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Las partes buscan abrir una mesa de negociación, lo que fue celebrado por el mercado. No obstante, Economía espera que el juez habilite el diálogo al dictar una nueva cautelar que evite el embargo del próximo pago de deuda, previsto para fin de mes. Por Cristian Carrillo La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se mostró ayer dispuesta a negociar con los fondos buitre beneficiados por el fallo del juez Thomas Griesa y no mencionó la posibilidad de cambiar la jurisdicción de la deuda bajo legislación estadounidense, algo que había dejado trascender el Ministerio de Economía. Horas más tarde, el propio magistrado emitió un escrito en el que reiteró que si esa maniobra se concreta será considerada un desacato (ver aparte). A su vez, el diario The Wall Street Journal informó que desde el fondo Elliott, que administra al NML (principal demandante), adelantaron ayer su predisposición a iniciar una etapa de negociación. Por lo tanto, todo parece indicar que el conflicto podría llegar a resolverse por esa vía. Los inversores en Wall Street celebraron las novedades y los papeles argentinos que cotizan en esa plaza treparon un 14 por ciento (ver aparte). No obstante, Economía espera que el juez Griesa habilite el diálogo entre las partes al dictar una nueva cautelar (stay) para evitar que el próximo pago de deuda que debe realizar Argentina el 30 de junio le sea embargado. La primera señal que envió el Gobierno al mercado, luego de conocerse la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a expedirse sobre el caso que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre, fue la de asegurar la protección de los bonistas que aceptaron el canje. El objetivo fue darle previsibilidad a ese 93 por ciento de tenedores que había compartido el peso de la deuda y aceptado una reestructuración. Esa intención que enunció la Presidenta, y luego confirmó Kicillof, quedó sin sustento legal cuando la Cámara, en menos de 48 horas, levantó el stay y abrió el juego para que los buitres puedan ejecutar sus sentencias. El fallo de Griesa obliga a pagar 1330 millones de dólares –con los intereses devengados ascendería a unos 1500 millones– en efectivo y en una sola cuota cuando el país liquide el próximo vencimiento de deuda. En caso contrario, podrán embargarse los fondos para el pago de ese vencimiento, lo que gatillará la situación de default técnico. Los escenarios tras el revés judicial se resumían a una estrategia para negociar, mientras se avanzaba en la posibilidad de realizar un canje voluntario de bonos con legislación estadounidense para modificar el lugar de pago a Buenos Aires y así evitar embargos y cumplir con los vencimientos de deuda. “Este tribunal dictamina que la propuesta del ministro de Economía es violatoria de las resoluciones y procedimientos actualmente en vigor en el Distrito Sur de Nueva York”, es el breve escrito que Griesa difundió ayer. Esta alternativa, sobre la que el Gobierno dejó de hablar por ahora, encuentra serias dificultades de realización. Más allá del desacato ante Griesa, analistas señalan el riesgo de que surjan nuevos holdouts (aquellos que no ingresen en este canje por jurisdicción). En total hay 28 mil millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera. Además, hay grandes fondos de inversión extranjeros que tienen imposibilitado adquirir deudas bajo otra legislación que no sea de Estados Unidos. El camino que hoy se mantiene es el de negociar. “He dado instrucciones al ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo, que sea beneficioso e igualitario para el cien por ciento de los acreedores”, dijo la Presidenta durante el acto por el Día de la Bandera (ver página 3). Griesa es quien debe establecer las condiciones para permitir el diálogo sin riesgo de embargos con un nuevo stay, más allá del 30 de julio (treinta días después del vencimiento de los 228 millones de dólares del Discount). La posibilidad de que funcionarios del gobierno viajen hacia Nueva York a solicitar un canal de diálogo por el momento fue descartada desde el Palacio de Hacienda. Serán los representantes del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan al país en esta causa, los encargados de trasladar, como sostuvo Cristina, el pedido de una instancia de diálogo a Griesa. Entre el pago en efectivo que pretenden los buitres y la oferta de canje de su deuda defaulteada que presentó el país, las alternativas son variadas. El precedente que todavía da esperanza a los negociadores argentinos es que los principales fondos litigantes (NML, Aurelius y Blue Angel) generalmente aceptan bonos como resarcimiento, los cuales rápidamente venden en el mercado. Es por eso que, según señales que enviaron desde NML, existe posibilidad de negociación con el gobierno argentino, y pretenderían condiciones similares a las que ofreció el país a sus acreedores del Ciadi, de los países del Club de París y a Repsol por la estatización de YPF. En todos los casos, se requiere que Griesa ofrezca garantías para abrir el canal de diálogo. La combinación de efectivo y bonos ya había sido propuesta al Gobierno por parte de bancos extranjeros, estudios de abogados y fondos de inversión que ingresaron en los canjes anteriores, con el objetivo de evitar un escenario de default que complique las tenencias en deuda argentina en cartera de estas entidades. Pero nunca llegaron a prosperar. Sin embargo, en las nuevas condiciones creadas por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, si la justicia finalmente habilita un escenario de negociación, el Gobierno deberá definir su propuesta. En caso de una negativa de Griesa, debería enfrentar el default o aceptar el pago de los 1500 millones de dólares y patear hacia adelante la resolución de aquellos que reclamen por la misma vía. Los pagos por los reclamos vía cláusula de pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) se