Las partes buscan abrir una mesa de negociación, lo que fue celebrado por el mercado. No obstante, Economía espera que el juez habilite el diálogo al dictar una nueva cautelar que evite el embargo del próximo pago de deuda, previsto para fin de mes.
Por Cristian Carrillo
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se mostró ayer dispuesta a negociar con los fondos buitre beneficiados por el fallo del juez Thomas Griesa y no mencionó la posibilidad de cambiar la jurisdicción de la deuda bajo legislación estadounidense, algo que había dejado trascender el Ministerio de Economía. Horas más tarde, el propio magistrado emitió un escrito en el que reiteró que si esa maniobra se concreta será considerada un desacato (ver aparte). A su vez, el diario The Wall Street Journal informó que desde el fondo Elliott, que administra al NML (principal demandante), adelantaron ayer su predisposición a iniciar una etapa de negociación. Por lo tanto, todo parece indicar que el conflicto podría llegar a resolverse por esa vía. Los inversores en Wall Street celebraron las novedades y los papeles argentinos que cotizan en esa plaza treparon un 14 por ciento (ver aparte). No obstante, Economía espera que el juez Griesa habilite el diálogo entre las partes al dictar una nueva cautelar (stay) para evitar que el próximo pago de deuda que debe realizar Argentina el 30 de junio le sea embargado.
La primera señal que envió el Gobierno al mercado, luego de conocerse la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a expedirse sobre el caso que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre, fue la de asegurar la protección de los bonistas que aceptaron el canje. El objetivo fue darle previsibilidad a ese 93 por ciento de tenedores que había compartido el peso de la deuda y aceptado una reestructuración. Esa intención que enunció la Presidenta, y luego confirmó Kicillof, quedó sin sustento legal cuando la Cámara, en menos de 48 horas, levantó el stay y abrió el juego para que los buitres puedan ejecutar sus sentencias. El fallo de Griesa obliga a pagar 1330 millones de dólares –con los intereses devengados ascendería a unos 1500 millones– en efectivo y en una sola cuota cuando el país liquide el próximo vencimiento de deuda. En caso contrario, podrán embargarse los fondos para el pago de ese vencimiento, lo que gatillará la situación de default técnico.
Los escenarios tras el revés judicial se resumían a una estrategia para negociar, mientras se avanzaba en la posibilidad de realizar un canje voluntario de bonos con legislación estadounidense para modificar el lugar de pago a Buenos Aires y así evitar embargos y cumplir con los vencimientos de deuda. “Este tribunal dictamina que la propuesta del ministro de Economía es violatoria de las resoluciones y procedimientos actualmente en vigor en el Distrito Sur de Nueva York”, es el breve escrito que Griesa difundió ayer. Esta alternativa, sobre la que el Gobierno dejó de hablar por ahora, encuentra serias dificultades de realización. Más allá del desacato ante Griesa, analistas señalan el riesgo de que surjan nuevos holdouts (aquellos que no ingresen en este canje por jurisdicción). En total hay 28 mil millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera. Además, hay grandes fondos de inversión extranjeros que tienen imposibilitado adquirir deudas bajo otra legislación que no sea de Estados Unidos.
El camino que hoy se mantiene es el de negociar. “He dado instrucciones al ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo, que sea beneficioso e igualitario para el cien por ciento de los acreedores”, dijo la Presidenta durante el acto por el Día de la Bandera (ver página 3). Griesa es quien debe establecer las condiciones para permitir el diálogo sin riesgo de embargos con un nuevo stay, más allá del 30 de julio (treinta días después del vencimiento de los 228 millones de dólares del Discount). La posibilidad de que funcionarios del gobierno viajen hacia Nueva York a solicitar un canal de diálogo por el momento fue descartada desde el Palacio de Hacienda. Serán los representantes del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan al país en esta causa, los encargados de trasladar, como sostuvo Cristina, el pedido de una instancia de diálogo a Griesa.
Entre el pago en efectivo que pretenden los buitres y la oferta de canje de su deuda defaulteada que presentó el país, las alternativas son variadas. El precedente que todavía da esperanza a los negociadores argentinos es que los principales fondos litigantes (NML, Aurelius y Blue Angel) generalmente aceptan bonos como resarcimiento, los cuales rápidamente venden en el mercado. Es por eso que, según señales que enviaron desde NML, existe posibilidad de negociación con el gobierno argentino, y pretenderían condiciones similares a las que ofreció el país a sus acreedores del Ciadi, de los países del Club de París y a Repsol por la estatización de YPF. En todos los casos, se requiere que Griesa ofrezca garantías para abrir el canal de diálogo.
