Publicado por Ricardo Lombardo , Sábado 20 de enero de 2016
En 1998, en oportunidad del mi precandidatura a la Presidencia de la República por el Foro Batllista, asumí un compromiso: terminar con la pobreza en el Uruguay.
La propuesta desacomodó a todo el mundo. La mayoría no me entendió. Los más generosos pensaron que estaba loco, los más críticos que había caído enfermo en manos de la demagogia. Otros temieron pues si tenía razón, le quitaría los estandartes que levantaba el Frente Amplio.
Aunque lo expliqué una y otra vez, el proyecto fue descalificado por propios y ajenos. Lo que es peor, nadie volvió a recoger esa bandera.
Un año después, desde el Banco Mundial, la comunidad internacional afirmó que era posible terminar con la pobreza en el mundo y lo asumió como el Desafío del Milenio. Eso tuvo la virtud de poner el tema en el candelero, como no lo había logrado yo con mi planteo aislado.
Muchos criticaron esa iniciativa de la organización crediticia, pues la consideraron un exceso de intervencionismo estatal o de las burocracias internacionales, y predicaron por dejar actuar al mercado pues con eso se lograría incorporar a todos a una condición humana admisible.
En realidad, ambos tenían algo de razón. Los esfuerzos de la comunidad internacional tuvieron sus frutos, asegurando planes donde con la corresponsabilidad de los organismos internacionales y los gobiernos de los países, se logró que mucha gente superara los límites de la marginalidad y de la pobreza.
Pero los números más significativos surgieron de China y la India, países hasta hace pocas décadas sumergidos en los peores niveles de pobreza, y que, ante la incorporación de modalidades capitalistas o dejando operar al mercado, superaron extraordinariamente los índices anteriores, incorporando a cientos de millones de personas a una condición de no pobreza.
Aunque a nivel mundial los valores han sido impactantes, en nuestro país las cifras son modestas y preocupantes. En 2012, en plena expansión económica producto del impacto de la situación internacional, esos índices sociales habían llegado apenas a las cifras de las décadas del 80 o 90, en las épocas de Sanguinetti o de Lacalle.
Los últimos datos, de 2014, parecen haber logrado superarlos, pero la situación económica actual amenaza con volver a retroceder a los niveles del principio de la década.
El Ministro Astori ha reconocido que en el Uruguay hay un “núcleo duro” de la pobreza que no ha sido posible superar. Lo que hay que entender es que el actual gobierno no sabe cómo resolver el tema. Es muy fácil que haya sectores que recuperen su nivel de vida, cuando aumentan las inversiones o los niveles de ocupación, si uno interpreta sólo la pobreza como determinada por cierto nivel de ingreso. También es fácil que lo pierdan cuando los precios de las materias primas internacionales caigan. No debe medirse ni encararse así un tema tan complejo.
Hay muchos factores que es necesario abordar para superar ese núcleo duro.
Empezando por la filosofía del actual gobierno que parece incompatible con ese objetivo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2014, el diez por ciento más rico de la población concentraba el 27,2 por ciento de los ingresos, en tanto el diez por ciento recogía el 2,7%.
De manera simplificada puede decirse que los más ricos en Uruguay tienen ingresos que equivalen aproximadamente a diez veces lo que reciben los más pobres.
Un razonamiento simple y lineal, concluiría que a la sociedad le bastaría transferir un 1 o 2% del ingreso bruto total de los sectores más ricos a los más pobres y el asunto quedaría arreglado.
Pero no es tan simple ni tan lineal.
Quienes hoy gobiernan el país tienen, en su forma de pensar, el trasfondo de la lucha de clases. Para ellos, habría que quitar ese excedente de los más opulentos a través de impuestos o expropiaciones, lideradas por el estado, y con eso alcanzaría.
Pero existe un problema práctico. Si el estado recauda tributos o se apropia de bienes de los más ricos, estos llegan en un porcentaje muy menor a los destinatarios enunciados, es decir los pobres. Sólo sirven para engrosar una estructura burocrática, ineficiente y sesgada.
Veamos. El gobierno uruguayo anunció que en 2015 el déficit fiscal alcanzó a un 3,5% del producto. Dicho de otra manera, si ese déficit fiscal se hubiera destinado a resolver el tema de la pobreza, el asunto estaría arreglado. Y el 10% de la población más pobre, habría dejado de serlo.
Pero lo que ha ocurrido es que el dinero del estado se destinó a tapar otros agujeros o desatinos, antes de dedicarlo a resolver los problemas de los más postergados. Basta recordar el déficit de ANCAP, de Pluna, UTE, OSE, los pagos a Venezuela, los endeudamientos con el Bandes para recuperar empresas fundidas, el FONDES, la basura en Montevideo, las problemas de tránsito, los salarios cobrados por las colaterales de ANCAP, los presupuestos destinados a las numerosas alcaldías que la sociedad no termina de entender su significado, los recursos destinados a vivienda que aparecen por otros lados, y hasta que Antel y Ancap financiaran la película de Kusturica sobre Mujica.
A menudo se anuncian medidas “redistributivas”, que en realidad sólo se transforman en profundas distorsiones a la correcta determinación de precios y asignación de recursos. Hace poco se anunció que la tasa de OSE, se transformaría en un impuesto para cobrarle más a los que más agua consumieran. Como si hubiera una clara correlación entre el consumo del agua y el nivel de ingreso. O la ministra anunció que las tarifas de UTE no aumentarían para algunos asentamientos, pero no otros. Como si el estado tuviera el derecho a decir qué pobres son los que merecen el subsidio y quiénes no.
Lo que ocurre es que, por mejores intenciones que haya, esos mecanismos no producen los efectos deseados, o lo hacen en una mínima proporción, de manera muy ineficiente, y por lo general sólo distorsionan la distribución de ingresos sin beneficiar a los que se quiere.
Es lógico que toda la sociedad, los más ricos sin duda, se resistan a pagar más impuestos o a asumir estas medidas fijadas administrativamente por la burocracia estatal, porque saben que esos recursos llegaran de manera muy diluida, si es que llega algo, a resolver el complejo tema de la pobreza.
Por eso, habrá que dejar de lado la idea de la lucha de clases y generar un pacto de clases que involucre a todas las partes en la solución. No tengo ninguna duda que la mayoría de las personas con excedentes estarían dispuestos a destinar una porción de los mismos a resolver los problemas de las familias más pobres, si vieran que lo que aportan es para eso y no se queda en el camino favoreciendo las estructuras burocráticas, a los amigos del gobierno o a satisfacer las presiones de las corporaciones organizadas.
Los pobres no tienen sindicatos ni están afiliados al PIT CNT que no los defiende.
Además, ese pacto de clases, debería incluir una corresponsabilidad de todos. De los ricos de hacer las contribuciones, del estado de ajustarse a hacer las cosas como debe y no improvisar, y de los destinatarios a adquirir hábitos sociales saludables, como la educación, el trabajo, la capacitación, el esfuerzo, la dedicación.
Este es el camino a transitar. Hace años que lo vengo sosteniendo. Requiere imaginación y buena voluntad.