extenderían hasta los 15.000 millones de dólares, correspondiente al 7 por ciento de holdouts actual que no entraron al canje. Se sumaría a esto el 93 por ciento que aceptó una quita en el canje y podría reclamar la diferencia. En este último caso, el país podría alegar que la mejora que recibieron los buitres fue forzada y no voluntaria, como detalla la cláusula RUFO, que obliga a igualarles la oferta a los bonistas que ingresaron. De todos modos, esto también depende de la interpretación de un juez. “Es violatoria de las resoluciones” El juez neoyorquino Thomas Griesa ratificó ayer que considerará desacato (incumplimiento de sus sentencias) la intención oficial de cambiar la jurisdicción de los títulos bajo legislación estadounidense. La propuesta había sido adelantada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, al día siguiente a que se conociera la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a expedirse en el litigio que enfrenta el país por 1330 millones de dólares que reclama un grupo de fondos buitre. La sentencia de Griesa obliga al país a pagar ese monto más intereses en efectivo con el próximo vencimiento de deuda o, en caso contrario, embargar los fondos para ese compromiso. Con el objetivo de evitar los embargos y mantener el pago de los vencimientos se deslizó la posibilidad de un canje de la deuda que se paga desde Nueva York. El rechazo a la propuesta había sido adelantado por el propio Griesa en la audiencia del miércoles pasado, cuya versión taquigráfica se conoció anteayer. En ese intercambio, Griesa le propone al abogado de los buitres, Robert Cohen, que haga un escrito que deje en claro el rechazo a ese tipo de operaciones. “Quiero hacer algo que sea sencillo. Y es proponer una orden que diga simplemente que el mecanismo propuesto viola las órdenes de este tribunal. Lo que quisiera que haga, señor Cohen, con aviso al señor Boccuzzi (Carmine, abogado por Argentina), es proporcionar una orden sencilla que declare que existe una violación de las órdenes de la Corte existentes”, señaló el controversial magistrado. Con la firma temblorosa del octogenario juez, se conoció un escrito con ese espíritu. “En su discurso del 17 de junio de 2014, el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, propuso iniciar los pasos para llevar a cabo un canje de deuda para pagar a los tenedores de bonos bajo derecho argentino. Este tribunal dictamina que la propuesta del ministro es violatoria de las resoluciones y procedimientos actualmente en vigor en el Distrito Sur de Nueva York. Por lo tanto, la República de Argentina no puede llevar a cabo la propuesta del ministro de Economía”, advierte el escrito supuestamente redactado por Griesa. Acciones con fuerte suba Los activos de empresas argentinas en Wall Street se dispararon hasta más de 14 por ciento luego de que el Gobierno ratificara la voluntad oficial de dialogar con los fondos buitre. Las acciones de entidades financieras que operan en esa plaza anotaron las subas más pronunciadas. El Banco Macro avanzó 14,4 por ciento, seguido por los papeles del Grupo Financiero Galicia, con el 12,4 por ciento, y el Banco Francés, 12 por ciento. Estos papeles habían cerrado el jueves en baja. La mejora se disparó tras el discurso, pero la tendencia alcista se había iniciado desde el arranque. El Macro acumulaba un alza de 5,8 por ciento; el Francés, 5,6 por ciento, y el Galicia, 5,4. Las ganancias al cierre de los papeles financieros sintonizaban con los ADR (certificados de depósitos) de Edenor, con un alza de 14 por ciento, seguidos por los de Transportadora de Gas del Sur (11,1 por ciento), Irsa (7,6 por ciento), Petrobras Argentina (9,2 por ciento), Pampa Energía (7,8 por ciento), Telecom (6,8 por ciento) e YPF (5,2 por ciento). Las mejoras superan a las subas de los indicadores neoyorquinos, que avanzaron en promedio apenas un 0,2 por ciento. link: http://www.youtube.com/watch?v=ESwFUFCCvIY FUENTE

El plan del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, es cumplir lo que imponga el juez Griesa. El jefe de Gobierno porteño afirmó que “tenemos que ir y pagar” y que “si hay que pagar al contado, se pagará al contado”. Sus declaraciones desconcertaron a los dirigentes del PRO, quienes señalaron que no es lo que venían hablando con Macri. Mauricio Macri ya tiene un plan para resolver la crisis desatada por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos: “Ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga”, propuso el líder del PRO. Por si quedaban dudas, aclaró que “tenemos que ir y pagar. Si hay que pagar al contado, se pagará al contado”. Su declaración generó estupor dentro del PRO. “Pagar al contado sería la peor hipótesis y no creo que sea necesario llegar a eso”, sostuvo el jefe de la bancada PRO en Diputados, Federico Pinedo. “Lejos estamos de sostener que hay que hacer exactamente lo que diga el juez Griesa”, remarcó la senadora macrista Gabriela Michetti. El único antecedente de una posición así en el PRO fue cuando el economista Carlos Melconian dijo el año pasado que no estaba de acuerdo con que se los llamara “fondos buitre” porque “son tipos de buena voluntad que compraron títulos para ahorrar. La Argentina tiene historia de default. Si un amigo te pide plata y no te paga, es un garca. No hay ninguno en la oposición que tenga huevos y pelotas para decirlo así”. Macri consideró que “tenemos que evitar entrar en default absoluto. Sentarse con Griesa y acordar con este grupo del 8 por ciento y ver cómo se le paga”. “Cualquier cosa que consigamos que no sea pagar al contado, va a ser mejor que nada. Y si hay que pagar al contado, se pagará al contado”, se resignó Macri. “Espero que hayan mandado gente inteligente a hablar ante el juez Griesa”, destacó el todavía procesado jefe de Gobierno porteño. “Si no resolvemos esto, no tenemos tiempo de resolver nada más y volvemos al 2001. Se acaba cualquier ingreso de dinero