El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.
Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.
Transcribimos a continuación un fragmento del libro Lo pasado pensado, entrevistas con la historia argentina (1955-1983), de Felipe Pigna, adaptado para Elhistoriador.
Autor: Fragmentos del libro Lo pasado pensado, entrevistas con la historia argentina (1955-1983), de Felipe Pigna, adaptado para El historiador.
El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos. Para aplicar el proyecto de esos grupos, que consistía en garantizar una mayor concentración de las riquezas, fue necesario destruir las organizaciones político-sociales que luchaban por impedirlo. Pocos días después, la junta designó como presidente a uno de sus integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, quien fue presentado en un comunicado de prensa oficial como “un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y militante católico”.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores, sobre todo de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis, la Iglesia Católica y dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito tampoco se pronunciaron en contra.
El peronismo y el radicalismo no resistieron el golpe como se esperaba, ya que sus dirigentes más tradicionales guardaron, en general, un cómplice silencio. Los sectores más combativos ya no tenían capacidad de respuesta, debilitados por el accionar de la Triple A.
Los otros integrantes de la junta militar fueron el almirante Eduardo E. Massera, por la Armada, y el brigadier Orlando R. Agosti, por la Fuerza Aérea. El nuevo gobierno se autotituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación.
Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas. Hasta los canales de televisión fueron adjudicados con ese criterio. Se creó, además, en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. Las intendencias municipales fueron asignadas en su gran mayoría a civiles de diferentes partidos políticos con predominio de los miembros del radicalismo y del peronismo. A los dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito al gobierno y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Juan Gelman 1: El golpe del ’76 se dio con un consenso social bastante grande, sobre todo en la pequeña burguesía urbana y en los sectores urbanos. Los pretextos que se usaron eran, por un lado, económicos: la mala gestión de Isabel. Eso existió, pero estábamos a nueve meses de las elecciones generales, donde se podía elegir otro gobierno. Otro pretexto que se utilizó fue el de la guerrilla. Pero ocurre que en países como Italia y Alemania la guerrilla se pudo controlar y deshacer sin golpe de Estado. Éste es el fundamento de la famosa teoría de los dos demonios. Es decir, de un lado estaba la guerrilla, del otro lado estaban los militares y en el medio había una población que no tenía nada que ver con nada. Ésta es una forma de desresponsabilizar a la gente en relación a lo que ocurría.
Tulio Halperin Donghi 2: Sí, hay una teoría de los dos demonios, pero son dos demonios muy diferentes. Hay un elemento diferenciador. Una cosa es una iniciativa privada, una asociación para delinquir y otra cosa es hacer del Estado una asociación para delinquir. Hay un elemento diferenciador entre la violencia surgida de la iniciativa de los guerrilleros, y una violencia que comienza con el secuestro del Estado y el uso de todos los recursos del Estado para ciertas funciones que los que lo han capturado deciden que son importantes y que imponen al resto de la sociedad. Creo que aquí hay una diferencia muy básica, que tiene una dimensión moral. Y que caracteriza muy bien la naturaleza muy diferente de los dos movimientos.
¿Ustedes hablan de “exceso”? ¿Qué pasó con los responsables de esos “excesos”?
Ramón Díaz Bessone 3: Acá, en cuanto a la represión ilegal, insisto, no se puede hablar de represión. Fue una guerra legal, legalmente declarada. Que en esa guerra se cometieron excesos, será cuestión de investigarlos sin parcialismos, sin desvirtuar la recta justicia. Quiero aclarar que durante el tiempo de la guerra, hubo 400 condenados entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, precisamente por haber cometido excesos.
Estela de Carlotto 4: Es fácil, simplista, para justificar esa matanza decir que había dos demonios o decir que hubo una guerra. Realmente acá no hubo una guerra, hubo un terrorismo de Estado que tenía el poder político, el poder militar y que eliminó físicamente a todo aquel que se oponía a este designio…
Juan Gelman: Una cosa que demuestra que la teoría de los dos demonios no funciona es que haya habido 30.000 desaparecidos. Según un estudio del coronel Prudencio García había, a lo sumo, mil quinientos guerrilleros, sumandos todos los grupos guerrilleros del país. De manera que, suponiendo que todos esos guerrilleros hubieran sido aniquilados por las Fuerzas Armadas, todavía cabe preguntar qué pasó con los 28.500 que no eran guerrilleros y que incluso no estaban a favor, sino en contra de la lucha armada como salida del problema del país.
