El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue una organización terrorista peruana,2 3 4 fundada en 1984 e inspirada en las guerrillas izquierdistas de otros países de la región, que inició su accionar terrorista en julio de 1985.5 En la actualidad, esta organización se encuentra casi desarticulada en el plano militar, pero subsiste en alianza con el narcotráfico y hay indicios de que algunos de sus miembros están intentando reconstituir la estructura organizacional, infiltrándose en organizaciones civiles de extrema izquierda.6 7 En conjunto con otras agrupaciones terroristas autodenominadas revolucionarias de la misma época como Sendero Luminoso, el MRTA se sirvió de asesinatos y atentados con coches bomba para aterrorizar a la población urbana. Al mismo tiempo, funcionaron guerrillas de este grupo en las regiones de la selva alta peruana. El MRTA fue liderado por Víctor Polay Campos y, tras su captura y encarcelamiento en julio de 1992, por Néstor Cerpa Cartolini, hasta la muerte de éste durante la toma de la embajada japonesa en Lima el 22 de abril de 1997.
Las acciones más importantes de este grupo fueron asesinatos de policías, militares y civiles, atentados con coches bomba, secuestros, el derribo de torres de alto voltaje e incursiones con armas de guerra en centros urbanos, incluyendo a Lima. Dichas acciones fueron el principal mecanismo para hacer notar su descontento con sectores públicos y privados peruanos. Se estima en 1247 las víctimas de sus acciones a lo largo de los años, un 1,8% del total de víctimas del Conflicto Armado Interno en Perú (1980-2000), de acuerdo con la Comisión de la Verdad. A diferencia del movimiento senderista, los militantes del MRTA vestían uniforme para no ser confundidos con la población civil en las zonas altoandinas, pero en las ciudades se encubrían entre la población civil.
Cuando la privación a la libertad personal se realiza por un grupo armado de manera generalizada o sistemática, constituye un crimen de lesa humanidad.8 Entre 1984 y 1996, la CVR obtuvo evidencias de que el MRTA habría realizado decenas de secuestros individuales y colectivos. Estos secuestros eran una práctica frecuente orientada a la obtención de beneficios políticos o económicos.9
Los miembros del MRTA actuaban con gran precisión al momento de la aprehensión de sus víctimas. En muchos casos, disparaban a sangre fría contra quienes trataban de impedir el secuestro o incluso contra sus víctimas si estas ofrecían resistencia, como fue el caso del empresario vidriero Pedro Miyasato Miyasato, realizado el 22 de abril de 1993.10 Además, según la CVR, el cautiverio implicó tratos crueles, inhumanos y degradantes.10
Según Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) se calcula que las víctimas mortales por parte de Sendero Luminoso y el MRTA durante el conflicto armado interno alcanzarían la cifra de 500 personas.11
El 31 de mayo de 1989, un grupo de seis emerretistas ingresó violentamente a un bar en la ciudad de Tarapoto y asesinó a ocho travestis. Pocos días después, el semanario Cambio, órgano oficioso del MRTA, reivindicó la acción y alegó que se debió a la supuesta protección que las fuerzas del orden dispensaban a «estas lacras sociales, que eran utilizadas para corromper a la juventud». El semanario también mencionaba un asesinato del similares características acaecido en febrero del mismo año, cuando el MRTA ejecutó «a un joven "homo" muy conocido en Tarapoto».12
En diciembre de 1996, un grupo armado del MRTA tomó la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 600 rehenes pertenecientes a los sectores más encumbrados de la vida política y económica peruana, en lo que fue la última gran acción terrorista en la historia del Perú. A partir de esta incursión, empezaría la desarticulación casi total del MRTA.
El hecho tuvo como desenlace el asalto de la embajada por fuerzas especiales del Ejército peruano, en la Operación Chavín de Huántar. Durante el operativo militar, murieron los 14 terroristas, un rehén (Dr. Carlos Giusti Acuña, vocal de la Corte Suprema) y dos comandos (teniente coronel Juan Valer Sandoval y teniente Raúl Jiménez Chávez), siendo presidente de Perú en aquel entonces Alberto Fujimori. Investigaciones posteriores y las declaraciones de testigos indican que Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", el segundo jefe del comando del MRTA, se encontraba vivo y habría intentado rendirse.13 El 12 de marzo del 2001, los restos de Eduardo Cruz Sánchez fueron exhumados. Toda la evidencia hallada llevó a la fiscalía a denunciar a un grupo de comandos ante el Poder Judicial para determinar de dónde provino la orden de ejecutar a Tito cuando el enfrentamiento ya había terminado.14 Según la CVR, existen suficientes evidencias para presumir razonablemente que durante el operativo de rescate se incurrió en violaciones a los derechos humanos por parte del Estado peruano; por ello, recomendaba una investigación imparcial que determinara las responsabilidades del caso
