Mientras algunos se refieren a la legitimidad en cuanto a la presencia del Estado para regular la economía, otros dicen que en el caso de Papel Prensa existe un intento coherente y consistente para limitar la libertad de prensa o incluso favorecer a los medios adictos al Gobierno Nacional.
Lo cierto es que, según algunos Constitucionalistas, la ley recientemente aprobada sería inconstitucional. Deberá ser luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que establezca si esto es o no es así, claro que si la Corte confirma que la legislación que se pretende es efectivamente contraria al artículo 32 de la Constitución Nacional, habrá quedado confirmado que efectivamente se intentaba restringir la libertad de impresión y con ella la de prensa.
“El artículo 32 de la Constitución Nacional impide que se dicten leyes que restrinjan la libertad de imprenta o que impongan la jurisdicción federal”, sostuvo el especialista Daniel Sabsay. Y Gregorio Badeni agregó, que eso “abarca a los insumos necesarios para imprimir un diario, así que es clarísimo que esta ley restringe ese derecho para poder ejercer la libertad de prensa en forma gráfica”.
Ambos constitucionalistas explicaron que ese derecho se complementa con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es uno de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Allí se plantea que está prohibido “restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”, como el abuso de controles en el “papel para periódicos”.
Ese pacto los denomina medios de censura indirecta, ya que la censura puede provenir de mecanismos entre los cuales la regulación oficial de la producción y comercialización del papel para diarios “es una de las formas de imponer censura”, dijo Sabsay.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Juan Gelman estableció recientemente que el Congreso uruguayo incumplió el Pacto de San José, porque “más allá de la ley de amnistía y del referendum que avaló la amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos, la aplicación del Pacto es una obligación que tienen los jueces y los congresos de cada país”. La constitucionalista María Angélica Gelli, aclaró que las disposiciones contenidas en la ley “son de un intervencionismo tan enorme, que podrían dejar en manos del Estado determinar quién y cómo va a tener acceso al papel de diario”. Esas disposiciones dejan en manos del Ministerio de Economía y de sus Secretarías de Comercio Interior y Exterior, “una serie de controles, que son peligros concretos al aseguramiento del derecho que garantiza en su artículo 32 la Constitución Nacional”, dijo Gelli. Hay que destacar que esas Secretarías están a cargo de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, los dos principales funcionarios con una intensa actividad en el operativo gubernamental para controlar Papel Prensa.
También Gelli consideró que el proyecto “establece una intervención tan intensa del Estado sobre una empresa, que es una ley con nombre y apellido”, Papel Prensa.
Por todos estos motivos es que Ricardo Gil Lavedra afirmó que la iniciativa “no supera el más elemental test de constitucionalidad. La justicia deberá reponer la legalidad conculcada”.
La Ley impacta en toda la sociedad, ya que el artículo 32 es un derecho establecido “como una ampliación del sistema representativo”, explicó Gelli. Y remitió al momento en que se incorporó en la Constitución Nacional, allá por 1860, cuando la provincia de Buenos Aires tenía desconfianza del Gobierno nacional y Dalmacio Vélez Sarsfield defendía este derecho como uno de los que le quedaban al pueblo después de elegir a sus representantes, para que ellos no hagan las cosas sin tomar en cuenta el límite de la libertad de expresión.
Papel: los diarios del interior rechazan la intervención estatal
La Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) expresó su rechazo a la intervención estatal en el abastecimiento de papel de diario, en medio del debate del proyecto de ley del Gobierno para controlar la producción, venta e importación de este insumo. En el acelerado trámite para la sanción de la Ley, el kirchnerismo sugirió que esa entidad respaldaba el proyecto oficial. Por eso, la asociación -que agrupa a la mayoría de los diarios de las provincias- tuvo que salir a publicar una solicitada donde deja en claro que esto no es así.
“Consideramos que el Estado no debe intervenir en las decisiones relativas a la venta y distribución de papel” , dice el texto firmado por el presidente de ADIRA, Fernando Cuello, y por el secretario, Sebastián Zuelgaray.
La entidad reclamó además asegurar la libertad de importación sin cupos ni aranceles, algo que justamente va en contra del proyecto oficial, que en varios de sus artículos abre la puerta al control de las importaciones.
Para ADIRA, su posición no es una cuestión “dogmática, sino que se basa en la experiencia aquilatada a lo largo de varias década s en las que los sucesivos gobiernos, constitucionales o de facto, avalaron y/o propiciaron discriminaciones en el suministro de papel que, en algunos casos, llegaron a signar el destino de muchas publicaciones de la Argentina”.
