Ratoneras del Honorable Congreso colombiano
Bogotá.- Diversos sectores sociales de Colombia comenzaron a movilizarse este sábado para impulsar la caída de una reforma a la Justicia aprobada por el Congreso, por considerar que contiene artículos que apuntan claramente a defender intereses particulares de los legisladores.
La meta es conformar en unas semanas un comité promotor de 160.000 personas para reunir luego el 1,5 millón de firmas que se necesitan para realizar un referéndum sin pasar por el congreso, según indicó el líder izquierdista Antonio Navarro Wolff, portavoz del Movimiento Progresistas, uno de los grupos convocantes, destacó Efe.
En opinión de Navarro Wolff, esa es la única manera efectiva de derrumbar la reforma, a la que también se opone el Ejecutivo. "El presidente (Juan Manuel) Santos ha dicho que lo van a hacer a través de otros mecanismos. Ojalá los encuentren, pero no lo veo muy claro", señaló el dirigente en RCN La Radio.
La reforma tiene un fuerte rechazo popular porque los parlamentarios aprovecharon para introducir en ella limitaciones para que la Justicia pueda procesar a sospechosos de diversos delitos. "Es un golpe de estado al Poder Judicial", dijo el senador izquierdista Iván Cepeda, opuesto a lo aprobado por sus colegas.
Los problemas surgieron cuando la comisión de conciliación para fusionar los textos que fueron votados en las cámaras alta y baja, conformada por 12 funcionarios, aprobó nuevos artículos con reformas no tenidas en cuenta por las plenarias de ambas corporaciones.
Entre los cambios estaba la posible excarcelación de varios congresistas y ex funcionarios investigados por delitos varios en el país.
Según Santos, uno de los principales inconvenientes de la reforma es la decisión de despojar a la Fiscalía General de la competencia para actuar en procesos contra ministros, magistrados, embajadores, gobernadores, generales, almirantes y otros funcionarios con fuero, lo que causaría dificultades en al menos 1.500 investigaciones.
La metamorfosis
En sus primeros días de gobierno (agosto del 2010) el presidente Juan Manuel Santos anuncia una de sus metas más ambiciosas: reformar la administración de Justicia.
Para ello, lo primero que hace como mandatario es reunirse con los magistrados de las altas cortes para dar por terminado el enfrentamiento que tenían con el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Tras armonizar las relaciones, y empezar una nueva historia, Santos y el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, le presentan a los magistrados de las altas cortes el borrador del proyecto de reforma a la Justicia.
Empieza la controversia. El gobierno instala la llamada Mesa de la Justicia (integrada por magistrados, congresistas y académicos) que empieza a debatir los alcances de la propuesta. La Mesa concluye que “no es conveniente presentar la reforma”.
En febrero del 2011, Vargas Lleras le insiste al Congreso tramitar la reforma. Se reúne en Anapoima con los congresistas que integran las comisiones primeras del Senado y la Cámara. De nuevo, el gobierno acoge la sugerencia de no presentarlo.
Pasan seis meses y Vargas Lleras insiste. Se convoca a un acuerdo de poderes para presentar la reforma, en julio del 2011, pero las diferencias entre el Gobierno y el Congreso persisten. Se decide que las diferencias entre poderes serían resueltas en el parlamento, que oficiarían como una especie de árbitro en los ocho debates.
El 4 de agosto del 2011 Vargas Lleras radica la reforma en el Senado. Pero simultáneamente le traslada la responsabilidad de su trámite al recién posesionado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Empiezan las tensiones. El Consejo de Estado, que reclamó otro año para que se presentara el proyecto, decide presentar su propia iniciativa. Sobresale su propuesta de reclamar el 5 por ciento del presupuesto de la Nación para la rama judicial.
El Congreso lidera los acuerdos y ocupa dos meses en armonizar las diferencias. Pero antes del primer debate del proyecto, el 5 de octubre, el recién posesionado ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, incluye la ampliación de los alcances del fuero militar. Con ese ambiente, la reforma a la Justicia supera sus dos primeros debates.
Es en el tercer debate, en la comisión primera de la Cámara, donde el proyecto comienza su mutación. Varios parlamentarios aprovechan las discusiones para incluir disposiciones que los beneficiarían de la reforma a la Justicia. Las altas cortes deciden levantarse de las discusiones.
En marzo del 2012 los partidos políticos de la Unidad Nacional se dividen debido a que días antes, el 18 de febrero, Santos anunció el retiro del artículo del fuero militar. El partido Conservador y La U se oponen en medio de la presión del expresidente Álvaro Uribe y José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Los que defienden la tesis de mantener el fuero son derrotados en la Comisión Primera del Senado.
Mientras tanto, en el intento del gobierno de que las cortes vuelvan al debate, se promueve un nuevo acuerdo de poderes. El del 7 de abril se sella la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, punto de honor del Gobierno.
En medio de esas tensiones, los congresistas diseñan una armadura para blindarse de la Justicia, con el argumento de que había que consagrar su derecho a ser juzgados en dos instancias. Al consagrarlo, se les va la mano, especialmente en la plenaria del Senado.
Las Cortes reiteran que no vuelven al debate, pero el mismo Senado decide ampliar de ocho a doce años el periodo a los actuales magistrados. Entonces, el poder judicial, de forma silenciosa, deja su oposición a la reforma y la acompaña. Eso sí, dejan solitario al Consejo Superior de la Judicatura, el único que hace lobby contra el proyecto.