por mucho tiempo y eso va a traer mucha destrucción del empleo”, alertó. En la mesa chica del PRO se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Macri, que fueron reproducidas por los principales portales y repercutieron en las redes sociales. Señalaron que no es lo que venían hablando con Macri, que está de viaje por Israel. Lo que venían conversando era la importancia de evitar que se sumen el otro 7 por ciento de los holdouts, lo que repercutiría sobre futuros gobiernos. “La posición del PRO es que no hay que entrar en default. Hay muchos caminos posibles. Pagar al contado sería la peor hipótesis y no creo que sea necesario llegar a eso”, remarcó Pinedo a este diario. “Sobre todas las cosas, la Argentina debe evitar el default, que trae la caída de la producción y del empleo”, advirtió el senador PRO Diego Santilli. –Pero si se les paga a los fondos buitre al contado, ¿no se de-sencadena una serie de demandas del resto de los bonistas? –preguntó Página/12. –Mauricio plantea que hay que evitar el default. Vamos a terminar acatando el fallo del juez. Lo que tenemos que tratar es de negociar para generar la mejor posibilidad antes de un fallo que diga: ‘Páguese al contado’. Lo que plantea Mauricio es eso. Desde la oposición, tenemos que unirnos todos para que esto se resuelva bien. Sobre la frase de Macri, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, consideró: “No leí esas declaraciones. Creo que hay que conseguir el mejor acuerdo posible para no entrar en default. No hay tiempo para especulaciones políticas, hay que acompañar al Gobierno para que no caigamos en default”. Por su parte, Gabriela Michetti remarcó que “Mauricio Macri siempre expresó que la Argentina debe salir de este conflicto con racionalidad y con el menor costo posible, por lo que lejos estamos de sostener que hay que hacer exactamente lo que diga el juez Griesa. Creemos sí que hay que negociar con él con mucho profesionalismo, seriedad y respeto”. “Hemos acompañado al país en los viajes a Estados Unidos para que se viera desde la Justicia de ese país un frente cohesionado en relación con este tema de los fondos buitre”, señaló. En tanto, el diputado macrista Christian Gribaudo fue uno de los pocos en decir con todas las letras: “Coincido con Macri”. Y señaló que la posición oficial del bloque es que hay que “ser serios y constructivos para defender un interés nacional a largo plazo”. De visita en Israel Sobre el final de su gira por Israel, Mauricio Macri afirmó que va a “profundizar el acercamiento y los vínculos de cooperación con Israel”. Y anunció que “la Argentina va a poder impulsar un proyecto de desarrollo tecnológico con inversiones y con generación de empleo”. El mandatario porteño viajó a Israel, luego de ver el partido de Argentina el domingo pasado en Río de Janeiro. En Israel, Macri tuvo una reunión con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y con los alcaldes de Tel Aviv y Nir Barkat. El líder del PRO definió a Israel como “un claro ejemplo de una sociedad integrada”, aunque no hizo mención al conflicto con el Estado palestino. FUENTE

Zembo representa a casi el 15 por ciento de los tenedores de títulos reestructurados. Tullio Zembo, abogado de los bonistas italianos, criticó la decisión de la Justicia estadounidense, pero advirtió que no cree que sea posible cobrar los bonos en Buenos Aires. El 30 de junio es el próximo vencimiento de la deuda. “Si los fondos buitre consiguen cobrar todo lo que reclaman, mis clientes pretenderán lo mismo”, fue el mensaje que dejó ayer Tullio Zembo, el abogado de los bonistas italianos que ingresaron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Sostuvo que el levantamiento de la medida de no innovar (stay) por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York puso a sus representados en medio de una situación que no les corresponde ni en la que querían estar. Al igual que otros tenedores de títulos reestructurados, se mostró escéptico acerca de que se encuentre una solución para continuar con el pago de la deuda vigente, ya que adelantó que no cree que sea posible recibir el cobro en Buenos Aires. El próximo vencimiento es el 30 de este mes. Entre las alternativas que baraja el Gobierno se encuentra la posibilidad de modificar el lugar de pago de los bonos reestructurados y negociar con los buitres una modalidad de pago que no ponga en riesgo el canje. Por su parte, se conoció que el fondo Elliot Management, que maneja NML Capital (impulsor de la demanda), estaría dispuesto a aceptar bonos como pago. El titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, opinó que aún hay tiempo para “encarrilar” esta negociación. El levantamiento de la suspensión (stay) de las sentencias en contra del país, a pocas horas de que se conociera la negativa de la Corte Suprema estadounidense a tomar el caso de los fondos buitre, impide el normal pago de los próximos compromisos de deuda con legislación neoyorquina. La alternativa que presentó el ministro de Economía, Axel Kicillof, fue la de realizar un canje de esa serie por papeles de similares características pero bajo legislación argentina. “Estamos dispuestos a cobrar en donde sea; lo que pasa es que hay que ver si es posible. No creo que sea posible”, aseguró Zembo, letrado que representa a los bonistas italianos. Este grupo representa casi el 15 por ciento de los tenedores de títulos reestructurados. Sólo el 2 por ciento no ingresó en los canjes que abrió el Gobierno en 2005 y 2010. “Es muy difícil evadir la orden del juez. Nadie quiere entrar en desacato de una jurisdicción como la de Estados Unidos”, afirmó Zembo. El letrado sostuvo que “todo marchaba sobre rieles, tranquilo, y ahora esta situación viene a poner a los bonistas que entraron con mucho sacrificio en la reestructuración en tela de juicio”. “Nosotros ya habíamos aceptado el canje y estábamos cobrando religiosamente de acuerdo con lo que se había