La situación generada en torno al fiscal José María Campagnoli y a las personas que trabajaban con él en el Juzgado, es de una gravedad extrema.
Campagnoli, consciente de eso, no titubeó en definirla como propia de un “Estado totalitario”.
Esta claro que nadie duda de la legitimidad de origen del gobierno de la Sra de Kirchner pero hace rato que ella misma hace esfuerzos notorios para que su legitimidad de ejercicio sea discutida seriamente.
Lo que se ha hecho -o intentado hacer- con la Justicia es conmovedor. Aprovechando la salida del procurador Righi -en una movida que descabezó al juzgado que lo investigaba para proteger al vicepresidente Boudou de su persecución por corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito- la presidente copó ese lugar con una soldado a las ordenes de un régimen como es Alejandra Gils Carbó. Desde que se instaló en su oficina la nueva procurados ha tirado por la ventana su autonomía y su objetivo principal que es justamente la persecución de casos de corrupción, para ponerse bajo la venia de la presidente, formar una agrupación partidaria en el seno de la Justicia (Justicia Legitima) y desde allí politizar con un sectarismo partidario patético las funciones de su cargo.
Ya sabemos lo que la presidente intentó hacer cuando los fallos intermedios la desfavorecían en su guerra con Clarín: los proyectos para agregar cámaras de casasión, copamiento del consejo de la magistratura y eliminación de las medidas cautelares contra el Estado (es decir contra ella) constituían un zafarrancho que tenía como finalidad acabar con la independencia de lo que quedaba en pie en Tribunales. Muchos acertadamente compararon la situación con la de aquel que, porque tiene un problema con su vecino del 4to piso, manda a demoler el edificio.
Campagnoli investigaba al poder en dos causas. Una (a partir de la cual se llega a la otra) tiene que ver con Lázaro Báez y los dineros que este recibía de la obra pública patagónica y derivaba a alquileres pagados a empresas que gerenciaban hoteles de los Kirchner. En su trabajo, el fiscal logró desenmarañar una serie interminable de empresas fantasma en las que fluía la llamada “ruta del dinero K”.
En la otra causa investigaba al hermano de la ministra de seguridad Cecilia Rodriguez cuyo teléfono fuera grabado en una conversación intervenida con autorización judicial y en la que un barrabrava de River -el mudo Penna- entusiasmaba a Rodriguez para hacerlo participar de una operación de lavado de dinero a través de facturaciones truchas de la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez.
Por una movida incomprensible de Gils Carbó, Campagnoli fue suspendido en su cargo y sus apelaciones desechadas. Ahora su ex personal fue mandado a a acomodar expedientes en un archivo.
Se trata de una acción deliberada para obstruir el funcionamiento independiente de la Justicia y para que el sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución funcione correctamente y en el momento en que tiene que funcionar. De nada vale que se sigan formando filas de personas esperando vengarse de los Kirchner cuando Cristina ya no esté en el poder. La gracia del sistema armado en 1853 consiste en que los resortes institucionales de corrección puedan funcionar mientras los funcionarios ocupan sus cargos, no después, como funcionaba el colonial sistema del llamado “juicio de residencia”.
El hecho de que la Justicia pueda investigar las conductas del poder ejecutivo mientras este ejerce el cargo es lo que hace eficiente el control. Si quien ejerce la presidencia puede eludir esas verificaciones y posponerlas hasta que esté fuera del poder, podrá actuar con anticipación, pensar una defensa o una eventual huida y con ello eludir las responsabilidades que deberían caberle por su accionar como administrador temporal de los fondos públicos.
En ese sentido es ostensible cómo el oficialismo está tratando de preparar un terreno de inmunidad post-poder por la via de nombrar jueces “propios” en juzgados clave. Es más la reemplazante de Campagnoli es una ex funcionaria administrativa del gobierno de la Sra de Kirchner, Cristina Caamaño.
Otros jueces actúan sumidos por el terror de ser despedidos y no cumplen con su deber por miedo. Obviamente con semejante escenario no se honra la República ni puede esperarse un funcionamiento correcto del sistema de relojería constitucional.
Aun así, el gobierno no debería dar por seguro un futuro a salvo de respuestas en el seno de la Justicia. Son muchos los jueces en el pasado que han dado muestras de una extraordinaria versatilidad en materia de lealtades y que han dejado pagado a sus padrinos. Quizás no sean demasiados los que terminaron detrás de las rejas, pero sí muchísimos los que se cansaron de ver sus figuras desgastadas en interminables desfiles hacia y desde Comodoro PY.
A juicio de la propia agrupación paragubernamental “Carta Abierta”, la Patria “está en peligro”. Claro que las concepciones por las que vemos la Patria en peligro difieren sustancialmente. Los autotitulados “intelectuales K” dicen que ello ocurre porque 11 años de gobierno absoluto no han sido suficientes para desactivar las usinas del país oligárquico y que estas aun consiguen sus designios (como la devaluación, por ejemplo) en una admisión tácita de una debilidad alarmante del gobierno que parecía a los chicos crudos.
Otra parte de la sociedad ve a la Patria en peligro porque todos los diques democráticos de la Constitución han sido rebasados en un avance inédito sobre la independencia de los poderes, las libertades esenciales de los ciudadanos y los derechos civiles.
El gobierno de la Sra de Kirchner no podrá ser atacado jamás por el origen legitimo de su poder pero ha arrojado a los perros la honra cotidiana que supone revalidar aquel inicio con un ejercicio regular del poder, que también debe ser legítimo. Para serlo, debería haber respetado la independencia de la Justicia y la autoridad de los jueces. La destrucción de esos controles serán la calcomanía que siempre distinguirá al kirchnerismo como un régimen bajo sospecha.