SergioTheRed

Acumulación y ascenso de las FAR En un entorno de escasez de bienes y recursos, el control del Estado y de la economía estatizada brinda oportunidades para el enriquecimiento rápido. Se produce entonces una “acumulación primitiva”, un concepto con el que quiero destacar el rol de los mecanismos de violencia político- estatal (corrupción, robo, fraude) para la concentración de riqueza en algunas manos. Esta riqueza, llegado el momento, se volcará a la acumulación libre de capital. Cito de nuevo al militante del PC cubano Esteban Morales Domínguez: “Cuando observamos detenidamente la situación interna de Cuba hoy, no podemos tener duda de que la contrarrevolución, poco a poco, va tomando posiciones en ciertos niveles del Estado y del Gobierno. Sin duda, se va haciendo evidente de que hay gentes en posiciones de gobierno y estatal, que se están apalancando financieramente, para cuando la Revolución se caiga, y otros, que pueden tener casi todo preparado para producir el traspaso de los bienes estatales a manos privadas, como tuvo lugar en la antigua URSS” (véase http://estebanmoralesdominguez.blogspot.com.ar/2010/07/corrupcion-la-verdadera.html, énfasis añadidos). Según toda la evidencia disponible, los mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) son los que más han avanzado por este camino, gracias a su ascendiente influencia en el Estado y los comandos de la economía. Ya a fines de la década de 1980 muchos militares comenzaron a experimentar con los “principios de perfeccionamiento empresarial” (articulados sobre la “rentabilidad y eficacia”) en la Empresa Militar Industrial Ernesto Che Guevara. A su vez, en 1989, los servicios de seguridad, policía e inteligencia del Ministerio del Interior quedaron bajo el control de las FAR. En 1995 el V Congreso del PC estableció que esas formas de gestión debían extenderse a toda la economía. Por fin, en los 2000 el ascenso militar se consolidó con la presidencia de Raúl Castro. Así, de los 15 miembros del Politburó del PC cubano elegidos en el VI Congreso, 10 fueron militares (hoy son 9 sobre 14). También se encuentran en elevado número en el Consejo de Ministros y en el Consejo de Estado; y Marino Murillo, presidente de la Comisión de Política Económica, y al frente de las reformas económicas, es un ex coronel de las FAR. Por otra parte, la Asamblea Nacional del Pueblo no tiene jurisdicción sobre el aparato militar y sus negocios, ni sobre los mandos militares y sus salarios. Está fuera de duda, además, que los mandos militares acompañan, y se benefician, de las reformas en curso: han estado bien predispuestos a asociarse con el capital extranjero en las empresas bajo su control, y a aplicar criterios de eficiencia, en el marco de la creciente diferenciación social. Y en el plano político, las fuerzas armadas jugarían un rol estratégico si, producto de estas evoluciones, se producen estallidos sociales, o a un enfrentamiento de clases. Los principales grupos empresarios bajo mando militar El ejemplo más notable del control económico por parte de los militares es el holding GAESA (Grupo de Administración Empresarial S. A.), que está en la órbita del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y es presidido por el general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno de Raúl Castro. Dentro del grupo está Gaviota SA, que cuenta con más 50 hoteles, más de 21.000 habitaciones y 150 restaurantes. Gaviota, a su vez, maneja agencias de viaje, restaurantes, la empresa Aerogaviota (aviones) y flotas de taxis. El grupo hotelero Cubanacan también está controlado por GAESA. Bajo la órbita de GAESA asimismo está TRD-Caribe, una red de 312 tiendas (dato de 2013) que recauda divisas. También controla Tecnoimport, que comercializa la logística de las Fuerzas Armadas; ANTEX, que intermedia en la contratación de personal extranjero; SERMAR, que se ocupa de reparaciones navales y TECNOTEX, que introduce tecnología de punta. GAESA, además, está a cargo del desarrollo de puerto Mariel. Por otro lado está la corporación CIMEX, cuyo presidente es el coronel Héctor Oroza Busutin, y está bajo control de GAESA desde 2011. CIMEX maneja 73 empresas subsidiarias y 21 asociadas. A pesar de que es difícil conseguir datos actualizados (el sitio web de CIMEX está cerrado), se puede afirmar que pertenecen, o han pertenecido al conglomerado: unas 250 tiendas minoristas, servicentros y restaurantes de comidas rápidas; la naviera Melfi Marine (itinerarios a Canadá, Sudamérica y el Caribe); la zona franca Zelcom, que incluye un parque industrial; Havanatour, grupo de agencias de viajes y operadores turísticos; Havanautos, de alquiler de automóviles; Ecuse, dedicada a la reparación de automóviles; la inmobiliaria CIMEX, con edificios propios para alquiler; la financiera CIMEX; el Banco Financiero Internacional; la empresa Cubapacks, de mensajería; la empresa Cubana de Petróleo (CUPET); la cadena de joyerías Coral Negro (relojes y joyas de alta calidad); CONTEX, dedicada al diseño y producción de ropa y colecciones de moda; el estudio de grabaciones Abdala SA; el sello discográfico Unicornio; y la editora de Musical Atril. Por otra parte, las FAR administran la Unión de la Industria Militar, dedicada a la fabricación de armas, equipos militares o municiones; ETECSA, la compañía telefónica cubana; y la Unión Agropecuaria Militar, destinada a abastecer a las tropas. En 2010 la UAM estaba compuesta por 12 empresas, disponía de 200.000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola y otras 130.000 a la ganadería, y empleaba unos 25.000 trabajadores (Granma, 16/04/10). Además, altos jefes militares participan de la dirección de Grupo de la Electrónica, del Ministerio del Azúcar, y de empresas estatales de minería y farmacia, y Habanos SA (asociada con la española Altadis, que vende los cigarros en el exterior). Los trabajadores de GAESA, y necesariamente de CIMEX y de otras empresas controladas por los militares, están incorporados al Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de las Fuerzas Armadas (SNTCFAR). Esto sucede en un país en el que no se admite la existencia de sindicatos independientes de la CTC, ni está reconocido el derecho de huelga. La CTC colabora estrechamente con las FAR. Manejos secretos y privilegios El manejo de los complejos GAESA y CIMEX está oculto a los ojos de la población común, sus resultados financieros no están disponibles para la consulta del público ni, por supuesto, de sus trabajadores. También son secretas las cifras del presupuesto del Minfar y Minint; y la ley no obliga a que los funcionarios revelen sus activos. En síntesis, los trabajadores no tienen participación alguna en la administración efectiva de estas empresas y conglomerados (véase más abajo sobre enajenación con respecto a las empresas y el Estado). Paralelamente, y como reflejo del creciente poder de las FAR, aumentan los privilegios y los ingresos diferenciados de los militares. Un caso significativo son las “ciudades militares”, que son complejos habitacionales destinados al personal militar de medio rango, o a civiles que trabajan para las FAR, o para el Minint. En los próximos años se proyecta construir unos 30, de los cuales varios ya están terminados. Típicamente los departamentos de estos complejos constan de dos o tres ambientes, disponen de jardines, paneles solares, red telefónica, y estacionamientos para automóviles. Para la construcción de estas ciudades a menudo son utilizados jóvenes que están cumpliendo el servicio militar. Por otra parte, los militares tienen derecho a productos subsidiados tales como automóviles, electrodomésticos, muebles y computadoras. Además, lo producido por la UAM no solo