Por su parte, el diario La Nación recordó en un editorial, que durante varios años, hasta 1955, tuvo que editarse con solo 6 páginas, por la asignación discrecional que implicó la cuotificación en la importación y distribución de papel. En ese entonces, el país no fabricaba papel para diarios y la mayor parte de los insumos eran importados. Por eso, fue una estrategia de los principales diarios contar con una planta que fabricara papel, para no depender de los condicionamientos de los gobiernos de turno.
El comunicado se afirma que “el acceso al papel para impresión de diarios es un requisito esencial para la actividad y, habida cuenta que las plantas de producción existentes en el país no alcanzan a abastecer los consumos internos, debe asegurarse su libertad de importación, sin cupo ni arancel alguno”. También recuerdan su voluntad de integración a Papel Prensa. En el mismo sentido, ADEPA había pedido que el Estado transfiera a los diarios del interior su participación en esa empresa.
ADIRA plantea que hay otros temas que “requieren una solución política inmediata por parte del Gobierno en su conjunto. Señalan “la grave inequidad tributaria que los diarios regionales padecen desde hace ya 13 años y que sigue sin solución, a pesar de haber expuesto el problema en las más altas esferas del gobierno nacional e intentado múltiples gestiones con el objeto de encontrar un remedio a tan difícil situación”. ADIRA recuerda reuniones con el ex subsecretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro y el ex ministro Amado Boudou, en los que se comprometieron a abordar esas problemáticas en una mesa de trabajo que nunca se concretó, “impidiendo, a pesar del tiempo transcurrido -más de un año-, encaminar nuestros reclamos hacia una solución positiva que asegure la continuidad de las numerosas editoriales al borde de la quiebra”.
ADIRA afirma que “también es imprescindible que cese, respecto de los diarios del interior, la discriminación publicitaria, que les impide participar de un presupuesto oficial administrado arbitrariamente sin criterios de razonabilidad y equidad ”. Según Poder Ciudadano, el año pasado la pauta oficial sumó $1.225 millones, convirtiéndose el Gobierno nacional en el principal anunciante publicitario. La distribución de la misma es cada vez más discrecional, y se la utiliza para premiar a los medios adictos y castigar a los críticos, justamente el mismo temor que se abre ahora con la distribución del papel.
Al final de la solicitada que se publica hoy, la entidad exhorta “a los poderes del Estado a reflexionar sobre las reales necesidades del sector editorial del interior , en la inteligencia de que sólo la adopción de las medidas solicitadas y la corrección de las inequidades descritas pueden asegurar la continuidad de los diarios regionales, garantía del pluralismo informativo, esencial en nuestro sistema republicano”.
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Lo cierto es que, según algunos Constitucionalistas, la ley recientemente aprobada sería inconstitucional. Deberá ser luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que establezca si esto es o no es así, claro que si la Corte confirma que la legislación que se pretende es efectivamente contraria al artículo 32 de la Constitución Nacional, habrá quedado confirmado que efectivamente se intentaba restringir la libertad de impresión y con ella la de prensa.
“El artículo 32 de la Constitución Nacional impide que se dicten leyes que restrinjan la libertad de imprenta o que impongan la jurisdicción federal”, sostuvo el especialista Daniel Sabsay. Y Gregorio Badeni agregó, que eso “abarca a los insumos necesarios para imprimir un diario, así que es clarísimo que esta ley restringe ese derecho para poder ejercer la libertad de prensa en forma gráfica”.
Ambos constitucionalistas explicaron que ese derecho se complementa con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es uno de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Allí se plantea que está prohibido “restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”, como el abuso de controles en el “papel para periódicos”.
Ese pacto los denomina medios de censura indirecta, ya que la censura puede provenir de mecanismos entre los cuales la regulación oficial de la producción y comercialización del papel para diarios “es una de las formas de imponer censura”, dijo Sabsay.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Juan Gelman estableció recientemente que el Congreso uruguayo incumplió el Pacto de San José, porque “más allá de la ley de amnistía y del referendum que avaló la amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos, la aplicación del Pacto es una obligación que tienen los jueces y los congresos de cada país”. La constitucionalista María Angélica Gelli, aclaró que las disposiciones contenidas en la ley “son de un intervencionismo tan enorme, que podrían dejar en manos del Estado determinar quién y cómo va a tener acceso al papel de diario”. Esas disposiciones dejan en manos del Ministerio de Economía y de sus Secretarías de Comercio Interior y Exterior, “una serie de controles, que son peligros concretos al aseguramiento del derecho que garantiza en su artículo 32 la Constitución Nacional”, dijo Gelli. Hay que destacar que esas Secretarías están a cargo de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, los dos principales funcionarios con una intensa actividad en el operativo gubernamental para controlar Papel Prensa.
También Gelli consideró que el proyecto “establece una intervención tan intensa del Estado sobre una empresa, que es una ley con nombre y apellido”, Papel Prensa.