pautado”, agregó. Zembo consideró que “es bastante poco el tiempo disponible, por lo que será muy difícil pagar en tiempo y forma”. “Tampoco creo que sea posible hacerlo en Buenos Aires. No veo una salida”, manifestó el abogado, que reconoció que, si se les paga a los buitres habrá presentaciones de los bonistas italianos para litigar por la diferencia de la quita aceptada en el canje. Junto a las dificultades que implica llevar adelante un canje con cambio de jurisdicción, los tiempos para una negociación con los buitres se acortaron tras el levantamiento del stay. El máximo plazo posible sin que se ingrese en un default técnico es hasta el 30 de julio. El próximo vencimiento es el 30 de junio por 228 millones de dólares en Discount bajo legislación de Nueva York, y la Argentina tiene 30 días de gracia para pagar sin caer en incumplimiento de pagos. De todos modos, todavía no hubo contactos entre las partes. “Todavía no comenzó el diálogo con la Argentina. Los abogados argentinos hicieron esa declaración ante los tribunales, pero el gobierno de Argentina todavía no nos ha contactado”, dijo Stephen Spruiell, vocero del estudio de abogados que representa a los fondos en litigio. En la audiencia ante Griesa (ver página 3) Robert Cohen, otro de los letrados de los buitres, sostuvo que llevan preparados para negociar desde que comenzó el caso. Según agencias internacionales, el fondo Elliot Management, que conduce la unidad NML Capital, estaría dispuesto a recibir bonos en compensación, dependiendo de las condiciones ofrecidas. Existen ya antecedentes en que estos fondos aceptaron un pago en bonos a cambio de efectivo por sus sentencias. Elliot pretendería ofertas similares a los acuerdos alcanzados por Argentina en otras instancias, como los juicios ante el Ciadi, el resarcimiento de Repsol por la expropiación de YPF o con el Club de París. En todos los casos se incluye la combinación de efectivo y bonos. La combinación de efectivo y bonos ya había sido acercada al Gobierno de parte de bancos extranjeros, estudios de abogados y fondos especulativos que ingresaron al canje. La mayoría fue desactivada, como la propuesta que había sido elevada por Gramercy, que incluso vendió en los últimos meses gran parte de su cartera de bonos argentinos (ver aparte). Se mantienen algunas propuestas, como las del estudio Garrido, aunque desde el Gobierno y especialistas vinculados con el tema sostienen que no hay espacio para ese tipo de operaciones entre privados y que la negociación deberá ser encarada directamente por el Gobierno. Vanoli insistió en que “todavía hay tiempo para que se pueda encarrilar un proceso de discusión en el juzgado de Griesa”, pero consideró necesario el apoyo explícito de la comunidad internacional y del gobierno de Estados Unidos en la negociación. “La Argentina tiene que mantenerse firme, siempre dentro de esta razonabilidad que está mostrando. No nos pueden llevar a condiciones que sean insostenibles tanto en el corto como en el mediano plazo, como generar un debilitamiento que terminaría perjudicando el crédito público de la Nación Argentina”, agregó. “Están con los buitres” El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sostuvo anoche que “hay que confiar y apoyar a nuestra Presidenta, que nos va a llevar a buen destino”, y criticó a “los alcahuetes que promueven un modelo de entrega del país, que hoy no dudan en estar al lado de los fondos buitre”. “Qué lindo sería que algunos que se postulan a presidente de la Nación pudieran mostrar sus propuestas, como hacía Néstor (Kirchner) en 2002”, señaló. Hablando en un acto en la provincia de Santiago del Estero, De Vido se refirió al “fracaso de los alcahuetes de los poderes de turno, del modelo de entrega del país que hoy están del lado de los fondos buitre, ahí los vemos siempre jugando en contra”. FUENTE

“Que algo sea legal no implica que sea moralmente aceptable”, dijeron los curas sobre el fallo de la Corte. Los Curas en la Opción por los Pobres y la Federación de Iglesias Evangélicas emitieron diferentes declaraciones contra el fallo que favoreció a los fondos buitre. Los sacerdotes pidieron un mensaje de la Iglesia Católica. El grupo de sacerdotes católicos denominado Curas en la Opción por los Pobres y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) emitieron diferentes declaraciones criticando la decisión de la Justicia norteamericana en relación con las pretensiones de los fondos buitre, en las que coinciden en criticar la “voracidad especulativa” y el “afán y la codicia” del sistema financiero global y advierten sobre las consecuencias que recaerían sobre los argentinos si el país aceptara cumplir con el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa. Los curas católicos, cuyo coordinador es el sacerdote Eduardo de la Serna, difundieron un texto titulado “Frente a la voracidad brutal de los acreedores externos” y que está dirigido “a la opinión pública y a nuestras comunidades”. En el documento respaldan “la decisión del Estado argentino de pagar las deudas sin comprometer el crecimiento del país y la inclusión y la ampliación de derechos para los más pobres y débiles”, al tiempo que rechazan “por desubicados los consejos iluminados de tantos periodistas, políticos y economistas cómplices con este endeudamiento fraudulento durante la dictadura hasta el final de la década”. Los sacerdotes en la opción por los pobres envían al mismo tiempo un mensaje directo a la jerarquía de la Iglesia Católica reclamando “pronto una palabra de nuestros pastores, demasiado largamente esperada, sabiendo que en ellos Dios ha puesto la vida de su pueblo”. Por su parte la FAIE, con la firma de su presidente, Néstor Míguez, y de su secretario, Federico Schäfer, sostiene que “desde el Evangelio, frente a la supuesta justicia de un juez y una corte, (...) no hay justicia cuando se paga a los ricos con el pan de los pobres” y agrega que “no hay ley que pueda obligarnos