La oposición, más de lo mismo
Crónica de una semana en la que el arco opositor ocupó su lugar habitual: críticas a las formas del Gobierno sin una propuesta alternativa; instalación de argumentos que le sirven a Clarín y la no protagonización del conflicto.
Esta semana, la oposición encontró de nuevo una consigna de “unidad”. El lugar que hasta hace poco ocupó el rechazo a la reforma constitucional –un tema instalado por los mismos opositores para luego rechazarlo– lo tuvo ahora la defensa de la “independencia de la Justicia”. La bandera tiene las mismas debilidades y fortalezas que otras que ha izado la oposición. Señalemos primero la ventaja: les permite mostrar una postura común, así como el rechazo a la supuesta reforma de la Carta Magna les abrió la posibilidad de firmar un acuerdo. Las debilidades, por otra parte, son muchas. Las críticas vuelven a pasar sólo por las “formas” del Gobierno y no hay alternativa. El litigio político se da entre el Ejecutivo y el monopólico Grupo Clarín. La oposición mira desde la tribuna, en lugar de estar en el centro del ring. Acompaña en alguna medida al monopolio, sin dar la vida, claro, pero legitimando su discurso al no hablar de posiciones dominantes y sí de “arbitrariedad K”. Esta es la crónica de una semana en que la oposición quedó en el mismo lugar que hasta ahora la ha llevado al fracaso. Miércoles. Son las cinco de la tarde. En el edificio del Ministerio de Justicia, Julio Alak, el titular de la cartera, brinda una conferencia de prensa. “La posibilidad de que la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial extienda la cautelar más allá del 7 de diciembre sería un alzamiento contra una ley de la Nación, contra un pronunciamiento de la Corte, y una burla a la voluntad popular. Generaría un conflicto de poderes”. Esta declaración servirá para que la oposición arme su pelota de nieve y la tire a rodar por la montaña.
Una hora después aparece en escena Elisa Carrió. Es lógico. Lilita es una dirigente que construyó toda su carrera política sobre la base de hacer denuncias penales. La mayoría de sus cuestionamientos quedaron en la nada, pero es casi un reflejo incorporado. “Al ministro Alak se le debe pedir en la Cámara de Diputados un juicio político por las acciones que ha encabezado en las últimas semanas. Ha violado la Constitución, atentando contra el orden democrático, con el objetivo de violentar la división de poderes, avasallar la Justicia, e intimidar a los jueces para que fallen de acuerdo con los deseos de la Presidenta”. Luego, fiel a su estilo, la diputada sigue con el lanzallamas y agrega realizará una denuncia penal “por abuso de autoridad, desobediencia a los fallos judiciales e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Casi de inmediato, una camada de dirigentes, a través de comunicados de prensa, se suman al pedido de Lilita. Entre ellos están Patricia Bullrich, el macrista Pablo Toneli y el frenteamplista Gerardo Milman. También está Ricardo Alfonsín, sin plantear un juicio político, aunque sí sugiriendo que el ministro debería dar un paso al costado. “En cualquier país serio se le pediría la renuncia –remarca Alfonsín–. Según Alak, la Justicia no puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Es la primera vez que escucho semejante cosa. No puedo creer que sea nada más y nada menos que el ministro de Justicia el que incurra en semejante desvarío institucional. La Constitución le encarga al Poder Judicial el deber de controlar que los actos del Ejecutivo y las leyes del Legislativo no contraríen derechos y principios de la Constitución.”
Un rasgo paradójico de estas reacciones es que son hechas en nombre de la mesura política, de la prudencia con las palabras, de la necesidad de un clima de moderación para procesar mejor los conflictos de la vida democrática. Si el lector vuelve a repasar las declaraciones de Alak y las compara con las de la oposición, queda cuanto menos una gran duda sobre quién ejercita la desmesura. Jueves, antes del fallo. Ahora es el mediodía del jueves. Los radicales van a impulsar finalmente la propuesta del juicio político. Un operador del bloque de la Cámara baja le cuenta a este cronista que fue el legislador Mario Negri quien motorizó la idea. La conferencia de prensa, organizada por los boinas blancas, es en la sala 108 del Edificio Anexo del Parlamento. Hay más de una decena de diputados nacionales y varias autoridades del partido.
Por su condición de jefe de bloque en Diputados, abogado, y habitual figura del radicalismo cuando se trata de cuestiones relacionadas a la Justicia, Ricardo Gil Lavedra es quien más habla. La esencia de su mensaje es la siguiente: “El Gobierno, en una suerte de guerra santa que ha declarado contra un grupo económico, no ha dudado en cometer las peores violaciones a la independencia del Poder Judicial. El ministro Alak comenzó hace meses a tratar de que no se resolviera la causa, de colocar jueces parciales, recusando, presionando. Lo del día de ayer fue el colmo. El Gobierno, desoyendo a la Corte Suprema, presentó unas recusaciones, evidentemente maliciosas, con el propósito de que no se dictara sentencia. Lo que está en juego no es la causa Clarín sino si tenemos una república donde funciona un Poder Judicial independiente. Nosotros vamos a realizar lo que esté a nuestro alcance. Iniciaremos un juicio político contra el ministro”.
