Homenaje a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas
14 de abril de 2016
Presidente del Centro Militar – Cnel. Carlos Silva Valiente
Hoy, como todos los años, nos congregamos para recordar a los ciudadanos asesinados por la guerrilla terrorista el 14 de Abril de 1972. Lo hacemos con la conciencia de un deber de reconocimiento, para con los que cayeron en defensa de las instituciones de la Nación, con el deber de esclarecer de una vez e impedir que maniobras posteriores pretendan modificar impunemente los hechos y alterar la verdad de las intenciones y de los resultados.
Al momento que estos ciudadanos fueron abatidos por la subversión organizada, el Uruguay vivía en la plenitud del sistema democrático, regido por la Constitución Nacional, con un gobierno electo libremente en elecciones.
Era el país que ininterrumpidamente venía siendo desde varias décadas atrás, donde las autoridades se renovaban pacífica y regularmente como lo establecían las leyes, donde los poderes eran soberanos e independientes, donde imperaba el Pleno Estado de Derecho.
Ese estado, ese legítimo gobierno y esa pacífica convivencia fueron los objetivos militares del terrorismo, cuyas organizaciones se juramentaron para imponer un nuevo orden a partir del ejercicio de la política con las armas, rechazando abiertamente los mecanismos democráticos de acceso al poder.
El discurso oficial de la llamada historia reciente ha desdibujado deliberadamente las realidades, los actores, las fechas y pretende que la lucha armada fue la respuesta heroica ante la presencia militar en la escena política nacional.
Y no es así; la secuencia no puede ser desmentida por ningún cinismo, por ninguna manipulación: hacia 1963, que es cuando aparece la guerrilla, teníamos un país enteramente democrático, instituciones que funcionaban con naturalidad y transparencia, tribunales independientes, libertades plenas. Contra eso se alzó el proyecto de convertir al Uruguay en una república socialista al estilo de la que por la fuerza se había instalado en Cuba, se buscaba crear una realidad donde se eliminaran los derechos individuales, el derecho de propiedad, las elecciones libres, la libre circulación de las personas, la libertad de pensamiento, tratando de construir el llamado “hombre nuevo”; para los guerrilleros esas limitaciones que estaban atormentando al pueblo cubano serían benéficas para el pueblo oriental.
La sociedad nacional no acompañó felizmente esas extraviadas apelaciones, por eso la violencia terrorista recrudeció y se expandió.
La policía fue desbordada por la intensidad e índole de esa violencia; el parlamento tomó conciencia de la emergencia y declaró, como correspondía a las circunstancias, el Estado de Guerra Interno, lo que implicó involucrar a los militares en la lucha contra la subversión. Eso recién tuvo lugar más de ocho o nueve años después de la aparición de las acciones subversivas. De modo que la guerrilla no se formó para luchar contra los militares, sino para derrocar los poderes democráticos legítimamente constituidos.
La escritura de la historia reciente ha solapado todo esto, ha disminuido hechos, negado acontecimientos, trastocando responsabilidades y, lo más grave, ha cambiado el orden cronológico.
Le quieren hacer creer a la opinión pública y le inculcan a los niños y liceales que la guerrilla se inició diez años más tarde, en 1973. Días y ocasiones como ésta que hoy nos reúne son obligatorios para poner las cosas en su lugar; no sea cosa que la mentira se propague todavía más sin que nadie recuerde y demuestre que se trata precisamente de eso, una mentira; de una inmoral manipulación de la historia.
El ciclo iniciado dentro del concepto de “Guerra Fría”, aun cuando formalmente ese fenómeno desapareciera, se caracterizó por la prevalencia de las corrientes insurgentes frente al orden tradicional y del derecho vigente, en el momento.
Los valores y las formas tradicionales de vida sufrieron fuertes cambios que tienen una derivación notoriamente negativa. De esos resultados es inevitable destacar, como lo que más ha lastimado el entramado moral y la estructura de esperanza responsable de la sociedad, la erosión del sistema cultural, educativo, de respeto al concepto de autoridad, en todo nivel, y la aparición de la corrupción en niveles inimaginables.
