En los últimos días hubo una serie de noticias que son de difícil
digestión para los que sostienen que el gobierno K está operando una
transformación revolucionaria (“liberación nacional”, “lucha contra
los grupos concentrados”, y similares) del país. Noticias que se
pueden sintetizar en tres nombres: Milani, Chevron y Sbattella. Dado
que este blog lo lee gente que no vive en Argentina (en promedio, el
40% de las visitas diarias son del exterior), sintetizo a qué me
refiero.
Milani (o acerca de la naturaleza represiva del Estado)
El general César Milani fue nombrado recientemente jefe del Ejército,
por la presidente Cristina Kirchner. Milani está denunciado por haber
participado en la represión durante la dictadura militar. Ex presos
políticos lo vinculan a la desaparición, en Tucumán, en 1976, del
soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani estaba
especializado en inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la
provincia de La Rioja, y fue enviado en comisión a la provincia de
Tucumán, entre febrero de 1976 y febrero de 1977. En esa época el
Ejército llevaba adelante el Operativo Independencia, contra el
Ejército Revolucionario del Pueblo. Ledo, que según testimonios,
habría sido simpatizante del ERP, desapareció en Tucumán, a donde
había tenido que acompañar a Milani. Su madre, Marcela de Ledo,
integra la asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Milani
también está mencionado por un ex detenido, Ramón Olivera, en el libro
Nunca Más, de la Rioja. Olivera explicó que Milani participó de la
detención de su padre, y que luego él mismo estuvo detenido en un
centro clandestino. Desde allí fue llevado a declarar ante un juez por
Milani, quien estuvo presente durante la declaración. Además, Milani
está sospechado de haber participado en Inteligencia durante la
dictadura militar. Asimismo, está denunciado por participar en el
levantamiento de los carapintadas, en los años 80, contra el gobierno
de Alfonsín.
Frente a estos datos, Madres de Plaza de Mayo, línea Bonafini, guarda
silencio. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo que no
correspondía pedir el desplazamiento de Milani. El Centro de Estudios
Legales y Sociales, a su vez, había dicho que no tenía información que
pudiera vincular a Milani con la represión. Madres de Plaza de Mayo,
Abuelas y el CELS, son organismos defensores de derechos humanos
oficialistas. El Nunca Más es un material muy conocido, y su
legitimidad nunca fue cuestionada por alguno de estos organismos
(acerca de los K-criterios para evaluar lo actuado bajo la dictadura,
ver aquí).
Pero no se trata sólo de la participación de Milani durante la
dictadura, o el alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo
(y hoy retiene esta función) de la Jefatura II de Inteligencia del
Estado Mayor. Allí trabó estrecha relación, según todas las
informaciones disponibles, con la ministra de Defensa Nilda Garré
(quien a su vez está muy cercana al CELS). Recordemos que Nilda Garré
ha sido denunciada por su participación en el llamado Proyecto X. Se
trata de una unidad de la Gendarmería Nacional, que fue creada para
organizar una base de datos de militantes, mediante el espionaje y la
infiltración en organizaciones sociales y políticas. Estos datos
fueron luego utilizados en juicios contra militantes. Las
instrucciones contenidas en el proyecto, elaboradas en 2009, destacan
la importancia de vigilar a todos los que pudieran crear “situaciones
de alteración del orden público”. Según la abogada Myriam Bregman,
defensora de derechos humanos y militante del PTS, el Proyecto X tiene
como objetivo la persecución de activistas sociales y políticos. El
propio comandante de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la
Justicia la existencia del Proyecto. Hoy existe una causa abierta, que
está avanzando (según Bregman). A pesar de esto, la presidenta
Kirchner acaba de decir que el Proyecto X “es inexistente” (discurso
del 9 de julio, en Tucumán). Los organismos de derechos humanos
oficialistas, y el progresismo K, no desmintieron a la presidenta. En
cualquier caso, existen fuertes elementos para vincular a Milani con
un enfoque global de vigilancia y recolección de datos, que luego son
utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de
Inteligencia del Ejército recibió sustanciales incrementos
presupuestarios en los últimos años.
En este análisis debe incorporarse, además, la reforma, de diciembre
de 2011, de la Ley Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura de
“asociación ilícita con fines terroristas”, pero elevó al doble las
penas de los delitos que se hubieran cometido con “la finalidad de
aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas
nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo
41). De esta manera se deja abierta la puerta para que manifestaciones
o huelgas sean calificadas como actos terroristas, como han
manifestado muchas organizaciones sociales o políticas de izquierda.
El gobierno se defiende diciendo que la ley establece que no se
castigarán las protestas que se hagan en defensa de derechos humanos y
sociales. Sin embargo, muchos abogados argumentan que las
modificaciones introducidas abren el campo para interpretaciones, y
habilitan a la criminalización de la protesta social.
