Mejoras en toda una decada de Kirchnerismo

Bondades a resaltar del modelo Kirchnerista el cual ha consolidado hoy por hoy en una decada acomodado en el poder MAS DERECHOS Una de las políticas más elogiadas del kirchnerismo ha sido la ampliación de derechos, tanto humanos como civiles. Apenas asumió, en 2003, Néstor Kirchner promovió en el Congreso la anulación de las llamadas “leyes del perdón” que garantizaban la inmunidad a muchos acusados de crímenes de lesa humanidad durante el último régimen militar (1976-1983). Dos años más tarde la Corte Suprema de Justicia convalidaría esa anulación y en 2007 declararía inconstitucional un indulto a los jerarcas militares, abriendo las puertas a cientos de juicios contra exrepresores. La mayoría de los líderes militares responsables, según las agrupaciones de derechos humanos, de la desaparición de unas 30.000 personas, enfrentan juicios y muchos ya fueron condenados. La reactivación de los juicios contra exrepresores recibió el apoyo de gran parte de la sociedad argentina, pero no de todos. Algunos, en especial los sobrevivientes y familiares de quienes fueron víctimas de grupos guerrilleros durante los años 70, cuestionan que los exlíderes rebeldes no hayan sido juzgados, como los militares. Minorias ambién los derechos de las minorías fueron una prioridad en estos diez años de gobierno kirchnerista. En 2010 el oficialismo aprobó por ley el “matrimonio igualitario”, convirtiendo a Argentina en el primer país de América Latina -y el décimo del mundo- en permitir el casamiento entre personas del mismo sexo. En 2012, el gobierno también promovió la Ley de Identidad de Género, que permite que travestis, transexuales y transgéneros sean inscriptos en sus documentos de identidad con el nombre y sexo de elección, y además obliga al Estado a solventar las operaciones de cambio de sexo. El gobierno de Cristina Fernández también fue elogiado por mejorar los derechos de las mujeres: a finales de 2012 una nueva ley agravó las penas para los delitos de violencia de género y otra endureció las condenas para los crímenes de explotación sexual y la trata de personas. En 2011 la presidenta también causó polémica al prohibir por decreto la publicación de avisos gráficos de oferta sexual en los diarios como una medida para prevenir la trata. En tanto, en 2013 el gobierno promulgó una nueva ley que castiga el trabajo infantil y otra que busca regularizar la situación de más de un millón de empleadas domésticas, la mayoría de quienes trabajan de manera informal. MÁS EMPLEO, MENOS POBREZA Las cifras de la última década muestran el éxito que tuvo el kirchnerismo en dos pilares fundamentales: la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Tras el colapso de la economía en 2001-2002, el 54% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, una cifra que el gobierno logró reducir en 2013 al 6,5%, según los datos oficiales, aunque organismos privados aseguran que si uno contempla la inflación no reconocida por las autoridades la cifra actual de pobres supera el 20%. En tanto, el desempleo se redujo del 17% al 6,9%, impulsado principalmente por el Estado, que sumó cerca de un millón de trabajadores nuevos desde 2003. Favorecido por una economía pujante gracias a los altos precios de las materias primas, en particular la soja, el gobierno logró revertir drásticamente la situación del país. Según el Banco Mundial, Argentina duplicó su clase media en la última década y fue el país latinoamericano con el mayor aumento de clase media como porcentaje de la población total. Entre 2003 y 2013 el gobierno incrementó el salario mínimo en más del 1300%. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Alicia Kirchner (hermana del presidente), aumentó en casi un 1.700% su presupuesto para planes sociales y creación de cooperativas, llevando a los críticos a denunciar una política clientelista. Pensiones estatizadas Muchos de los gastos sociales se financiaron con el dinero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que absorbió los fondos de las jubilaciones y pensiones privadas (AFJP), nacionalizadas en 2008. Durante su década en el poder, el kirchnerismo amplió enormemente la seguridad social, convirtiendo a Argentina en el país con mayor índice de cobertura social de América Latina, con el 94,3%. Sin embargo, varios economistas y opositores al gobierno advierten que el uso de los fondos previsionales para esos y otros gastos está desfinanciando a la Anses. En 2005, el gobierno anunció una moratoria previsional que permitió que unos 2,5 millones de jubilados reciban una pensión a pesar de no haber hecho todos los aportes correspondientes. Los “nuevos jubilados” equivalen a más del 40% del total y según algunos expertos representan una carga económica insostenible de cara al futuro. El gobierno también aumentó en más del 1400% la jubilación mínima –que cobran cerca del 75% de los retirados- pero se rehusó a adecuar el resto de las pensiones, por lo que el Estado debió enfrentar cientos de miles de demandas, muchas con sentencias favorables, que no han sido acatadas por el gobierno que afirma no tener los fondos necesarios. El campo Durante la última década el campo se transformó: se duplicó la siembra de soja, que pasó a representar el 60% del total de tierras cultivadas, y el sector agrario fue más que nunca el motor económico del país. A la vez, los productores rurales se convirtieron en uno de los opositores más acérrimos al kirchnerismo. Las tensiones comenzaron en 2008 cuando Cristina Fernández, a poco de asumir, aumentó los aranceles a la exportación de soja, dando pie a un enfrentamiento que tendría fuertes repercusiones no sólo económicas sino principalmente sociales y políticas. El apoyo del entonces vicepresidente argentino, el radical Julio Cobos, a los hombres de campo, al oponerse al aumento de aranceles, marcaría una ruptura dentro del gobierno. En tanto, la crisis del campo también daría pie a la batalla entre los Kirchner y el principal multimedios del país, el Grupo Clarín. Las protestas de los productores agropecuarios, que se extendieron por meses y paralizaron al país, fueron acompañadas por un vasto sector de la población y las movilizaciones contra el gobierno marcaron el comienzo de una serie de “cacerolazos” que en años posteriores se harían más masivos, aglutinando a los diversos opositores al kirchnerismo. “Sojización” Lo paradójico de la situación fue que a pesar de las tensiones el gobierno tuvo una fuerte dependencia del campo. El “modelo económico K” dependió en gran medida de los ingresos generados por la venta de soja, la principal exportación argentina. Ante la imposibilidad de acceder al mercado de capitales tras el default de la deuda en 2001, la economía argentina basó el ingreso de divisas principalmente en su superávit comercial, logrado gracias a esta oleaginosa. Los precios récord que alcanzaron los commodities agrarios, en particular la soja, permitió al gobierno triplicar las reservas en dólares en el Banco Central y ayudó a cuadruplicar el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre 2003 y 2013. Pero la contracara de la “sojización” fue una caída en la producción de otros granos y sobre todo de la ganadería. Las restricciones a la exportación de carne que aplicó el gobierno a partir de 2006 con la intención de mantener bajos los precios domésticos agudizaron la crisis en el sector y provocaron una caída de más del 75% en el comercio externo de carne. En 2012, Argentina se convirtió en el socio original del Mercado Común del Sur (Mercosur) que menos carne exportó, siendo superado por sus vecinos Brasil, Uruguay y Paraguay. En tanto, el enfrentamiento entre el gobierno y el campo continúa: en diciembre de 2012 la presidenta ordenó la expropiación de la principal sede de la Sociedad Rural Argentina, que ahora deberá ser decidida por la Justicia. POLÍTICA EXTERIOR Los diez años de gobierno kirchnerista llevaron a un vuelco importante en la política exterior argentina, que se alejó de Washington y se acercó al resto de América Latina, sobre todo a la Venezuela de Hugo Chávez y a Brasil, su principal socio comercial. Además de una afinidad ideológica, la alianza con Caracas se fundamentó en la necesidad del gobierno de obtener fondos para el país ante la imposibilidad de acceder al mercado de capitales tras el default de la deuda en 2001. Los Kirchner se opusieron a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos, y