La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha exhortado en una carta remitida a varios países, entre ellos todos los comunitarios, a que presionen a Israel con el fin de que anule las detenciones administrativas de palestinos.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, el miembro del Comité Ejecutivo de la OLP y jefe negociador palestino, Saeb Erekat, apela a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a excepción de Australia, a los países de la UE, Brasil, Sudáfrica e India, a "intervenir de inmediato en nombre de los cerca de 130 detenidos palestinos actualmente en huelga de hambre en prisiones israelíes".
El documento menciona que desde el pasado 24 de abril alrededor de 90 presos palestinos iniciaron una huelga de hambre para protestar por su continuada detención administrativa, arresto que generalmente soportan sin celebración inmediata de juicio o asistencia letrada.
Desde esa fecha, los huelguistas han ido ganando adeptos con la participación de 400 prisioneros que han rechazado alguna de sus comidas, y puesto de relieve su situación, que goza igualmente de interés en la sociedad palestina tanto en los territorios ocupados como en la diáspora, refleja la carta.
Asimismo, recoge un incidente ocurrido el pasado 15 de mayo en el cual dos adolescentes palestinos murieron abatidos por disparos efectuados por fuerzas israelíes cerca del centro de detención de Ofer, próximo a Ramala, lo que a juicio de Erekat, "subraya la urgencia de la situación y necesidad de una inmediata, efectiva y adecuada intervención por parte de la comunidad internacional".
Señala el documento que Israel viola la legislación internacional, que estipula que las detenciones administrativas sólo deben realizarse bajo circunstancias excepcionales.
Y denuncia por otro lado, que "Israel ha impuesto medidas punitivas contra los huelguistas de hambre y la situación de los huelguistas se ha deteriorado como resultado de ello".
La mayor parte de los huelguistas se encuentra en su jornada 48 sin alimento.
Pide Erekat "la inmediata intervención" de la comunidad internacional, que cree necesaria para "hacer a Israel responsable de la salud de todos los huelguistas".
Concluye la carta con un llamamiento para que el Estado judío anule su política de detenciones administrativas, y que los países a los que se apela "condicionen la profundización de relaciones bilaterales con Israel a que ese país cumpla con sus obligaciones como Potencia Ocupante bajo la ley humanitaria internacional, incluida la Cuarta Convención de Ginebra".