a sacrificar la sangre de inocentes por el pecado de los codiciosos”. La FAIE es la más importante representación de las iglesias evangélicas históricas en la Argentina. La institución protestante dice también que “reconocemos que nuestra deuda fundamental es con los millones de seres humanos que aún viven en condiciones precarias, en el hambre y en la miseria, sometidos a la explotación y a la exclusión, a la discriminación y a la violencia”. Para los curas católicos si la Argentina pagara en los términos que ahora reclaman los “buitres” la “deuda contraída en infames períodos anteriores pondría en riesgo los puestos de trabajo de nuestros padres y hermanos, la salud de las poblaciones más frágiles, el nivel de educación alcanzado por nuestros niños y jóvenes históricamente excluidos y las jubilaciones de nuestros abuelos que tanto preocupan a nuestro pueblo”. De esta manera, agregan, “todo lo logrado con gran esfuerzo y con todo derecho en los últimos años se esfumaría”. Subrayan los sacerdotes en la opción por los pobres que los especuladores “quieren también nuestra soberanía; y como cristianos y argentinos no podemos aceptarlo”. Ambas organizaciones rechazan la presunta legitimidad de la medida judicial norteamericana. Los curas católicos dicen que “lo grave aquí no es solamente la voracidad especulativa de los fondos buitre sino que su accionar ha sido perfectamente legal”. Pero advierten: “que algo sea legal no implica necesariamente que sea moralmente aceptable” y recuerdan palabras del papa Francisco: “Las grandes economías mundiales sacrifican al hombre a los pies del ídolo del dinero”. Los sacerdotes señalan que “el problema de fondo es el sistema capitalista liberal –que premia a los especuladores y condena a los que trabajan– que instala una legalidad inmoral exprimida a fondo por los expertos de la usura”. En una línea argumental similar, la FAIE asegura que “el dinero, convertido en un dios que todo lo puede, se erige como el gran ídolo al cual hay que subordinar todo bien, sacrificar toda la vida”. Entendiendo que “este fallo (de Griesa) es el reflejo de la idolatría de este tiempo”, para asegurar luego que “mayor inseguridad que la que nos amenaza en las calles es la que se gesta en los sofisticados despachos de magnates financieros y magistrados complacientes”. Los evangélicos sostienen también que “el privilegio otorgado a los capitales financieros contra una nación y su pueblo pone de manifiesto el sinsentido que rige la economía mundial, donde la ficción especulativa se impone sobre la vida real de los seres humanos”. link: http://www.youtube.com/watch?v=ESwFUFCCvIY FUENTE

La transcripción taquigráfica de la última audiencia en el tribunal de Nueva York permite entender la relación entre Griesa y los fondos buitre: aquél pregunta qué medidas necesitan éstos, y hasta les encarga redactarlas. Así se elabora el ataque contra Argentina. “Señor Cohen, ¿qué necesita además de las medidas ya instrumentadas?”, le preguntó el juez Thomas Griesa al abogado representante de los fondos buitre NML Capital y Elliot. “La presidenta Kirchner y el ministro de Economía Kicillof dijeron que tomaron medidas para poner en práctica un plan para pagar a los tenedores de deuda reestructurada en la Argentina y no pagarnos a nosotros. Por eso el plan y su puesta en práctica son una violación de su orden.” Griesa tomó la palabra: “Y no pagarnos a nosotros. ¿Dijeron eso?”. “Sí”, respondió el abogado. Este diálogo forma parte de la versión taquigráfica de la reunión realizada anteayer entre Griesa, los abogados de los fondos buitre y los representantes argentinos. El magistrado fue complaciente con los fondos buitre, les consultó su opinión sobre los efectos de los fallos emitidos por él mismo, cuáles deberían ser los próximos pasos a seguir y les recomendó cómo redactar un escrito, además de criticar duramente los últimos discursos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof. La palabra de los abogados de la Argentina, Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, quedó en un segundo plano. Griesa no ahorró esfuerzos en dar la apariencia de ser juez y parte ante los fondos buitres. –Sr. Cohen, ¿qué es lo que necesita además de lo ya establecido? –volvió a preguntar Griesa. –Corremos el peligro, Su Señoría, de que las entidades (bonistas) que no están bajo su jurisdicción puedan elaborar algún mecanismo de cooperación con la Argentina. Tenemos que tomar medidas, en otras jurisdicciones, para que eso no suceda (...). El plan que ha sido anunciado y está siendo implementado viola su resolución que le impediría a la Argentina evadir un pago hacia nosotros –respondió el abogado. Este pasaje de la reunión es significativo por dos motivos. Por un lado, Griesa parece no recordar lo establecido en sus propios fallos, por lo que les pide a los abogados de los fondos buitre que se lo recuerden, y por otro lado, les solicita una opinión sobre los alcances de esas directivas. El diálogo, según la versión taquigráfica, transcurrió así: Griesa: ¿Podemos recapitular un poco? Cohen: Sí. G.: Sé que tengo esto, pero quisiera repasar en público qué mecanismos hay instrumentados en este momento. C.: Señoría, hay algo que se llama la orden enmendada del 23 de febrero (2012). Esa es la orden que dispuso Su Señoría luego de que el Segundo Circuito le devolviera dos cuestiones a resolver, y usted estableció una orden que describía cómo debía funcionar la fórmula de pago exigible a los pari passu. G.: ¿Cuál es la esencia de esta orden del 21 de noviembre de 2012? C.: Señoría, esto es lo que llamamos la orden enmendada del 23 de febrero. Pero es la orden que usted dispuso luego de que el Segundo Circuito le devolviera las dos cuestiones. G.: Un minuto. Estoy un poco mareado con este sistema de fechas. El rol del abogado de la Argentina, Boccuzzi, quedó relegado en todo momento a un segundo plano. Incluso, él mismo participó de las aclaraciones sobre los olvidos de Griesa. “Las órdenes del pari passu –tratamiento igualitario entre acreedores– le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitre, que podría ascender a 15 mil millones de dólares”, sostuvo el ministerio de Economía a través de un comunicado publicado la noche del miércoles pasado. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había adelantado esta situación durante su mensaje por cadena nacional. En una de las pocas intervenciones del abogado Boccuzzi, éste intentó interpretar ante Griesa las palabras de la mandataria. “Lo que está tratando de explicar es que el pago completo a los holdouts, junto con el pago a quienes ingresaron en la reestructuración, no puede suceder, dadas las limitaciones de recursos. Por lo tanto, el resultado sería que nadie recibe un pago. Pero ella no está diciendo que el próximo 30 de junio (cuando vence el pago de dos bonos) vamos a abrir una ventana para pagar en efectivo fuera de la jurisdicción de esta Corte”, sostuvo Boccuzzi. Sobre la Presidenta, el juez neoyorquino tampoco ahorró criticas. Por un lado sostuvo que Argentina ha incumplido todas las resoluciones de su Corte durante los últimos doce años. En realidad, lo que ha hecho el Estado nacional es apelar cada una de las instancias judiciales, siempre dentro de las reglas de juego establecidas. “Un minuto. Tengo que decir que el discurso de la Presidenta fue desafortunado a estos efectos. No pretendo criticar discursos políticos y no es ése mi trabajo. Pero fue más que un discurso político. Expresó un compromiso muy fuerte a pagar a los tenedores de deuda reestructurada. Y refiere a la situación de aquellos a quienes se debe pagar en trato igualitario [los holdouts] como extorsión. Esto realmente no me da confianza en un compromiso de buena fe de pagar todas las obligaciones de la República”, argumentó Griesa antes de darle la palabra nuevamente al abogado de los fondos buitre, previa aclaración: “El discurso de la Presidenta es un problema”. El cierre de la reunión fue similar al comienzo. Griesa les volvió a pedir una opinión a los abogados de los fondos buitre. Griesa: ¿Cree usted que la Argentina busca violar las órdenes existentes de este Tribunal? Cohen: Sí, Su Señoría. G.: “Estoy de acuerdo. Quiero hacer algo que sea sencillo. Y es proponer una orden que diga simplemente que el mecanismo propuesto (el cambio de jurisdicción) viola las órdenes de este tribunal. Lo que quisiera que haga, señor Cohen, con aviso al señor Boccuzzi, es proporcionar una orden sencilla que declare que existe una violación de las órdenes de la Corte existentes”. C.: Haremos eso, Señoría. PREOCUPACION DE EMPRESARIOS VINCULADOS CON EE.UU. POR EVENTUAL IMPACTO Apoyo al Gobierno y “voluntad de colaborar” Empresarios que celebran a diario operaciones comerciales con los Estados Unidos alertaron sobre el impacto “financiero, económico y social” que puede generar en el país la decisión de la Corte Suprema norteamericana en favor de los fondos buitre, en su litigio contra el Estado nacional. En una carta destinada al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y a la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, las autoridades de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) manifestaron su “apoyo y voluntad de colaborar” con el Gobierno. Plantean que “es importante mantener la voluntad de negociación” con los buitres. El sector privado percibe que un escenario de default técnico para la Argentina, en caso de que el Gobierno no logre pagar el próximo vencimiento del Bono Descuento durante julio, o bien lance un canje para cambiar la jurisdicción de los bonos con legislación estadounidense, va a deteriorar, a través de varios canales, la relación económica con el mercado externo en general y con Estados Unidos en particular. Las líneas de crédito de organismos multilaterales, emisiones de deuda de empresas como YPF y préstamos de bancos internacionales para prefinanciar exportaciones, quedarían en jaque si se deteriora la posición argentina. “Me dirijo a usted en nombre de la Amcham para hacerle llegar nuestro apoyo y voluntad de colaborar en lo que está a nuestro alcance, en la búsqueda de una resolución satisfactoria ante la situación suscitada por la decisión conocida esta semana de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos”, indicó Alejandro Díaz, titular de la cámara, en la misiva que dedicó a Capitanich y a Nahón. En línea con empresarios locales de diversos sectores, que manifestaron sorpresa y preocupación por la situación de la deuda externa, la Amcham alertó sobre consecuencias de carácter financiero, pero también económicas y sociales. La entidad ponderó “la demostración de la Argentina de ir paulatinamente regularizando su frente externo a partir de las últimas decisiones tomadas por el Gobierno”, en relación con el convenio con el Club de París, el pago de Repsol por la expropiación de YPF y arreglo de juicios en el Ciadi. Varios analistas en los últimos días recomendaron “sentarse a negociar” con los litigantes, estrategia que, para empezar, el ministro de Economía, Axel Kicillof, advirtió que es complicado porque justamente “se llaman fondos buitre porque son eso, buitres, y no les interesa negociar”. De todas maneras, entre las barajas a jugar sigue estando la búsqueda de algún tipo de entendimiento que evite el default. Medios de comunicación norteamericanos como The Wall Street Journal y The Washington Post comenzaron a fogonear una potencial negociación. En la carta citada, Díaz considera que es “muy importante mantener voluntad de negociación y darle una solución definitiva a la deuda pública pendiente de resolución. Amcham Argentina se pone a su disposición para la búsqueda, ante este escenario, de una salida superadora y definitiva de la problemática de los holdouts que contribuya al beneficio de todos los argentinos”. “Para poder atravesar exitosamente esta circunstancia, es necesario el trabajo mancomunado de todos los actores de nuestra sociedad para poder alcanzar una solución adecuada”, concluye la entidad. link: http://www.youtube.com/watch?v=ESwFUFCCvIY FUENTE