va a unidades militares, sino también a empresas, hospitales, hoteles y casas de descanso para militares. Muchos jóvenes que cumplen el servicio militar obligatorio trabajan en la UAM (véase la nota de Patricia Cáceres, “Verde que te quiero verde”, Juventud Rebelde 17/02/14). Dada la penuria habitacional existente en Cuba, la construcción de las ciudades militares ha dado lugar a protestas y resentimiento entre la población. “¿Por qué los militares tienen este privilegio?” es una queja que circula en blogs cubanos. Más en general, y quejándose de las desigualdades y privilegios de los militares, Isbel Díaz Torres escribe: “Como hijo de militar que soy, he visitado los espacios de ocio que ellos han diseñado para sí mismos, y confieso que es indignante ver cómo las lógicas de consumo desenfrenado, insolidarias, elitistas y egoístas, se han entronizado en estos predios. Mientras más altos los grados, mayores los privilegios. Llegan a vivir como verdaderos empresarios capitalistas (muchos de ellos lo son)…”. Y luego pregunta “¿Seguimos hablando de un proyecto socialista o en algún momento ‘cambiaron de canal’?” (Isbel Díaz Torres, “Privilegios para militares ‘revolucionarios’ en Cuba”, http://www.havanatimes.org/sp/?p=58429). En el intercambio que sigue a la nota, los que defienden la política del gobierno cubano no niegan la existencia de los privilegios; los justifican con el argumento de “los militares están en primera línea de la batalla”. Extrañamiento frente al trabajo y el Estado Hemos visto que la baja productividad estuvo en el centro de las preocupaciones del VI Congreso del PC de Cuba. En otra parte de la nota tratamos esta cuestión desde el punto de vista de la tecnología. Existe, sin embargo, otra faceta que tiene que ver con la actitud de la clase trabajadora hacia la dirigencia y las empresas. Es que el mismo gobierno reconoce que hay desatención en el trabajo, falta de compromiso, excesivo “reunionismo” e indisciplina. En consonancia la dirección sindical también habla de trabajadores “con malos hábitos”. Pero tal vez la descripción más completa de la actitud de los trabajadores hacia las empresas y el trabajo la da Lázaro González Rodríguez, profesor titular de la Universidad de la Habana, en un documento que lleva por título “La Revolución exige cambios en la política laboral. Actualidad de la política laboral de Cuba” (Cuba Siglo XXI, Número XCII, diciembre 2008, https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/lgonzalez_301108.pdf). González Rodríguez señala que entre las características más generales y significativas de la vida laboral están: a) la baja eficiencia, que comprende pobres niveles de productividad, despilfarro, deficiencia en la calidad de los productos; b) la pérdida de valores ético-morales, que se manifiesta en indisciplinas, robo, corrupción, metalización y tendencias consumista; c) la insuficiente realización del trabajador, que comprende poca motivación, considerarse como una mercancía y no con sentido de propietario, ser poco reconocido y sentir que hay insuficiente participación real; esto es, se ve a la empresa como un ente ajeno. Más adelante el documento dice que “… en el último decenio y en la actualidad el comportamiento de la política laboral ha mantenido una tendencia recesiva, tanto teórica como práctica”. Señala también que las políticas laborales no se diseñaron proyectando objetivos sobre bases técnicas y consensuadas; que todavía había que lograr que el trabajador se sienta satisfecho en y con la labor que realiza, y dueño de la propiedad social, y que la disciplina laboral es deficiente. También observa que “la centralización, el burocratismo y la no participación luchan ferozmente por establecer récords Guinnes”. Luego de señalar que cada día eran más las regulaciones centrales y menos la participación de las bases, puntualiza: “Participar no es solo ser informado, no es solo opinar –opiniones que muchas veces caen en el vacío- participar es, sobre todo, tomar parte de las decisiones que se adopten”. Y más abajo: “La estimulación moral, el desarrollo de la conciencia y de valores ha estado ausente”. La emulación y las asambleas de méritos y deméritos estaban fallecidas y solo quedaban sanciones por problemas que los trabajadores no podían resolver. Esta sensación de enajenación, de extrañamiento del productor con respecto a los medios de producción, a lo que produce y a su propio trabajo, también parece reflejarse en la apatía y el descreimiento de muchos sectores de la población en la política y el régimen (sobre lo que volvemos luego); o se traduce en indignación y hasta protesta –que comienza a expresarse por diversos canales, incluidas publicaciones oficiales- ante los privilegios y la corrupción de sectores de la dirigencia, así como la imposibilidad de manifestar libremente lo que se piensa. El sentimiento de extrañamiento explica, por otra parte, por qué las apelaciones a la ética socialista tienen cada vez menos eco. Recordemos que durante los primeros años de la Revolución, y en especial bajo la influencia del Che, se intentó superar el atraso tecnológico con la movilización “revolucionaria y socialista” de las masas, apelando al esfuerzo y el sacrificio (en términos marxistas, a la intensidad humana del trabajo). Este discurso tuvo efecto en la medida en que se combinó con los llamados a defender a Cuba de la agresión imperialista, y se sustentó en los planes sociales, que dieron gratis salud y educación de primer nivel, eliminaron la malnutrición infantil y el analfabetismo, y disminuyeron el racismo, el sexismo, la criminalidad y otros males típicos de los países subdesarrollados. Sin embargo, la preocupación por la reproducción de la vida material, así como la distancia entre las bases y la dirigencia, han deteriorado el compromiso e identificación con las empresas y el Estado “de todos”. Dos investigadoras señalan: “… de acuerdo a la mayoría de los estudios sociales y las más recientes investigaciones políticas, el primer problema que enfrenta la Revolución Cubana son las necesidades básicas insatisfechas. En el contexto de la crisis económica que duró más de una década, las nuevas generaciones cubanas han adoptado nuevas formas de vida y de pensamiento social. Ellos están viviendo en un país y en una revolución en la cual la preocupación por la reproducción de la vida material en una forma inmediata-individual-utilitarista parece prevalecer por sobre la racionalidad ética que reinó durante las primeras décadas de la revolución” (Rosa Muñoz y Mariana Ortega Breña, “The Cuban Revolution: A Promised Land”, Latin American Perspectives, pp. 72-83, Nº 1, vol. 36, 2009). En el mismo sentido, el escritor, profesor universitario y cineasta cubano Eduardo Del Llano Rodríguez, escribe: “Anestesiada, la mayoría de los cubanos no espera un día mejor, se conforma con un nuevo día. No somos una verdadera sociedad: cada uno sobrevive en su madriguera, y escasean los proyectos y las asociaciones espontáneas” (“El inmovilismo”, https://eduardodelllano.wordpress.com/page/5/, publicado el 15/07/14). En otro post: “Cada vez son menos los que aceptan acrítica e incondicionalmente el discurso oficial, que sigue empleando los tiempos verbales incorrectos: mucho pasado, mucho futuro y turbias gotas de presente; mirados de cerca, estos creyentes resultan ser gente rara, masoquista, robótica… u octogenaria. Se puede y debe defender la izquierda, pero ya es prácticamente imposible romper una lanza por Esto.” (“Lo que la gente dice en la calle”, ídem, publicado el 11/03/14). “Esto” no se puede atribuir al bloqueo, ni se puede dejar de lado con el cómodo recurso de “es propaganda de la derecha contrarrevolucionaria”.

