El fujimorismo no es una ideología explícita, porque no la tiene. Es, más bien, una forma de hacer política en que se mezclan caudillismo, populismo, clientelismo y abuso del poder.
La violación de la Constitución que nos regía cuando el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori, apoyado por las Fuerzas Armadas, dio un golpe desde Palacio. Luego, trasladó su residencia al Cuartel General del Ejército y fueron disueltos el Congreso, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de la Magistratura y los gobiernos regionales.
Por tres días ocupó los medios de comunicación, luego se arrepintió de esta intervención directa, pero se dio maña para controlarlos creando periódicos a su servicio.
Para reemplazar a estos funcionarios, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), controlado por Vladimiro Montesinos, proporcionó los nombres de las personas dispuestas a someterse, sin dudas ni murmuraciones, a las órdenes del Ejecutivo. Para impedir que estas medidas fueran cuestionadas, se modificaron los recursos de amparo y de hábeas corpus.
Los locales partidarios y sindicales fueron ocupados por los militares, quienes no encontraron oposición. Los presidentes de las cámaras legislativas sufrieron arresto domiciliario. Periodistas, dirigentes políticos y sindicales fueron encarcelados, además se violaron los derechos humanos en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, los hechos más significativos, entre otros.
El fujimorismo es eso: una dictadura corrupta mezcla de ladronería con violación de los derechos humanos. Sucede que el fujimorismo ahora compite en los procesos electorales como si nada de lo anterior hubiese pasado. El neofujimorismo no ha deslindado, porque no lo puede hacer, con los delitos cometidos por Fujimori y Montesinos, dupla que funcionó al unísono: por eso se les califica de fujimontesinismo.
El fujimorismo vigente es la continuación del fujimorismo original. Tiene a sus defensores que pretenden borrar con una mano lo que se hizo con la otra, intentando tergiversar la realidad. No hay deslinde como se ha señalado, no hay disculpas ni se ha pedido perdón por los daños que le han causado al Perú.
