Examinando el boletín oficial del estado (BOE) y los equivalentes autonómicos, provinciales y locales podéis tener una idea aproximada del dinero público que se destina a esta ONG. Sin ser la más subvencionada de las de su género (ONGs pro inmigrantes, es decir aquellas que no siendo de inmigrantes actúan exclusivamente a favor de los intereses de los inmigrantes), las cifras no dejan de ser fabulosas. Los datos que aquí se facilitan son casi exhaustivos (casi, puesto que es probable que se hayan quedado fuera del cómputo algunas subvenciones, dada la multiplicidad de organismos públicos que subvencionan, aunque es esperable que estas subvenciones no computadas sean de relativamente escasa cuantía), además de rigurosos (como acredita la mención del boletín oficial correspondiente al lado de cada noticia sobre la cantidad de dinero obtenida).
Los datos de subvenciones son referidos a lo publicado en boletines oficiales de estos organismos públicos en el año 2012, lo cual no quiere decir que las subvenciones correspondan necesariamente a ese año, sino que se han hecho públicas ese año (esto tampoco es demasiado importante pues, aproximadamente, si en 2012 figura lo del año 2011, en 2013 figurará lo del año 2012).
Esta ONG, Movimiento contra la Intolerancia, es bien conocida del público debido a su intensa actividad de naturaleza política e ideológica, lanzando propaganda a favor de la inmigración y de la interculturalidad, que en su neolengua lleva el nombre de “campañas de sensibilización social”, con una destacada presencia en institutos y otros centros de enseñanza. También se ocupa esta ONG de la denuncia de presuntos casos de racismo contra inmigrantes no blancos (en cambio, no suele ocuparse de la denuncia de presuntos casos de racismo antiblanco contra nativos españoles). Forma parte, igualmente, del burocrático Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico y de su Red de Centros de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico. Todo esto hace necesario conocer bien las fuentes de financiación públicas de semejante ONG, algo que logramos mediante los boletines. En los eventuales ingresos procedentes de entidades privadas, como empresas o bancos, no se va a entrar; es mucho más difícil recabar información sobre esto y sería bueno, demasiado bueno, que la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno llegara hasta ahí.
Logró hacerse con 314.500 euros a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 74, del 27 de marzo de 2012), así como con 270.000 euros por medio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 227, del 20 de septiembre de 2012) y con 30.215 euros nuevamente gracias al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad (BOE núm. 277, del 17 de noviembre de 2012). De la Junta de Andalucía sacó 9.000 euros mediante la Consejería de Empleo (BOJA núm. 26, del 8 de febrero de 2012) para el proyecto denominado “No al racismo, sí a la interculturalidad” (hay que darse cuenta de la jugada lingüística que aquí tiene lugar, el planteamiento de un falso dilema, o racismo o interculturalidad, como si no fuera posible rechazar la ideología burguesa de la interculturalidad con todas tus fuerzas sin estar por ello de acuerdo con el racismo); otros 8.015 euros gracias a misma consejería (BOJA núm. 37, del 23 de febrero de 2012) y 20.000 euros a través de la Consejería de la Presidencia e Igualdad (BOJA núm. 112, del 8 de junio de 2012). La Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón le pasó 1.080 euros (BOA núm. 220, del 12 de noviembre de 2012). La Diputación Provincial de Castellón 1.500 euros (Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana núm. 3, del 7 de enero de 2012). La Diputación Provincial de Valencia 1.538 euros (Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 177, del 26 de julio de 2012). El Ayuntamiento de Madrid le proporcionó 19.000 euros (BOAM núm. 6827, del 26 de diciembre de 2012).
Movimiento contra la Intolerancia alcanza de este modo la estupenda cantidad de 674.848 euros de dinero público. Con esta cifra se hubiera podido pagar el Plan Prepara a 281 desempleados (a razón de 400 euros al mes durante 6 meses). Esto no es ninguna broma. Un uso alternativo a estos 674.848 euros de dinero público destinados a estas actividades de estridente agitprop intercultural podría haber evitado que hasta 281 familias tuvieran que acudir a los comedores sociales; o que tuvieran que recoger comida de los contenedores de basura.
Los datos de subvenciones son referidos a lo publicado en boletines oficiales de estos organismos públicos en el año 2012, lo cual no quiere decir que las subvenciones correspondan necesariamente a ese año, sino que se han hecho públicas ese año (esto tampoco es demasiado importante pues, aproximadamente, si en 2012 figura lo del año 2011, en 2013 figurará lo del año 2012).
Esta ONG, Movimiento contra la Intolerancia, es bien conocida del público debido a su intensa actividad de naturaleza política e ideológica, lanzando propaganda a favor de la inmigración y de la interculturalidad, que en su neolengua lleva el nombre de “campañas de sensibilización social”, con una destacada presencia en institutos y otros centros de enseñanza. También se ocupa esta ONG de la denuncia de presuntos casos de racismo contra inmigrantes no blancos (en cambio, no suele ocuparse de la denuncia de presuntos casos de racismo antiblanco contra nativos españoles). Forma parte, igualmente, del burocrático Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico y de su Red de Centros de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico. Todo esto hace necesario conocer bien las fuentes de financiación públicas de semejante ONG, algo que logramos mediante los boletines. En los eventuales ingresos procedentes de entidades privadas, como empresas o bancos, no se va a entrar; es mucho más difícil recabar información sobre esto y sería bueno, demasiado bueno, que la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno llegara hasta ahí.
Logró hacerse con 314.500 euros a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 74, del 27 de marzo de 2012), así como con 270.000 euros por medio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 227, del 20 de septiembre de 2012) y con 30.215 euros nuevamente gracias al Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad (BOE núm. 277, del 17 de noviembre de 2012). De la Junta de Andalucía sacó 9.000 euros mediante la Consejería de Empleo (BOJA núm. 26, del 8 de febrero de 2012) para el proyecto denominado “No al racismo, sí a la interculturalidad” (hay que darse cuenta de la jugada lingüística que aquí tiene lugar, el planteamiento de un falso dilema, o racismo o interculturalidad, como si no fuera posible rechazar la ideología burguesa de la interculturalidad con todas tus fuerzas sin estar por ello de acuerdo con el racismo); otros 8.015 euros gracias a misma consejería (BOJA núm. 37, del 23 de febrero de 2012) y 20.000 euros a través de la Consejería de la Presidencia e Igualdad (BOJA núm. 112, del 8 de junio de 2012). La Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón le pasó 1.080 euros (BOA núm. 220, del 12 de noviembre de 2012). La Diputación Provincial de Castellón 1.500 euros (Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana núm. 3, del 7 de enero de 2012). La Diputación Provincial de Valencia 1.538 euros (Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 177, del 26 de julio de 2012). El Ayuntamiento de Madrid le proporcionó 19.000 euros (BOAM núm. 6827, del 26 de diciembre de 2012).
Movimiento contra la Intolerancia alcanza de este modo la estupenda cantidad de 674.848 euros de dinero público. Con esta cifra se hubiera podido pagar el Plan Prepara a 281 desempleados (a razón de 400 euros al mes durante 6 meses). Esto no es ninguna broma. Un uso alternativo a estos 674.848 euros de dinero público destinados a estas actividades de estridente agitprop intercultural podría haber evitado que hasta 281 familias tuvieran que acudir a los comedores sociales; o que tuvieran que recoger comida de los contenedores de basura.