Por todos estos motivos es que Ricardo Gil Lavedra afirmó que la iniciativa “no supera el más elemental test de constitucionalidad. La justicia deberá reponer la legalidad conculcada”.
La Ley impacta en toda la sociedad, ya que el artículo 32 es un derecho establecido “como una ampliación del sistema representativo”, explicó Gelli. Y remitió al momento en que se incorporó en la Constitución Nacional, allá por 1860, cuando la provincia de Buenos Aires tenía desconfianza del Gobierno nacional y Dalmacio Vélez Sarsfield defendía este derecho como uno de los que le quedaban al pueblo después de elegir a sus representantes, para que ellos no hagan las cosas sin tomar en cuenta el límite de la libertad de expresión.
Papel: los diarios del interior rechazan la intervención estatal
La Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) expresó su rechazo a la intervención estatal en el abastecimiento de papel de diario, en medio del debate del proyecto de ley del Gobierno para controlar la producción, venta e importación de este insumo. En el acelerado trámite para la sanción de la Ley, el kirchnerismo sugirió que esa entidad respaldaba el proyecto oficial. Por eso, la asociación -que agrupa a la mayoría de los diarios de las provincias- tuvo que salir a publicar una solicitada donde deja en claro que esto no es así.
“Consideramos que el Estado no debe intervenir en las decisiones relativas a la venta y distribución de papel” , dice el texto firmado por el presidente de ADIRA, Fernando Cuello, y por el secretario, Sebastián Zuelgaray.
La entidad reclamó además asegurar la libertad de importación sin cupos ni aranceles, algo que justamente va en contra del proyecto oficial, que en varios de sus artículos abre la puerta al control de las importaciones.
Para ADIRA, su posición no es una cuestión “dogmática, sino que se basa en la experiencia aquilatada a lo largo de varias década s en las que los sucesivos gobiernos, constitucionales o de facto, avalaron y/o propiciaron discriminaciones en el suministro de papel que, en algunos casos, llegaron a signar el destino de muchas publicaciones de la Argentina”.
Por su parte, el diario La Nación recordó en un editorial, que durante varios años, hasta 1955, tuvo que editarse con solo 6 páginas, por la asignación discrecional que implicó la cuotificación en la importación y distribución de papel. En ese entonces, el país no fabricaba papel para diarios y la mayor parte de los insumos eran importados. Por eso, fue una estrategia de los principales diarios contar con una planta que fabricara papel, para no depender de los condicionamientos de los gobiernos de turno.
El comunicado se afirma que “el acceso al papel para impresión de diarios es un requisito esencial para la actividad y, habida cuenta que las plantas de producción existentes en el país no alcanzan a abastecer los consumos internos, debe asegurarse su libertad de importación, sin cupo ni arancel alguno”. También recuerdan su voluntad de integración a Papel Prensa. En el mismo sentido, ADEPA había pedido que el Estado transfiera a los diarios del interior su participación en esa empresa.
ADIRA plantea que hay otros temas que “requieren una solución política inmediata por parte del Gobierno en su conjunto. Señalan “la grave inequidad tributaria que los diarios regionales padecen desde hace ya 13 años y que sigue sin solución, a pesar de haber expuesto el problema en las más altas esferas del gobierno nacional e intentado múltiples gestiones con el objeto de encontrar un remedio a tan difícil situación”. ADIRA recuerda reuniones con el ex subsecretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro y el ex ministro Amado Boudou, en los que se comprometieron a abordar esas problemáticas en una mesa de trabajo que nunca se concretó, “impidiendo, a pesar del tiempo transcurrido -más de un año-, encaminar nuestros reclamos hacia una solución positiva que asegure la continuidad de las numerosas editoriales al borde de la quiebra”.
ADIRA afirma que “también es imprescindible que cese, respecto de los diarios del interior, la discriminación publicitaria, que les impide participar de un presupuesto oficial administrado arbitrariamente sin criterios de razonabilidad y equidad ”. Según Poder Ciudadano, el año pasado la pauta oficial sumó $1.225 millones, convirtiéndose el Gobierno nacional en el principal anunciante publicitario. La distribución de la misma es cada vez más discrecional, y se la utiliza para premiar a los medios adictos y castigar a los críticos, justamente el mismo temor que se abre ahora con la distribución del papel.
Al final de la solicitada que se publica hoy, la entidad exhorta “a los poderes del Estado a reflexionar sobre las reales necesidades del sector editorial del interior , en la inteligencia de que sólo la adopción de las medidas solicitadas y la corrección de las inequidades descritas pueden asegurar la continuidad de los diarios regionales, garantía del pluralismo informativo, esencial en nuestro sistema republicano”.
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