Todo lo anterior debe vincularse también con la decisión del Gobierno
de responder al problema de la seguridad poniendo el acento,
crecientemente, en la represión y la punición. El enfoque tradicional
del progresismo, que hace hincapié en las raíces sociales del
problema, pasa ahora a segundo plano. El ministro de Seguridad de la
Nación, de hecho, es Sergio Berni, un militar en actividad, que goza
del favor de la presidenta. Cristina Kirchner, además, ha acusado a
los jueces por ser demasiado suaves en la aplicación de penas. Un
discurso que hasta ahora el progresismo K consideraba propio de la
derecha. De manera que la designación de Milani, el ocultamiento de su
accionar durante la dictadura, o el levantamiento carapintada, debe
leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno en día sereno.
Chevron (de nuevo, son solo negocios)
En notas anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía
interpretarse en clave de “liberación nacional”, sino en términos de
negocios entre capitalistas; esto es, negocios sustentados en la
apropiación de plusvalía (ver aquí y aquí). En esas notas, y contra el
discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo de Patria
recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los
términos de la explotación del negocio.
Pues bien, en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto que
crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos. Según el mismo, están alcanzadas por este régimen las
empresas que inviertan 1000 millones de dólares, o más. Las que lo
hagan, podrán comercializar libremente en el mercado externo el 20% de
la producción (resultado de esas inversiones), sin tener que pagar
derechos de exportación. Además, en caso de que la producción nacional
no alcance a cubrir la demanda, y las exportaciones se destinen a
cubrir la demanda interna, el precio no será inferior al precio de
exportación, sin retenciones. Las compañías también tendrán derecho
prioritario a obtener divisas a través del Mercado Único y Libre de
Cambio (aceptemos que es un eufemismo) por hasta el 100% del precio
obtenido en el mercado interno.
Naturalmente, se sigue discutiendo si con esto será suficiente para
que las empresas inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay
muchos “detalles” que deberán ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo
de cambio cotizarán los dólares que entren por inversiones). Sin
embargo, lo relevante es que todo esto parece desmentir la tesis-verso
de “YPF recuperada, Patria liberada”. El tema aquí no es el
patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La realidad es
que la falta de inversiones provocó una caída, en la última década,
del 60% de las reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la
producción de petróleo cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además,
faltó inversión en hidroelectricidad, aumentó el consumo de
combustibles, con lo cual se agravó el déficit de la balanza
energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013). No sé qué
cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que,
principio del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo
para que hubiera inversión (ver la crítica a esta postura aquí y
aquí). Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la
reinversión de plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista,
por el olor de las ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que
ratificarlo.
Sbattella (o el intríngulis de la acumulación de capital)
José Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado. Según
informaciones periodísticas, no desmentidas hasta el momento,
Sbattella mantuvo hace poco al menos dos reuniones con funcionarios de
cumplimiento de las normas antilavado de dinero, y técnicos bancarios,
para pedirles que no informaran las operaciones sospechosas que se
hicieran con vistas al blanqueo de capitales que puso en marcha el
Gobierno. Aparentemente, los oficiales antilavado y técnicos, así como
los responsables bancarios, se negaron al pedido, dado que podría
caber responsabilidad penal por no denunciar estas operaciones.
Ubiquemos esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la
última década la economía argentina recibió una gigantesca renta, que
puede calcularse entre los 120.000 y 150.000 millones de dólares, por
la mejora de los términos de intercambio. Pero desde 2005 se fugaron
del país más de 80.000 millones de dólares. En varias notas en este
blog he planteado que esto configura una gigantesca transferencia de
excedente, que es la clave de la acumulación y el desarrollo
capitalista. En la última década no hubo un proceso de acumulación
estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la
economía argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y
esto no se arregla convocando al lavado de dinero. Solo a un
irremediable lumpen burgués se le puede ocurrir semejante “solución”.
Más en general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la
población económicamente activa está subocupada. En total, 2,7
millones de personas, el 15,9% de la fuerza laboral, están
desempleadas o subocupadas. El 35% de los trabajadores está en la
informalidad. La mitad de los asalariados gana menos de $3500 por mes.
Entre un 20 y un 27% de la población (según los cálculos no INDEC),
está en la pobreza. Y gracias a la no actualización del impuesto a las
ganancias, ha desaparecido una parte significativa del aguinaldo
(entre el 45% y 80%) para el 35% de los asalariados. Las respuestas a
esta realidad del gobierno se llaman Milani, Chevron, Sbattella.