Osvaldo Bayer 5: La velocidad de la represión fue una gran sorpresa. Tanto es así que esos primeros días, ninguno de los perseguidos marchamos a la ilegalidad, porque creíamos que no iba a ser posible una ferocidad tal. Pero ya el día 26, comienza a aplicarse el sistema de secuestros y desaparición de personas. El método de la desaparición en Europa se conoce como “la muerte argentina”, porque es la primera vez que se implementa este sistema en forma oficial, desde arriba, a una gran cantidad de personas.
El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció el programa del “Proceso”. Allí describió los que eran para el nuevo gobierno los principales problemas de la economía argentina: un Estado empresario que había asumido funciones correspondientes a la iniciativa privada, que había regulado actividades económicas que debía realizar el mercado a través de la oferta y la demanda, que había intervenido en el mercado laboral estableciendo pautas rígidas para las relaciones obrero-patronales (leyes sobre empleo estable, indemnización por despido, negociaciones colectivas, etc.) y que también había protegido a los empresarios a través de aranceles a la importación de mercaderías y subsidios. Este conjunto de factores había determinado un creciente déficit fiscal, una inflación galopante y una burguesía renuente a invertir, por no tener competencia y por el alto costo laboral producto de la capacidad de presión de los sindicatos. Así habían imposibilitado –afirmó- la modernización y el crecimiento económico del país. Para superar esos problemas, propuso una “Reforma del Estado” que destruyera las características empresariales e interventoras de éste y garantizara la libertad de producción, circulación, precios iniciativa, etcétera… A la vez, para hacer más competitiva la industria, planteó una apertura económica que permitiera el ingreso de mercaderías y así que el mercado determinara qué empresas deberían subsistir por ser capaces de producir bienes baratos y buenos. A esta visión se la denomina “darwinismo social” porque plantea que el más apto sobrevive y se desarrolla y el otro muere por falta de capacidad para adaptarse al cambio y el progreso. (…) La opinión del establishment internacional le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba a la revista Gente, el 6 de abril de 1977: “Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas”.
¿Cuáles eran los pilares de su plan económico?
José Alfredo Martínez de Hoz 6: El programa que enuncié el 2 de abril de 1976 estaba destinado no sólo a implementar un programa antiinflacionario de coyuntura, sino realmente a cambiar la estructura económica del país. Las bases sobre las cuales estaba sentada la estructura económica existente eran las que habían llevado a esa situación en un proceso que había durado ya muchos años. El plan económico estaba basado en tres pilares fundamentales: la reforma del Estado, la liberalización, modernización y apertura de la economía cerrada y un programa de estabilidad. (…) Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y al final, después del ’89 la gente misma pedía esa orientación. Y yo creo que ése es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia con el ministro Cavallo….
Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe de Estado ejecutado el 24 de marzo de 1976 que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea). La junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista, y el ERP, de inclinación marxista. Estos graves enfrentamientos se incrementaron significativamente desde fines de la década del 70 y fueron la principal justificación utilizada por las FF.AA. para derrocar al gobierno de Martínez de Perón. Guardando continuidad con el Operativo Independencia que la presidente María Estela Martínez de Perón había ordenado en 1975 en Tucumán, la junta llevó a cabo una guerra contra las organizaciones guerrilleras, que contó con el apoyo inicial del gobierno estadounidense —cuyo secretario de Estado, Henry Kissinger, avaló expresamente como medio para erradicar la "amenaza del comunismo"[1] —. El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.
El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:
1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
1982-1983: Nicolas Bignone , Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. Los autores e ideólogos del Proceso emplearon este nombre para justificar la fractura del orden jurídico y el gobierno dictatorial surgido del golpe, argumentando que el orden democrático era insuficiente para restablecer la paz en la Nación. Se inicia con un credo neoliberal en lo económico y con la intención de terminar con la actividad de las organizaciones guerrilleras. Entre sus primeros actos se contaron el establecimiento de la pena de muerte a los condenados por actividades subversivas, la suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución del Congreso, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de los sindicatos obreros y las universidades, la proscripción de la actividad partidaria y la censura de los medios de comunicaciones .
