una serie de gobiernos conservadores fraudulentos y corruptos que fueron conocidos como la Década Infame.El 20 de febrero de 1932, el general José Félix Uriburu le entregó el poder al general Agustín P. Justo, verdadero artífice intelectual del golpe de estado.

La Revolución del 43 originada en el golpe militar del 4 de junio de 1943 tuvo características distintivas a todos los demás:

* En primer lugar no derrocó a un gobierno legítimo. Ramón Castillo, el presidente derrocado, era parte del régimen conservador conocido como década infame, originado en el golpe militar de 1930 y apoyado en el fraude electoral generalizado, la represión y la corrupción.
* En segundo lugar no mantuvo relaciones de alianza con los grandes terratenientes y empresarios.
* En tercer lugar, su desencadenamiento estuvo vinculado a las presiones de Estados Unidos para que la Argentina abandonara su tradicional neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, con el fin de afectar los intereses británicos en el país y reemplazar a Gran Breteña como poder económico dominante en la Argentina.

La Revolución del 43 fue un confuso proceso político durante el cual diversos grupos, muchos de ellos sin protagonismo anterior en la historia argentina, se disputaron el poder. Todos los grupos militares que lucharon por el poder durante la Revolución del 43 eran marcadamente anticomunistas y mantenían relaciones fuertes con la Iglesia Católica que recuperó una sólida presencia (perdida desde el siglo XIX), sobre todo en el ámbito de la educación. Las luchas internas desencadenaron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores que llevaron el título de «presidente»: Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell.

Durante este período los sindicatos argentinos, principalmente los socialistas y los sindicalistas revolucionarios (pero también algunos pocos comunistas), realizaron una alianza con un sector de oficiales jóvenes del ejército liderado por el coronel Juan Perón, constituyendo una exitosa corriente laborista-nacionalista, que finalmente terminó predominando y ganando el apoyo popular de la clase obrera en ese momento en plena expansión y adquiriendo el nombre de peronismo. El período se caracterizó por una extrema polarización de las clases sociales, y llevó también a la conformación de un gran bloque social fuertemente antiperonista, mayoritariamente integrado por los sectores medios y altos.

Económicamente la Revolución del 43 se caracterizó por una fuerte política de industrialización por sustitución de importaciones.

La dictadura finalizó con un llamado a elecciones democráticas realizadas el 24 de febrero de 1946, que todos los sectores aceptaron como impecables, en las que triunfó Juan Domingo Perón, quien asumió el 1 de mayo de 1946. Perón sería derrocado por un golpe militar en 1955 antes de finalizar su segundo mandato.

La llamada «Revolución Libertadora» fue una dictadura militar originada en el golpe de estado que derrocó al Presidente Juan Domingo Perón entre el 16 y el 23 de septiembre de 1955, día éste último en que el jefe de la insurrección juró con el título de «presidente», a la vez que disolvió el Congreso. Al día siguiente designó como «vicepresidente» al almirante Isaac Rojas.

La Revolución Libertadora contó con una Junta Consultiva integrada por la mayor parte de los partidos políticos: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Demócrata Progresista.

El grupo golpista se dividió en dos sectores: un sector nacionalista-católico liderado por el General Eduardo Lonardi, que tomó el gobierno al comienzo, y un grupo liberal-conservador liderado por el General Pedro Eugenio Aramburu y el Almirante Isaac Rojas. Este último sector terminó predominando y dando un golpe de estado interno, por el cual Lonardi fue reemplazado por Aramburu como «presidente».

La dictadura impuso la proscripción del Partido Justicialista (peronista) y persecución de sus simpatizantes, que se mantendría por 18 años, y la intervención de los sindicatos. También, en un caso sin precedentes en la historia argentina moderna, fusiló a opositores, en algunos casos en forma pública y en otros clandestinamente.

El gobierno militar asignó el Ministerio de Economía a un civil, sucediéndose Eugenio Folcini, Eugenio A. Blanco, Roberto Verrier y Adalberto Krieger Vasena, que llevaron adelante una política inspirada en los criterios de los sectores socialmente más acomodados y poderosos económicamente.

Una de las medidas institucionales más importantes de la dictadura militar fue dictar una proclama derogando ipso facto la Constitución Nacional vigente, conocida como Constitución de 1949, para reemplazarla por el texto de la Constitución de 1853. Esta medida sería luego avalada por una Convención Constituyente elegida con proscripciones, que sesionó bajo el régimen militar y le agregó el artículo 14 bis.