La contrarrevolución neoconservadora del último cuarto de siglo pasado no se constituyó sólo en la modificación de la lógica de la economía y las finanzas globales. Fue completada y promovida por las reformas políticas, institucionales y legales en los países periféricos y también en los centrales. El fallo de la Justicia estadounidense respecto de los fondos buitre está anclado en el dispositivo jurídico generado en esa época y entroncado con la financiarización de la economía global. Entre los cambios a la normativa jurídica que se impusieron en los años ’70, se destaca el abandono de la doctrina absoluta del derecho que dotaba a los Estados de total inmunidad y su reemplazo por una restrictiva, basada en la teoría de la doble personalidad del Estado. Esta distingue dos esferas, una definida por actos soberanos sujetos a inmunidad y otra que iguala a las naciones con los sujetos privados, quedando desprovistas de esa protección, en la que se encuentran comprendidos los actos mercantiles. Este paradigma provocó un avance progresivo de normas que recortaron crecientemente la esfera en que se respetaba la inmunidad soberana. En 1972 la Comunidad Europea, en 1976 los Estados Unidos y en 1978 Gran Bretaña adoptan legislaciones que funcionalizan los marcos jurídicos a la globalización financiera. Al mismo tiempo, en los temas de deudas soberanas, bajo la excusa de la seguridad jurídica, se promovió que en los contratos de emisión de deuda se incluya la renuncia a la inmunidad soberana, adoptando las jurisdicciones de países centrales. La facultad de esa opción se convirtió en la práctica en condicionalidad para el acceso al endeudamiento. Pero estas exigencias de los países centrales se pudieron concretar por la existencia de agentes internos que construyeron también en la periferia la institucionalidad de la inserción pasiva en el neoliberalismo. En el Cono Sur de América latina, la reconversión adquirió una velocidad y profundidad intensas de la mano de dictaduras terroristas y represivas. En la Argentina, como señala Raúl Dellatorre en Página/12 del 16.06.14, fue durante el terrorismo de Estado, durante la gestión del ministro Martínez de Hoz, cuando se realizó la reforma legal que admitió la renuncia a la inmunidad soberana. El primer antecedente lo constituyó la sanción, en 1976, de la Ley 21.305, que luego fue ratificada en los 54 tratados bilaterales de inversión firmados entre 1992 y 2002 y en las sucesivas emisiones de bonos. Estas reformas en el centro y la periferia permitieron que en el caso de los fondos buitre fuera prácticamente anulado el legítimo derecho de inmunidad soberana en los pleitos que se sucedieron en materia de deuda pública. En los ’90, la Justicia estadounidense rechaza, también, aplicar a esos fondos la disposición legal que prohíbe comprar, en el Estado de Nueva York, documentos de crédito vencidos con el propósito de llevarlos a juicio. El fundamento utilizado fue que ése no era su objetivo primordial sino secundario al cobro. Arbitrario criterio para operaciones sobre títulos cuyo precio era típicamente de default. Aunque el principio del Derecho establece que una parte no puede desistir de un derecho si se afectan cuestiones de índole pública o moral, la “Justicia” neoliberal tampoco ha hecho lugar a determinar, con este fundamento, la nulidad de las cláusulas de desistimiento sobre la inmunidad soberana en los contratos de deuda asumidos por naciones. Así, la globalización financiera no sólo ha operado en función de limitar la soberanía nacional respecto de la autonomía en las políticas comerciales y monetarias, sino que también ha avanzado en la generación de ámbitos de “Justicia” global de facto situados en los países centrales (como Estados Unidos y Gran Bretaña), lugares en los que la historia reciente muestra fallos que favorecen abrumadoramente a los financistas, especuladores y lobistas; que son los agentes activos junto a otros –como las calificadoras de riesgo– del predominio del capitalismo financiero. En realidad, la renuncia a la jurisdicción ha significado, más que un cambio de tribunal, un acto de avenimiento al predominio del interés financiero sobre el bien público. El imperio de esta lógica deviene en que siempre deben ganar los financistas especuladores y perder quienes litiguen contra ellos, sin mediaciones, consideraciones de Estado ni razonamientos de equilibrio. Otra dimensión de la carroña El rechazo de la Corte Suprema estadounidense a tomar el proceso de los fondos buitre contra Argentina levantó una gran polvareda, que vuelve a poner sobre el tapete la negra etapa neoliberal de la historia argentina. Entre las fuentes de la turbulencia se destaca la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que obliga a extender las ventajas que se concedan a los bonistas que no ingresaron al canje a todos los que sí lo hicieron. La cláusula vence a fin de año. Después de trece años de espera y a sólo cinco meses de un cambio sustancial de la mesa para negociar, una mesa que daría más flexibilidad a la Argentina, es necesario preguntarse por qué la avidez por acelerar ahora algo que en poco tiempo se simplifica. Queda claro que la cuestión es absolutamente política. No se trata de guita; no es (solo) la inmoralidad del dinero en acción, sino un ataque a un tipo de políticas que más allá de algunos arduos problemas, mostró la viabilidad de una alternativa distinta del capitalismo financiero. Se ha insistido hasta el hartazgo en que si el canje de la deuda argentina cae, cualquier reestructuración futura será muy dificultosa. Sin embargo, el problema es más grande. El mundo viene preparándose para reestructurar las deudas de muchos países ahogados por el peso de