Durante el Proceso de Reorganización Nacional, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos. El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP documentó 8.961 casos. Sin embargo, estas cifras nunca han sido aceptadas por los defensores de la dictadura militar que, inclusive, hacen hincapié en algunos casos aislados de supuestos desaparecidos que han retornado a la vida pública como la Dra. Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República, para poner en duda todas las acusaciones contra la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos que, no obstante, han sido probadas en las cortes nacionales e internacionales. Cientos de ciudadanos extranjeros figuran también en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras. Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta enero de 2007 ha encontrado a 85 nietos secuestrados por la dictadura. Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada(ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, en la provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes. Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la teoria de los dos demonios, constituyeron la llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.
El 29 de abril de 1976 en Córdoba, una pila de libros arde en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera. “Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana –dice el comunicado oficial–, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: ‘Dios, Patria y Hogar’”. Arden, entre muchas obras, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, las investigaciones de Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se gesta la "Operación Claridad": plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar. “En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. La Vigil, una institución que tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos, a principios de la década del setenta. El 25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto nº 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva detenidos ilegalmente, su control de préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortiz” “El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primer novela fue quemada junto a una de Eduardo Mignogna”. “(Enrique) Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes”, según Invernizzi y Gociol. Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las Tumbas, como Sólo ángeles cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior". “La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow quien además tuvo un juicio ‘por publicación y venta de material subversivo’. El fue sobreseído pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí”. Marcelo Massarino - Revista Sudestada 46, 18/03/06
dictadura
militar
Entre la dictadura militar se destacaron dos hechos muy importantes para el pais: Los conflictos de Beagle y Malvinas
El conflicto de Beagle
En 1971 los presidentes Salvador Allende de Chile y Alejandro Agustín Lanusse de Argentina habían acordado someter el diferendo por las islas al sur del Canal Beagle formalmente al Reino Unido, pero en su contenido a un tribunal arbitral compuesto por jueces elegidos consensuadamente por ambos gobiernos, todo esto en el marco del derecho internacional y los tratados vigentes. El 22 de mayo de 1977 se da a conocer en Londres el Laudo Arbitral de 1977 que otorga a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox junto a las islas adyacentes. Argentina obtiene la mitad norte del canal y las islas correspondientes.
La junta militar argentina declaró la sentencia "insanablemente nula" e inició la planificación de una guerra de agresión contra Chile para revertir el Laudo Arbitral. Los comandantes de las fuerzas armadas argentinas pusieron en marcha la Operación Soberanía la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, que fue abortada horas después cuando la junta aceptó la mediación papal en el conflicto. Ninguno de los presidentes de facto del dio solución al conflicto desatado con el desconocimiento del Laudo Arbitral.
El final
Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el autodenominado Proceso cayó finalmente en 1983, viéndose obligado a llamar a elecciones Bignone, el último líder de la Junta Militar. La campaña presidencial de 1983 opone el candidato peronista Ítalo Luder, quien rechaza una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 10 de octubre Alfonsín vence con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia. Apenas asumida la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983–1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal, Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua a los principales reponsables. Era la primera vez que se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la república desde 1922. Éste fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad. Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes de la llamada Guerra sucia. En 1990 el presidente Carlos Menem concedería el indulto a los líderes militares, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres. El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (Nº 23.492) y Obediencia Debida (Nº 23.521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas "insanablemente nulas" (Artículo 1º) por la Ley 25.779. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de 1990.
Dia nacional de la memoria
El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.
Aplicación del concepto de genocidio
El Tribunal Federal Nº 1 de La Plata utilizó por primera vez en el país la figura de genocidio para describir las acciones realizadas por el Estado argentino durante estos años. Si bien cita el hecho de que durante algunos años la legislación internacional contemplaba los motivos políticos en la definición, la fundamentación para aplicar la definición se centra principalmente en el hecho de que las víctimas pertenecían a un grupo nacional: el argentino. La sentencia se refiere a la condena al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz por casos relacionados con detenidos-desaparecidos, leída el 19 de septiembre de 2006. El 9 de octubre de 2007 el Tribunal Federal Oral Nº1 de La Plata condenó a reclusión perpetua por genocidio a Christian Federico Von Wernich, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana y ex capellán de la Policía bonaerense en tiempos del Proceso
les dejo un par de imagenes:
ahora les dejo un par de videos...
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país.
Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar.