Acumulación y diferenciación social De acuerdo a lo que hemos explicado en las anteriores partes de esta nota, por todos los poros de la economía estatal burocrática de Cuba están surgiendo formas de acumulación de riqueza. Por ejemplo, están los establecimientos, (restaurantes, peluquerías y salones de belleza, gimnasios, lavacoches, locales de reparación de artículos varios o de viviendas, etcétera) que se abren con fondos que han sido atesorados durante años (por caso, con los envíos del exterior); o son reinversiones de ganancias obtenidas en las actividades privadas; o provienen de la corrupción, o de la combinación de actividades ilegales (mercados tolerados o negros) y de la corrupción. Asimismo, el levantamiento, en 2011, de la prohibición de compraventa de viviendas, terrenos y fincas, ha dado lugar a actividades capitalistas relacionadas –por ejemplo, agencias inmobiliarias- y a una disparada de precios (algunos hablan de burbuja, aunque ahora estaría moderándose). Por lo general, las casas se adquieren en efectivo, a un precio muy superior al que se declara oficialmente. Dado que los salarios en Cuba son bajos, y no existe el crédito hipotecario, solo compran los sectores más pudientes. Por ejemplo, cubanos que viven en Miami envían dinero a sus familias para que compren, o viajan ellos mismos a la isla para adquirir las propiedades. También está el caso de turistas extranjeros que adquieren y ponen la propiedad a nombre de algún cubano de su confianza (por ley, un extranjero, para comprar, debe tener residencia permanente en Cuba). Las casas pueden adquirirse para vivienda personal, o para alquilarlas. Algunos propietarios establecen contratos con las empresas de turismo y de transporte de pasajeros para asegurarse el flujo de inquilinos temporales. En otros casos, el motivo de la compra puede ser puramente especulativo, porque se espera que la propiedad se valorice en la medida en que avancen las transformaciones capitalistas. Los que venden, en la mayoría de los casos, lo hacen para pasarse a una vivienda más pequeña, o peor ubicada. Muchas veces el objetivo es invertir la diferencia en algún negocio; también venden los que quieren emigrar. La resultante de estas evoluciones es que aumentan las diferencias de ingresos y riquezas. Por un lado, amplias capas de cuentapropistas apenas sobreviven con lo que ganan; lo mismo sucede con las personas mayores de edad, que viven de las pensiones del Estado y carecen de apoyo familiar, y con los discapacitados. También tienen muchas dificultades los trabajadores del Estado de las categorías inferiores y que dependen solo del salario. Por eso, muchos complementan su salario con actividades paralelas; por ejemplo, haciendo pequeños trabajos de reparación, vendiendo en el mercado callejero, etcétera. Sin embargo, viven “al día” y en condiciones estrechas. En el otro polo, están los que medran y se enriquecen. En este punto debe tenerse en cuenta que el igualitarismo fue un importante valor social, y factor de cohesión y orgullo para los cubanos. Pero está siendo cuestionado, en la práctica y también en el discurso: el VI Congreso del PC planteó que lo que importa es “la igualdad de oportunidades”, no el igualitarismo. Y si crecen las diferencias de riqueza, y las posibilidades de acceso a ingresos diferenciados, habrá una retroalimentación de desigualdades (incluyendo las “desigualdades de oportunidades”, típicas del capitalismo). Del blog “Joven Cuba” extraemos el siguiente pasaje: “La acumulación de ganancias, en el sector no estatal, se vuelve cada vez más una realidad peligrosa. Han surgido nuevas formas ilegales de asociación y de concentración de empresas mediante los llamados testaferros (personas que prestan su nombre para firmar el contrato de un negocio que en realidad pertenece a otra). Por otro lado, la carencia de un mercado mayorista para solventar las necesidades de materias primas de estos trabajadores deja grandes espacios vacíos que favorecen la creación de largas cadenas delictivas administradoras de esos insumos necesarios” (http://jovencuba.com/2014/01/20/cuentapropismo-en-cuba-una-de-cal-y-otra-de-arena/). En este cuadro, señalemos otro hecho de significación: la paulatina devolución a la Iglesia Católica, a partir de 2009, de bienes que le habían sido expropiadas por la Revolución. Se trata de templos, casas parroquiales, terrenos y edificaciones de diverso tipo. También algunas iglesias evangélicas y protestantes habrían recibido propiedades recientemente (La Nación, 26/12/14). “Erosión de la igualdad racial” El título de este apartado lo tomo de “The Erosion of Racial Equality in the Context of Cuba’s Dual Economy”, de Sarah Blue (Latin American Politics and Society, vol. 49, pp. 35-68, 2007). Blue utiliza material empírico para “explorar en profundidad las repercusiones sociales de las reformas económicas postsoviéticas en Cuba, específicamente cómo la economía dual ha afectado los progresos en la igualdad de ingresos que los afro-cubanos habían alcanzado en las primeras tres décadas después de la revolución”. Según la autora, el fenómeno se ha desarrollado a medida que Cuba ha reconectado su economía al mercado mundial, a través de la dolarización y la creación de una economía dual desde 1993. Y a la par que depende más y más de los envíos de divisas y del turismo internacional. “La reestructuración de la economía ha creado nuevas divisiones sociales que, debido a lo duradero de los prejuicios raciales, están reconstituyendo las jerarquías raciales que tres décadas de socialismo fueron incapaces de solucionar” (p. 36). Es que el gobierno apostó, durante décadas, a que los mecanismos socialistas de justicia social resolverían el problema, sin necesidad de continuar el debate público sobre el racismo-que se desarrolló entre 1959 y 1962. En este último año se proclamó (Segunda Declaración de la Habana) que se había erradicado la discriminación por raza o sexo, y el gobierno consideró que a partir de ese momento toda crítica a la discriminación racista debilitaba la construcción socialista. De todas maneras, los avances hacia la igualdad racial en las primeras décadas que siguieron al triunfo de la Revolución fueron muy significativos. Las facilidades para los inquilinos, la universalización de la educación y la atención de la salud, una política de pleno empleo, entre otros factores, contribuyeron a disminuir considerablemente las diferencias raciales (Rodrigo Espina Prieto y Pablo Rodríguez Ruiz, “Raza y desigualdad en la Cuba actual”, Temas, enero-marzo 2006; los autores pertenecen al Centro de Antropología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente). Como resultado, a comienzos de los 1980 se graduaban de las universidades negros, blancos y mulatos en proporciones iguales. La diferencia en expectativa de vida y mortalidad infantil entre blancos y no blancos era muy pequeña; y una misma proporción de blancos, mulatos y negros tenían trabajos profesionales (Blue). Aunque de todas formas, el racismo se mantuvo replegado en las esferas íntimas de la vida familiar y las relaciones interpersonales, perviviendo en chistes y fraseologías de uso (Espina Prieto y Rodríguez Ruiz). Además, los barrios con peores condiciones habitacionales tenían mayor proporción de negros y mulatos; y las cárceles estaban (y lo están al día de hoy) ocupadas mayoritariamente por negros (ídem, también Blue). Sobre este trasfondo, y a medida que la igualdad social se ve socavada con las reformas en curso, se están perdiendo los avances que se habían logrado en igualación racial. En palabras de Blue, ya en los 2000 existían señales claras de que los prejuicios raciales se estaban convirtiendo en discriminación pública. En materia de contratación laboral, por caso, las empresas extranjeras de turismo discriminaban en favor de los blancos. Siendo los negros el 30% de la población, en el sector turismo el 80% del personal es blanco y apenas el 5% negra (Centro de Antropología; datos de principios de los 2000). A su vez, las remesas de