La segunda parte del discurso de Gil Lavedra es una invitación para que la Cámara falle a favor de Clarín. El diputado plantea que ésa sería la prueba de la autonomía judicial. Dice: “La independencia la tienen que defender también los integrantes de cada uno de los poderes. Se trata de ceder a las presiones o demostrar que en Argentina puede haber justicia y que no hay un poder sin límites que hace lo que quiere”.
La pregunta que queda flotando, tomando la última frase del diputado radical, es si el fallo que se conocerá unas horas después de esta conferencia no es justamente la demostración de que hay “un poder que puede hacer lo que quiere”, y que ese poder no es el Gobierno.Paréntesis. La oposición presentará el pedido de juicio político, así que no está de más un breve repaso sobre las condiciones para llevarlo adelante. Uno: tiene que haber un motivo que tenga contundencia. Dos: hace falta que se apruebe en la Comisión de Juicio Política de Diputados, que hoy tiene mayoría del kirchnerismo. Tres: si pasara por la Comisión debería aprobarse en Diputados, que también tiene mayoría oficialista. La Cámara baja no puede juzgar, pero sí pedirlo. Cuatro: el Senado tiene entonces la potestad de llevar adelante el juzgamiento. Para remover al funcionario de su cargo necesita del acompañamiento de dos tercios de la Cámara, es decir, 48 votos. La oposición, ni siquiera cuando tuvo su mejor momento en el Senado, durante el bienio 2009-2010, podía acercarse a esa cantidad de votos.
Jueves, después del fallo. Son las 18 horas del jueves. Comienza a publicarse en distintos portales de noticias que la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial prorrogó la medida cautelar que le ha permitido al Grupo Clarín no acatar la ley de medios desde hace más de tres años. La noticia no es algo totalmente inesperado por el oficialismo, pero seguramente cae como un balde de agua fría. Este cronista no analizará aquí las características de la decisión de la Cámara sino las reacciones que despierta en la oposición.
Una hora después de conocido el fallo comienzan las declaraciones. El primero para mencionar es Gil Lavedra, ya que él había sugerido que era necesario que la Justicia mostrara su “independencia” del Gobierno, aunque no tanto de Clarín. Ahora dice: “Hay jueces que no han cedido a las presiones, que haya una Justicia independiente es aceptar que los jueces fallen de acuerdo a su interpretación de la ley”. Luego insta al Poder Judicial para que tome “una decisión sobre el fondo de la causa. La extensión de la cautelar era una posibilidad. Es un mecanismo de protección hasta el dictado de la sentencia”.
Los peronistas disidentes no se quedan afuera. Quieren festejar lo que muchos de ellos interpretan como una “derrota” del Ejecutivo. El diputado Eduardo Amadeo advierte: “Si el Gobierno decide desconocer el fallo estaríamos ante un gravísimo conflicto de poderes”. “Espero que acepte lo dicho por la Cámara y que esto ponga otra vez el tema de la ley de medios en el carril judicial, sin interferencias políticas”.
El Frente Amplio Progresista también se pronuncia. Su jefe, Hermes Binner, remarca que la extensión de la cautelar “está dentro de las atribuciones constitucionales de la Cámara. En un Estado de derecho, sostenido en la división de poderes, debemos esperar que la Justicia se expida para actuar. Hay que desdramatizar la situación, llevar tranquilidad a la gente y dejar que la Justicia actúe de manera independiente”.
Viernes. El dirigente que llega un tanto tarde al tema es el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Se pronuncia recién el viernes. El día anterior estuvo ocupado por conflictos ambientales, una nube de humo proveniente de un container con plaguicida hizo que el centro de Buenos Aires pareciera Ciudad Gótica bajo el ataque del Guasón. Y la lluvia que cayó horas más tarde, si bien ahuyentó los efectos del plaguicida, transformó a varios barrios porteños en una especie de Venecia. Yendo a la declaración, el líder del PRO retoma un clásico de su estilo político, derivar responsabilidades que hasta cierto punto le competen.
“Los jueces recogieron el mensaje del 8N –dice sonriente–. Fue un día de construcción para una Argentina que está naciendo. Seguimos de cerca la resolución de los magistrados de la Cámara. Ha sido otro día positivo.”
No es posible pedirle a la oposición que acompañe codo a codo al Gobierno en la desmonopolización de los medios. La política es disputa y los partidos ocupan el lugar que les dio el voto de los ciudadanos. Nadie les puede pedir a los opositores que se diluyan con el oficialismo. Sin embargo, gran parte del discurso opositor se monta sobre la búsqueda de la independencia de poderes, del respeto a la ley, del diálogo, la mesura. Por qué no señalar entonces la desmesura que implica que una ley aprobada por el Parlamento, al que ellos pertenecen, esté parada hace más de tres años. ¿No atenta eso contra la república? La ley de medios es una apuesta a la moderación. Se trata de regular un poder económico-mediático absolutamente desmesurado. Hasta ahora la oposición parece no haberse dado cuenta.