Transcribimos a continuación un fragmento del libro Lo pasado pensado, entrevistas con la historia argentina (1955-1983), de Felipe Pigna, adaptado para Elhistoriador.
Autor: Fragmentos del libro Lo pasado pensado, entrevistas con la historia argentina (1955-1983), de Felipe Pigna, adaptado para El historiador.
El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos. Para aplicar el proyecto de esos grupos, que consistía en garantizar una mayor concentración de las riquezas, fue necesario destruir las organizaciones político-sociales que luchaban por impedirlo. Pocos días después, la junta designó como presidente a uno de sus integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, quien fue presentado en un comunicado de prensa oficial como “un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y militante católico”.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores, sobre todo de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis, la Iglesia Católica y dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito tampoco se pronunciaron en contra.
El peronismo y el radicalismo no resistieron el golpe como se esperaba, ya que sus dirigentes más tradicionales guardaron, en general, un cómplice silencio. Los sectores más combativos ya no tenían capacidad de respuesta, debilitados por el accionar de la Triple A.
Los otros integrantes de la junta militar fueron el almirante Eduardo E. Massera, por la Armada, y el brigadier Orlando R. Agosti, por la Fuerza Aérea. El nuevo gobierno se autotituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación.
Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares. Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas. Hasta los canales de televisión fueron adjudicados con ese criterio. Se creó, además, en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. Las intendencias municipales fueron asignadas en su gran mayoría a civiles de diferentes partidos políticos con predominio de los miembros del radicalismo y del peronismo. A los dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito al gobierno y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Juan Gelman 1: El golpe del ’76 se dio con un consenso social bastante grande, sobre todo en la pequeña burguesía urbana y en los sectores urbanos. Los pretextos que se usaron eran, por un lado, económicos: la mala gestión de Isabel. Eso existió, pero estábamos a nueve meses de las elecciones generales, donde se podía elegir otro gobierno. Otro pretexto que se utilizó fue el de la guerrilla. Pero ocurre que en países como Italia y Alemania la guerrilla se pudo controlar y deshacer sin golpe de Estado. Éste es el fundamento de la famosa teoría de los dos demonios. Es decir, de un lado estaba la guerrilla, del otro lado estaban los militares y en el medio había una población que no tenía nada que ver con nada. Ésta es una forma de desresponsabilizar a la gente en relación a lo que ocurría.
Tulio Halperin Donghi 2: Sí, hay una teoría de los dos demonios, pero son dos demonios muy diferentes. Hay un elemento diferenciador. Una cosa es una iniciativa privada, una asociación para delinquir y otra cosa es hacer del Estado una asociación para delinquir. Hay un elemento diferenciador entre la violencia surgida de la iniciativa de los guerrilleros, y una violencia que comienza con el secuestro del Estado y el uso de todos los recursos del Estado para ciertas funciones que los que lo han capturado deciden que son importantes y que imponen al resto de la sociedad. Creo que aquí hay una diferencia muy básica, que tiene una dimensión moral. Y que caracteriza muy bien la naturaleza muy diferente de los dos movimientos.
¿Ustedes hablan de “exceso”? ¿Qué pasó con los responsables de esos “excesos”?
Ramón Díaz Bessone 3: Acá, en cuanto a la represión ilegal, insisto, no se puede hablar de represión. Fue una guerra legal, legalmente declarada. Que en esa guerra se cometieron excesos, será cuestión de investigarlos sin parcialismos, sin desvirtuar la recta justicia. Quiero aclarar que durante el tiempo de la guerra, hubo 400 condenados entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, precisamente por haber cometido excesos.
Estela de Carlotto 4: Es fácil, simplista, para justificar esa matanza decir que había dos demonios o decir que hubo una guerra. Realmente acá no hubo una guerra, hubo un terrorismo de Estado que tenía el poder político, el poder militar y que eliminó físicamente a todo aquel que se oponía a este designio…
Juan Gelman: Una cosa que demuestra que la teoría de los dos demonios no funciona es que haya habido 30.000 desaparecidos. Según un estudio del coronel Prudencio García había, a lo sumo, mil quinientos guerrilleros, sumandos todos los grupos guerrilleros del país. De manera que, suponiendo que todos esos guerrilleros hubieran sido aniquilados por las Fuerzas Armadas, todavía cabe preguntar qué pasó con los 28.500 que no eran guerrilleros y que incluso no estaban a favor, sino en contra de la lucha armada como salida del problema del país.
