Ofreció como propia a sindicatos una concesión que negoció la bancada
FA molesto con Mujica por manejo de conflicto judicial
En la bancada del Frente Amplio hay malestar con el presidente José Mujica por el manejo que ha hecho del conflicto con los funcionarios del Poder Judicial y registrales que reclaman el pago de un aumento de salarios.
VALERIA GILdom dic 21 2014
El mandatario se adjudicó como propia la idea de eliminar el "desenganche" en el proyecto de ley durante la negociación con el sindicato judicial, cuando en realidad esa decisión ya había sido tomada por los legisladores frentistas días antes.
El Poder Ejecutivo pretendió saldar el extenso conflicto con la aprobación de un proyecto de ley que otorgaba un aumento del 8% pero, además, rompía el "enganche" que establece que el sueldo de los funcionarios será equivalente a un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte, con excepción de jueces y fiscales.
Se sabía que ese aspecto iba a generar un fuerte choque con los funcionarios, por lo que antes de ser aprobado el texto original con el desenganche el pasado martes 16 en la Cámara de Senadores, las bancadas acordaron que el tema volvería a ser discutido en Diputados y el enganche sería restablecido.
Fuentes de la bancada frenteamplista dijeron a El País que cuando el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y una delegación del Ministerio de Economía concurrió al Parlamento para informar del proyecto, varios legisladores socialistas, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) y el diputado Luis Puig (PVP) manifestaron su desacuerdo con aspectos del proyecto, y principalmente con el artículo cuarto, que preveía el "desenganche" de los funcionarios judiciales, registrales y del Ministerio Público, extremo que se había establecido durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Mientras la senadora Lucía Topolansky (MPP) justificaba el proyecto tal como venía redactado del Poder Ejecutivo, los legisladores antes mencionados reclamaban cambios. Y en ese marco fue que la bancada resolvió votarlo tal como lo planteó el gobierno en el Senado y negociar cambios en Diputados.
El pasado martes 16 en el Senado, los legisladores oficialistas recibieron varios insultos de parte de los funcionarios judiciales que esperaban la votación del proyecto desde las barras de la Cámara alta. Se los tildó de "traidores", "ladrones" y mucho más.
Al día siguiente, Mujica se reunió con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) y dos mediadores del Pit-Cnt.
Al término del encuentro, el secretario general de la AFJU, Raúl Vázquez, expresó a El País: "Mujica nos dijo que el desenganche es un disparate y no puede estar".
En la bancada frentista hay malestar con Mujica por haberse atribuido la resolución de dejar sin efecto la propuesta de "desenganchar" a los funcionarios judiciales, cuando en verdad fueron los legisladores oficialistas los que promovieron la eliminación del artículo cuarto del proyecto.
Fuentes de la bancada indicaron que lo que más molestó fue que la modificación del proyecto quedó como una idea de Mujica, cuando fue la bancada la que resolvió realizar los cambios para contemplar los reclamos de los judiciales.
"Lo que genera la molestia es que el Poder Ejecutivo estaba duro y no quería cambiar el proyecto. Entonces, quienes estaban en contra de alguno de los artículos negociaron para modificarlo, pero al final el presidente se apropia de un planteo del Parlamento", se quejó uno de los informantes.
Bajo este panorama, mañana lunes se reunirá la Cámara de Diputados para tratar el proyecto. Ya es un hecho que se eliminará el "desenganche", por lo que la iniciativa deberá volver a estudio del Senado.
Polémica.
El proyecto de ley promovido por el Gobierno propuso un aumento salarial 8% para los gremios judiciales (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio), los funcionarios del Ministerio Público (fiscales y administrativos) y los registrales (Registro Civil y Dirección General de Registros) que reclamaban un incremento del 26% a consecuencia de la aplicación de las normas de equiparación vigentes y tomando en cuenta que sus sueldos se rigen por los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes en la ley de Presupuesto de 2011 fueron igualados a los senadores.
El duro enfrentamiento salarial entre el Gobierno y los gremios judiciales y registrales se vio acrecentado cuando el Gobierno dio a conocer su proyecto de solución, que no contempló los reclamos, y por esa razón todos los gremios implicados manifestaron en bloque su rechazo a la propuesta.
De hecho, esta semana también la Suprema Corte de Justicia se pronunció en contra del proyecto del Gobierno, por lo que el diferendo dejó de ser estrictamente gremial por un asunto salarial y tomó un cariz institucional, con un claro enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
El máximo organismo judicial, en un comunicado que emitió el miércoles 17, indicó que los números que maneja el Gobierno para proponer un aumento del 8% son erróneos, ya que los cálculos del Poder Judicial arrojan 21,6%.
Defensores hacen paro y van a la OEA
La Asociación de Defensores de Oficio decidió el viernes no asistir a audiencias ni atender al público entre mañana lunes 22 y el miércoles 24. La gremial rechazó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno y exhortó a los senadores "que no se vote" la norma, que ya fue aprobada el martes 16 por la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio.
