La industria es el “niño mimado” de periodistas, analistas y políticos. En esta nota explico por qué eso tiene que terminar.
Por ser el padre del liberalismo, muchos creen que Adam Smith defendía a capa y espada a los empresarios.
Sin embargo, el lúcido pensador escocés advertía, ya en 1776, que:
“las personas de un mismo ramo comercial rara vez llegan a reunirse sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en alguna maquinación para elevar los precios”.
Los empresarios no son ni buenos ni malos, pero como cualquier otro ser humano, están interesados en maximizar su bienestar individual. Si eso implica vulnerar los intereses de terceros, que así sea. De aquí la importancia que Smith, así como toda la tradición liberal posterior a él, le asignó a la competencia inherente a la economía de mercado.
En nuestro país, sin embargo, la advertencia de Smith sigue vigente. La opinión pública muestra una excesiva preocupación por el desempeño de la llamada “industria nacional”. Esto es aprovechado por los industriales, para avanzar en una agenda intervencionista que genera beneficios para ellos, pero a costa de todos los demás.
Las alarmas encendidas por el desempeño de la manufactura son algo contradictorias. En 2014, cuando el sector se contrajo 4,9% (VBP-INDEC), nadie ponía en duda el carácter industrialista del gobierno de Cristina Fernández. En 2016, cuando la caída fue del 4,8%, el clamor popular en contra de la “desindustrialización” fue ensordecedor.
Otra cuestión a tener en cuenta es que la mirada sesgada pro-industria no tiene mucho sentido hoy. Si bien en su momento se habló de países “industrializados” como sinónimo de “desarrollados”, en la actualidad los países donde mejor se vive tienen un sector manufacturero inferior al 25% del PBI. Los servicios explican cerca del 70%.
En Estados Unidos, la industria representaba el 29,4% del PBI en 1947, mientras que hoy representa solo el 13,8%. En ese período, la riqueza de los estadounidenses se multiplicó nada menos que por cuatro.
Este es el punto fundamental de nuestro análisis: lo relevante para que mejore la calidad de vida de la gente, no es el avance de un sector particular, sino de toda la producción. Y para ello no se necesitan “políticas activas” o proteccionismo, sino libertad económica.
Es totalmente insignificante si lo que se produce son bienes materiales o servicios. Si la economía crece, la prosperidad aumenta y se reduce la pobreza.
La agenda de los industrialistas implica restringir el comercio, otorgar subsidios y privilegios especiales. Todas estas “ventajas” las paga el consumidor, con precios más altos, y toda la economía, con una tasa menor de crecimiento.
Si el gobierno quiere cambiar en serio, tiene que abandonar por completo la idea de defender una industria nacional.
La industria ya está grande. Que compita sola, como hacemos todos.
Por ser el padre del liberalismo, muchos creen que Adam Smith defendía a capa y espada a los empresarios.
Sin embargo, el lúcido pensador escocés advertía, ya en 1776, que:
“las personas de un mismo ramo comercial rara vez llegan a reunirse sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en alguna maquinación para elevar los precios”.
Los empresarios no son ni buenos ni malos, pero como cualquier otro ser humano, están interesados en maximizar su bienestar individual. Si eso implica vulnerar los intereses de terceros, que así sea. De aquí la importancia que Smith, así como toda la tradición liberal posterior a él, le asignó a la competencia inherente a la economía de mercado.
En nuestro país, sin embargo, la advertencia de Smith sigue vigente. La opinión pública muestra una excesiva preocupación por el desempeño de la llamada “industria nacional”. Esto es aprovechado por los industriales, para avanzar en una agenda intervencionista que genera beneficios para ellos, pero a costa de todos los demás.
Las alarmas encendidas por el desempeño de la manufactura son algo contradictorias. En 2014, cuando el sector se contrajo 4,9% (VBP-INDEC), nadie ponía en duda el carácter industrialista del gobierno de Cristina Fernández. En 2016, cuando la caída fue del 4,8%, el clamor popular en contra de la “desindustrialización” fue ensordecedor.
Otra cuestión a tener en cuenta es que la mirada sesgada pro-industria no tiene mucho sentido hoy. Si bien en su momento se habló de países “industrializados” como sinónimo de “desarrollados”, en la actualidad los países donde mejor se vive tienen un sector manufacturero inferior al 25% del PBI. Los servicios explican cerca del 70%.
En Estados Unidos, la industria representaba el 29,4% del PBI en 1947, mientras que hoy representa solo el 13,8%. En ese período, la riqueza de los estadounidenses se multiplicó nada menos que por cuatro.
Este es el punto fundamental de nuestro análisis: lo relevante para que mejore la calidad de vida de la gente, no es el avance de un sector particular, sino de toda la producción. Y para ello no se necesitan “políticas activas” o proteccionismo, sino libertad económica.
Es totalmente insignificante si lo que se produce son bienes materiales o servicios. Si la economía crece, la prosperidad aumenta y se reduce la pobreza.
La agenda de los industrialistas implica restringir el comercio, otorgar subsidios y privilegios especiales. Todas estas “ventajas” las paga el consumidor, con precios más altos, y toda la economía, con una tasa menor de crecimiento.
Si el gobierno quiere cambiar en serio, tiene que abandonar por completo la idea de defender una industria nacional.
La industria ya está grande. Que compita sola, como hacemos todos.