La combinación de efectivo y bonos ya había sido propuesta al Gobierno por parte de bancos extranjeros, estudios de abogados y fondos de inversión que ingresaron en los canjes anteriores, con el objetivo de evitar un escenario de default que complique las tenencias en deuda argentina en cartera de estas entidades. Pero nunca llegaron a prosperar. Sin embargo, en las nuevas condiciones creadas por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, si la justicia finalmente habilita un escenario de negociación, el Gobierno deberá definir su propuesta. En caso de una negativa de Griesa, debería enfrentar el default o aceptar el pago de los 1500 millones de dólares y patear hacia adelante la resolución de aquellos que reclamen por la misma vía.
Los pagos por los reclamos vía cláusula de pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) se extenderían hasta los 15.000 millones de dólares, correspondiente al 7 por ciento de holdouts actual que no entraron al canje. Se sumaría a esto el 93 por ciento que aceptó una quita en el canje y podría reclamar la diferencia. En este último caso, el país podría alegar que la mejora que recibieron los buitres fue forzada y no voluntaria, como detalla la cláusula RUFO, que obliga a igualarles la oferta a los bonistas que ingresaron. De todos modos, esto también depende de la interpretación de un juez.
“Es violatoria de las resoluciones”
El juez neoyorquino Thomas Griesa ratificó ayer que considerará desacato (incumplimiento de sus sentencias) la intención oficial de cambiar la jurisdicción de los títulos bajo legislación estadounidense. La propuesta había sido adelantada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, al día siguiente a que se conociera la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a expedirse en el litigio que enfrenta el país por 1330 millones de dólares que reclama un grupo de fondos buitre. La sentencia de Griesa obliga al país a pagar ese monto más intereses en efectivo con el próximo vencimiento de deuda o, en caso contrario, embargar los fondos para ese compromiso. Con el objetivo de evitar los embargos y mantener el pago de los vencimientos se deslizó la posibilidad de un canje de la deuda que se paga desde Nueva York.
El rechazo a la propuesta había sido adelantado por el propio Griesa en la audiencia del miércoles pasado, cuya versión taquigráfica se conoció anteayer. En ese intercambio, Griesa le propone al abogado de los buitres, Robert Cohen, que haga un escrito que deje en claro el rechazo a ese tipo de operaciones. “Quiero hacer algo que sea sencillo. Y es proponer una orden que diga simplemente que el mecanismo propuesto viola las órdenes de este tribunal. Lo que quisiera que haga, señor Cohen, con aviso al señor Boccuzzi (Carmine, abogado por Argentina), es proporcionar una orden sencilla que declare que existe una violación de las órdenes de la Corte existentes”, señaló el controversial magistrado.
Con la firma temblorosa del octogenario juez, se conoció un escrito con ese espíritu. “En su discurso del 17 de junio de 2014, el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, propuso iniciar los pasos para llevar a cabo un canje de deuda para pagar a los tenedores de bonos bajo derecho argentino. Este tribunal dictamina que la propuesta del ministro es violatoria de las resoluciones y procedimientos actualmente en vigor en el Distrito Sur de Nueva York. Por lo tanto, la República de Argentina no puede llevar a cabo la propuesta del ministro de Economía”, advierte el escrito supuestamente redactado por Griesa.
Acciones con fuerte suba
Los activos de empresas argentinas en Wall Street se dispararon hasta más de 14 por ciento luego de que el Gobierno ratificara la voluntad oficial de dialogar con los fondos buitre. Las acciones de entidades financieras que operan en esa plaza anotaron las subas más pronunciadas. El Banco Macro avanzó 14,4 por ciento, seguido por los papeles del Grupo Financiero Galicia, con el 12,4 por ciento, y el Banco Francés, 12 por ciento. Estos papeles habían cerrado el jueves en baja. La mejora se disparó tras el discurso, pero la tendencia alcista se había iniciado desde el arranque. El Macro acumulaba un alza de 5,8 por ciento; el Francés, 5,6 por ciento, y el Galicia, 5,4. Las ganancias al cierre de los papeles financieros sintonizaban con los ADR (certificados de depósitos) de Edenor, con un alza de 14 por ciento, seguidos por los de Transportadora de Gas del Sur (11,1 por ciento), Irsa (7,6 por ciento), Petrobras Argentina (9,2 por ciento), Pampa Energía (7,8 por ciento), Telecom (6,8 por ciento) e YPF (5,2 por ciento). Las mejoras superan a las subas de los indicadores neoyorquinos, que avanzaron en promedio apenas un 0,2 por ciento.
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