La Cámara de Representantes intenta moderar las pretensiones de los parlamentarios, quienes a esas alturas, ya tenían el proyecto controlado de forma absoluta. El ministro de Justicia se da cuenta. Algunas nuevas propuestas las califica de “componendas” entre magistrados y parlamentarios. Pero no pone resistencia porque insiste en proteger las fórmulas de descongestión de la Justicia.
En el último debate, el pasado 14 de junio, los representantes Alfonso Prada (Partido Verde) y Guillermo Rivera (Partido Liberal), y el ministro Esguerra, incluyen normas transitorias para que la reforma a la Justicia no pueda ser utilizada para que los congresistas no tengan un excesivo blindaje. Lo consiguen.
Pero fue en el último trámite, el de la conciliación (un trámite menor en teoría), y a menos de 24 horas de terminar la legislatura, donde los parlamentarios consagran cuatro ‘micos’ que el propio presidente Juan Manuel Santos denuncia y le sirven para hacer algo que no lo faculta la Constitución: impedir que entre en vigencia una decisión autónoma del Congreso.
Ahí comienza la otra discusión. La reforma a la Justicia solo entra en vigencia cuando se publique en el Diario Oficial. Pero si no se publica, no se puede demandar ante la Corte Constitucional ni promover un referendo revocatorio.
La reforma a la Justicia, que tenía el espíritu, según Santos, de acercarle la Justicia a los ciudadanos, terminó en un “esperpento” (según palabras de Alfonso Prada) para alejar la acción de la Justicia sobre los parlamentarios.
Pero, ¿quiénes fueron los responsables de ese “esperpento”? Varios funcionarios del Estado, quizás sin detenerse en sus consecuencias, tomaron decisiones determinantes que lo permitieron.
Los responsables
Germán Vargas Lleras (como ministro del Interior): al frente de esa cartera, lideró la reforma a la Justicia y reclamó la urgencia de su aprobación. Para que el Congreso (donde más de 70 parlamentarios tienen investigaciones en las altas cortes), pudiera hacerlo, encontró una fórmula para conseguir los votos necesarios para la aprobación del proyecto: una reforma constitucional que consiguió tramitar casi que en silencio y la cual eliminó los conflictos de intereses para debatir las reformas constitucionales, con el argumento de que en éstas prima el interés general sobre el particular.
Si bien esa era una buena causa, al hacerlo, abrió las puertas a que congresistas con investigaciones o algún interés particular, no se declararan impedidos y le metieran la mano a la reforma a la Justicia.
Juan Carlos Esguerra (ministro de Justicia): Su misión era conseguir que el Congreso aprobara la reforma a la Justicia. En ese intento perdió el liderazgo y la batuta del proyecto, circunstancia aprovechada por el Congreso y las cortes.
En su empeño por defender las fórmulas de descongestión judicial y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura (punto de honor del gobierno), Esguerra guardó silencio cuando parlamentarios le metían artículos al proyecto con los que se acercaban a la inmunidad.
Aceptó que los conciliadores del proyecto arreglaran el texto sin su presencia. Y cuando se percató de los cuatro ‘micos’, no le pidió al Congreso que se eliminara la reforma. Su apuesta era que la Corte Constitucional tumbara los ‘micos’, pero mantuviera las bondades del proyecto, y sobretodo, no se perdieran diez meses de discusiones. Sólo se pronunció en contra cuando la reforma ya había sido aprobada.
Comisión Primera de la Cámara: sus decisiones en el tercer debate del proyecto, en noviembre del 2011, demostraron que primaba la voluntad de reformar la Justicia para sus beneficios, por encima de los intereses de la ciudadanía
Comisión Primera del Senado: en abril del 2012, en el quinto debate del proyecto, consagra la doble instancia para todos los procesos penales contra los congresistas, tal como estaba plenamente acordado. Pero amplía este derecho para procesos disciplinarios y limita los alcances de la sanción de la pérdida de investidura.
Juan Manuel Corzo (presidente del Senado) y Simón Gaviria (presidente de la Cámara): En julio del 2011, recién posesionado, Corzo ambienta al Congreso para fortalecerse frente a los demás poderes del Estado. Incluso, propuso revivir la inmunidad parlamentaria. Once meses después, el 15 de junio, decidió nombrar una Comisión de Conciliadores en la que excluyó a dos de los parlamentarios que habían sido ponentes de la reforma: Luis Fernando Velasco y Juan Carlos Vélez. Nombró a senadores que no conocieron el trámite del proyecto como Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical), Luis Fernando Duque (P. Liberal) y Martín Morales (La U). Tan pronto como es aprobada la conciliación, el 20 de junio, viaja a China y elude sus responsabilidades en el debate.
Gaviria, también el 15 de junio, no nombró entre los conciliadores a dos de los representantes más activos de la reforma: Alfonso Prada y Guillermo Rivera, que generaban antipatía en la plenaria de la Cámara, y su presencia podría generar el hundimiento de la reforma. En su remplazo nombró a Gustavo Puentes y Alejandro Chacón, quienes tampoco pertenecían a las comisiones donde la reforma había vivido sus más agitados debates. Admitió que presidió el último debate sin conocer a fondo el texto de la conciliación de la reforma.
Magistrados de las altas cortes: Algunos de ellos encarnaron la oposición a la reforma, alertaron sobre sus inconveniencias y hasta propusieron públicamente el archivo del proyecto. De tener una voz resonante sobre la reforma, otros pasaron a guardar silencio cuando el Congreso aprobó la ampliación del periodo para los actuales magistrados, y se consagró el antejuicio político, que se aplica también a magistrados.
¡¡¡Que Ratas!!!