Más de 4.300 niños, en medio del debate sobre la adopción

El destino de 4.325 niños bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y que hoy están a la espera de ser adoptados, se ha vuelto objeto de una gran controversia nacional. Una disputa que el miércoles se puso al rojo vivo con la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley que pretende convocar un referendo para que el constituyente primario decida quiénes pueden y quiénes no pueden adoptar en Colombia. La iniciativa, de autoría de la senadora liberal Viviane Morales, busca adicionar al artículo 44 de la Constitución –que se refiere a los derechos fundamentales de los niños– el siguiente texto: “La adopción es una medida de protección del niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley”.Las posiciones a favor y en contra de este proyecto –que de llegar a las urnas y ser aprobado implicaría la prohibición de adoptar para las parejas del mismo sexo y las personas solteras, separadas o viudas– también han entrado al terreno de la viabilidad y conveniencia de redefinir las condiciones de adopción mediante un referendo. La iniciativa ya pasó el examen en la Comisión Primera del Senado y tiene plazo hasta el 20 de junio del 2018 para ser debatido en tres instancias más –en el Senado y la Cámara–, antes de ir a revisión final de la Corte Constitucional. Esta última corporación dio en noviembre del año pasado vía libre a la adopción por parejas gais, al apoyar una ponencia según la cual “la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral”. La senadora Morales se opone a lo anterior y defiende la participación ciudadana como un derecho fundamental –en este caso avalado por más de 2,2 millones de firmas–. Y la apoyan personas como la procuradora delegada de Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, quien afirma que el referendo “es una vía legítima” para buscar una reforma constitucional en un tema que involucra a las familias. En la misma línea está el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, quien señala que “este es un asunto que no deben resolver los jueces, sino el pueblo, a través de sus voceros en el Congreso o expresando su voluntad mediante el referendo”. En la posición contraria están abogados y exmagistrados de la Corte Constitucional, como el expresidente de esa corporación Jaime Córdoba Triviño, quien argumenta que los derechos fundamentales, como el de un niño a tener una familia, no pueden ser sometidos a refrendación. “La iniciativa constituye un retroceso en la jurisprudencia definida por la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales de la población LGBTI, el concepto de familia y los derechos de los menores a tener una familia (...) –dijo el exmagistrado–. No se puede sujetar un tema de derechos fundamentales a una decisión mayoritaria que además contraviene la jurisprudencia que acaba de ser reiterada por la Corte en la sentencia sobre el plebiscito (de la paz), en el sentido de que a través de los mecanismos de participación popular no se pueden poner en juego tales derechos fundamentales”. ste argumento es compartido por César Rodríguez Garavito, director del centro de estudios políticos y jurídicos Dejusticia, quien agrega que un eventual referendo “sería un resultado infortunado para la garantía de los derechos constitucionales, porque implica la posibilidad de que unas mayorías desconozcan los derechos de los propios niños y de unas minorías de forma explícita y deliberada”. En ese sentido, la senadora Claudia López, del Partido Verde, opositora del proyecto de Morales, señala que “no se pueden utilizar los elementos de la democracia para destruir la democracia o discriminar a los ciudadanos”. La autora del proyecto resalta, sin embargo, que el referendo “no violaría ningún derecho fundamental porque (el ejercicio de) la adopción no es un derecho”. Y en cuanto al derecho de los niños a tener una familia, precisa que ese es justamente el foco de la discusión, pero que este debe ajustarse a la Constitución.