Osvaldo Bayer 5: La velocidad de la represión fue una gran sorpresa. Tanto es así que esos primeros días, ninguno de los perseguidos marchamos a la ilegalidad, porque creíamos que no iba a ser posible una ferocidad tal. Pero ya el día 26, comienza a aplicarse el sistema de secuestros y desaparición de personas. El método de la desaparición en Europa se conoce como “la muerte argentina”, porque es la primera vez que se implementa este sistema en forma oficial, desde arriba, a una gran cantidad de personas.
El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció el programa del “Proceso”. Allí describió los que eran para el nuevo gobierno los principales problemas de la economía argentina: un Estado empresario que había asumido funciones correspondientes a la iniciativa privada, que había regulado actividades económicas que debía realizar el mercado a través de la oferta y la demanda, que había intervenido en el mercado laboral estableciendo pautas rígidas para las relaciones obrero-patronales (leyes sobre empleo estable, indemnización por despido, negociaciones colectivas, etc.) y que también había protegido a los empresarios a través de aranceles a la importación de mercaderías y subsidios. Este conjunto de factores había determinado un creciente déficit fiscal, una inflación galopante y una burguesía renuente a invertir, por no tener competencia y por el alto costo laboral producto de la capacidad de presión de los sindicatos. Así habían imposibilitado –afirmó- la modernización y el crecimiento económico del país. Para superar esos problemas, propuso una “Reforma del Estado” que destruyera las características empresariales e interventoras de éste y garantizara la libertad de producción, circulación, precios iniciativa, etcétera… A la vez, para hacer más competitiva la industria, planteó una apertura económica que permitiera el ingreso de mercaderías y así que el mercado determinara qué empresas deberían subsistir por ser capaces de producir bienes baratos y buenos. A esta visión se la denomina “darwinismo social” porque plantea que el más apto sobrevive y se desarrolla y el otro muere por falta de capacidad para adaptarse al cambio y el progreso. (…) La opinión del establishment internacional le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba a la revista Gente, el 6 de abril de 1977: “Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas”.
¿Cuáles eran los pilares de su plan económico?
José Alfredo Martínez de Hoz 6: El programa que enuncié el 2 de abril de 1976 estaba destinado no sólo a implementar un programa antiinflacionario de coyuntura, sino realmente a cambiar la estructura económica del país. Las bases sobre las cuales estaba sentada la estructura económica existente eran las que habían llevado a esa situación en un proceso que había durado ya muchos años. El plan económico estaba basado en tres pilares fundamentales: la reforma del Estado, la liberalización, modernización y apertura de la economía cerrada y un programa de estabilidad. (…) Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y al final, después del ’89 la gente misma pedía esa orientación. Y yo creo que ése es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia con el ministro Cavallo….
Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe de Estado ejecutado el 24 de marzo de 1976 que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea). La junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista, y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista, y el ERP, de inclinación marxista. Estos graves enfrentamientos se incrementaron significativamente desde fines de la década del 70 y fueron la principal justificación utilizada por las FF.AA. para derrocar al gobierno de Martínez de Perón. Guardando continuidad con el Operativo Independencia que la presidente María Estela Martínez de Perón había ordenado en 1975 en Tucumán, la junta llevó a cabo una guerra contra las organizaciones guerrilleras, que contó con el apoyo inicial del gobierno estadounidense —cuyo secretario de Estado, Henry Kissinger, avaló expresamente como medio para erradicar la "amenaza del comunismo"[1] —. El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros, colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no tenían ninguna relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.
El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:
1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
1982-1983: Nicolas Bignone , Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. Los autores e ideólogos del Proceso emplearon este nombre para justificar la fractura del orden jurídico y el gobierno dictatorial surgido del golpe, argumentando que el orden democrático era insuficiente para restablecer la paz en la Nación. Se inicia con un credo neoliberal en lo económico y con la intención de terminar con la actividad de las organizaciones guerrilleras. Entre sus primeros actos se contaron el establecimiento de la pena de muerte a los condenados por actividades subversivas, la suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución del Congreso, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de los sindicatos obreros y las universidades, la proscripción de la actividad partidaria y la censura de los medios de comunicaciones .