Tienen un sentido, y son expresiones de un contenido esencial. Por
supuesto, también está el relato para construir una gesta heroica
(“revolución, liberación”) con el pasado de Milani, con el Proyecto X
o con el lavado de dinero. Es que nunca deberíamos olvidar que el
lumpen burgués parece no tener límites
digestión para los que sostienen que el gobierno K está operando una
transformación revolucionaria (“liberación nacional”, “lucha contra
los grupos concentrados”, y similares) del país. Noticias que se
pueden sintetizar en tres nombres: Milani, Chevron y Sbattella. Dado
que este blog lo lee gente que no vive en Argentina (en promedio, el
40% de las visitas diarias son del exterior), sintetizo a qué me
refiero.
Milani (o acerca de la naturaleza represiva del Estado)
El general César Milani fue nombrado recientemente jefe del Ejército,
por la presidente Cristina Kirchner. Milani está denunciado por haber
participado en la represión durante la dictadura militar. Ex presos
políticos lo vinculan a la desaparición, en Tucumán, en 1976, del
soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani estaba
especializado en inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la
provincia de La Rioja, y fue enviado en comisión a la provincia de
Tucumán, entre febrero de 1976 y febrero de 1977. En esa época el
Ejército llevaba adelante el Operativo Independencia, contra el
Ejército Revolucionario del Pueblo. Ledo, que según testimonios,
habría sido simpatizante del ERP, desapareció en Tucumán, a donde
había tenido que acompañar a Milani. Su madre, Marcela de Ledo,
integra la asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Milani
también está mencionado por un ex detenido, Ramón Olivera, en el libro
Nunca Más, de la Rioja. Olivera explicó que Milani participó de la
detención de su padre, y que luego él mismo estuvo detenido en un
centro clandestino. Desde allí fue llevado a declarar ante un juez por
Milani, quien estuvo presente durante la declaración. Además, Milani
está sospechado de haber participado en Inteligencia durante la
dictadura militar. Asimismo, está denunciado por participar en el
levantamiento de los carapintadas, en los años 80, contra el gobierno
de Alfonsín.
Frente a estos datos, Madres de Plaza de Mayo, línea Bonafini, guarda
silencio. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo que no
correspondía pedir el desplazamiento de Milani. El Centro de Estudios
Legales y Sociales, a su vez, había dicho que no tenía información que
pudiera vincular a Milani con la represión. Madres de Plaza de Mayo,
Abuelas y el CELS, son organismos defensores de derechos humanos
oficialistas. El Nunca Más es un material muy conocido, y su
legitimidad nunca fue cuestionada por alguno de estos organismos
(acerca de los K-criterios para evaluar lo actuado bajo la dictadura,
ver aquí).
Pero no se trata sólo de la participación de Milani durante la
dictadura, o el alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo
(y hoy retiene esta función) de la Jefatura II de Inteligencia del
Estado Mayor. Allí trabó estrecha relación, según todas las
informaciones disponibles, con la ministra de Defensa Nilda Garré
(quien a su vez está muy cercana al CELS). Recordemos que Nilda Garré
ha sido denunciada por su participación en el llamado Proyecto X. Se
trata de una unidad de la Gendarmería Nacional, que fue creada para
organizar una base de datos de militantes, mediante el espionaje y la
infiltración en organizaciones sociales y políticas. Estos datos
fueron luego utilizados en juicios contra militantes. Las
instrucciones contenidas en el proyecto, elaboradas en 2009, destacan
la importancia de vigilar a todos los que pudieran crear “situaciones
de alteración del orden público”. Según la abogada Myriam Bregman,
defensora de derechos humanos y militante del PTS, el Proyecto X tiene
como objetivo la persecución de activistas sociales y políticos. El
propio comandante de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la
Justicia la existencia del Proyecto. Hoy existe una causa abierta, que
está avanzando (según Bregman). A pesar de esto, la presidenta
Kirchner acaba de decir que el Proyecto X “es inexistente” (discurso
del 9 de julio, en Tucumán). Los organismos de derechos humanos
oficialistas, y el progresismo K, no desmintieron a la presidenta. En
cualquier caso, existen fuertes elementos para vincular a Milani con
un enfoque global de vigilancia y recolección de datos, que luego son
utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de
Inteligencia del Ejército recibió sustanciales incrementos
presupuestarios en los últimos años.
En este análisis debe incorporarse, además, la reforma, de diciembre
de 2011, de la Ley Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura de
“asociación ilícita con fines terroristas”, pero elevó al doble las
penas de los delitos que se hubieran cometido con “la finalidad de
aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas
nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo
41). De esta manera se deja abierta la puerta para que manifestaciones
o huelgas sean calificadas como actos terroristas, como han
manifestado muchas organizaciones sociales o políticas de izquierda.
El gobierno se defiende diciendo que la ley establece que no se
castigarán las protestas que se hagan en defensa de derechos humanos y
sociales. Sin embargo, muchos abogados argumentan que las
modificaciones introducidas abren el campo para interpretaciones, y
habilitan a la criminalización de la protesta social.
