La ligadura de trompas y la vasectomía son legales en la Argentina
La normativa, que fue aprobada por el Senado de la Nación, autoriza a realizar esas prácticas de regulación de la fertilidad en forma gratuita en los hospitales públicos y en el sistema de prepagas y obras sociales.
El Senado de la Nación aprobó la ley que contempla la práctica gratuita en los hospitales públicos y en el sistema de prepagas y obras sociales, la ligadura de trompas de Falopio en la mujer y de la vasectomía en los hombres
De acuerdo con el proyecto, antes de someterse a esas prácticas, la persona debe dar su "consentimiento informado", y no necesitará permiso judicial ni esgrimir razones médicas, siempre y cuando sea mayor de edad y pueda comprender los alcances de la
cirugía.
La iniciativa autoriza a personas mayores de edad a solicitar la ligadura de trompas o la vasectomía, consideradas métodos permanentes pero no definitivos para regular la fertilidad.
El proyecto establece como "requisito ineludible" la autorización judicial para menores de edad o personas declaradas judicialmente incapaces que deben ser oídas e informadas en el proceso de decisión en el que son parte sus representantes legales.
También dispone que las operaciones sean "sin cargo para quien lo requiera en los establecimientos del sistema público de salud" y que obras sociales y de medicina prepaga "tienen las obligación de incorporar estas intervenciones médicas a su cobertura".
Estos métodos no fueron contemplados en 2002, cuando se sancionó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que permite acceso gratuito a los métodos anticonceptivos como el DIU, píldoras y preservativos.
El proyecto fue aprobado por 35 votos aportados por la mayoría de los representantes del Frente para la Victoria-PJ, y apoyado por los radicales y el socialismo, contra 9 votos de los peronistas disidentes, de algunos provinciales y de oficialistas como el cordobés Roberto Urquía y el mendocino Celso Jaque.
Los médicos que respaldaron la sanción de la nueva normativa sostuvieron que la ley equiparará la situación de los sectores que no pueden acceder a esta intervención quirúrgica que se practica en lo cotidiano en la mayoría de los hospitales privados, según coincidieron.
Quienes se oponen -entre otros, profesionales vinculados a la iglesia católica- basan su disconformidad en "principios religiosos y filosóficos" y exigen que la reglamentación de la nueva ley, de ser aprobada, incluya la cláusula de conciencia para los médicos y directivos de los hospitales que no son públicos.
Para el médico Walter Barbato, especialista en ginecología y obstetricia y profesor de la Universidad Nacional de Rosario, el proyecto "pone en un plano de igualdad" a mujeres y varones para ejercer su sexualidad, independientemente de su condición social.
"Digo que pone en pie de igualdad, porque hasta ahora no hay una legislación que facilite estas intervenciones en el sector público para la gente que no puede pagarlas - explicó-, pero son operaciones que sí están al alcance de grupos sociales en mejores
condiciones económicas, que acceden a la medicina privada".
Los mismos argumentos esgrimió Mariana Romero, médica e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
"De sancionarse, la nueva ley, va a garantizar un principio de autonomía, una práctica disponible y segura que ya es legal en un montón de países de América Latina", destacó la médica, "magister" en salud sexual y reproductiva.
La ligadura de trompas y la vasectonomía, señaló, constituyen "una opción anticonceptiva más: No es una obligación. La ley convalida la posibilidad de decidir autónomamente, y muy bien informado, un método anticonceptivo para la persona que entiende que ya cumplió con su ideal de reproducción".
Más allá de no acordar con el espíritu del proyecto de ley que se trata en el Senado, el asesor legal en derechos y garantías del personal médico del Hospital Austral, Fernando Toller, afirmó que se incurre en una "omisión seria".
Toller explicó que el proyecto no reconoce la posibilidad de objetar "a las instituciones que tienen convicciones e idearios claros que se oponen a realizar esterilizaciones".
"El Estado no puede obligar a nadie a actuar en contra de sus principios", afirmó, en representación de los profesionales médicos del Hospital Austral, el Sanatorio San Camilo y la Casa Hospital San Juan de Dios.
Fuente=Telam