Ha sido estrategia deliberada o efecto buscado o efecto no querido, pero efecto al fin, dato de la realidad que nadie puede desconocer, que ya no se respete a educadores, docentes, autoridades policiales ni a la ciudadanía en general. Lo que digo es fácilmente comprobable por las agresiones físicas a maestros y profesores; infinidad de asesinatos de trabajadores y ciudadanos; y violación de los derechos humanos de personas robadas, asaltadas y secuestradas.
Fácilmente comprobamos que el ciclo actual genera el caos en lugar de nuestro tradicional sistema de orden y cultura. Por esa forma de vida cayeron asesinados nuestros camaradas, ciudadanos inocentes y educadores. A ellos homenajeamos con nuestro corazón, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, por eso le agradeceremos eternamente el sacrificio.
Nosotros, como corresponde, hemos respetado las decisiones del soberano, acorde a nuestras obligaciones constitucionales. Pero ello no supone que nos olvidemos que más de 70 personas, entre ellas los asesinados por el TERRORISMO el 14 de Abril de 1972, perecieron defendiendo nuestro sistema de vida tradicional y las Instituciones que lo representan.
No solamente no supone eso, sino que supone, también, que no silenciemos la desazón que nos produce el imperio de la desidia en torno a la memoria de esas víctimas, la planificada indiferencia ante hechos que deberían por lo menos invitar a la reflexión y a la autocrítica, el rencor minuciosamente cultivado de ciertos sectores que en lugar de dar vuelta la página a una historia que los compromete severamente, insisten en revivir el pasado, en hacerlo presente en sus discursos, campañas y hasta en decisiones de Estado.
En el marco de lo expresado, estos días estamos asombrados con hechos insólitos, robos de documentos e información pertenecientes a arqueólogos abocados a la búsqueda de desaparecidos durante la lucha antisubversiva.
Existen declaraciones públicas arrojando insinuaciones sobre la responsabilidad de presuntos interesados en amenazar y despojar a los arqueólogos de sus decisivas informaciones, las que hasta ahora han servido de poco.
Bueno, al respecto lo primero que queremos manifestar aquí y ahora es que no logramos entender la falta de cuidado y de responsabilidad para con el manejo de la información que ellos estiman tan importante.
¿Sus archivos estaban respaldados o existió negligencia en este sentido?
Nos preguntamos también: ¿Quienes tenían acceso al lugar? dado que todo fue hecho sin violencia, con mucho tiempo y tranquilidad.
Por lo que tenemos entendido, desde hace mucho tiempo se conocen los problemas internos de esta Comisión, que llevó incluso a la renuncia de algunos de sus más importantes integrantes. Es extraño lo que ocurrió, por decir lo menos…
Somos de los que creemos que cuando se supere la actual situación de rencores y enfrentamientos, se deberá realizar una auditoría seria para conocer los considerables gastos realizados y los resultados obtenidos. No existió trasparencia en la información aportada sobre el tema, pese a los muchos pedidos realizados, incluso por nuestros propios Centros, en función de nuestro derecho de información.
Lo cierto es que todo lo realizado para investigar la situación de los desaparecidos no se ha informado con trasparencia.
Sería de gran utilidad que se publicaran los resultados de los laboratorios que realizaron los estudios para lograr identificar a los desaparecidos y los procedimientos que fueron utilizados para llegar a esas posibles conclusiones. Todo esto sería bien recibido por la opinión pública, pero increíblemente todavía no se ha hecho.
En síntesis: creemos que todo este hecho ha sido muy confuso y genera dudas importantes, sobre quienes se beneficiaron de la difusión del robo.
Esperamos, con legítimo interés pero también porque corresponde, que se informe veraz y debidamente a la ciudadanía, una pronta aclaración de la situación, respuestas que pongan luz y no todavía más oscuridad o ambigüedades sin explicación o razón aparentes.