sus pasivos en el marco de una crisis internacional que, a esta altura, ha superado a sus antecesoras con holgura. Pero el problema no está en la deuda y sus reestructuraciones, sino en la crisis misma, fiel reflejo de un tipo de capitalismo que funciona mal y no tiene chances de recuperarse sin un giro radical. Las lecciones de la crisis del ’30 Uno de los problemas que desvelaron a muchos economistas entre las dos grandes guerras mundiales fue cómo reconstruir una economía productiva y con empleo creciente, evitando burbujas especulativas que truncaran los esfuerzos de la sociedad. Central en Keynes, esta cuestión sobrevoló las discusiones de Bretton Woods en 1944. El nuevo orden internacional que comenzó a plasmarse allí incluyó la venia explícita a la regulación de los flujos internacionales de capital, buscando detener la movilidad del capital financiero. Las restricciones se generalizaron en el mundo occidental, especialmente en los países desarrollados considerados campeones del liberalismo. En síntesis, los controles frenaban la competencia internacional por captar dinero e inversiones entre los emplazamientos posibles. De esa manera podían elevarse salarios y estándares laborales al interior de las naciones, mientras la autonomía relativa de los mercados monetarios aseguraba una política expansiva. Una nueva crisis desde finales de los ’60 y el paulatino opacamiento del “socialismo real” dieron paso en los ’70 a un golpe de timón. Rotos los acuerdos de Bretton Woods por parte de los Estados Unidos en 1971, se abrió paso una liberalización financiera que se inició en 1974 en Estados Unidos y Suiza y se expandió a prácticamente todo el mundo en los veinte años siguientes. La liberalización subordinó la dinámica económica a las lógicas del capital financiero y disparó una espuria competencia por atraer o retener capitales. Costos laborales o fiscales altos para las empresas significaban que el capital podía migrar, extorsionando a Estado y trabajadores a amoldar sus pretensiones a los que ofrecían emplazamientos competidores. También abrió la puerta a burbujas especulativas cada vez más audaces, que despegaban las ganancias financieras de la riqueza creada e impulsaba crisis periódicas. La llave de la especulación era el endeudamiento público y privado y las crisis transcurrían invariablemente por el mismo sendero: rescate del sector privado con ayuda internacional para el Estado, que asumía las deudas privadas; negociaciones con el Estado que profundizaban las políticas neoliberales y abrían nuevas oportunidades de negocios para los recién rescatados; finalmente, se sucedía una nueva burbuja de endeudamiento especulativo con su correspondiente crisis. Los organismos internacionales, especialmente el FMI, pasaron entonces de ser un garante de la estabilidad de corto plazo de las finanzas internacionales –tal su mandato en Bretton Woods– a un gerente del manejo de las burbujas financieras y las crisis. La misión era recauchutar a los países malheridos y volver a ponerlos en la ruta, pero ahora con un mercado laboral más flexible, un Estado más austero y un sistema legal más poroso, con mayor “competitividad”. La piedra en el zapato La crisis de los países latinoamericanos a finales de los ’90 puede considerarse como terminal. Finalmente, las sociedades locales manifestaron su hartazgo y forzaron a un giro en las políticas. Curiosamente quedó expuesto que un proceso expansivo necesitaba menos atraer capitales y mucho más retener los propios. Lejos de la prometida explosión de recursos, el neoliberalismo había provocado una sangría atroz y la tarea prioritaria era frenarla de raíz. Sin programas de desarrollo estructurales definidos, se fueron imponiendo procesos de crecimiento endógenos que trataban de recrear algunas de las condiciones de la posguerra. No todas, por supuesto, porque el mundo ha cambiado sustancialmente y de aquella receta varios ingredientes ya no sirven. Uno de los pilares de las nuevas políticas fue el cuestionamiento a las lógicas de la deuda externa. La reestructuración de las deudas, el pago completo de los pasivos con el FMI y nuevas condiciones para los acreedores mejoraron el perfil de las cuentas corrientes y oxigenaron las economías nacionales. El relativo aislamiento de los mercados financieros internacionales, lejos de la catástrofe, contribuyó a una evidente mejoría. Y probablemente ahí este la clave de lo ocurrido estos días. Se busca mostrar que tal camino es inviable y conduce al abismo. Si la región tiene éxito se abre una impredecible caja de Pandora. La reacción de los buitres y sus socios es posible por la falta de un marco legal internacional del mercado financiero. Operativamente, la ausencia de un proceso reglamentado de insolvencia le da poder de veto a una minoría no cooperativa. Pero que se sostiene en la falta total de normas relativas a las condiciones generales de los flujos financieros especulativos, que desestabilizan potencialmente cualquier salida de la crisis internacional. Exactamente lo que desvelaba a los economistas de la posguerra. El caso argentino pone sobre el tapete esa discusión y las reacciones son esperables. No importan los 1300 millones ni los cinco meses, sino cerrar las puertas al cambio. Pero también está claro que las condiciones políticas y económicas se han deteriorado tanto incluso en las regiones centrales, que el statu quo resulta insostenible. Por eso, Argentina cosechó algunos tímidos apoyos, otrora impensables, como el de Anne Osborn Krueger o el FMI, e incluso de bancos transnacionales que notan que la falta de reglas puede tornar aún más inmanejables las finanzas globales. Por supuesto, las soluciones de cada actor son diferentes. Pero el caso argentino dispara una pulseada política en la que se debate la gobernanza internacional. En esa dimensión, eminentemente política, deben moverse nuestras autoridades para trazar su estrategia. FUENTE