Hay que refundar el Estado para modernizar al pais

Publicado por Ricardo Lombardo, Martes 2 de febrero de 2016 Hace pocos meses, el Ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que el 70% del gasto público corresponde a decisiones de gobiernos anteriores “lo cual quita margen de maniobra” porque solo queda un 30% para asignar a nuevos propósitos. Muchos se indignaron con esas afirmaciones pues creyeron ver una justificación de los problemas, basada en la “herencia maldita” que esgrimían los frenteamplistas en los primeros años de su gestión. En realidad, tenía razón Astori. Porque en esa afirmación, incluía también, inevitablemente, a los dos gobiernos anteriores de su fuerza política. Lo que quería manifestar era la falta de flexibilidad que existe al formular un nuevo presupuesto para encarar proyectos diferentes o poner en marcha reformas. Hay una serie de decisiones que fueron tomadas en el pasado, que significaron asignaciones presupuestales, y que permanecen ahí, de manera incremental, quitando margen de maniobra a las autoridades de los gobiernos entrantes. Lo que sí llama la atención, es el conformismo de Astori en este estado de cosas y su falta de audacia para probar nuevas formas. Actúa igual que lo que Einstein definía como locura: hacer la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Un gobierno que prometió hacer temblar las raíces de los árboles, se ha transformado en un lamento y en la resignación a las formas más conservadoras y anacrónicas de administrar los asuntos públicos. ¿Progresistas? ¿De dónde? Al elaborar el presupuesto, las autoridades toman la estructura del estado tal como viene funcionando, la actualizan por índices de inflación u otros parámetros, y la proyectan para el período siguiente. Introducen muy pocos cambios. Las prioridades seguirán siendo las mismas y el costo operativo de cada oficina seguirá siendo, en la mayoría de los casos, el reflejo de un cúmulo de intereses creados y autogenerados, sin tomar en cuenta las nuevas realidades, las nuevas tecnologías y las nuevas prioridades colectivas. Así, programas que fueron elaborados con un objetivo específico, muchas veces permanecen funcionando durante años aunque el objetivo ya se haya cumplido y no tenga razón de ser la existencia de esa oficina. También, partidas asignadas puntual o circunstancialmente, de pronto se repiten año a año, aunque no tenga sentido su reiteración. El presupuesto del estado es una especie de bólido que por la fuerza inercial que trae, es muy difícil de conducir o desviar. Apenas las partidas adicionales, resultado de los ajustes de precios, de la modificación de los tributos, o del crecimiento del producto bruto interno, permiten a las autoridades asignar nuevos objetivos o decidir sobre nuevos proyectos. Es lo que Astori estimó en un 30% del presupuesto. Lo cierto es que no hay nada más efectivo para asegurar el statu quo, que el presupuesto nacional. Poca movilidad, poca productividad, nula innovación, mínimos estímulos para el trabajo y la creatividad. Sería un fiel representante de aquella máxima gatopardesca de que es necesario que todo cambie un poco para que todo siga como está. Prometer hacer temblar las raíces de los árboles y manejar el presupuesto nacional de esta manera, es una exasperante contradicción. Peor aún si las empresas públicas, un capítulo adicional de las cuentas del estado, son dejadas libradas a la mano de Dios (o a la irresponsabilidad de sus directores) y en lugar de aportar recursos al fisco, terminan arrojando déficits cuantiosos que deben ser absorbidos por rentas generales, quitándole aún más fondos al ya reducido margen de maniobra para incorporar nuevos proyectos. ESTO TIENE QUE CAMBIAR Se requiere un enfoque distinto de una vez por todas. Los directores de las empresas públicas deberían recibir instrucciones respecto a los objetivos a cumplir tanto desde el punto de vista financiero como operativo. Por ejemplo, al nombrar a los directores de OSE, el gobierno debería exigirle determinada cantidad de nuevas conexiones, una aceptable calidad del agua y un porcentaje de inversiones que impidiera la obsolescencia, además de un cierto aporte a Rentas Generales. Debería asignársele facultades para obtener esos objetivos y si no los consiguen, una penalización, por ejemplo que no cobraran parte de su retribución o nada de ella como ocurre en Nueva Zelandia, donde los nombramientos en los directorios de las empresas son verdaderos contratos de obra que se firman con todos esos capítulos especificados. (Una expresión más detallada de este punto de vista, aparece en un artículo que publicamos en Facebook: Más empresas, menos públicas). Eso debería extenderse a todos los casos de empresas públicas: ANCAP, ANTEL, UTE, OSE, el Correo, etc. Requerimientos como los propuestos, desalentarían a nombrar directores incompetentes o irresponsables, sólo por compromisos políticos. En cuanto al presupuesto nacional en su conjunto, habrá que revisarlo de cero. Todos y cada uno de los gastos, los rubros, las oficinas, el personal, etc. Hace poco planteábamos que era posible en el Uruguay terminar con la pobreza, y algunos señalaban que era una utopía. Estoy seguro que una revisión de la composición del gasto presupuestal asignando nuevas prioridades y concentrando esfuerzos en los decisiones actualizadas (terminar con la pobreza por ejemplo) sentarían las bases para un Uruguay más moderno y justo, adaptado a los tiempos que corren. Una refundación del estado y la incorporación sistemática de las nuevas tecnologías liberarían recursos para aplicar a otros objetivos prioritarios que la sociedad viene postergando. La nueva economía, con la internet de las cosas provocando con vértigo transformadoras relaciones de producción, están a la vuelta de la esquina. El anacrónico estado uruguayo, que parece un mastodonte prehistórico, debe actualizarse sin más demora. En la década del 70, en Estados Unidos, la empresa Texas Instruments puso en marcha lo que llamó Presupuesto Base Cero, que consistía justamente en lo que estoy proponiendo: una revisión total, más allá de lo incremental, de los gastos, asignaciones, proyectos y programas que estuvieran en el presupuesto vigente, evaluados por un comité de terceros y las partes involucradas que tenían que justificar cada gasto a realizar. Esta modalidad fue adoptada por el entonces gobernador de Georgia, Jimmy Carter, quien luego al ser electo Presidente norteamericano, la llevó a la elaboración del presupuesto nacional. El procedimiento cayó en desuso para su utilización sistemática, debido al costo y al tiempo que lleva una tarea de este tipo. Pero queda claro que, cada tanto, las empresas o los estados deben someter a sus gastos a este tipo de revisión, dejando de lado por una vez la idea incremental e inercial de los mismos. Sobre todo debería asumirse cuando uno quiere producir cambios significativos. El Frente Amplio, que quería hacer temblar las raíces de los árboles, se ha perdido la oportunidad, y se ha apegado a las formas más conservadoras de asignar recursos. Un gobierno post frentista no debería dejar pasar la posibilidad de adaptar la estructura del gasto del estado a los objetivos colectivos actuales manifestados por la sociedad y a la realidad de los nuevos tiempos