Hoy sumamos a ese cuadro que tanta distancia pone con la deseada concordia que queremos para el Uruguay, una situación que reclama extremo compromiso y atención de parte de todos.
Hay razones, muchas razones, que llevan a preocuparse. Me refiero a que no deja de verse un día sí y otro también la pesadumbre que produce el estado generalizado de inseguridad que padece la población, el riesgo que significa vivir en un país donde la vida, la propiedad y la paz van perdiendo valor, donde el delito y la violencia se adueñó de las calles.
Los Derechos Humanos de la totalidad del país están siendo afectados cada día de manera más cruel ante la mirada impotente o distraída de quienes lejos de cumplir con su misión están sumidos en un letargo sin remedio ni destino, faltando totalmente a sus deberes más elementales.
Parece difícil que los orientales se sientan cómodos, se sientan seguros o felices con esta situación.
Parece difícil que tengan tanta paciencia como para sobrellevar con buen ánimo lo que tanto daño ha producido en las energías nacionales, que tanto desaliento ha generado, que tan severamente puso en tela de juicio los mínimos lazos morales que deben vincular los deberes del Estado con el respeto escrupuloso a la Constitución y las leyes.
La gente, los orientales todos, saben íntimamente y cada vez lo hacen sentir con más claridad que la ley está por encima de la política; que los actos legales, como las sentencias judiciales, los plebiscitos y todos los pronunciamientos soberanos tienen una indiscutida jerarquía por sobre las componendas y determinaciones de la política. Los orientales tienen un natural reflejo republicano y de servicio al Derecho que ningún discurso oportunista ni ninguna propaganda puede torcer o mitigar.
Quiero decir, para terminar: que justamente un día como hoy, que venimos a rendir honor a los caídos en la lucha contra la subversión organizada creemos que es el momento propicio, la ocasión adecuada para comprometernos firmemente a trabajar, aportar esfuerzo personal e intelecto para volver a la cultura del respeto a la autoridad, del trabajo decente, en fin, para restaurar los valores y principios tradicionales de la civilización Oriental.
Honor a nuestros caídos, Viva la Patria.
14 de abril de 2016
Presidente del Centro Militar – Cnel. Carlos Silva Valiente
Hoy, como todos los años, nos congregamos para recordar a los ciudadanos asesinados por la guerrilla terrorista el 14 de Abril de 1972. Lo hacemos con la conciencia de un deber de reconocimiento, para con los que cayeron en defensa de las instituciones de la Nación, con el deber de esclarecer de una vez e impedir que maniobras posteriores pretendan modificar impunemente los hechos y alterar la verdad de las intenciones y de los resultados.
Al momento que estos ciudadanos fueron abatidos por la subversión organizada, el Uruguay vivía en la plenitud del sistema democrático, regido por la Constitución Nacional, con un gobierno electo libremente en elecciones.
Era el país que ininterrumpidamente venía siendo desde varias décadas atrás, donde las autoridades se renovaban pacífica y regularmente como lo establecían las leyes, donde los poderes eran soberanos e independientes, donde imperaba el Pleno Estado de Derecho.
Ese estado, ese legítimo gobierno y esa pacífica convivencia fueron los objetivos militares del terrorismo, cuyas organizaciones se juramentaron para imponer un nuevo orden a partir del ejercicio de la política con las armas, rechazando abiertamente los mecanismos democráticos de acceso al poder.
El discurso oficial de la llamada historia reciente ha desdibujado deliberadamente las realidades, los actores, las fechas y pretende que la lucha armada fue la respuesta heroica ante la presencia militar en la escena política nacional.
Y no es así; la secuencia no puede ser desmentida por ningún cinismo, por ninguna manipulación: hacia 1963, que es cuando aparece la guerrilla, teníamos un país enteramente democrático, instituciones que funcionaban con naturalidad y transparencia, tribunales independientes, libertades plenas. Contra eso se alzó el proyecto de convertir al Uruguay en una república socialista al estilo de la que por la fuerza se había instalado en Cuba, se buscaba crear una realidad donde se eliminaran los derechos individuales, el derecho de propiedad, las elecciones libres, la libre circulación de las personas, la libertad de pensamiento, tratando de construir el llamado “hombre nuevo”; para los guerrilleros esas limitaciones que estaban atormentando al pueblo cubano serían benéficas para el pueblo oriental.