en cambio fomentaron la integración latinoamericana, defendiendo el Mercado Común del Sur e impulsando la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), cuyo primer secretario general fue Néstor Kirchner. El gobierno también logró un importante respaldo latinoamericano a su reclamo por la soberanía de las islas Malvinas o Falklands, uno de los ejes principales de su política externa. Repsol YPF En el plano económico, el aumento de las exportaciones de soja amplió los vínculos del país con China, mientras que la decisión de expropiar Aerolíneas Argentinas, en 2008, y la petrolera Repsol YPF, en 2012, causó tensión con España, el principal socio comercial europeo y aliado histórico del país. Una controversia por la construcción de dos fábricas de pulpa de celulosa en la margen uruguaya de un río que comparten Argentina y Uruguay llevó un enfrentamiento diplomático que duró años y fue resuelto en 2010 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que permitió las obras y ordenó un seguimiento conjunto del impacto ambiental. No obstante, el conflicto afectó seriamente las relaciones entre los vecinos: entre 2007 y 2010 permaneció cerrado el principal puente que une a ambos países debido a las protestas de activistas argentinos. Otro foco de polémica fue la decisión de Cristina Fernández, en enero de 2013, de firmar un acuerdo con Irán para investigar uno de los peores atentados en la historia del país: el ataque con bomba a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que mató a 85 personas. El tratado fue duramente criticado por las principales asociaciones judías del país, que hasta ese momento habían respaldado al gobierno. LA DEUDA En 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, la deuda pública nacional representaba el 138% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Diez años más tarde, el kirchnerismo logró reducir ese peso al 40% del PIB (Producto Interno Bruto), convirtiendo a Argentina en uno de los países con mayor nivel de desendeudamiento del mundo en la última década. Tras dos canjes de deuda exitosos, en 2005 y 2010, el gobierno logró reestructurar el 93% de la deuda, con una quita de más del 60% del capital. Sin embargo, no logró acordar con el restante 7% de los acreedores, llamados popularmente “fondos buitre”, que aún reclaman la totalidad de lo adeudado. En 2012 la Justicia estadounidense falló a favor de un grupo de acreedores disidentes (holdouts) y ordenó a Argentina a pagarles. El gobierno se negó a ofrecerles más de lo que pagó al resto de los acreedores y apeló el fallo, viéndose envuelto en una serie de embargos pedidos por los holdouts sobre bienes argentinos. El caso más notorio fue el de la Fragata Libertad, que fue retenida en Ghana por casi tres meses en 2012. Cumplidor A pesar de no haber tenido acceso a los organismos de créditos, el kirchnerismo cumplió con los pagos de la deuda desde 2003 utilizando sus reservas. En 2006 usó un tercio de los fondos del Banco Central para cancelar toda la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo al que culpó de haber contribuido con la crisis de 2001. Sin embargo el uso de reservas para el pago de la deuda generó mucha controversia en el país y llevó en 2010 a la remoción del presidente del Banco Central. Dos años más tarde el oficialismo reformó la legislación del Banco Central para permitir el pago de deuda externa con reservas, una reforma que eliminó la autonomía de ese organismo. El uso de reservas para pagar deuda sumado a una caída del superávit comercial (producto de una mayor importación de combustibles) hizo que las reservas de Argentina cayeran en 2013 a su punto más bajo de los últimos seis años, lo que llevó al gobierno a imponer fuertes restricciones al dólar. Algunos economistas afirman que Argentina no puede tomar nueva deuda para hacer frente a sus compromisos internacionales porque tiene una tasa de riesgo país demasiado alta, producto de la desconfianza del mercado por la falta de previsibilidad y reglas de juego claras del gobierno. Sin embargo, Cristina Fernández aseguró que los mercados financieros castigan al país por su política económica heterodoxa y su negativa a volver a endeudarse.