En 1958 la Revolución Libertadora convocó a elecciones limitadas y controladas por las Fuerzas Armadas, con proscripción del peronismo que fueron ganadas por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), un sector de la fracturada Unión Cívica Radical, liderado por Arturo Frondizi, quien había realizado un pacto electoral y político con Perón con el fin obtener el apoyo del decisivo voto peronista a su candidatura. El Presidente Frondizi sería a su vez derrocado por los militares cuatro años después.

El golpe militar del 29 de marzo de 1962 tuvo elementos tragicómicos que determinaron que no fuera un militar, sino un civil, quien accediera al gobierno luego de derrocar al Presidente Arturo Frondizi (radical intransigente).

Frondizi soportó durante su gobierno reiterados planteos e insurreciones militares, mediante los cuales llegaron a imponerle incluso al Ministro de Economía (Álvaro Alsogaray) y terminaron en el golpe del 29 de marzo de 1962, liderado por el General Raúl Poggi.

El hecho que precipitó el golpe fue la amplia victoria del peronismo en las elecciones realizadas once días antes, en diez de las catorce provincias, incluyendo la estratégica Provincia de Buenos Aires, donde triunfó el dirigente sindical textil Andrés Framini. El peronismo había sido proscripto por la dictadura militar de 1955, pero Frondizi volvió a habilitarlo electoralmente, aunque manteniendo la prohibición a Juan Perón de presentarse como candidato y volver al país. Frondizi inmediatamente intervino las provincias en las que había ganado el peronismo, pero el golpe era indetenible.

Producido el levantamiento militar el 29 de marzo de 1962, el Presidente Frondizi, detenido por los militares en la Isla Martín García, se negó a renunciar («no me suicidaré, no renunciaré y no me iré del país»). Eso llevó a interminables movimientos, amenazas y gestiones que agotaron a los líderes de la insurrección, quienes se fueron a dormir antes de asumir formalmente el poder. En la mañana del 30 de marzo, el General Raúl Poggi, líder de la insurrección victoriosa, se dirigió a la Casa Rosada para hacerse cargo del gobierno, y se sorprendió con el hecho de que los periodistas le comentaban que un civil, José María Guido, había jurado como presidente en el palacio de la Corte Suprema de Justicia.

Guido era un radical intransigente que presidía provisionalmente la Cámara de Senadores, debido a la renuncia del Vicepresidente Alejandro Gómez. Teniendo en cuenta esto, la noche del golpe, algunos abogados relacionados con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos Horacio Oyhanarte, le toman el derrocamiento de Frondizi como un caso de acefalía y asume la presidencia Guido por encontrarse en la línea sucesoria.

Entre incrédulos, sorprendidos e indignados, los militares golpistas terminaron aceptando a regañadientes la situación y convocaron a Guido a la Casa Rosada para comunicarle que sería reconocido como presidente, en tanto y en cuanto se comprometiera por escrito a ejecutar las medidas políticas indicadas por las Fuerzas Armadas, siendo la primera de ellas anular las elecciones ganadas por el peronismo. Guido aceptó las imposiciones militares, firmó un acta dejando constancia de ello y recién entonces fue habilitado por estos para instalarse con el título de «presidente», pero con la obligación de clausurar el Congreso Nacional e intervenir las provincias.

Efectivamente Guido cumplió las órdenes militares, anuló las elecciones, clausuró el Congreso, volvió a proscribir al peronismo, intervino todas las provincias y designó un equipo económico de derecha (Federico Pinedo, José Alfredo Martínez de Hoz, etc.).

Finalmente en 1963 volvió a convocar a elecciones limitadas, con proscripción del peronismo, en las que resultó elegido presidente Arturo Illia (radical del pueblo), saliendo segundo el voto en blanco que muchos peronistas utilizaron como forma de protesta. El Presidente Illia asumió el 12 de octubre de 1963 y también sería derrocado por un golpe militar el 28 de junio de 1966.