divisas del exterior favorecen principalmente a familias blancas; solo del 5 al 10% de las familias cubanas establecidas en EEUU son negras (la diferenciación por el envío de remesas también es registrado por Blue y Espina Prieto y Rodríguez Ruiz, entre otros). Por otra parte, en los autoempleos más lucrativos y en los emprendimientos privados más importantes, la población blanca está sobrerepresentada; y la población negra está sobrerepresentada en los empleos informales. Espina Prieto y Rodríguez Ruiz también observaban que, a mediados de la primera década de los 2000, la población negra tenía menor acceso relativo a los sectores emergentes de la economía; que los negros y mestizos predominaban entre los obreros del sector no emergente; y que estaban subrepresentados en el sector emergente y entre los dirigentes, entre otros elementos. Todo indica que desde que estos artículos fueron escritos, el problema ha tendido a agravarse. Tal vez por eso el gobierno cambió su actitud de no hablar del tema, y en diciembre de 2014 la Articulación Regional Afrodescendiente para las Américas y el Caribe (ARAAC), con el apoyo del Ministerio de Cultura, convocó a la primera “Jornada contra la discriminación racial”, con el lema “hablar de discriminación duele. No hablarlo, nos divide”. También está el Comité Ciudadano por la Integración Racial, opositor al gobierno, que en un momento tomó la delantera en plantear el problema (para más información sobre el tema, y también sobre actitudes sexistas y homofóbicas, puede consultarse el sitio http://negracubanateniaqueser.com/). “La burocracia usufructúa los bienes estatales como si les pertenecieran” En el reportaje realizado por Ignacio Ramonet a Fidel Castro, (Fidel Castro. Biografía a dos voces), que ya he citado, el líder cubano decía: “… hay, debemos decirlo, unas cuantas decenas de miles de parásitos que no producen nada y sin embargo se enriquecen. (…) Hay un desorden amplio en eso (se refiere al robo de gasolina), entre otras cosas, con pérdida de decenas de miles de millones de dólares…” (p. 612). Luego de admitir que el robo y el fraude, si bien se habían agudizado durante el período especial, existían desde antes, afirmaba que “en la Habana muchos aprendieron a robar como locos” y que “en los Poderes Populares el desastre, el caos, es universal” (p. 615). Para frenar la corrupción proponía reforzar los controles con miles de funcionarios, y seguir apelando a la ética. En noviembre de 2005, en un discurso en la Universidad de la Habana, Fidel Castro llegó a afirmar que la revolución podía destruirse por la corrupción. Por su parte, en 2010 el economista y militante del PC Esteban Morales Domínguez planteó, en un artículo que llevaba por título “La corrupción, ¿la verdadera contrarrevolución?” (publicado en la página de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba), que la corrupción se daba la mano con la contrarrevolución alentada por EEUU. A raíz de esto Morales Domínguez fue expulsado del PC, pero tras una avalancha de críticas, tuvo que ser readmitido. A pesar de las denuncias, el fenómeno hoy parece abarcar todavía más sectores. A veces se trata de actividades directamente mafiosas, y hasta peligrosas para la salud de la población. Por ejemplo, en 2014 la policía desmanteló una fábrica clandestina de refrescos enlatados en Santiago, que reutilizaba latas recogidas de los basureros. Hace un tiempo también se desmanteló una fábrica que falsificaba cerveza. Muchas veces están involucrados funcionarios y administradores de todas las escalas, que se apropian de dinero de empresas estatales, o desvían sus bienes. Por ejemplo, administradores del Centro Comercial III de la Habana habían constituido, hace algún tiempo, una red comercial para suministrar productos de ferreterías y repuestos de autos al por mayor al mercado negro (ver Roberto Peralo, “La corrupción en Cuba: enfermedad crónica”, en http://eltoque.com/texto/la-corrupcion-en-cuba-enfermedad-cronica). Peralo registra testimonios de que lo mismo sucede en muchos shoppings, y agrega que “un síntoma muy preocupante es que de las decenas de trabajadores de una tienda, no exista una sola persona capaz de denunciar estos hechos”. Más abajo escribe: “No me cabe la menor duda que el salario, al no ser un medio de pago justo, ni estimulante y no satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, se convierte en una causa de peso para que el trabajador busque otras vías de ingresos. Pero ¿por qué cuando se alcanza un nivel de vida decoroso cambian las motivaciones para seguir corrompiéndose?” Otro importante mercado negro es el de medicamentos y productos para la salud, al que ya hacía referencia Fidel Castro en el reportaje citado. Involucra directivos, trabajadores de grandes almacenes, conductores de vehículos que transportan los medicamentos, vendedores de farmacias y hasta médicos. Un procedimiento bastante común consiste en desviar medicamentos hacia las farmacias en moneda convertible, que están en las zonas turísticas, donde se venden a un precio hasta 3 o 4 veces más elevado que en las farmacias con CUP, donde esos medicamentos escasean. También hay robo de los almacenes públicos de medicamentos e insumos de salud, que se vuelcan al mercado negro. Otro caso que salió a la luz pública es el de la recogida de basura en la Habana. En 2014 fueron condenados por robo de combustible, manejos con los pagos de salarios y reportes de viajes inexistentes, entre otros delitos, directivos, responsables intermedios y trabajadores del área de recogida de basura de la Habana. La justificación más escuchada por parte de los trabajadores que participan en estas cadenas es que sus salarios no alcanzan a cubrir sus necesidades ni la de sus familias. De ahí que se extienda una lógica del “sálvese quien pueda”. Otros casos de corrupción pasan por el uso de puestos jerárquicos, desde los cuales se consiguen favores. Por ejemplo, el funcionario que vende puestos de trabajo en el sector turismo; o los que acomodan a sus familiares en lugares de privilegio, en empresas o en el Estado. Otro ejemplo: en las puertas de supermercados estatales se pueden encontrar individuos que ofrecen los más diversos bienes, como acondicionadores de aire, pintura, piezas de repuesto y otros que no están a la venta oficial, pero son “desviados” por gerentes y administradores. Este caso lo denuncia Esteban Morales Domínguez (http://jovencuba.com/2013/12/16/corrupcion-hasta-cuando/). En esta nota Morales Domínguez también señala que “… la burocracia resulta ser corrupta por su propia naturaleza; tiende a usufructuar los bienes estatales como si les pertenecieran y en medio de esa confusión de la que no nos hemos librado aún, entre propiedad estatal y propiedad social, la burocracia inclina más las cosas hacia el ordeno y mando, disponiendo de los bienes estatales, administrándolos, e incluso, disfrutando de ellos, olvidando, no pocas veces, que los bienes son del pueblo, son propiedad social, y no de ningún gobierno en particular. Por lo que los trabajadores no deben permitir que ningún organismo burocrático luche solo contra la corrupción, sin su explícita participación y fiscalización” (énfasis agregado). A este análisis habría que agregar que, si bien los bienes formalmente son del pueblo, su administración no está en manos del pueblo, sino de funcionarios que se ubicaron por encima de la sociedad. Esto es, la burocracia usufructúa los bienes estatales “como si le pertenecieran”. Subrayo el “como si” porque es indicativo de una situación social de todas maneras precaria –por ausencia legal de propiedad privada sobre lo que se usufructúa-, que los burócratas en proceso de enriquecimiento tenderán a resolver, en algún punto, en sentido plenamente capitalista. Por otra parte, soy de la opinión de que la apropiación sistemática de excedente en beneficio privado ubica al burócrata en el terreno del que explota el trabajo ajeno; esto es, ya no estamos ante simples “privilegios”, sino frente a una relación de explotación orgánica.