La sociedad nacional no acompañó felizmente esas extraviadas apelaciones, por eso la violencia terrorista recrudeció y se expandió.
La policía fue desbordada por la intensidad e índole de esa violencia; el parlamento tomó conciencia de la emergencia y declaró, como correspondía a las circunstancias, el Estado de Guerra Interno, lo que implicó involucrar a los militares en la lucha contra la subversión. Eso recién tuvo lugar más de ocho o nueve años después de la aparición de las acciones subversivas. De modo que la guerrilla no se formó para luchar contra los militares, sino para derrocar los poderes democráticos legítimamente constituidos.
La escritura de la historia reciente ha solapado todo esto, ha disminuido hechos, negado acontecimientos, trastocando responsabilidades y, lo más grave, ha cambiado el orden cronológico.
Le quieren hacer creer a la opinión pública y le inculcan a los niños y liceales que la guerrilla se inició diez años más tarde, en 1973. Días y ocasiones como ésta que hoy nos reúne son obligatorios para poner las cosas en su lugar; no sea cosa que la mentira se propague todavía más sin que nadie recuerde y demuestre que se trata precisamente de eso, una mentira; de una inmoral manipulación de la historia.
El ciclo iniciado dentro del concepto de “Guerra Fría”, aun cuando formalmente ese fenómeno desapareciera, se caracterizó por la prevalencia de las corrientes insurgentes frente al orden tradicional y del derecho vigente, en el momento.
Los valores y las formas tradicionales de vida sufrieron fuertes cambios que tienen una derivación notoriamente negativa. De esos resultados es inevitable destacar, como lo que más ha lastimado el entramado moral y la estructura de esperanza responsable de la sociedad, la erosión del sistema cultural, educativo, de respeto al concepto de autoridad, en todo nivel, y la aparición de la corrupción en niveles inimaginables.
Ha sido estrategia deliberada o efecto buscado o efecto no querido, pero efecto al fin, dato de la realidad que nadie puede desconocer, que ya no se respete a educadores, docentes, autoridades policiales ni a la ciudadanía en general. Lo que digo es fácilmente comprobable por las agresiones físicas a maestros y profesores; infinidad de asesinatos de trabajadores y ciudadanos; y violación de los derechos humanos de personas robadas, asaltadas y secuestradas.
Fácilmente comprobamos que el ciclo actual genera el caos en lugar de nuestro tradicional sistema de orden y cultura. Por esa forma de vida cayeron asesinados nuestros camaradas, ciudadanos inocentes y educadores. A ellos homenajeamos con nuestro corazón, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, por eso le agradeceremos eternamente el sacrificio.
Nosotros, como corresponde, hemos respetado las decisiones del soberano, acorde a nuestras obligaciones constitucionales. Pero ello no supone que nos olvidemos que más de 70 personas, entre ellas los asesinados por el TERRORISMO el 14 de Abril de 1972, perecieron defendiendo nuestro sistema de vida tradicional y las Instituciones que lo representan.
No solamente no supone eso, sino que supone, también, que no silenciemos la desazón que nos produce el imperio de la desidia en torno a la memoria de esas víctimas, la planificada indiferencia ante hechos que deberían por lo menos invitar a la reflexión y a la autocrítica, el rencor minuciosamente cultivado de ciertos sectores que en lugar de dar vuelta la página a una historia que los compromete severamente, insisten en revivir el pasado, en hacerlo presente en sus discursos, campañas y hasta en decisiones de Estado.
En el marco de lo expresado, estos días estamos asombrados con hechos insólitos, robos de documentos e información pertenecientes a arqueólogos abocados a la búsqueda de desaparecidos durante la lucha antisubversiva.