Todo lo anterior debe vincularse también con la decisión del Gobierno
de responder al problema de la seguridad poniendo el acento,
crecientemente, en la represión y la punición. El enfoque tradicional
del progresismo, que hace hincapié en las raíces sociales del
problema, pasa ahora a segundo plano. El ministro de Seguridad de la
Nación, de hecho, es Sergio Berni, un militar en actividad, que goza
del favor de la presidenta. Cristina Kirchner, además, ha acusado a
los jueces por ser demasiado suaves en la aplicación de penas. Un
discurso que hasta ahora el progresismo K consideraba propio de la
derecha. De manera que la designación de Milani, el ocultamiento de su
accionar durante la dictadura, o el levantamiento carapintada, debe
leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno en día sereno.
Chevron (de nuevo, son solo negocios)
En notas anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía
interpretarse en clave de “liberación nacional”, sino en términos de
negocios entre capitalistas; esto es, negocios sustentados en la
apropiación de plusvalía (ver aquí y aquí). En esas notas, y contra el
discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo de Patria
recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los
términos de la explotación del negocio.
Pues bien, en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto que
crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos. Según el mismo, están alcanzadas por este régimen las
empresas que inviertan 1000 millones de dólares, o más. Las que lo
hagan, podrán comercializar libremente en el mercado externo el 20% de
la producción (resultado de esas inversiones), sin tener que pagar
derechos de exportación. Además, en caso de que la producción nacional
no alcance a cubrir la demanda, y las exportaciones se destinen a
cubrir la demanda interna, el precio no será inferior al precio de
exportación, sin retenciones. Las compañías también tendrán derecho
prioritario a obtener divisas a través del Mercado Único y Libre de
Cambio (aceptemos que es un eufemismo) por hasta el 100% del precio
obtenido en el mercado interno.
Naturalmente, se sigue discutiendo si con esto será suficiente para
que las empresas inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay
muchos “detalles” que deberán ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo
de cambio cotizarán los dólares que entren por inversiones). Sin
embargo, lo relevante es que todo esto parece desmentir la tesis-verso
de “YPF recuperada, Patria liberada”. El tema aquí no es el
patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La realidad es
que la falta de inversiones provocó una caída, en la última década,
del 60% de las reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la
producción de petróleo cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además,
faltó inversión en hidroelectricidad, aumentó el consumo de
combustibles, con lo cual se agravó el déficit de la balanza
energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013). No sé qué
cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que,
principio del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo
para que hubiera inversión (ver la crítica a esta postura aquí y
aquí). Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la
reinversión de plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista,
por el olor de las ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que
ratificarlo.
Sbattella (o el intríngulis de la acumulación de capital)
José Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado. Según
informaciones periodísticas, no desmentidas hasta el momento,
Sbattella mantuvo hace poco al menos dos reuniones con funcionarios de
cumplimiento de las normas antilavado de dinero, y técnicos bancarios,
para pedirles que no informaran las operaciones sospechosas que se
hicieran con vistas al blanqueo de capitales que puso en marcha el
Gobierno. Aparentemente, los oficiales antilavado y técnicos, así como
los responsables bancarios, se negaron al pedido, dado que podría
caber responsabilidad penal por no denunciar estas operaciones.
Ubiquemos esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la
última década la economía argentina recibió una gigantesca renta, que
puede calcularse entre los 120.000 y 150.000 millones de dólares, por
la mejora de los términos de intercambio. Pero desde 2005 se fugaron
del país más de 80.000 millones de dólares. En varias notas en este
blog he planteado que esto configura una gigantesca transferencia de
excedente, que es la clave de la acumulación y el desarrollo
capitalista. En la última década no hubo un proceso de acumulación
estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la
economía argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y
esto no se arregla convocando al lavado de dinero. Solo a un
irremediable lumpen burgués se le puede ocurrir semejante “solución”.
Más en general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la
población económicamente activa está subocupada. En total, 2,7
millones de personas, el 15,9% de la fuerza laboral, están
desempleadas o subocupadas. El 35% de los trabajadores está en la
informalidad. La mitad de los asalariados gana menos de $3500 por mes.
Entre un 20 y un 27% de la población (según los cálculos no INDEC),
está en la pobreza. Y gracias a la no actualización del impuesto a las
ganancias, ha desaparecido una parte significativa del aguinaldo
(entre el 45% y 80%) para el 35% de los asalariados. Las respuestas a
esta realidad del gobierno se llaman Milani, Chevron, Sbattella.
Tienen un sentido, y son expresiones de un contenido esencial. Por
supuesto, también está el relato para construir una gesta heroica
(“revolución, liberación”) con el pasado de Milani, con el Proyecto X
o con el lavado de dinero. Es que nunca deberíamos olvidar que el
lumpen burgués parece no tener límites