Durante el Proceso de Reorganización Nacional, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos. El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP documentó 8.961 casos. Sin embargo, estas cifras nunca han sido aceptadas por los defensores de la dictadura militar que, inclusive, hacen hincapié en algunos casos aislados de supuestos desaparecidos que han retornado a la vida pública como la Dra. Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República, para poner en duda todas las acusaciones contra la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos que, no obstante, han sido probadas en las cortes nacionales e internacionales. Cientos de ciudadanos extranjeros figuran también en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras. Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta enero de 2007 ha encontrado a 85 nietos secuestrados por la dictadura. Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada(ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, en la provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes. Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la teoria de los dos demonios, constituyeron la llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.
El 29 de abril de 1976 en Córdoba, una pila de libros arde en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera. “Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana –dice el comunicado oficial–, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: ‘Dios, Patria y Hogar’”. Arden, entre muchas obras, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, las investigaciones de Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se gesta la "Operación Claridad": plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar. “En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. La Vigil, una institución que tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos, a principios de la década del setenta. El 25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto nº 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva detenidos ilegalmente, su control de préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortiz” “El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primer novela fue quemada junto a una de Eduardo Mignogna”. “(Enrique) Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes”, según Invernizzi y Gociol. Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las Tumbas, como Sólo ángeles cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior". “La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow quien además tuvo un juicio ‘por publicación y venta de material subversivo’. El fue sobreseído pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí”. Marcelo Massarino - Revista Sudestada 46, 18/03/06
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Entre la dictadura militar se destacaron dos hechos muy importantes para el pais: Los conflictos de Beagle y Malvinas
El conflicto de Beagle
En 1971 los presidentes Salvador Allende de Chile y Alejandro Agustín Lanusse de Argentina habían acordado someter el diferendo por las islas al sur del Canal Beagle formalmente al Reino Unido, pero en su contenido a un tribunal arbitral compuesto por jueces elegidos consensuadamente por ambos gobiernos, todo esto en el marco del derecho internacional y los tratados vigentes. El 22 de mayo de 1977 se da a conocer en Londres el Laudo Arbitral de 1977 que otorga a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox junto a las islas adyacentes. Argentina obtiene la mitad norte del canal y las islas correspondientes.
La junta militar argentina declaró la sentencia "insanablemente nula" e inició la planificación de una guerra de agresión contra Chile para revertir el Laudo Arbitral. Los comandantes de las fuerzas armadas argentinas pusieron en marcha la Operación Soberanía la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, que fue abortada horas después cuando la junta aceptó la mediación papal en el conflicto. Ninguno de los presidentes de facto del dio solución al conflicto desatado con el desconocimiento del Laudo Arbitral.
El final
Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el autodenominado Proceso cayó finalmente en 1983, viéndose obligado a llamar a elecciones Bignone, el último líder de la Junta Militar. La campaña presidencial de 1983 opone el candidato peronista Ítalo Luder, quien rechaza una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 10 de octubre Alfonsín vence con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia. Apenas asumida la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983–1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal, Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua a los principales reponsables. Era la primera vez que se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la república desde 1922. Éste fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad. Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes de la llamada Guerra sucia. En 1990 el presidente Carlos Menem concedería el indulto a los líderes militares, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres. El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (Nº 23.492) y Obediencia Debida (Nº 23.521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas "insanablemente nulas" (Artículo 1º) por la Ley 25.779. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de 1990.
Dia nacional de la memoria
El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.
Aplicación del concepto de genocidio
El Tribunal Federal Nº 1 de La Plata utilizó por primera vez en el país la figura de genocidio para describir las acciones realizadas por el Estado argentino durante estos años. Si bien cita el hecho de que durante algunos años la legislación internacional contemplaba los motivos políticos en la definición, la fundamentación para aplicar la definición se centra principalmente en el hecho de que las víctimas pertenecían a un grupo nacional: el argentino. La sentencia se refiere a la condena al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz por casos relacionados con detenidos-desaparecidos, leída el 19 de septiembre de 2006. El 9 de octubre de 2007 el Tribunal Federal Oral Nº1 de La Plata condenó a reclusión perpetua por genocidio a Christian Federico Von Wernich, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana y ex capellán de la Policía bonaerense en tiempos del Proceso
les dejo un par de imagenes:
ahora les dejo un par de videos...