El 28 de junio de 1966 un levantamiento militar liderado por el General Juan Carlos Onganía derrocó al Presidente Arturo Illia (radical del pueblo). El golpe dio origen a una dictadura autodenominada Revolución Argentina, que ya no se presentó a sí misma como «gobierno provisional», como en todos los golpes anteriores, sino que se estableció como un sistema de tipo permanente. Este tipo de dictaduras militares permanentes, se instalaron por entonces en varios países latinoamericanos en esos años (Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc.) y fue analizado detalladamente por el destacado politólogo Guillermo O'Donnell quien lo denominó con la expresión de Estado burocrático autoritario (EBA).

La Revolución Argentina dictó en 1966 un Estatuto que tenía nivel jurídico superior a la Constitución y en 1972 introdujo reformas constitucionales, algo que también la distinguió de las dictaduras anteriores. En general la dictadura adoptó una ideología fascista-católica-anticomunista, apoyada abiertamente tanto por Estados Unidos como por los países europeos.

La alta conflictividad política y social generada durante la Revolución Argentina y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).

Económicamente la dictadura entregó el Ministerio de Economía a los sectores civiles más conservadores-liberales, cuyo máximo exponente fue Adalberto Krieger Vasena, quien ya había sido ministro de la Revolución Libertadora. Hay que señalar sin embargo, que durante la dictadura de Levingston, predominó un sector nacionalista-desarrollista de las Fuerzas Armadas, que nombró Ministro de Economía al radical Aldo Ferrer.

Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo (aunque impidiendo la candidatura de Perón), en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato peronista Héctor J. Cámpora, con el 49,53% de los votos, asumiendo el 25 de mayo de 1973.

Cámpora renunció para permitir elecciones libres, en las que ganó Juan Perón con el 62% de los votos, quien moriría menos de un año después de haber sido electo, y el gobierno peronista, en manos ahora de la Vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, sería también derrocada por un golpe militar en 1976.

El 24 de marzo de 1976 una nueva sublevación militar derrocó a la Presidenta María Estela Martínez de Perón instalando una dictadura de tipo permanente (Estado burocrático autoritario) autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», gobernada por una Junta Militar integrada por tres militares, uno por cada fuerza. A su vez la Junta Militar elegía a un funcionario con el título de «presidente», con funciones ejecutivas y legislativas.

Al igual que la dictadura anterior, la Junta Militar sancionó en 1976 un Estatuto y dos Actas de carácter complementario con jerarquía jurídica superior a la Constitución.

El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:

* 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
* 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
* 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
* 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes

En cada una de estas etapas, las juntas designaron como «presidentes» de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. Bignone, fue el único "presidente" que no perteneció a la junta.

El «Proceso de Reorganización Nacional» llevó adelante una guerra sucia en la linea del terrorismo de estado que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de opositores.

Internacionalmente, la dictadura argentina y la violación de derechos humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos (salvo durante la administración de James Carter) y la tolerancia de los países europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica, sin cuya inacción difícilmente hubiera podido sostenerse. Asimismo, en ese momento se instalaron con apoyo estadounidense dictaduras militares en todos los países del Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) que coordinaron entre si y con Estados Unidos la represión, por medio de una organización terrorista internacional denominada Plan Cóndor.

En materia económica, la dictadura entregó formalmente los ministerios económicos a las asociaciones empresarias más conservadoras que impulsaron una política económica abiertamente desindustrializadora y neoliberal, con máxima expansión de una deuda externa contraída de manera fraudulenta y mediante mecanismos de corrupción, en beneficio del sector privado:

* El Ministerio de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA).
* La Secretaría de Ganadería a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (el padre de Máxima Zorreguieta, princesa de Holanda).
* El Banco Central a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).

En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, en un acontecimiento sobre el cual siguen siendo muy oscuras las causas desencadenantes. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre de 1983.

Los jefes militares fueron enjuiciados y condenados, y muchos de ellos llevados a prisión, en complejos procesos que se extendieron en el tiempo.

La dictadura militar llamada «Proceso de Reorganización Nacional» fue la última. Si bien entre 1987 y 1990 se produjeron varias insurrecciones militares, denominadas carapintadas, ninguna de ellas logró derrocar a los gobiernos democráticos.

La polémica sobre el uso del deporte con fines políticos durante la última dictadura militar ha cobrado protagonismo en estos días en Argentina, donde mañana, domingo, se jugará un inusual partido de fútbol en memoria de las víctimas, 30 años después del triunfo argentino en el Mundial de 1978.