Además, la gremial resolvió informar sobre el conflicto planteado a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y al Bloque de Defensores Públicos del Mercosur.
A la vez, la asamblea decidió informar a la Organización de Estados Americanos (OEA) ya que ese organismo "en forma reiterada ha dictado resoluciones reconociendo la necesidad de fortalecer los servicios de defensoría pública".
En la asamblea de la Asociación de Defensores de Oficio realizada el viernes hubo planteos de afiliados que reclamaron la adopción de medidas más duras.
ASAMBLEA
Acciones gremiales de jueces en febrero
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), en una asamblea realizada ayer sábado, rechazó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ya fue aprobado por el Senado y que mañana lunes será tratado por la Cámara de Diputados, por entender que busca "avasallar" el reclamo de los jueces y también los planteos de las restantes agremiaciones del Poder Judicial.
Los jueces también resolvieron que "para el caso" de que el Parlamento apruebe el proyecto de ley, se plantearán "a la brevedad las acciones jurisdiccionales pertinentes", ya que se entiende que la norma propuesta es inconstitucional.
La asamblea de la AMU, que promueve la creación de una mesa de negociación "permanente" con el Poder Ejecutivo, rechazó la posibilidad de llevar a cabo acciones gremiales previo al inicio de la Feria Judicial Mayor, opción que se planteó pero que la mayoría de los afiliados desestimó.
De todos modos, el presidente de la gremial, Ricardo Míguez, expresó ayer a El País: "Por ahora se ve un futuro de conflictividad, lamentablemente".
Según Míguez, se entendió que realizar acciones gremiales como paros o suspender el dictado de sentencias ahora "no tendría efectividad", pero manifestó que "es muy probable" que medidas de lucha se lleven a cabo en febrero, cuando se levante el receso judicial.
"Incomprensible".
Por otra parte, la asamblea de la AMU se pronunció en contra de la modificación del artículo 400 del Código General del Proceso que promueve el Gobierno, que de aprobarse hará que el Poder Judicial deba afrontar con fondos propios las sentencias judiciales en contra sin contar en esos casos con dinero de Rentas Generales.
Los jueces, en la declaración que fue aprobada por la asamblea, alertan que ese cambio que pretende el Gobierno "resulta incomprensible y podría desestabilizar financieramente a la Administración de Justicia".
"También profundiza la desigualdad con los otros dos poderes del Estado. Sabido es que el Poder Judicial no tiene autonomía financiera y la ley tampoco le atribuye partidas para solventar lo que deba erogarse por condenas, sean de índole salarial, prisiones indebidas, etc.", indicó la AMU.
FA molesto con Mujica por manejo de conflicto judicial
En la bancada del Frente Amplio hay malestar con el presidente José Mujica por el manejo que ha hecho del conflicto con los funcionarios del Poder Judicial y registrales que reclaman el pago de un aumento de salarios.
VALERIA GILdom dic 21 2014
El mandatario se adjudicó como propia la idea de eliminar el "desenganche" en el proyecto de ley durante la negociación con el sindicato judicial, cuando en realidad esa decisión ya había sido tomada por los legisladores frentistas días antes.
El Poder Ejecutivo pretendió saldar el extenso conflicto con la aprobación de un proyecto de ley que otorgaba un aumento del 8% pero, además, rompía el "enganche" que establece que el sueldo de los funcionarios será equivalente a un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte, con excepción de jueces y fiscales.
Se sabía que ese aspecto iba a generar un fuerte choque con los funcionarios, por lo que antes de ser aprobado el texto original con el desenganche el pasado martes 16 en la Cámara de Senadores, las bancadas acordaron que el tema volvería a ser discutido en Diputados y el enganche sería restablecido.
Fuentes de la bancada frenteamplista dijeron a El País que cuando el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y una delegación del Ministerio de Economía concurrió al Parlamento para informar del proyecto, varios legisladores socialistas, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) y el diputado Luis Puig (PVP) manifestaron su desacuerdo con aspectos del proyecto, y principalmente con el artículo cuarto, que preveía el "desenganche" de los funcionarios judiciales, registrales y del Ministerio Público, extremo que se había establecido durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Mientras la senadora Lucía Topolansky (MPP) justificaba el proyecto tal como venía redactado del Poder Ejecutivo, los legisladores antes mencionados reclamaban cambios. Y en ese marco fue que la bancada resolvió votarlo tal como lo planteó el gobierno en el Senado y negociar cambios en Diputados.
El pasado martes 16 en el Senado, los legisladores oficialistas recibieron varios insultos de parte de los funcionarios judiciales que esperaban la votación del proyecto desde las barras de la Cámara alta. Se los tildó de "traidores", "ladrones" y mucho más.
Al día siguiente, Mujica se reunió con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) y dos mediadores del Pit-Cnt.
Al término del encuentro, el secretario general de la AFJU, Raúl Vázquez, expresó a El País: "Mujica nos dijo que el desenganche es un disparate y no puede estar".