Otras expresiones de extrañamiento La distancia entre la dirigencia y el pueblo común en Cuba se refleja, aunque de forma muy parcial, incluso en los medios oficiales, que llegan a denunciar la “vagancia” de sectores sociales. Por ejemplo, en Granma: “… la mayoría de los cubanos (…) escuchamos a diario en nuestros barrios, centros de trabajo y demás, (…) que la vagancia injustificada en Cuba es un mal que hay que atacar con firmeza y acabar de resolver… ” Y agrega que se trata de “vagos conscientes y muchos hasta confesos” (Jorge Llorente López, “Ni desempleados, ni desocupados, simplemente vagos”, Granma 28/11/14, http://www.granma.cu/cartas/2014-11-28/ni-desempleados-ni-desocupados-simplemente-vagos; véase también el intercambio de opiniones asociado a la nota). Y Raúl Castro reconoció que “uno de los más difíciles retos del trabajo político es lograr que los trabajadores se sientan dueños colectivos de las riquezas de la sociedad y actúen en consecuencia…” (Agencia Cubana de Noticias http://www.ain.cu/2006/septiembre/27asdisciplina.htm). Casi medio siglo después del triunfo de la Revolución desde la más alta dirección cubana se admitía que los trabajadores no se sentían dueños de los medios de producción ni de las riquezas de la sociedad. Por otra parte, desde las esferas oficiales se reconoce que existe un sector importante de la juventud que dice no interesarse por la política. En una nota publicada el año pasado en Juventud Rebelde, se habla del fenómeno y se lo explica como producto de la penetración de la ideología neoliberal “en la conciencia de los más débiles” (Yoerky Sánchez Cuellar, “Maikel el (a)político”, http://www.juventudrebelde.cu/opinion/2014-03-01/maikel-el-apolitico/). En respuesta al argumento del periodista, un lector afirma que “la política es para los políticos, después de todo, se reúnen a puertas cerradas, deciden por nosotros, y después nos dicen que es para bien de nosotros mismos…” (énfasis agregado). También Juan Valdez Paz, sociólogo y politólogo cubano, fundador de la revista Pensamiento Crítico y miembro de la Unión de Escritores de Cuba, registra la poca participación de los jóvenes en el poder político y el sentimiento de ausencia de perspectivas y esperanzas: “En cuando a lo que piensan los jóvenes,… creo que los contenidos más importantes son: las críticas no saldadas con la experiencia histórica de la Revolución; la limitada presencia y participación en el poder político; y el sentimiento de que sus expectativas ya no podrán realizarse o tienen un horizonte lejano, en las actuales condiciones de la sociedad cubana” (“Entrevistas: Cuba en Tránsito, Entrevista a Juan Valdez”, mayo 2014 http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=8254). La idea del extrañamiento y la falta de perspectivas se expresa asimismo en el rap que pregunta a la dirección “¿Por qué no puedo pensar como lo haces tú?”, y que dice, entre otras críticas, “Háblame de ti, de tus mañas, de tus estupideces, y de un comunismo fusionado con tus intereses”. Lo canta el grupo Tribu Mokoya, que integra Silvito “El Libre”; este último es hijo de Silvio Rodríguez, fundador, junto a Pablo Milanés, de la Nueva Trova Cubana, Frente a estos testimonios, algunos objetan que en Cuba existen numerosas organizaciones sociales y del PC con base territorial, así como organizaciones del gobierno e instituciones vinculadas a la política social con asiento en la comunidad, que conforman un tramado denso de participación, y de canales para hacer oír las voces del pueblo. Pero se trata más de forma que de contenido. En palabras de Mayra Paula Espinosa Prieto: “En la práctica ha primado una concepción de la participación que la considera como una movilización de apoyo a objetivos estratégicos definidos centralmente por decisores expertos (de la política y de diversos campos técnicos y disciplinares) y como forma de asegurar canales para la consulta de decisiones ya tomadas y minuciosamente concretadas en planes y programas de acción. La participación no es entendida como la intervención necesaria desde la definición estratégica en sí misma y en la toma de decisiones como tal” (“Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad”, 2008, CLACSO, http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20110908080337/05Prieto.pdf, p. 144; énfasis agregado). Espinosa Prieto es profesora de sociología en la Universidad de la Habana y miembro del consejo editorial de Temas. A esa participación formal no es ajeno el temor a la represión de los organismos del Estado. Pablo Milanés dice: “Mucha gente tiene miedo de hablar porque hay un sistema detrás de censura, de represión callada y oculta que no te permite hablar libremente y que hay que echar abajo ya, cuestionarlo de modo radical” (“El socialismo cubano se ha estancado”, reportaje de Carlos Fuentes en Ecos Cotidianos, febrero de 2013, https://ecoscotidianos.wordpress.com/2013/02/25/pablo-milanes-el-socialismo-cubano-se-ha-estancado/). Pero en un “Estado del pueblo” (o “socialista”), el pueblo no debería albergar ningún temor a expresarse libremente. En este contexto social y político, las explicaciones oficiales, excesivamente simplistas –neoliberalismo que gana a los débiles, “injustificada” vagancia- desnudan la imposibilidad, dentro del régimen burocrático, de remontar la apatía y el extrañamiento del ciudadano común con relación al Estado, las empresas y el trabajo. Sanciones, pago por rendimiento, incipiente desocupación Ante la persistencia de la baja productividad, en los últimos años el gobierno ha hecho apelaciones a la ética socialista y la responsabilidad social; recurrió a medidas disciplinarias y a los despidos en el sector público; y ha llamado en varias oportunidades a establecer pagos por productividad. Así, en 2007 se dispusieron nuevos reglamentos destinados a “enfrentar indisciplinas e ilegalidades”: sanciones para quienes no cumplieran el horario laboral, abandonaran el trabajo sin autorización, no cuidaran los recursos, cometieran actos de despilfarro o aceptaran prebendas a cambio de información o gestión. En 2008 el gobierno propuso avanzar hacia un sistema de “pago por resultados”. En octubre de 2010, comenzó la eliminación de 500.000 puestos de trabajo en el Estado; era la primera etapa de un plan que preveía totalizar un millón de cesantías -equivalente al 20% del total de la fuerza laboral- en 3 años. En diciembre de 2013 la Asamblea Nacional aprobó un nuevo Código de Trabajo con el objetivo declarado de “recuperar la disciplina laboral y fortalecer el papel de las administraciones”, así como “consolidar el rol de las organizaciones sindicales en la eficiencia productiva y de los servicios”. Y a mediados de 2014 el Congreso de los Trabajadores de la CTV anunció que no se aumentarían los salarios hasta que no se elevase la productividad. Todas estas medidas fueron dispuestas por fuera de cualquier deliberación o capacidad de decisión de las bases; a lo sumo se realizan “consultas”, a las que ya nos hemos referido (en ningún caso los productores deciden, por ejemplo, quiénes deben dejar tales o cuales puestos de trabajo, y de qué manera). Sin embargo, la productividad sigue estancada, y los pagos por rendimiento no terminan de establecerse. Una de las dificultades para concretar esta medida está asociada a la gestión y planificación burocrática. Por ejemplo, puede aumentar la cantidad de productos, pero con incremento de los defectos de fabricación o empeoramiento de la calidad; o a costa del mal uso de insumos y el aumento del desperdicio. Pero por otra parte, la productividad no se eleva si no hay bienes que comprar, y los salarios son bajos. En un discurso del 26 de julio de 2007 en Camagüey, Raúl Castro reconoció que “el salario aún es claramente insuficiente para satisfacer todas las necesidades, por lo que prácticamente ha dejado de cumplir su papel de asegurar el principio socialista de que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su trabajo. Ello favoreció manifestaciones de indisciplina social… que una vez entronizadas resulta difícil erradicar…”. Desde entonces la situación salarial no ha mejorado significativamente (véase más abajo sobre la pobreza). Tal vez por eso esté extendido en la isla el refrán que dice “el Estado hace como que me paga y yo hago como que trabajo”. El estancamiento en la productividad, a su vez, profundiza la carencia de bienes, generándose un círculo vicioso. Agreguemos que los problemas del transporte incrementan la impuntualidad y el ausentismo. Esta cuestión es señalada por James Petras y Robin Eastman-Abaya: “Largas colas en las paradas de las guaguas, falta de puntualidad, guaguas abarrotadas, camiones ‘convertidos’ en transporte público (los arriñonados ‘camellos’) y combustibles contaminantes han dado lugar a un malestar crónico. La tardanza en el trabajo, debido al inadecuado transporte público, ha contribuido a la baja productividad y, a veces, a una excusa ‘legítima’ para el absentismo” (“Cuba: revolución permanente y contradicciones contemporáneas”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=55223). Las dificultades del transporte también sumarían al desgaste físico y psicológico de la fuerza laboral. Otro problema importante es la inadecuación entre calificaciones profesionales y tareas. En el escrito de Lázaro Gonzáles Rodríguez, que ya citamos, se señala que en una muestra de 2163 trabajadores en 66 entidades se comprobó que el 20% de los mismos ocupaba puestos de trabajo diferentes a los estudios realizados, dando como resultado una “situación frustrante para el individuo y económicamente insoportable”. Con el incremento del cuentapropismo, esta situación, hasta el momento, parece mantenerse o incluso aumentar. Es que muchos optan por trabajos de menor calificación, pero que les permiten vivir en condiciones más aceptables. Así, por ejemplo, no es raro encontrar un graduado universitario atendiendo un pequeño negocio de ventas en la Habana, o manejando un taxi. Hay que anotar también que en Cuba hay sobreoferta de graduados en humanidades, y pocos graduados en ingeniería o agronomía. En cuanto a los despedidos del Estado, no hay forma de que el sector privado dé empleo a todos los que se proyectó cesantear en 2010. En febrero de 2014 el Congreso de la CTC afirmó que se había despedido 596.500 trabajadores del Estado, y que muchos no eran absorbidos por el cuentapropismo o las cooperativas. De hecho, en 2010 la desocupación era del 1,7% y en 2014 había subido al 3,3%. Es una tasa aún muy baja, aunque debe señalarse que la participación de la fuerza laboral en el total de la población en edad de trabajar disminuyó del 76% en 2011 al 73% en 2013. Esto mostraría un aumento de los que desisten en buscar trabajo. Es posible, además, que haya desempleo encubierto bajo la forma de “cuentapropismo de sobrevivencia”. En cualquier caso, el gobierno hasta el día de hoy no se animó a continuar con el plan de despidos del Estado. Posiblemente haya conciencia de que una elevada desocupación suscitaría gravísimos problemas de legitimidad para un régimen que se autoproclama socialista. De todas maneras, las cesantías han puesto una mayor presión sobre los trabajadores estatales; y en la eventualidad de que la economía gire al capitalismo, se pasaría a una desocupación abierta y muy elevada. El temor a la desocupación es el “látigo” con que el capitalismo siempre disciplina a la fuerza laboral. Destaquemos asimismo que las consecuencias de la baja productividad se hacen más gravosas debido a que la población cubana está estancada o en disminución: la familia típica tiene 1 hijo. Lo cual significa envejecimiento poblacional, que a su vez implica disminución de la población productiva. Este cuadro pone presión sobre las ya bajas pensiones (en 2008 el gobierno aumentó la edad de retiro, a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres).