"Duele saber que fuimos un elemento de distracción para el pueblo mientras se cometían atrocidades", dijo en una ocasión el futbolista Osvaldo Ardiles, motor de la selección argentina que ganó el Mundial hace 30 años.

"Fui usado. Lo del poder que se aprovecha del deporte es tan viejo como la humanidad", reconoció después César Menotti, entrenador del equipo.

Lejos del alborozo que supuso aquella gesta futbolística, las reflexiones de Ardiles y Menotti no hicieron otra cosa que ratificar una verdad irrefutable: el Mundial'78 será un caso paradigmático de utilización del deporte con fines políticos.

"La Junta Militar que asaltó el poder en 1976 se encontró con un 'regalo' llamado Mundial'78. En principio no supo qué hacer ya que la multinacional del fútbol demandaba gastos elevados. Finalmente lo compró porque creyó tenerlo bajo control y usarlo como escaparate de una Argentina distinta a la que se adivinaba en otras latitudes", recuerda el periodista Roberto Fernández.

El fútbol, coinciden autores de libros y artículos sobre aquel torneo, fue parte esencial de la agenda de la dictadura casi desde el día en que la cúpula militar que presidía Jorge Videla se instaló en el poder.

Tanto fue así que el 24 de marzo de 1976, cuando ocurrió el golpe de Estado, entre los comunicados plagados de supresiones de derechos emitidos por el gobierno de facto hubo uno que anunciaba la interrupción de la cadena nacional para ofrecer en directo el amistoso Polonia-Argentina.

Una de las primeras medidas del régimen fue ratificar la organización del Mundial'78, con el guiño de la FIFA. "Argentina está ahora más apta que nunca para ser la sede del torneo", afirmó su pope de entonces, el brasileño Joao Havelange.

El vicealmirante Carlos Lacoste, mano derecha del jerarca de la Armada Emilio Massera, se convirtió en el "todopoderoso" del deporte argentino durante la dictadura y el responsable de mostrar al exterior un país distinto al que el mundo comenzaba a imaginar.

Cuando los ecos de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen ya habían comenzado a trascender las fronteras argentinas, el gobierno se declaró víctima de una "aviesa campaña internacional", en palabras de Videla.

"Los argentinos somos derechos y humanos", rezaba un eslogan ideado por la dictadura con el perverso objetivo de ocultar las desapariciones de personas que sólo habían cometido el pecado de pensar diferente.

Después del fracaso de un intento de boicot del torneo impulsado especialmente en Holanda y Francia, fueron muchas las historias que circularon sobre jugadores que renunciaron a competir en la máxima cita del fútbol mundial por motivos políticos.

Las del holandés Johan Cruyff y el alemán Paul Breitner fueron las más sonadas, aunque en Argentina sorprendió una: Jorge Carrascosa, capitán histórico de la selección de Menotti, abandonó el equipo por "cuestiones de conciencia".

Otros, como el portero sueco Ronnie Hellstrom, se solidarizaron abiertamente con las víctimas del terrorismo de Estado y acompañaron en una de sus marchas a "las locas de la Plaza de Mayo" que desde hacía un año se atrevían a exigir información sobre el paradero de sus hijos desaparecidos.



"¡Ganamos!", cuentan que el represor Jorge "Tigre" Acosta gritó eufórico a los prisioneros de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), principal cárcel clandestina de la dictadura, punto de partida de los "vuelos de la muerte" y situada a sólo dos kilómetros del estadio donde los argentinos Mario Kempes y Daniel Bertoni acababan de sentenciar el 3-1 sobre Holanda en la final del torneo.

En su libro "La vergüenza de todos", el periodista y abogado Pablo Llonto asegura que aquel partido decisivo fue utilizado como parte de la represión, al aludir a casos de detenidos que fueron llevados por sus torturadores a celebrar en las calles la conquista deportiva.

Llonto habla de un papel "nefasto" de la prensa, que a su juicio "mintió" como pocas veces, y de una sociedad civil "que no quiso ver una realidad que le golpeaba la puerta todos los días con las marchas de las Madres de Plaza de Mayo en busca de sus hijos".

"Nos usaron para tapar las 30.000 desapariciones. Me siento engañado y asumo mi responsabilidad individual: yo era un boludo que no veía más allá de la pelota", resumió el futbolista Ricardo Villa.