Existen declaraciones públicas arrojando insinuaciones sobre la responsabilidad de presuntos interesados en amenazar y despojar a los arqueólogos de sus decisivas informaciones, las que hasta ahora han servido de poco.
Bueno, al respecto lo primero que queremos manifestar aquí y ahora es que no logramos entender la falta de cuidado y de responsabilidad para con el manejo de la información que ellos estiman tan importante.
¿Sus archivos estaban respaldados o existió negligencia en este sentido?
Nos preguntamos también: ¿Quienes tenían acceso al lugar? dado que todo fue hecho sin violencia, con mucho tiempo y tranquilidad.
Por lo que tenemos entendido, desde hace mucho tiempo se conocen los problemas internos de esta Comisión, que llevó incluso a la renuncia de algunos de sus más importantes integrantes. Es extraño lo que ocurrió, por decir lo menos…
Somos de los que creemos que cuando se supere la actual situación de rencores y enfrentamientos, se deberá realizar una auditoría seria para conocer los considerables gastos realizados y los resultados obtenidos. No existió trasparencia en la información aportada sobre el tema, pese a los muchos pedidos realizados, incluso por nuestros propios Centros, en función de nuestro derecho de información.
Lo cierto es que todo lo realizado para investigar la situación de los desaparecidos no se ha informado con trasparencia.
Sería de gran utilidad que se publicaran los resultados de los laboratorios que realizaron los estudios para lograr identificar a los desaparecidos y los procedimientos que fueron utilizados para llegar a esas posibles conclusiones. Todo esto sería bien recibido por la opinión pública, pero increíblemente todavía no se ha hecho.
En síntesis: creemos que todo este hecho ha sido muy confuso y genera dudas importantes, sobre quienes se beneficiaron de la difusión del robo.
Esperamos, con legítimo interés pero también porque corresponde, que se informe veraz y debidamente a la ciudadanía, una pronta aclaración de la situación, respuestas que pongan luz y no todavía más oscuridad o ambigüedades sin explicación o razón aparentes.
Hoy sumamos a ese cuadro que tanta distancia pone con la deseada concordia que queremos para el Uruguay, una situación que reclama extremo compromiso y atención de parte de todos.
Hay razones, muchas razones, que llevan a preocuparse. Me refiero a que no deja de verse un día sí y otro también la pesadumbre que produce el estado generalizado de inseguridad que padece la población, el riesgo que significa vivir en un país donde la vida, la propiedad y la paz van perdiendo valor, donde el delito y la violencia se adueñó de las calles.
Los Derechos Humanos de la totalidad del país están siendo afectados cada día de manera más cruel ante la mirada impotente o distraída de quienes lejos de cumplir con su misión están sumidos en un letargo sin remedio ni destino, faltando totalmente a sus deberes más elementales.
Parece difícil que los orientales se sientan cómodos, se sientan seguros o felices con esta situación.
Parece difícil que tengan tanta paciencia como para sobrellevar con buen ánimo lo que tanto daño ha producido en las energías nacionales, que tanto desaliento ha generado, que tan severamente puso en tela de juicio los mínimos lazos morales que deben vincular los deberes del Estado con el respeto escrupuloso a la Constitución y las leyes.
La gente, los orientales todos, saben íntimamente y cada vez lo hacen sentir con más claridad que la ley está por encima de la política; que los actos legales, como las sentencias judiciales, los plebiscitos y todos los pronunciamientos soberanos tienen una indiscutida jerarquía por sobre las componendas y determinaciones de la política. Los orientales tienen un natural reflejo republicano y de servicio al Derecho que ningún discurso oportunista ni ninguna propaganda puede torcer o mitigar.
Quiero decir, para terminar: que justamente un día como hoy, que venimos a rendir honor a los caídos en la lucha contra la subversión organizada creemos que es el momento propicio, la ocasión adecuada para comprometernos firmemente a trabajar, aportar esfuerzo personal e intelecto para volver a la cultura del respeto a la autoridad, del trabajo decente, en fin, para restaurar los valores y principios tradicionales de la civilización Oriental.
Honor a nuestros caídos, Viva la Patria.