Una de las cuestiones que subyacen en las discusiones sobre la naturaleza del chavismo tiene que ver con la falta de desarrollo de las fuerzas productivas. Contra la creencia del nacional-populismo (y variantes usuales del tipo marxismo-estatista o marxismo-nacional), sostengo que es imposible avanzar en una transformación social, máxime en un país atrasado, si no se desarrollan las fuerzas productivas. En una economía estancada o en retroceso, los discursos sobre “construcciones socialistas” son simplemente eso, discursos. Recordemos, por otra parte, que el eje del desarrollo económico pasa por cómo se utiliza el excedente. Como ya lo había señalado la economía clásica, comenzando por los fisiócratas, la clave es que el excedente se reinvierta en trabajo productivo (ver aquí). Si esto no sucede, y si el consumo improductivo supera a la producción, no hay forma de sostener la economía (el lector que quiera ampliar, puede consultar El Capital de Marx, volumen 2, tercera sección). Naturalmente, tampoco hay desarrollo si el excedente se transfiere al exterior. Y lo que ha sucedido en Venezuela es que la inversión productiva fue débil, o casi inexistente. En particular, no hubo reinversión productiva de la gigantesca renta que recibió el Estado venezolano como resultado de la suba de los precios del petróleo en los 2000. De hecho, el país se desindustrializó, y hoy aproximadamente el 95% de los ingresos por exportaciones se deben al petróleo. Sin embargo, más significativo es que a pesar de los elevados precios del crudo, la producción petrolera declinó. En los dos gráficos que siguen se puede ver que en los años en que el precio del petróleo alcanzaba sus máximos, la producción estuvo estancada o en declinación. Producción de petróleo, miles b/d, 1998-2016 Fte: Boletines del Banco Central de Venezuela, Agencia Internacional de Energía y VenEconomía Precios del petróleo, cesta Venezuela, 1998-2016 Fte: Boletines del Banco Central de Venezuela y VenEconomía Por supuesto, esta caída no se puede explicar por “una agresión imperialista”. De hecho, en los 2000 EEUU compraba importantes cantidades de petróleo a Venezuela, y muchas empresas petroleras transnacionales estuvieron y están en sociedad con PDVSA. Desde el 2006 los proyectos en campos de crudo convencional son desarrollados por empresas mixtas. Las empresas mixtas están constituidas con capital compartido entre la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de PDVSA —con una participación mínima de 60%— y empresas privadas (fundamentalmente extranjeras), con un máximo de 40%. En 2012, o sea, todavía bajo el gobierno antiimperialista de Chavez, las empresas extranjeras que participaban en la producción en Venezuela eran: BP, Belorusneft, Chevron, China National Petroleum Corporation (CNPC), Enarsa, ENI, GALP, Gazprom, Harvest – Vinccler, Lukoil, Mitsubishi Oil, ONGC Videsh, Petrobras, PETRONAS, Qatar Petroleum, Repsol, Royal Dutch Shell, Statoil, Teikoku (c), Total y Veba Gas and Oil. Por otra parte, la capacidad de refinación también disminuyó en la última década. Refinación de petróleo, miles b/d, 2005-2015 Fte: BP Statistical Review, 2016 Precisemos que PDVSA tiene seis refinerías en Venezuela con una capacidad de refinación de 1,3 millones de barriles por día, pero los equipos e instalaciones se han deteriorado por falta de inversiones, y la empresa debe importar componentes costosos de gasolina y petróleo liviano. Como dato significativo, mencionemos que a mediados de 2016 la principal planta, el Centro de Refinación de Paraguaná, perteneciente a PDVSA, operaba a menos del 50% de su capacidad debido al cierre de muchas unidades productivas, fallas de los equipos y carencia de insumos. Conclusión En otra nota, dividida en varias partes, hemos analizado algunos casos históricos de falta de industrialización de países petroleros, incluida Venezuela, bajo conducciones nacionalistas burguesas o estatistas burguesas (aquí, aquí, aquí). Al finalizar la nota, escrita antes de la caída de los precios del petróleo, planteamos: “El fracaso de los países petroleros en la utilización de la renta para industrializarse es reveladora de las limitaciones del capitalismo estatista. Los defensores de la política chavista, sin embargo, no hacen un balance de lo sucedido. Pareciera que quieren disimular con esto el hecho de que el chavismo no ha modificado de alguna manera esencial el “raquitismo estructural del crecimiento de la economía venezolana”. El manejo de la renta sigue en manos de una burocracia estatal, sobre la cual la clase trabajadora no tiene ningún control; tampoco los trabajadores controlan los resortes esenciales de la economía. En este respecto, nada ha cambiado con respecto a las experiencias de industrialización estatista de otros países de la OPEP, de los 80 y 90. Puede decirse incluso que el chavismo apostó menos a la inversión productiva de la renta que lo que se hizo en los años 1960 y 1970. La mejora en las condiciones de vida de una parte muy importante de la población, con todos los elementos progresivos que pueda tener (en particular, en relación a lo vivido en los 1980 y 1990) no genera, en sí misma, la modificación de las estructuras económicas, petróleo dependientes y atrasadas. Además, un giro hacia la baja de los precios mundiales del petróleo tendría consecuencias directas y graves sobre la economía y el nivel de vida de las masas trabajadoras y más pobres”. A la vista de lo ocurrido en Venezuela, hoy podemos agregar que el chavismo posiblemente sea el exponente más elevado de la descomposición a que ha llegado el nacionalismo burgués y pequeño-burgués en esta época de internacionalización del capital.