En la bancada frentista hay malestar con Mujica por haberse atribuido la resolución de dejar sin efecto la propuesta de "desenganchar" a los funcionarios judiciales, cuando en verdad fueron los legisladores oficialistas los que promovieron la eliminación del artículo cuarto del proyecto.
Fuentes de la bancada indicaron que lo que más molestó fue que la modificación del proyecto quedó como una idea de Mujica, cuando fue la bancada la que resolvió realizar los cambios para contemplar los reclamos de los judiciales.
"Lo que genera la molestia es que el Poder Ejecutivo estaba duro y no quería cambiar el proyecto. Entonces, quienes estaban en contra de alguno de los artículos negociaron para modificarlo, pero al final el presidente se apropia de un planteo del Parlamento", se quejó uno de los informantes.
Bajo este panorama, mañana lunes se reunirá la Cámara de Diputados para tratar el proyecto. Ya es un hecho que se eliminará el "desenganche", por lo que la iniciativa deberá volver a estudio del Senado.
Polémica.
El proyecto de ley promovido por el Gobierno propuso un aumento salarial 8% para los gremios judiciales (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio), los funcionarios del Ministerio Público (fiscales y administrativos) y los registrales (Registro Civil y Dirección General de Registros) que reclamaban un incremento del 26% a consecuencia de la aplicación de las normas de equiparación vigentes y tomando en cuenta que sus sueldos se rigen por los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes en la ley de Presupuesto de 2011 fueron igualados a los senadores.
El duro enfrentamiento salarial entre el Gobierno y los gremios judiciales y registrales se vio acrecentado cuando el Gobierno dio a conocer su proyecto de solución, que no contempló los reclamos, y por esa razón todos los gremios implicados manifestaron en bloque su rechazo a la propuesta.
De hecho, esta semana también la Suprema Corte de Justicia se pronunció en contra del proyecto del Gobierno, por lo que el diferendo dejó de ser estrictamente gremial por un asunto salarial y tomó un cariz institucional, con un claro enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
El máximo organismo judicial, en un comunicado que emitió el miércoles 17, indicó que los números que maneja el Gobierno para proponer un aumento del 8% son erróneos, ya que los cálculos del Poder Judicial arrojan 21,6%.
Defensores hacen paro y van a la OEA
La Asociación de Defensores de Oficio decidió el viernes no asistir a audiencias ni atender al público entre mañana lunes 22 y el miércoles 24. La gremial rechazó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno y exhortó a los senadores "que no se vote" la norma, que ya fue aprobada el martes 16 por la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio.
Además, la gremial resolvió informar sobre el conflicto planteado a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y al Bloque de Defensores Públicos del Mercosur.
A la vez, la asamblea decidió informar a la Organización de Estados Americanos (OEA) ya que ese organismo "en forma reiterada ha dictado resoluciones reconociendo la necesidad de fortalecer los servicios de defensoría pública".
En la asamblea de la Asociación de Defensores de Oficio realizada el viernes hubo planteos de afiliados que reclamaron la adopción de medidas más duras.
ASAMBLEA
Acciones gremiales de jueces en febrero
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), en una asamblea realizada ayer sábado, rechazó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ya fue aprobado por el Senado y que mañana lunes será tratado por la Cámara de Diputados, por entender que busca "avasallar" el reclamo de los jueces y también los planteos de las restantes agremiaciones del Poder Judicial.
Los jueces también resolvieron que "para el caso" de que el Parlamento apruebe el proyecto de ley, se plantearán "a la brevedad las acciones jurisdiccionales pertinentes", ya que se entiende que la norma propuesta es inconstitucional.
La asamblea de la AMU, que promueve la creación de una mesa de negociación "permanente" con el Poder Ejecutivo, rechazó la posibilidad de llevar a cabo acciones gremiales previo al inicio de la Feria Judicial Mayor, opción que se planteó pero que la mayoría de los afiliados desestimó.
De todos modos, el presidente de la gremial, Ricardo Míguez, expresó ayer a El País: "Por ahora se ve un futuro de conflictividad, lamentablemente".
Según Míguez, se entendió que realizar acciones gremiales como paros o suspender el dictado de sentencias ahora "no tendría efectividad", pero manifestó que "es muy probable" que medidas de lucha se lleven a cabo en febrero, cuando se levante el receso judicial.
"Incomprensible".
Por otra parte, la asamblea de la AMU se pronunció en contra de la modificación del artículo 400 del Código General del Proceso que promueve el Gobierno, que de aprobarse hará que el Poder Judicial deba afrontar con fondos propios las sentencias judiciales en contra sin contar en esos casos con dinero de Rentas Generales.
Los jueces, en la declaración que fue aprobada por la asamblea, alertan que ese cambio que pretende el Gobierno "resulta incomprensible y podría desestabilizar financieramente a la Administración de Justicia".
"También profundiza la desigualdad con los otros dos poderes del Estado. Sabido es que el Poder Judicial no tiene autonomía financiera y la ley tampoco le atribuye partidas para solventar lo que deba erogarse por condenas, sean de índole salarial, prisiones indebidas, etc.", indicó la AMU.