En varias ocasiones defensores del chavismo me han acusado de que en este blog se dedican extensas notas a los gobiernos de Chávez y Maduro, pero no a otros gobiernos capitalistas. ¿Por qué tantas críticas a Chávez, y no a Temer, Obama, Rajoy, Hollande o Trump?, preguntan algunos. Si el mundo está lleno de gobiernos capitalistas, ¿por qué focalizarse en Chávez, o Maduro? Pues bien, la respuesta a estas preguntas es sencilla: gobiernos como el de Temer, Macri, Obama, Rajoy, Hollande, Obama o Trump, se definen abierta y explícitamente como capitalistas. Por lo tanto, la crítica marxista a estos gobiernos está subsumida en la crítica más general al modo de producción capitalista y su Estado. Por eso, cuando por ejemplo Marx criticaba al sistema capitalista, poniendo la atención en Gran Bretaña, no hacía mayores distinciones sobre si el primer ministro era Gladstone o Disraeli; o si estaban al frente del Gobierno los conservadores o los liberales. La crítica central era al sistema capitalista y su Estado, y en ese marco, a los gobiernos que defendían el sistema de explotación (al pasar, digamos también que a Marx no se le ocurrió jamás exigir la renuncia del primer ministro inglés para, por ejemplo, solucionar una crisis capitalista). Por otra parte, frente a ese tipo de gobiernos no hay necesidad de estar explicando que, por ejemplo, un Temer o un Macri no están luchando contra el capital financiero internacional, o por el socialismo; ni Marx tenía que explicar que Gladstone o Disraeli no eran socialistas. Nunca hubo confusión ideológica en este sentido. Por eso, la crítica en estos casos pasa por demostrar, por ejemplo, por qué la relación capitalista implica necesariamente explotación; o por qué el Estado “no es de todos”, etcétera. Distinto es lo que sucede con los personajes, partidos y gobiernos que se presentan como socialistas, o incluso marxistas, y llevan al movimiento de masas a la desmoralización y al desastre. O con aquellos que colaboran en la continuidad de la explotación del trabajo, pero bajo la cubierta de un discurso de izquierda. En estos casos es imposible evitar la argumentación minuciosa y en profundidad, específicamente dirigida a desnudar el contenido social y político de lo que se quiere disfrazar. Esta es la razón por la cual el marxismo ha dedicado un enorme espacio a la crítica de variantes reformistas o burocrático burguesas que se proclamaron en su momento “socialistas”. Puede consultarse al respecto El Manifiesto Comunista, Miseria de la Filosofía, o el Anti-Dühring, para citar algunas de las obras más conocidas de Marx y Engels. De la misma manera, podemos mencionar la crítica de Rosa Luxemburgo a Bernstein (nada menos que un libro); o de Lenin al menchevismo y a los socialistas revolucionarios (que cubre tomos enteros de sus obras). Y sería una tontería acusar a Engels por haber dedicado un libro a Dühring, y no a Bismarck; o criticar a Rosa Luxemburgo por no haber escrito un libro contra Guillermo II, pero sí contra Bernstein. Yendo ahora al caso de Venezuela, estamos discutiendo sobre un gobierno y movimiento político que han estafado ideológica y políticamente a los explotados con el cuento de “construir el socialismo”. Pero además, una parte significativa de la izquierda (nacionalista de izquierda, PC, castrista, incluso sectores trotskistas) apoyó al chavismo, llegando a afirmar que este ponía nuevamente en la agenda de la clase obrera mundial el programa del socialismo. Este tipo de discursos, que terminaron alimentando la desmoralización y la confusión, han sido funcionales al fraude ideológico que se ha perpetrado. Y no veo la manera de explicar estas cuestiones de manera sintética. En cualquier caso, la clarificación acerca de la verdadera naturaleza del chavismo se hace imperiosa. Aunque es comprensible que muchos de los que lo apoyaron y aplaudieron ahora prefieran que hablemos de cualquier otro gobierno. Pero no se puede renunciar a la crítica del socialismo-burgués o burocrático sin renunciar a la esencia misma del marxismo, y sin convertirse, de hecho, en cómplice del oportunismo.

En una nota anterior acerca del carry trade y la bicicleta financiera en Argentina (aquí), calificamos a la política del Banco Central argentino de “monetarista” y dijimos que consistía, en lo esencial, en anclar el dólar para frenar la inflación. Sin embargo, el BCRA dice que su política es del tipo “objetivo inflación” (inflation targeting, como se la conoce en el mundo); y es un hecho que esta orientación es presentada en el establishment académico y económico como una superación de la vieja receta monetarista, consistente en el control de la masa monetaria como medio de control de la inflación. A su vez, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, ha dicho en repetidas oportunidades que su política es bajar la masa monetaria para disminuir la inflación; que no es lo que dice la ortodoxia del “objetivo inflación”. A fin de clarificar las ideas, en esta nota analizamos las diferencias entre la política llamada de inflation targeting –en su formulación más estricta- y la política monetarista, para sacar luego algunas conclusiones acerca de la orientación del Banco Central y, por extensión, del gobierno de Cambiemos. Empezamos con las características centrales de la política objetivo inflación, en el marco de la economía argentina. La política objetivo inflación y la situación en Argentina La política objetivo inflación se ha venido aplicando de forma creciente en muchos países desde hace unos 25 años. A diferencia de lo que planteaban los monetaristas, los defensores de esta orientación admiten que los bancos centrales no pueden manejar la masa monetaria; pero sostienen que puede controlar la tasa de interés. Postulan también que existe una tasa de interés natural que lleva al equilibrio del pleno empleo sin inflación. Precisemos que ese nivel de equilibrio es el que alcanzaría espontáneamente el producto –usualmente medido en el PBI- si existiera plena flexibilidad de precios y salarios. En otros términos, es el producto que se lograría si todos los recursos estuvieran empleados; por eso se lo conoce como el producto potencial. Sin embargo, sigue el argumento, no siempre la economía llega a ese nivel, ya que existen rigideces de precios y salarios, e imperfecciones en los mercados. Por lo tanto, con frecuencia existe una brecha entre el producto real y el potencial. De ahí la necesidad y posibilidad para una cierta intervención del Estado en la economía, principalmente por vía de la política monetaria. La llamada “nueva síntesis neoclásica-keynesiana” se basa en esta idea. La idea rectora entonces es controlar la inflación a través de la supuesta incidencia de la tasa de interés en la brecha del producto. Se sostiene que en la medida en que la economía se encuentra cerca de producir a plena capacidad, o si la demanda excede la capacidad de oferta, habrá una presión sobre los costos, incluidos los salarios. A su vez, los salarios empujarán más los precios, lo que llevará a nuevos aumentos de salarios, desembocando en una inflación generalizada. Se supone también que si aumenta la tasa de interés los hogares disminuyen el consumo y las empresas la inversión, y además bajan las expectativas de inflación, que juegan un rol central. Lo inverso sucede si baja la tasa de interés. En base a estos elementos se aplica la llamada “regla Taylor” –formulada por John Taylor en 1993- que dice que la autoridad monetaria debe establecer la tasa de interés en respuesta a dos variables, la tasa de inflación y la brecha del producto. Esto es, el objetivo que se propone el Banco Central no es solo el control de la inflación, ya que también presta atención al producto. En EEUU este doble objetivo está establecido como “mandato dual” del Congreso a la Reserva Federal. Y el Banco Central de Europa, a pesar de que dice que su único objetivo es la estabilidad del euro, admite que considera también el nivel del producto. En la práctica entonces el Banco Central fija una tasa de inflación objetivo, que Taylor supuso que podía ser del 2%. En consecuencia, si la tasa de inflación supera a la inflación objetivo, esto se explica por una “brecha del producto” positiva, y el Banco Central debe aumentar la tasa de interés. De esta manera se supone que disminuirán la demanda y las presiones salariales, llevando a una baja de la inflación. En resumen, el Banco Central fija la tasa de interés; esta última determina la brecha del producto; y la brecha del producto determina la tasa de inflación. En estos modelos el stock del dinero no tiene ningún rol; muchas veces ni siquiera se lo menciona (véase Arestis y Sawyer, 2002). Se trata de una orientación marcadamente neoclásica, que ha buscado, igual que el monetarismo, controlar y frenar las reivindicaciones del trabajo y sostener una moneda fuerte –o sea, el disciplinamiento social por medio del mercado- pero por una vía particular. Dadas las limitaciones de la nota, no vamos a discutir aquí los problemas que tiene el inflation targeting, pero lo que parece claro es que los supuestos y el marco en que se pretende aplicarla no tienen absolutamente nada que ver con la situación Argentina. En particular porque es imposible explicar la inflación actual por alguna presión de la demanda, o por “brecha positiva” del output. Para dar un dato ilustrativo, en enero de 2017 la utilización de la capacidad instalada en la industria fue de apenas el 60,6%. Y los salarios han bajado, en términos reales, en el último año por lo menos un 6%, dando lugar a una pronunciada baja del consumo. ¿Cómo se pueden justificar entonces las altas tasas de interés y las bicicletas financieras-especulativas con el relato del inflation targeting? ¿Cómo se puede insinuar siquiera que hoy la inflación en Argentina se debe a alguna presión de la demanda, o de los salarios? Parece inexplicable. Sturzenegger y el viejo argumento monetarista A pesar de que las autoridades del BCRA dicen que aplican la política de objetivo de inflación, en concreto el argumento que se escucha es el del monetarismo. Recordemos que según Friedman existe inflación cuando el Banco Central inyecta dinero en la economía y “la gente” tiene más dinero del que desea conservar. En ese caso, busca descargar el exceso comprando primero bonos, luego acciones y otros títulos, y por último bienes y servicios. Dado que se supone que la economía está en su tasa natural de actividad (se habla de una tasa “natural” de ocupación), esta mayor demanda termina provocando la suba de precios y salarios. De acuerdo al planteo, si el Banco Central prevé que el producto real aumentará en el año un 3%, y busca que la tasa de inflación sea del 2%, debería aumentar la masa monetaria un 5%. Si el banco central aumenta la masa monetaria por encima del 5%, el exceso se irá a precios. Todo pasa entonces por controlar la masa monetaria. Se considera que el Banco Central puede manejar la oferta monetaria a través de la compra o venta de títulos; o sea, con operaciones de mercado. Es el argumento de Sturzenegger (2017): “Si hay más dinero que el que la gente quiere, el precio del dinero caerá, o, dicho de otra manera, subirá el de los bienes (relativo al dinero). A ese fenómeno lo llamamos inflación. Es decir, que cada vez que haya más dinero que el que demanda la gente (ya sea porque aumenta la oferta o se reduce la demanda) vamos a tener inflación. Por ello, lo relevante para combatir la inflación es construir un esquema donde oferta y demanda de dinero puedan equilibrarse. Una vez que se implementa de manera consistente un esquema institucional que equilibra el mercado monetario doméstico, se paralizan de golpe los motores que originan la inflación”. Sin embargo, la realidad es que no hay forma de controlar la masa monetaria, ya que la velocidad del dinero (o su inversa, la demanda de encajes líquidos) no es estable. Por eso, y como ya hace años explicaba Kaldor, el Banco Central no tiene control directo sobre la cantidad de dinero mantenida por el público no bancario en la forma de depósitos en los bancos; además, los efectos de la tasa de interés sobre esa masa monetaria son muy inciertos (véase Desai, 1989, p. 243). Es significativo que David Laidler, uno de los más destacados referentes del monetarismo, debiera admitir, a comienzos de los 1980, que la demanda de dinero era muy inestable en Estados Unidos y otros países adelantados (también citado por Desai, p. 209). Señalemos también que una parte sustancial de la oferta monetaria se genera de forma endógena a través del crédito que otorgan los bancos a las empresas. Por otra parte, la internacionalización de las economías (de hecho, en Argentina la circulación del dólar no es en absoluto despreciable) y la constante creación de instrumentos financieros, hacen prácticamente imposible controlar la masa monetaria. Incluso ni siquiera está claro qué es lo que se debe controlar. Por ejemplo, en Argentina ¿se debe controlar M1 (billetes en manos del público más depósitos a la vista)? ¿O M2 (M1 más cajas de ahorro)? ¿O M3 (M2 más depósitos a plazo)? Nadie lo define con precisión. Todo esto explica por qué los breves intentos en que los bancos centrales quisieron controlar la masa monetaria terminaron en fracasos (Desai, 1989). La consecuencia fue entonces que desde hace años los bancos centrales dejaron de proponer como objetivo controlar la masa monetaria. Esto es así, a pesar de lo que continúan diciendo los manuales habituales de Macroeconomía. Y específicamente en el caso de Argentina tiene incluso menos sentido, si se quiere, sostener que existe la posibilidad de que, con la economía en recesión, pudiera haber un aumento de precios porque los hogares promedio están intentando descargar “encajes excedentes” comprando bienes. Aunque el argumento forma parte del discurso habitual de los voceros del monetarismo, sistemáticamente invitados por los medios locales para que ilustren a la opinión pública sobre su elevada ciencia. Sinceramente, cabe preguntarse ¿en qué mundo vive esta gente? La receta de anclar el dólar Por lo argumentado, el contenido de la actual política monetaria del BCRA no tiene que ver con “cerrar una brecha del producto positiva” o “impedir que el dinero excedente vaya a la compra de bienes”, sino con impedir que los pesos vayan al dólar. Es que la demanda de dinero en países con alta inflación depende negativamente de la tasa de inflación, tanto corriente como esperada. O sea, en la medida en que la moneda local pierde valor, el dólar, u otra moneda fuerte, pasan a ser refugio de valor y medio de atesoramiento. Por eso los inversores de cartera arbitran constantemente entre la moneda local, cuando consideran que la tasa de interés es atractiva, y el dólar, al que vuelven cuando prevén una devaluación. Esto es, con la actual política del BCRA, en tanto los inversores piensen que el tipo de cambio se mantiene estable, hacen grandes beneficios colocando los fondos a elevadas tasas en bonos y depósitos en moneda local. Y si el gobierno financia el déficit fiscal con emisión monetaria, la presión inflacionaria se acrecienta. Alternativamente, si lo financia tomando deuda externa, aumenta el peso total de la deuda; lo que se acompaña de una creciente cantidad de capitales especulativos, dispuestos a salirse de las colocaciones locales apenas las cosas se pongan feas. La realidad entonces es que al margen de los discursos sobre “objetivo inflación” el BCRA está anclando el dólar. En otra nota hemos presentado los argumentos de por qué el impulso inflacionario fundamental está asociado a las devaluaciones del peso (véase aquí y siguientes). Por eso, siempre que la inflación tomó vuelo, convirtiéndose en un problema para la acumulación, se ha intentado frenarla anclando el precio del dólar. Casos representativos fueron la Convertibilidad menemista, y antes la política de Martínez de Hoz. También en el final del gobierno de Cristina Kirchner se intentó moderar la inflación anclando el dólar. Con el gobierno de Cambiemos se profundizó y extendió esta política. Enfatizamos en consecuencia que las altas tasas de interés, que dan lugar a la actual bicicleta financiera, tienen como objetivo que los inversores no vayan al dólar. Paralelamente continúa alta la inflación, alimentada por la suba de las tarifas, y parcialmente por la emisión monetaria (el BCRA dispuso asistir al Tesoro en 2017 con 150.000 millones de pesos). La entrada de capitales especulativos, o por colocación de deuda, por otra parte, aprecia el peso, sin que favorezca el repunte de la economía. La consecuencia es un tipo de cambio real que no es compatible con la baja productividad de la economía. Tengamos presente que el balance de cuenta corriente fue deficitario en 2016 por 15.024 millones de dólares (y en 2015 el déficit fue de 16.806 millones de dólares; datos INDEC); representa el 3,4% del PBI. Por ahora la situación se sostiene en la medida en que siguen entrando capitales, en especial para inversiones de cartera. Se trata de un escenario altamente inestable, que con frecuencia ha terminado en profundas crisis, en las que se producen salidas súbitas y fulminantes de los capitales que desarman sus portfolios, acompañadas por la caída precipitada de las reservas internacionales, devaluaciones y quiebres bancarios y financieros. En definitiva, por más que hablen de la “novedad” del “objetivo inflación”, esta historia ya se ha vivido en Argentina (y en otras partes del mundo). Invariablemente, para los trabajadores las consecuencias de estas crisis son caídas de los salarios, empeoramiento de las condiciones laborales y de vida, y aumento del desempleo. Textos citados: Arestis, P. y M. C. Sawyer, (2002): “Does the Stock of Money Have Any Causal Significance?”, Working Paper N° 363, Nueva York, The Levy Economics Institute. Desai, M. (1989): El monetarismo a prueba, México, FCE. Sturzenegger, F. (2017): “Panorama económico y financiero: perspectivas nacionales e internacionales”, Intervención en el 21° Simposio Internacional de Economía, (http://www.bcra.gob.ar/Noticias/Federico_Sturzenegger_en_el_Simposio_Internacional_de_Econom%C3%ADa.asp).